TA COR - Sentencia 23-001-33-33-009-2023-00184-01 (29-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintinueve (29) de julio del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23-001-33-33-009-2023-00184-01

Demandante: Merice del Carmen Cogollo Demandado: Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y municipio de Montería Tema: Reconocimiento pensión de jubilación Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandadaNación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio contra la sentencia emitida el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones

En la demanda se solicita que se declare la nulidad de la Resolución N°0487 del 27 de marzo de 2023 expedida por la Secretaria de Educación Municipal frente a la petición presentada el 29 de septiembre de 2022, negándole el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación y como restablecimiento del derecho se solicita que las demandadas le reconozcan y paguen la pensión de jubilación a la actora equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al

restablecimiento del derecho se solicita que las demandadas le reconozcan y paguen la pensión de jubilación a la actora equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir de 6 de abril de 2022.

Adicionalmente, pretende el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas , así como el pago de intereses moratorios.

Finalmente, que se condene en costas a las demandadas.

1.2 Fundamentos fácticos

Se relata en la demanda qu e la docente demandante nació el 5 de febrero de 1962 , por lo que en la actualidad tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad. Además, que fue vinculada como docente por orden de prestación de servicios el 1° de agosto de 1997 en la Secretaría de Educación Municipal de Montería hasta el 30 de diciembre de 1998 . Así mismo, precisa que, desde el 1° de febrero de 2002, fue vinculado a través de orden de prestación de servicios en la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba como docente hasta el día 30 de diciembre de 2002.

Se indica en la demanda que luego la actora se vinculó mediante nombramiento en propiedad en la Secretaría de Educación Municipal desde el 4 de agosto de 2004 a la fecha de presentación de esta demanda.

Manifiesta que solicitó ante la NaciónMinisterio de Educación -FOMAG el reconocimiento de la

pensión de jubilación, petición que fue negada en aplicación del Decreto 812 de 2003.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 2

1. Contestación de demanda

2.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda , c omo fundamento de defensa advirtió que la demandante fue docente provisional desde el 10 de septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2005. Posteriormente fue vinculada en propiedad a partir del 18 de julio de 2005 y sigue ejerciendo hasta la fecha de la presentación de la demanda.

Añade que, la vinculación de la docente fue posterior a la ley 812 de 2003, aplicándose la ley 100 de 1993, por lo tanto, la solicitud de reconocimiento de la pensión por aportes bajo los parámetros de la ley 33 de 1985 y ley 71 de 1988, y la compatibilidad con el salario del docente no es aplicable

De esta manera, y conforme también al artículo 128 de la Constitución Política de Colombia, en el cual indica que nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que el estado tenga parte minoritaria, es claro que el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio es una cuenta del ministerio de educación con recursos públicos administrado por una entidad mixta como es la Fiduprevisora S.A. se demuestra que si se solicita la pensión de vejez la docente debe retirarse definitivamente del cargo público. La ley 100 de 1993, la cual le es aplicable al caso concreto en su artículo 35 sobre la pensión de

que si se solicita la pensión de vejez la docente debe retirarse definitivamente del cargo público. La ley 100 de 1993, la cual le es aplicable al caso concreto en su artículo 35 sobre la pensión de vejez y jubilación estipula que los que sean reconocidos bajo la vigencia de la ley 4 de 1992, serán exentos de los límites de la ley 71 de 1988, que es la ley que define la pensión por aportes,

Conforme lo anterior, considera que deben negarse las pretensiones de la demanda.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Montería emitió sentencia de primera instancia el 19 de diciembre de 2024, decidiendo declarar la nulidad de la Resolución No. 0487 de 27 de marzo de 2023, emitida por el Municipio de Montería, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante, y en consecuencia condenar a la NaciónMinisterio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión ordinaria de j ubilación a que tiene derecho la señora a Merice del Carmen Cogollo, a partir del 22 de agosto de 2024, la cual será liquidada con base en el 75% de los factores salariales taxativamente establecidos en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, sobre los cuales cotizó, y devengados durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional.

Como fundamento de la decisión y luego del recuento probatorio señaló el juez de instancia que la señora Merice del Carmen Cogollo prestó sus servicios como docente al servicio de entidades

Como fundamento de la decisión y luego del recuento probatorio señaló el juez de instancia que la señora Merice del Carmen Cogollo prestó sus servicios como docente al servicio de entidades públicas durante un total de 20 años, 2 meses y 23 días. Este tiempo acumulado incluye vinculaciones mediante órdenes o contratos de prestación de servicios en favor del municipio de Montería y el departamento de Córdoba por un tiempo de 2 años, 2 meses y 28 días, así como la vinculación legal y reglamentaria como docente oficial (en periodo de prueba y propiedad), al servicio del municipio de Montería por un tiempo de 17 años, 11 meses y 24 días.

Respecto del tiempo laborado por los periodos en los que la demandante desarrolló su labor docente en favor del municipio de Montería y el departamento de Córdoba, bajo la modalidad de las órdenes o contratos de prestación de servicios, comprendidos entre el 1° de agosto de 1997 al 31 de dic iembre de 1998 y con el departamento de Córdoba del 1° de febrero al 30 de noviembre de 2002, consideró el A quo que durante ese tiempo se constituyó una verdadera relación laboral. Esto se sustenta en que, durante el ejercicio de su actividad docente, la demandante, pese a estar vinculada mediante contratos de prestación de servicios, desempeñó funciones similares a las de un docente de planta, cuyo ejercicio se encuentra sujeto a un régimen legal y reglamentario específico.

Ahora, en lo atinente a los requisitos para el reconocimiento de la pensión de la demandante señaló que esta prestó sus servicios como docente oficial con anterioridad a la entra da en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de la misma anualidad, por lo que el

señaló que esta prestó sus servicios como docente oficial con anterioridad a la entra da en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de la misma anualidad, por lo que el reconocimiento de la pensión de jubilación deberá establecerse a la luz de los señalado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° prevé como requisitos 20 años de servicios continuos y discontinuos y 55 años de edad.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 3

En cuanto al requisito de la edad, precisó que se encuentra acreditado que la señora Merice del Carmen Cogollo cumplió 55 años el 5 de febrero de 2017, al haber nacido el 05 de febrero de

1962. Respecto del tiempo de servicios, advirtió que en el acto administrativo objeto de control judicial, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la demandante, se anotó que la docente tenía un tiempo de servicio de 5. 887 días hasta el 27 de marzo de 2023, equivalente a 16 años, 1 mes y 16 días. Sin embargo, se observa que no se tuvieron en cuenta los periodos laborados bajo la modalidad de prestación de servicios con el municipio de Montería, que comprende del 1° de ag osto de 1997 al 31 de diciembre de 1998 y con el departamento de Córdoba del 1° de febrero al 30 de noviembre de 2002, que equivalen a 2 años, 2 meses y 28 días. Los cuales, conforme se consideró en párrafos anteriores, son computables para efectos pension ales, en tanto aquella vinculación resultó ser una verdadera

2 años, 2 meses y 28 días. Los cuales, conforme se consideró en párrafos anteriores, son computables para efectos pension ales, en tanto aquella vinculación resultó ser una verdadera relación laboral, lo que trae consigo la obligación a cargo de la entidad de aportar las cotizaciones que le correspondían como empleador con destino a su pensión.

Adicionalmente, precisa que al expediente se allegó una certificación de fecha 13 de noviembre de 2024, emitida por la Secretaría de Educación de Montería en la que se hizo constar que la actora, a esa fecha inclusive, contaba con tiempo de servicio de 17 años, 11 meses y 21 días. Por lo tanto, el despacho aprecia que si bien a la fecha de expedición del acto demandado, aún con el cómputo de servicios prestados como docente por la actora bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, eran insuficientes para acreditar los 20 años de servicios, en tanto le faltaban por acreditar 1 año, 7 meses y 16 días de labores, se tiene que la docente continuó vinculada como docente al municipio de Montería al 13 de noviembre de 2024, resultando viable tener como laborado el citado tiempo fa ltante para efectos de reconocimiento de la prestación económica, es decir, que los 20 años como tiempo de servicios prestados por la demandante se cumplieron el 22 de agosto de 2024, es a partir de la anterior fecha, que la actora consolidó su estatus pensional al cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Lo anterior, se considera con el fin de no someter a la demandante, quien ostenta la calidad de adulto mayor al tener 62 años de edad, y por ende, sujeto de especial protección constitucional,

estatus pensional al cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Lo anterior, se considera con el fin de no someter a la demandante, quien ostenta la calidad de adulto mayor al tener 62 años de edad, y por ende, sujeto de especial protección constitucional, a que deba acudir nuevamente a la jurisdicción con la pretensión de reconocimiento pensional.

Conforme lo expuesto, encontró acreditadas las exigencias contempladas en la Ley 33 de 1985, y en consecuencia, la demandante tiene derecho a que se le reconozca pensión de jubilación por parte de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes, y en vista que, a la fecha en que cumplió el tiempo de servicios requerido la demandante se encontraba afiliada al Fondo de Prestaciones del Magisterio, lo cual está en concordancia con lo señalado en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

Por lo anterior, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó el reconocimiento pensional aludido.

1. El recurso de apelación

4.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La entidad demandada a través de apoderado presentó recurso de apelación señalando que la docente fue nombrada en provisionalidad el 04 de agosto de 2004 y, posteriormente ingresó al servicio oficial docente en propiedad mediante acto administrativo 322 del 08 de noviembre de 2006, tomando posesión el mismo día, por lo tanto, no cumple con el requisito de la vinculación

servicio oficial docente en propiedad mediante acto administrativo 322 del 08 de noviembre de 2006, tomando posesión el mismo día, por lo tanto, no cumple con el requisito de la vinculación al servicio oficial docente antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiaria de la transición docente que consiste en la aplicación de la Ley 33 de 1985, resultando entonces que a la demandante le resulta aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, incumpliendo así con los requisitos pensionales alegados como satisfechos.

Alega que el mismo apoderado de la parte demandante confirma en los hechos que, la docente antes de su vinculación en provisionalidad en 2004, sólo laboró p or contratos de prestación de servicios, por lo que sólo fue vinculada en provisionalidad con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, con posterioridad al 27 de junio de 2003.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 4

Precisa que el apoderado de la parte demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir de sendos contratos u órdenes de prestación de servicios, por lo que, llama la atención en el sentido de que el reconocimiento de tiempos de servicio, o la existencia de un contrato realidad de un contratista frente a la administración, no otorga la calidad de empleado público

Así las cosas, no es posible reconocer estatus de empleado público al demandante, en tiempos trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del docente oficial en calidad de empleado público

Así las cosas, no es posible reconocer estatus de empleado público al demandante, en tiempos trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del docente oficial en calidad de empleado público adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda. Sumado a lo anterior, no existe obligación alguna a cargo del Fondo Naci onal de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual no se entiende el criterio según el cual mi poderdante debe pagar una pensión de jubilación bajo esos criterios.

Finalmente, solicita que no se condene en costas y que se revoque la sentencia apelada.

1. El trámite en segunda instancia

El 20 de mayo de 2025 se admitió el recurso presentado por la parte demandada dentro del presente proceso.

Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda previas las siguientes,

II.Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proc eso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:

¿Determinar si le asiste el derecho a la demandante a que las entidades demandadas le reconozcan su pensión vitalicia de jubilación desde que cumplió su status pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el tiempo que laboró a través de contratos de prestación de servicios; o si por el contrario no le asiste tal derecho y ello conllevaría a revocar la sentencia de primera instancia?

Para resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará los siguientes aspectos: i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 y ii) Caso concreto. i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 La Ley 91 de 1989, en su artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad esta que de acuerdo con su artículo 5 numeral 1 es la encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo. Dicha normatividad en su artículo 1° hizo una distinción entre los docentes afilados a dicho fondo, así: los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 5

Asimismo, el artículo 15 numeral 1º ibídem dispone que el régimen prestacional de los docentes

los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 5

Asimismo, el artículo 15 numeral 1º ibídem dispone que el régimen prestacional de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, será el que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo a las normas vigentes, mientras que los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro. Por su parte, la Ley 60 de 19 93, en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispuso: “El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, d istrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)” Posteriormente, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legisla tivo 01 de 2005 estableció que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las

estableció que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la ent rada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta”. A su vez, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, señaló en su artículo 81 que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio educativo, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley. Por lo anterior, para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada ley, esto es, e l 27 de junio de 2003, el régimen pensional aplicable será el que se encontraba vigente para el Magisterio en esa fecha, como lo es la Ley 91 de 1989. De igual forma, es dable destacar que el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003, no le es aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sino por el contrario, como ya se dijo, el régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; posición que ha sido reafirmada por el Consejo de Estado 1, cuando dispuso sobre el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 que: “ No resulta aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…)

de Estado 1, cuando dispuso sobre el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 que: “ No resulta aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…) el régimen prestacional de los docentes na cionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, situación en la que se encuentra el demandante como docente oficial vinculado desde el 1º de febrero de 1980, de la misma manera lo reitera el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”. Conforme lo dicho, a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, sin importar que sean nacionales, nacionalizados o territoriales, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985, la cual reguló una pensión de jubilación a todos los empleados públicos y en su artículo 1° estableció unos requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación y son que el empleado oficial: i) hubiere servido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos; y ii) tenga cincuenta y cinco (55) años de edad. En ese orden, se hace necesario indicar que e l artículo 3º de la Ley 33 de 1985 -modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 - previó como factores salariales para liquidar la pensión los siguientes: “ asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”.

prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 25 de ab ril de 20192, unificó jurisprudencia en cuanto a la liquidación de las pensiones de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, estableciendo que para

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 66001-23-33000-2013-00417-01(0058-15) 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativ o, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, - SUJ-014CES2-2019, 25 de abril de 2019, Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes.Radicación Nº 23-001-33-33-009-2023-00184-01 6

establecer el ingreso base de liquidación pensional se deben tener en cuenta únicamen te los factores en la norma que regula su pensión. De otra parte, es dable indicar que al momento de resolver sobre el reconocimiento pensional de los docentes el Consejo de Estado, al estudiar sobre las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para dicho reconocimiento, ha tenido en cuenta el principio de la primacía de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculació n, en particular cuando se trata de

de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculació n, en particular cuando se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[ ... ] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional [ ... ]»9, y si el intérprete judicial, «[ ... ] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP [...]». En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia (…)” De igual forma, al estudiar específicamente una pensión de jubilación el citado cuerpo colegiado tuvo en cuenta el tiempo de vinculación de contratos de prestación de servicios: “(…) Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y por nombramiento, el 09/08/1994. En consecuencia, se colige que a la demandante la rige lo dispuesto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19894 en lo referente al régimen pensional. (…)”5. Tesis que ha sido reiterada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en providencias de fecha 11 de febrero de 2021 6 y 17 de junio de 2022 7 como se aprecia a continuación, así: Providencia de fecha 11 de febrero de 2021 Del recuento previamente expuesto y en atención a la jurisprudencia constante de esta Corporación, es claro que procede contabilizar el tiempo durante el cual la demandante prestó sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pues es evidente que tal vínculo no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajeno al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos: (…) Así las cosas, es dable computar los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de «contratos de prestación de servicios» para efectos del reconocimiento prestacional; y la entidad demandada – en este caso el Departamento de Norte de Santander8, quien a su vez deberá repetir contra el municipio de los Patios9tiene la responsabilidad de incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento. 10 (negrillas de la Sala)

Providencia de fecha 17 de junio de 2022

incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento. 10 (negrillas de la Sala)

Providencia de fecha 17 de junio de 2022 “Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones: (…) En ese orden, en principio, los lapsos respecto de los cuales se celebraron contratos de prestación de servicios deben ser considerados como tiempos laborados para efectos pensionales, en razón a que la Sala, se reitera, ha defendido la tesis según la cual ante la existencia de este tipo de negocios jurídicos es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió esa relación contractual como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el entendido de que el interesado desempeñó una función similar a aquella que realizan los docentes oficiales vinculados a través de una relación legal y reglamentaria.” (negrillas de la Sala).”

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) 4 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201. 6 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., Once (11) De Febrero De Dos Mil Veintiuno (2021). Radicación Número: 54001-23-33-000-2012-00047-01(1990-14) 7 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C., Diecisiete (17) De Junio De Dos Mil Veintidós (2022) 8 Véase el artículo 12 de la Ley 91 de 1989 9 En razón a que el citado municipio no fue demandado en el presente proceso 10 El artículo 22 de la Ley 100 de 1993 consagra lo sigui ente: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de