TA COR - Sentencia 23001-33-33-002-2024-00356-01 (10-03-2026)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, diez (10) de marzo del año dos mil veintiséis (2026)

APELACIÓN DE SENTENCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300220240035601

Demandante: Yulieth Smith Tirado Canchila Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Montería Tema: Diferencia en incremento salarial Decisión: Confirma sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda

La Sala decide sobre el recurso de apelación interpuesto por l a parte demandante contra la sentencia emitida el día 30 de octubre de 2025, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

a) Fundamentos Facticos

Relata la parte demandante que a través de los Decretos Nacionales 1313 de 2005, Decreto Nacional 596 de 2006 y Decreto Nacional 634 de 2007 , se determinaron iguales incrementos salariales a todos los docentes oficiales que pertenecen al nuevo escalafón docente (Decreto – Ley 1278 de 2002) para los años 2005, 2006 y 2007.

Que para el año 2004, se incorporaron los primeros docentes al Decreto - Ley 1278 de 2002, pues para su ingreso se requería previo concurso y realizar un periodo de prueba. Para el año

Que para el año 2004, se incorporaron los primeros docentes al Decreto - Ley 1278 de 2002, pues para su ingreso se requería previo concurso y realizar un periodo de prueba. Para el año 2005, mediante el Decreto Nacional 1313 de 2005, se establece por primera ocasión la tabla salarial de los docentes del nuevo estatuto.

Señala que los primeros incrementos salariales se realizaron para los docentes que ingresaron a la carrera docente del Decreto – Ley 1278 de 2002, para los años de 2006 y 2007, siendo decretados incrementos salariales de manera igual para todos los docentes que pertenecían a esta nueva carrera docente, como debe ser por tratarse de docentes que se encuentran en igualdad de condiciones.

Alega que para el año 2008 , fueron creados mejoramientos salariales para los docentes con especialización ubicados en el escalafón 2, es decir al encontrarse dentro de la realidad laboral y el aumento de profesionales especializándose el Gobierno tuvo la necesidad de crear nuevos escalafones en la tabla salarial docente pero el incremento salarial aplicado para el año 2011, fue errado y estos porcentajes que fueron desiguales en contravía de lo estipulado en los artículos 13 y 53 de la Constitución y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4ª. de 1992 y de los artículos 46 y 49 del propio Decreto Ley 1278 de 2002, se determinaron increm entos salariales de manera indiscriminada como docente oficial perteneciente a la 2A del escalafón del año 2011 (incremento

1Se deja constancia que la sentencia en el presente asunto se profiere alterando el turno de los procesos que se encuentran para

indiscriminada como docente oficial perteneciente a la 2A del escalafón del año 2011 (incremento

1Se deja constancia que la sentencia en el presente asunto se profiere alterando el turno de los procesos que se encuentran para fallo, por cuanto esta Corporación ya proferido decisiones sobre el tema objeto de debate; lo anterior en uso de las facultad es conferidas por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y por el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 1285 de 20091, los cuales establecen que se podrá determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio de los proyectos de sentencia.Radicado: 23001333300220240035601 2

solo del 5.7%), con relación con el incremento salarial diferenciado que fue determinado para la categoría 3AM (incremento del 11.3%), por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011,

Agrega que si se hubiese realizado un incremento del salario igual tanto para el grado 2A como para el 3AM el salario quedaba de la siguiente forma:

2011: Grado 2A – Salario de 1.329.730, diferencia salarial – 66.919 Grado 3AM – Salario de 2.113.533

Manifiesta que esta variación de la base salarial de la anualidad 2011, tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior, habiéndose decretado un salario inferior a la categoría a la que pertenece mi mandante, sin justificación legal, razón por la cual presentó reclamación administrativa ante las demandadas la cual fue negada a través del acto administrativo demandado.

b) Pretensiones

un salario inferior a la categoría a la que pertenece mi mandante, sin justificación legal, razón por la cual presentó reclamación administrativa ante las demandadas la cual fue negada a través del acto administrativo demandado.

b) Pretensiones

Solicitó que se inaplique por ilegal el Decreto 284 de 2024 que derogó, de forma sucesiva, el Decreto 887 de 2023, el Decreto 449 de 2022 y el Decreto 965 de 2021, el cual a su vez derogó el Decreto 319 de 2020, en relación con la asignación salarial correspondiente a la categoría 2A de docente al considerar que los salarios de los 3 años anteriores a la fecha de presentación de la reclamación administrativa debieron ser superiores a lo ordenado, esto de conformidad con el artículo 46 del Decreto-Ley No. 1278 de 2002. Que se declar e la nulidad de los actos administrativos identificados como Oficio No 2024-EE057789 de fecha 28 de febrero de 2024, Radicado de Salida SAC No. MON2024EE002117 y oficio DSEM-047-2024 de fecha 15 de febrero de 2024, mediante los cuales las entidades demandadas le negaron a la parte demandante la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada en el año 2011 para el grado de escalafón 2A en comparación con el incremento realizado al grado 3AM. Que se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago retroactivo en favor de la parte demandante de las diferencias salariales surgidas durante los últimos 3 años anteriores a la reclamación administrativa por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. Así mismo, se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de la

reclamación administrativa por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. Así mismo, se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por la parte demandante durante los últimos 3 años, valores que solicita sean reajustados. c) Contestaciones de la demanda

• Nación –Min Educación –FNPSM2

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal manifestando oponerse a cada una de las pretensiones deprecadas en la demanda, por carecer de sustento legal que las respalde, toda vez que, el porcentaje de incremento llevado a cabo en el año 2011 para los grados en el escalafón 2 Nivel A y 3 Nivel A con Maestría, no desconoce el derecho a la igualdad, en su lugar tuvo como fundamento el grado de formación y valorando las condiciones de experiencia porque las condiciones de unos y otros no son las mismas, de ahí que no sea admisible la presunta vulneración al artículo 13 y 53 de la Constitución Política.

Propuso como excepciones indebido medio de control de leg alidad de actos , presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, falta de requisitos en la respuesta dada por el Ministerio de Educaciónrespuesta número 2024 -EE-261736 no es un acto administrativo ,

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inexistencia de norma violada, inexi stencia de vulneración del principio de igualdad, aplicación

2 C01, Pdf06ContestacionDemanda.Radicado: 23001333300220240035601 3

inexistencia de norma violada, inexi stencia de vulneración del principio de igualdad, aplicación debida de los principios del derecho por parte del Gobierno Nacional, abuso del derecho, legalidad del gasto público, improcedencia del principio de favorabilidad, caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional, aplicación estricta del principio de seguridad jurídica y buena fe.

• Municipio de Montería3

El municipio de Montería se opuso a la prosperidad de la totalidad de pretensiones exigidas por la parte demandante, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que le permitan la declaratoria y/o el reconocimiento de estas.

Expresa que esas pretensiones no están llamadas a prosperar, ya que el Municipio de Montería al momento de llevar cabo los incrementos salariales, y de liquidar salarios básicos y prestaciones sociales de sus funcionarios se rige de conformidad a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, todo ello a de conformidad a la Constitución Política en su artículo 150, numeral 19, literal e), que dispone que corresponde al Congreso dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial de los empleados públicos.

Agrega que la entidad que realiza el pago de salarios, es el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, quien es el que está facultado para el reconocimiento y pago de cualquier acreencias como la que aquí se reclama, en este caso, es así como la Secretaria de Educación de Montería, una vez recibió la solicitud, procede a darle el trámite correspondiente, de conformidad al artículo

como la que aquí se reclama, en este caso, es así como la Secretaria de Educación de Montería, una vez recibió la solicitud, procede a darle el trámite correspondiente, de conformidad al artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y los Decretos No. 2831 de 2005 y 1272 de 2018, es decir, la oficina de prestaciones sociales del Secretaria de Educación Municipal, procedió a elaborar acto administrativo de reconocimiento, el cual fue radicado en la página web de la Fiduprevisora S.A., y enviado a la misma para su estudio, apro bación o negación, así como es el Ministerio de Educación Nacional es el encargado de cualquier modificación en la escala salarial del actor.

Finalmente propuso como excepción legalidad de los actos administrativos, inexistencia de violación del principio de igualdad - asignación salarial corresponde a situaciones objetivas y diferenciadas entre los normalistas superiores, los bachilleres pedagógicos, los técnicos en educación y los expertos en educación , improcedencia de inaplicar una norma que l a corte constitucional en reiterados fallos ha declarado ajustada a la constitución, prescripción de los derechos, exoneración y falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Montería y caducidad de la acción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería en sentencia de 30 de octubre de 2025, declaró no probada la excepción de caducidad formulada por el municipio de Montería y declaró probada la excepción de presunción de legalidad de los actos administrativos, propuesta por la Nación Ministerio de Educación Nacional, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Montería y declaró probada la excepción de presunción de legalidad de los actos administrativos, propuesta por la Nación Ministerio de Educación Nacional, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Indicó que, no encuentra que los actos acusados estuvieran afectados por las causales alegadas porque las normas invocadas no establecen que el aumento salarial deba ser el mismo una distinción entre la igualdad formal y la igualdad material , pues mientras que la igualdad formal implicaría un trato idéntico p ara todos, la igualdad material, en el contexto de un Estado Social de Derecho, permite y en ocasiones exige un trato diferenciado para lograr una equidad real. Menciona que l a diferenciación salarial entre los docentes de los diferentes niveles se justifi có por las distintas exigencias de experiencia y cualificación para cada nivel, por lo cual, no se trata de una discriminación arbitraria, sino de un reconocimiento a la progresión en la carrera docente.

3 C01, Pdf19Contestacion.Radicado: 23001333300220240035601 4

La jurisprudencia ha sido consistente en señalar que no toda diferencia de trato constituye una violación del principio de igualdad, siempre y cuando existan razones objetivas y razonables que la justifiquen. Expresa que la parte demandante no acreditó cómo los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, y los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 imponen la obligación de fijar un mismo incremento salarial a docentes de diferentes, pues los niveles superiores no son susceptibles de equiparación para un test de igualdad. Agrega que los niveles del esca lafón docente no son comparables bajo un test de igualdad por

competencias demostradas por los educadores.

Además, aseguró que no se cuestiona la competencia del Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los docentes, sino la facultad para determinar los aumentos porcentuales sin un sustento, teniendo en cuenta que para años anteriores se venía aplicando un aumento homogéneo a la base salarial de los docentes, por ello, los incrementos sala riales debieron ser semejantes, no ocurriendo ello en los años 2008, 2009 y 2011. Expresa que el Decreto Nacional N° 284 de 2024 el cual regula la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos tiene un defecto estructural en el cálculo de la anualidad de losRadicado: 23001333300220240035601 5

años 2008, 2009 y 2011, ya que los incrementos salariales porcentuales fijados para esos años fueron aplicados de manera desigual, así mismo, alegó que la base salarial errónea ha sido replicada año tras año lo que ha afectado no solo a los trabajadores en ese momento sino que se ha acumulado en el tiempo, es por ello que insistió en que los actos demandados vulneran los derechos de los docentes. Señala que la respuesta dada por el Ministerio de Educación en cuanto a que los incrementos salariales buscaban la dignificación de la carrera docente mediante el reconocimiento de la formación académica y el avance profesional resulta incoherente con la realidad, además la entidad en cuestión no logró demostrar que los incrementos salariales hub iesen sido aplicados de manera justa y equitativa. Por otro lado, considera que negar el reconocimiento de la afectación salarial con base en el

incremento salarial a docentes de diferentes, pues los niveles superiores no son susceptibles de equiparación para un test de igualdad. Agrega que los niveles del esca lafón docente no son comparables bajo un test de igualdad por cuanto, aunque los docentes en dos niveles diferentes puedan desempeñar funciones similares, sus situaciones jurídicas son distintas. El ascenso de uno a otro nivel requiere no solo tres años de experiencia en el nivel previo, sino también la aprobación de una evaluación de competencias con un puntaje mínimo del 80%. Esta exigencia de mayor experiencia y cualificación justifica una diferenciación en los incrementos salariales, ya que representan trayectorias profesionales distintas dentro del escalafón. Sostiene que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, lo que reafirma la validez de la diferenciación salarial entre los niveles escalafonarios docentes, siempre que se ajuste a los principios de progresividad y no vulnere el poder adquisitivo del salario, por tanto, los incrementos aplicados a los docentes en el año 2008 y 2009 fueron superiores al IPC, lo cual es un indicador clave de que el poder adquisitivo de sus salarios no solo se mantuvo, sino que incluso mejoró. Concluye que el Gobierno tiene la facultad de establecer políticas salariales diferenciadas, siempre que estas se justifiquen en criterios objetivos y no vulneren derechos fundamentales; la igualdad no siempre implica identidad en el trato, sino equidad basada en diferencias justificadas, las diferencias salariales alegadas tenían un fundamento legal y una justificación objetiva en la progresión de la carrera docente y la pr otección del poder adquisitivo del salario; y la parte demandante no cumplió con la carga procesal a su cargo.

las diferencias salariales alegadas tenían un fundamento legal y una justificación objetiva en la progresión de la carrera docente y la pr otección del poder adquisitivo del salario; y la parte demandante no cumplió con la carga procesal a su cargo.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación alegando que la decisión judicial de primera instancia realizó un análisis fragmentado de la problemática planteada en sede judicial, al considerar que en el caso sub examine no se vulnera el principio de igualdad, dado que los incrementos salariales estuvieron fundamentados en una variab le objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente y no en una determinación arbitraria o caprichosa de la autoridad competente, lo que en consecuencia asegura la aplicación del principio de “a trabajo igual, salario igual”.

Adujo que la sentencia adolece de un análisis exhaustivo y razonado respecto del argumento cardinal de la demanda, relativo a la ausencia de justificación sobre la limitación de los incrementos porcentuales diferenciados a los años 2008, 2009 y 2011, sin que se hubiera extendido dicho tratamiento a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante, a pesar de que tales aumentos presuntamente respondían a criterios objetivos vinculados a la posición en el escalafón docente, la cual se determina conforme a parámetros como la formación académica, la experiencia profesional, las responsabilidades asumidas, el desempeño laboral y las competencias demostradas por los educadores.

Además, aseguró que no se cuestiona la competencia del Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los docentes, sino la facultad para determinar los aumentos

entidad en cuestión no logró demostrar que los incrementos salariales hub iesen sido aplicados de manera justa y equitativa. Por otro lado, considera que negar el reconocimiento de la afectación salarial con base en el argumento que, en la época de los hechos, un docente no se encontraba en un nivel determinado del escalafón, implica desconocer la naturaleza progresiva del derecho al ascenso; que los errores en los incrementos salariales afectan la base salarial de todos los docentes, independientemente del momento en el que ascendieron. La estructura remunerativa de la carrera docente está diseñada para garantizar la equidad y la proporcionalidad de los salarios según el nivel alcanzado, por lo que una determinación equivocada en la liquidación de los incrementos impacta a quienes ya han ascendido y a quienes estaban en proceso de ascenso.

Concluye que los actos administrativos desconocieron los principios constitucionales y legales, lo que ha generado en la actualidad que los docentes estén percibiendo un salario inferior al que deberían recibir, esto se da porque su base salarial se encuentra afectada desde años anteriores.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 17 de febrero de 2026, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, no hubo intervención de las partes en esta instancia.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

5.1. Problema jurídico

Se tiene que el problema jurídico consiste determinar si es procedente declarar la nulidad de los

y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

5.1. Problema jurídico

Se tiene que el problema jurídico consiste determinar si es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados los cuales negaron el reconocimiento y pago al docente de las diferencias causadas en los últimos tres (3) años a partir de la presentación de la reclamación administrativa, al considerar que los incrementos salariales realizados al escalafón docente en el en el grado 2A frente al 3AM para el año 2011 fue injustificado, por lo que habría lugar a inaplicar el Decreto Nacional No. 284 de 2024, o si por el contrario el incremento salarial realizado en ese año se dio conforme a la norma.

Para solventar el mérito del sub examine, la Sala hará alusión a los siguientes temas alegados en el proceso a saber: (i) Normatividad aplicable y (ii) Caso concreto.

5.2. Premisa Normativa y jurisprudencial.

5.2.1. Régimen Salarial Docente

La Ley 4 del 18 de mayo de 1992 por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para laRadicado: 23001333300220240035601 6

fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, dispone en su artículo 12 que el régimen prestacional de los servidores de las entidades territoriales será fijado por el mismo Gobierno Nacional, esto con base en las norma, criterios y objetivos de la ley en mención, además

el régimen prestacional de los servidores de las entidades territoriales será fijado por el mismo Gobierno Nacional, esto con base en las norma, criterios y objetivos de la ley en mención, además establece que las corporaciones públicas territoriales no podrán adjudicarse dicha facultad.

En cuanto a los docentes se tiene que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dispone en su artículo 15 que una vez entrará en vigencia la ley todo el personal docente ya sea nacional o nacionalizado y aquel que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 se regía por las siguientes disposiciones:

“1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestacio nes económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las pres taciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones”.

Posteriormente, la Ley 60 del 12 de agosto de 1993 en su artículo 6 estableció que el régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órden es departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto -ley 2277 de 1979 y demás normas

que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órden es departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto -ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.

En cuanto a la regulación de los salarios, el Decreto No. 1278 de 2002 en su artículo 46 establece que será el Gobierno Nacional quien en desarrollo con la Ley 4ª de 1992 deberá establecer una escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, esto de conformidad con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente, indica además que el salario de ingreso a la carrera de docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-Ley No. 2277 de 1979.

5.2.2 Sistema de escalafón docente.

Los Decretos-Ley No. 2277 de 1979 y 1278 de 2002 rigen el sistema especial de carrera de los docentes, el primero de ellos establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de aquellos que desempeñan la profesión de docente en los distintos niveles y modalidades que integran al sistema educativo nacional, el capítulo III de este decreto regulo lo relacionado con el escalafón nacional docente y lo define en su artículo 8° como aquel sistema de clasificación de los educadores de conformidad con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos, así mismo, el artículo 9° establece la creación y grados, indicando que el escalafón nacional docente estará constituido por

su artículo 8° como aquel sistema de clasificación de los educadores de conformidad con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos, así mismo, el artículo 9° establece la creación y grados, indicando que el escalafón nacional docente estará constituido por catorce grados en orden ascendente, del 1 al 14, este decreto es aplicable aquellos docentes que fueron nombrados en propiedad antes del año 2002.

Ahora, el Decreto -Ley No. 1278 del 2002 tiene por objeto establecer el estatuto de profesionalización docente el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, lo que garantizaría que el ejercicio de la docencia se ejerciera por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, exper iencia, desempeño y competencias, esto atributos serían los que orientarían todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio.

El escalafón de docente es definido por este decreto en su artículo 19 también como aquel sistema de clasificación de docentes y directivos docentes estatales que, de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintosRadicado: 23001333300220240035601 7

grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo así asignar el correspondiente salario profesional, de este artículo se logra determinar que el escalafón docente es el que permite categorizar a l os docentes que superaron el concurso de méritos, la ubicación de cada docente en el escalafón queda supeditada a la preparación académica y la

el correspondiente salario profesional, de este artículo se logra determinar que el escalafón docente es el que permite categorizar a l os docentes que superaron el concurso de méritos, la ubicación de cada docente en el escalafón queda supeditada a la preparación académica y la experiencia que logren acreditar al momento de ingresar al escalafón y será esta ubicación la que determine el salario que ha de percibir cada docente.

Este decreto realiza una nueva estructuración del escalafón docente regulándolo de la siguiente forma: “ARTÍCULO 20. Estructura del Escalafón Docente. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D). Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Sa larial A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el p untaje indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto. ARTÍCULO 21. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE. Establézcanse los siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente:

Grado Uno: a) Ser normalista superior; b) Haber sido nombrado mediante concurso; c) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.

Grado Dos:

Grado Uno: a) Ser normalista superior; b) Haber sido nombrado mediante concurso; c) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.

Grado Dos: a) Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación; b) Haber sido nombrado mediante concurso; c) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno.

Grado Tres: a) Ser Licenciado en Educación o profesional; b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su espe cialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; c) Haber sido nombrado mediante concurso; d) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o l a evaluación de competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos.

PARÁGRAFO. Quien reúna los requisitos de los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno de estos grados, previa superación de la evaluación del período de prueba.

Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del Escalafón Docente, previa acreditación de requisitos y superación de las correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias, y existencia de disponibilidad presupuestal.”

Por otro lado, el docente que quiere ascender al siguiente nivel, la norma es clara en señalar que para ello deberá haber cumplido 3 años de servicio y superar la evaluación de competencia la

competencias, y existencia de disponibilidad presupuestal.”

Por otro lado, el docente que quiere ascender al siguiente nivel, la norma es clara en señalar que para ello deberá haber cumplido 3 años de servicio y superar la evaluación de competencia la cual se encuentra regulada en el artículo 36 del decreto en menció