TA COR - Sentencia 23001-33-33-003-2023-00260-01 (08-09-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300320230026001

Demandante: Iris Margoth Blanco Flórez

Demandado: E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería.

Tema(s):

Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Auxiliar de servicios generales.

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

La demandante pretende que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 210.41.02.189.18 suscrito por el gerente de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería, notificado el día 5 de octubre de 2018 , por medio de la cual se resolvió negativamente la reclamación administrativa presentada por la actora, donde se solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales e indemnizaciones por haberse desnaturalizados los contratos de prestación de servicios por los cuales fue contratada.

A título de restablecimiento del derecho , pretende que se declare la existencia de la relación laboral con la demandada desde el 1° de septiembre de 2015 al 31 de enero de

desnaturalizados los contratos de prestación de servicios por los cuales fue contratada.

A título de restablecimiento del derecho , pretende que se declare la existencia de la relación laboral con la demandada desde el 1° de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016.

De igual forma, solicita el reintegro al cargo que venía desempeñando, junto con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales a las que considera tiene derecho en las mismas condiciones de un empleado público.

Adicionalmente, reclama el pago de todas las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones compensadas y perjuicios materiales y extrapatrimoniales a los que haya lugar por el accidente de trabajo sufrido con ocasión al servicio prestado.

Por último, que se condene a la entidad demandada al pago de la indemnización moratoria establecida en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto nro. 2127 de 1945, por no haberse pagados los salarios y prestaciones soci ales a la terminación de la relación laboral, así como la condena en costas a la entidad demandada.

Como fundamentos fácticos relevantes, se afirmó en la demanda que la señora Iris Margoth Blanco Flórez estuvo vinculada con la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, en el cargo de auxiliar de servicios generales desde el 1° de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016, desempeñando funciones de forma continua e ininterrumpida con insumos y dotaciones suministrados por la entidad demandada.

en el cargo de auxiliar de servicios generales desde el 1° de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016, desempeñando funciones de forma continua e ininterrumpida con insumos y dotaciones suministrados por la entidad demandada.

1 Ver índice nro. 00011 presente en el aplicativo SAMAI (Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería)Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 2

También señala que estaba sometida al cumplimiento de un horario, recibía órdenes de su superior inmediato y no podía abandonar el sitio de trabajo.

Sostiene que el día 28 de diciembre de 2015, estando al servicio de la entidad y cumpliendo sus funciones sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la fractura de la epífisis superior. Por lo que la entidad procedió a dar por terminado el contrato existente entre las partes sin la previa autorización del permiso al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.

Expresa la demandante que le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales, recibiendo respuesta por parte de la entidad.

Como normas violadas, la parte actora en su demanda señaló las si guientes: artículo 53 de la Constitución Política, 105, 106, 118, 126, 140, 148 y ss del Decreto 1572 de 1998, el

artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, 45 del Decreto 1045 de 1978, 2, 3, 38 literal f, 41 parágrafo 2 y 46 de la Ley 909 del 2004 y los artículos 6 y ss del Decreto 2504 de 1998.

En el concepto de la violación se afirmó que entre las partes existió una relación laboral encubierta bajo la celebración de contratos de prestación de servicios; en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás derechos solicitados, así como los perjuicios materiales y extrapatrimoniales con ocasión del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba sus servicios a la entidad.

b) Contestación de la demanda2

La entidad demandada, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda refiriéndose a los hechos y oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, para lo cual propuso la s excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva », basada en que a la demandada mientras estuvo vinculada se le cancelaron todas las prestaciones sociales , pero que de forma posterior fue vinculada a otra empresa.

De la misma forma planteó la «enexistencia (sic) de la obligación » indicando que no se configuran los requisitos que presupone el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo para ala existencia de la relación laboral.

Al cierre de su defensa, propuso la excepción de «buena fe» considerando que no está obligada a pagar ninguna clase de indemnización.

c). La sentencia apelada3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería profiri ó Sentencia de primera instancia el día 27 de agosto de 2024, mediante la cual resolvió lo siguiente:

c). La sentencia apelada3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería profiri ó Sentencia de primera instancia el día 27 de agosto de 2024, mediante la cual resolvió lo siguiente:

[...] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio nro. 210.41.02.189.18 del 5 de octubre de 2018, mediante el cual la ESE Hospital San Jerónimo de Montería negó el reconocimiento de una relación laboral entre la entidad demandada y el demandante. En consecuencia; TERCERO. DECLARAR que entre la ESE Hospital San Jerónimo de Montería y la señora Iris Margoth Blanco Flórez existió una relación laboral comprendida, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2016.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería a reconocer y pagar a la señora Iris Margoth Blanco F lórez prestaciones sociales reconocidas tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios, vacaciones, y aportes a la seguridad social en pensión. Siempre y cuando dichas prestaciones fueran reconocidas para los empleados de planta para los años 2015 a 2016

QUINTO. - DECLARAR que, para todos los efectos legales, el período contractual definido en el NUMERAL TERCERO de este capítulo resolutivo será computado para efectos

2 La demanda fue contestada en forma oportuna al interior del proceso ordinario laboral que se adelantó ante el Juzgado primero Laboral del Circuito Judicial de Montería. 3 PDF 22 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

2 La demanda fue contestada en forma oportuna al interior del proceso ordinario laboral que se adelantó ante el Juzgado primero Laboral del Circuito Judicial de Montería. 3 PDF 22 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 3

pensionales. Con tales propósitos, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería deberá tomar el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes (entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2016), y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, para lo cual la entidad accionada descontará de las sumas de la presente condena, el valor del porcentaje de cotización que por ley le competa realizar al demandante. SEXTO. - CONDENAR a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería a ajustar el valor de la condena aquí impuesta conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, empleando para ello la formul a universal adoptada por el Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia. SEPTMO. - CONDENAR a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería a cumplir la sentencia

empleando para ello la formul a universal adoptada por el Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia. SEPTMO. - CONDENAR a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería a cumplir la sentencia en los precisos términos contenidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [...]

A los anteriores efectos, el A quo sostuvo que dentro del material probatorio recaudado en el plenario, obran los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la E.S.E Hospital San Jerónimo de Monter ía, cuyo objeto se desarrolló por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016. Por ende, al estar debidamente acreditada la prestación del servicio en ese tiempo en concreto, el estudio pasó a la concurrencia de los elementos de la relación laboral.

En ese sentido, al hablar de los elementos constituyentes de la relación laboral, en concreto, la prestación personal del servicio personal encontró que fueron aportados los contratos de prestación de servicios, los cuales señalaban que la parte actora laboraría para la entidad como auxiliar de servicios generales. Además, de una de las obligaciones de la contratista, se desprende expresamente la prohibición a ceder, subcontratar, revelando la vocación personalísima de las actividades que desarrolló.

Aunado a lo anterior, sostuvo que las pruebas t estimoniales fueron coincidentes en informar, que la labor fue desarrollada de forma personal por la actora.

En relación con la remuneración o contraprestación, la encontró demostrada a partir de las cláusulas contractuales donde se pactó un valor y una forma de pago. De esta forma,

informar, que la labor fue desarrollada de forma personal por la actora.

En relación con la remuneración o contraprestación, la encontró demostrada a partir de las cláusulas contractuales donde se pactó un valor y una forma de pago. De esta forma, en el expediente también fueron aportadas las copias de los «comprobantes de egreso» a nombre de la demandante, que dan cuenta de la remuneración efectuada por la entidad.

Por su parte, para la subordinación lo primero que advirtió fue el objeto para el cual fue contratada la señora Blanco Flórez «Prestar servicios de auxiliar de servicios generales en la ESE Hospital san Jerónimo de Montería en intervención». Como segundo acudió a las obligaciones y deberes del contratista donde encontró «Prestar sus servicios al hospital de acuerdo a las especificaciones dadas en el objeto del contrato, acorde con las necesidades del servicio, bajo la supervisión e interventoría de la Subdirección Administrativa y Financiera o su delegado del Hospital San Jerónimo de Montería en intervención (...) 24) El contratista no podrá ceder, ni subcontratar el presente contrato»

De lo expuesto destacó que las actividades como auxiliar de servicios generales requirieron ser desarrolladas de forma continua, y bajo la permanente instrucción y control efectivo de un superior inmediato, la cual no podía ser desarrollada sin la presencia continua de la demandante en la sede física de la entidad , dada la naturaleza de las actividades para la cual fue contratada.

De forma anexa, fueron los testigos quienes afirmaron que la hoy demandante ejerció funciones en la entidad como auxiliar de servicios generales, además estaba sometida al cumplimiento de un horario, y bajo las instrucciones de sus jefes superiores.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

funciones en la entidad como auxiliar de servicios generales, además estaba sometida al cumplimiento de un horario, y bajo las instrucciones de sus jefes superiores.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 4

A raíz de todos los elementos probatorios, señaló «que la autonomía y la independencia en la prestación del servicio, quedaron desvirtuadas, concluyendo que la administración utilizó la figura del contrato de prestación de servicios para encubrir la naturaleza real de la actividad laboral que se contraía básicamente a una de las funciones de un empleado público».

Por otro lado, negó la pretensión de «reintegro» al indicar que la declaratoria y reconocimiento de la relación laboral no convierte al contratista en servidor público, pues ello solo se limita al reconocimiento de las prestaciones sociales que devengan l os empleados públicos de los empleados vinculados a la planta de la entidad.

Finalmente, frente al restablecimiento del derecho fueron reconocidas las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios, vacaciones y aportes a la seguridad social en pensión. Siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido reconocidas para los empleados de la planta en los años 2015 a 2016.

d) El recurso de apelación4

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, solicitando que se revoque en su integridad el fallo inicial, debido a la errónea valoración probatoria.

Para sustentar su posición, el apoderado de la parte demandada argumentó que no se

apelación, solicitando que se revoque en su integridad el fallo inicial, debido a la errónea valoración probatoria.

Para sustentar su posición, el apoderado de la parte demandada argumentó que no se cumplen los elementos esenciales del contrato de trabajo, conforme al artículo 23 de Código Sustantivo del Trabajo.

En ese sentido, sostuvo que la actividad personal del trabajo no se encuentra demostrada, dado que, tal como se expone en los hechos de la demanda, la parte demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

De igual manera, señaló que no exis te la continuada subordinación o dependencia de la empelada respecto al empleador, pues, la cláusula novena del documento suscrito por las partes evidencia que la señora Blanco Flórez gozaba de autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El apoderado de la demandada argumentó que no se configura el pago de salario como contraprestación por el servicio prestado, ya que, durante todo el periodo de vigencia del contrato, la demandante únicamente recibió honorarios, sin que se la haya pagado salario alguno. Por otro lado, también indicó que se evidencia una errónea valoración probatoria dentro del fallo impugnado, al no ponderar correctamente la razonabilidad aplicada en el interrogatorio realizado por las partes de la litis. Literalmente, la demandante manifestó que había tenido una vinculación bajo contrato de prestación de servicios con el E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, en calidad de auxiliar de servicios generales. Asimismo, sostuvo que los testimonios de las señoras Flor Ángela Valencia Arango, Hilda Rosa Hoyos U rbanes y María de Jesús Sierra Guzmán carecen de credibilidad, pues no

Jerónimo de Montería, en calidad de auxiliar de servicios generales. Asimismo, sostuvo que los testimonios de las señoras Flor Ángela Valencia Arango, Hilda Rosa Hoyos U rbanes y María de Jesús Sierra Guzmán carecen de credibilidad, pues no tenían conocimiento directo sobre la relación de subordinación de la actora dent ro del hospital, lo que resta validez a sus declaraciones. Finalmente, señaló que la demandante no acreditó estar afiliada a los sistemas de salud y pensión, ni tampoco aportó las constancias de los diferentes fondo s donde pudo haber estado afiliada, lo cu al representa que nunca hubo una vinculación legal mediante acto administrativo o contrato de trabajo.

4 PDF 24 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 5

e) El trámite en segunda instancia

Siguiendo el trámite procesal de la segunda instancia, mediante auto del 15 de noviembre 20245, se admitió el recurso de apelación interpuesto po r la parte demandada. Posteriormente, se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para lo de su competencia6, oportunidad en la cual estos sujetos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso por un Juez Administrativo de Circuito Judicial de Montería, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda

de primera instancia dictada en el presente proceso por un Juez Administrativo de Circuito Judicial de Montería, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del juez de segunda instancia, previstas en los artículos 3207 y 3288 del C.G.P.9, deberá la Sala establecer si en el sub lite se reúnen los presupuestos necesarios, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral, para la configuración de una relación laboral entre la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería y la señora Iris Margoth Blanco Flórez.

c) Marco normativo y jurisprudencial

De igual forma, c on el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre los presupuestos de la relación laboral y el principio de supremacía de la realidad sobre las formas en materia laboral.

(i) Presupuestos de la relación laboral y el principio de supremacía de la r ealidad sobre las formalidades

La Corte Constitucional, en sentencia C -154 de 199710, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y el de prestación de servicios. Al respecto, la Corte en la aludida sentencia, advirtió que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o dependencia respecto del empleador; evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en

aludida sentencia, advirtió que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o dependencia respecto del empleador; evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución.

Igualmente, los presupuestos de la relación laboral han sido estudiados de forma reiterada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a que el aludido artículo 53 Constitucional preceptúa que los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales

5 PDF 04 C02. 6 PDF 05 C02. 7 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.» 8 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior r esolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordena r copias.

limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordena r copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modif icación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán aleg arse durante la audiencia. 9 Normas aplicables por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 10 M.P. Hernando Herrera Vergara.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 6

son irrenunciables y debe primar la realidad sobre las formalidades fijadas por los propios sujetos de la relación laboral.

Es así, como el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, estableció varios criterios de decisión acerca de los presupuestos que permiten revelar que, tras un contrato de prestación de servicios, se encubre una relación laboral, los cuales, concretamente, sobre la subordinación, precisó esa Alta Corte que11:

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos

prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación -que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas,

se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lle ve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto , atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, p or consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier me dio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede se r indicativo de la existencia de una relación

la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede se r indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades o funciones propias de

una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral. (Destaca la Sala).

11 Expediente 1317-2016. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral. (Destaca la Sala).

11 Expediente 1317-2016. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23-001-33-33-003-2023-00260-01 7

Como se ve, el Alto Tribunal dio pautas que permiten a los falladores identificar plenamente, mediante indicios, el encubrimiento de una relación laboral, sin perjuicio de los demás medios de prueba directos que el interesado en probar allegue al proceso. En ef ecto, la prueba indiciaria constituye una de las principales herramientas, junto a la testimonial, para demostrar el encubrimiento de una relación laboral, habida cuenta que los documentos contractuales cumplirían con la finalidad de darle la apariencia ne gocial de prestación de servicios al vínculo de las partes; sin perjuicio de que de su contenido se puedan extraer elementos de juicio que sean indicativos de los hechos señalados por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la referida sentencia de uni ficación. Desde luego, la valoración de los medios de prueba contenidos en el plenario, junto con los indicios que de ellos se sigan, deberá hacerla el juez en el marco de la sana critica.

Finalmente, el antedicho cuerpo colegiado 12 se pronunció con relación al elemento de la subordinación en el caso de una auxiliar de servicios generales contratada a una ESE, como el que nos ocupa en el presente caso, de la siguiente forma:

[...] En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, que comporta el argumento principal de la alzada, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones

como el que nos ocupa en el presente caso, de la siguiente forma:

[...] En