TA COR - Sentencia 23001-33-33-003-2025-00252-01 (18-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, dieciocho (18) septiembre de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción: Tutela Expediente: 23001333300320250025201.

Accionantes: María Rosa, Norma Inés, Miguelina, Apolinar Antonio, Álvaro Luis, Raúl

Antonio, Néstor y José Joaquín López Araujo.

Accionado: Agencia Nacional de Tierras - ANT Vinculados: Unidad de Gestión Territorial de Montería, Unidad Nacional de Tierras,

Alba Rosa Martínez Díaz.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

Procede el despacho a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionada Agencia Nacional de Tierras contra el fallo de tutela de fecha 1° de agosto del 2025, emitido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

a) Hechos Se relata que l os accionantes son hermanos, todos de la tercera edad, humildes y sin recursos económicos, los cuales habitan y han poseído por más de 70 años un predio rural, identificado con referencia catastral N° 000000000012000100000000, con escritura pública N° 242 del 29 de julio de 1944, documento que reposa en la Notaría de Lorica, el cual ha sido el hogar de su familia por generaciones.

Menciona que en fecha 02 de junio de 2024 (sic), presentaron derecho de petición ante la

sido el hogar de su familia por generaciones.

Menciona que en fecha 02 de junio de 2024 (sic), presentaron derecho de petición ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT solicitando información sobre si la señora Alba Rosa Martínez Díaz había adelantado algún proceso de adjudicación de baldío o cualquier otro trámite de formalización sobre el inmueble antes descrito, sin que la accionada respondiera oportunamente la petición, razón por la cual interpusieron una acción de tutela que fue conocida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, y con ocasión a esta procedió la ANT a emitir respuesta el 18 de junio de 2024, informando que la señora Alba RosaImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

Martínez Díaz había radicado solicitud de adjudicación identificada con FISO N° 0042833, expediente administrativo N° 201874007199800269E.

Señala que, e n la misma respuesta, la ANT indicó que la oposición que presentaron fue incorporada al expediente, y que sería resuelta mediante el acto administrativo que decidiera el trámite, explicando que la inscripción en el Registró de Sujetos de Ordenamiento – RESO no constituye situación jurídica consolidada; sim embargo indica que han transcurrido más de siete (7) meses desde esa respuesta, sin que se emita decisión de fondo sobre la oposición, ni ha convocado a audiencia, ni brindado atención directa su solicitud, pese a que el predio ha sido su residencia y herencia legítima.

Precisa que, debido a la inacción institucional y la falta de respuesta, acudieron de forma

solicitud, pese a que el predio ha sido su residencia y herencia legítima.

Precisa que, debido a la inacción institucional y la falta de respuesta, acudieron de forma presencial a la sede de la ANT en Montería, dónde fueron atendidos únicamente por personal de recepción, quienes les indicaron que debían inscribirse a través de una línea de WhatsApp; por lo que, les proporcionaron un código QR.

Expresa que el 25 de febrero de 2025, procedieron a registrar su solicitud por dicho canal, recibiendo un numeró de radicado automático , pero desde entonces han pasado más de cinco (5) meses sin que se haya producido una respuesta formal sobre la solicitud ni sobre la oposición previamente presentada.

Sostiene que, el predio no es baldío, fue adquirido por su ab uelo por medio de una compraventa, y en razón a ello, fue transferido por herencia, que han habitado de forma continua en él por más de 70 años, la falta del título inscrito ocasiona una situación jurídica de total inseguridad y vulnerabilidad, pese a haber presentado oposición y manifestado frente a la ANT la disposición de la tenencia del predio en relación con los requisitos legales, no ha emitido respuesta de fondo, informando el estado del proceso y sin responder la oposición, superando todo tiempo razonable para que la entidad ponga a conocimiento y disposición de ello.

b) Pretensiones Solicitan que se amparen de manera inmediata los derechos fundamentales al debido proceso, petición, acceso a la administración de justicia, propiedad, vivienda digna, mínimo vital y vida digna.

Que se or dene a la entidad accionada resolver de manera integral, formal y motivada la

proceso, petición, acceso a la administración de justicia, propiedad, vivienda digna, mínimo vital y vida digna.

Que se or dene a la entidad accionada resolver de manera integral, formal y motivada la oposición presentada frente a la solicitud de adjudicac ión formulada por la señora Alba Rosa Martínez Díaz, y que se brinde la oportunidad real de defensa y contradicción a los accionantes.

Que se ordene a la accionada a abstenerse de adelantar o culminar cualquier acto administrativo de adjudicación sobre el predio en cuestión, hasta tanto no se resuelva deImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

fondo su oposición, conforme a los principios de legalidad, contradicción, debido proceso y buena fe.

Que se ordene a la accionada a implementar un canal de atención directa y presencial para los accionantes, dada su condición de edad avanzada, ruralidad y escasos recursos, a fin de que puedan adelantar un trámite real y efectivó para la legalización de su tenencia, si a ello hubiere lugar.

Que se ordene a la accionada a brindar acompañamiento jurídico y técnico adecuado, en virtud de su condición de personas en debilidad manifiesta, para garantizar que puedan ejercer sus derechos sin barreras tecnológicas ni desinformación.

c) Derechos invocados como vulnerados Alega la parte actora como vulnerados los derechos de petición, debido proceso, acceso a la justicia, propiedad privada y posesión legitima, vivienda digna, protección especial de los adultos mayores.

d) Contestación

• Agencia Nacional de Tierras - ANT1

la justicia, propiedad privada y posesión legitima, vivienda digna, protección especial de los adultos mayores.

d) Contestación

• Agencia Nacional de Tierras - ANT1

Alega la entidad, que no ha violentado los derechos fundamentales reclamados por parte de los accionantes, en vista de que mediante la respuesta al derecho de petición atendió las solicitudes de la parte accionante.

Manifiesta que la acción de tutela es improcedente por configurarse la excepción denominada carencia actual del objeto por hecho superado, puesto que, la petición objeto de la tutela fue contestada por la Entidad, de forma clara, completa y coherente al correo electrónico aportado po r el peticionario, cesando todo riesgo o peligro para el derecho fundamental que alegaba la accionante, configurándose de esa forma el fenómeno jurídico denominado carencia actual del objeto por hecho superado, en el entendido en que se ha dado una respuesta puntual, clara y de fondo a la solicitud de la parte actora.

Menciona que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para nada de lo pretendido por los accionantes, pues la oposición se resuelve en el acto administrativo definitivo, no es posible saltarse la Ley ni el procedimiento, no siendo la tutela un mecanismo extraprocesal para no cumplir con el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, sostiene que en el caso particular los accionantes no probaron la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que concluye que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad y tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio

1 01PrimeraInstancia ver 10ContestacionTutela.pdf del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición

con los requisitos de procedibilidad y tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio

1 01PrimeraInstancia ver 10ContestacionTutela.pdf del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

irremediable, pues actualmente no se existe ninguna situación que este afectando o menoscabando gravemente algún derecho.

• Señora Alba Rosa Martínez Díaz2

Señala que es ella quien ha venido ocupando, por más de 40 años el predio identificado con la cedula catastral 23586000000120001000, denominado “El Cambio, El Volcán O Cállate la Boca”, con un área de 7 hectáreas con 6993 m2, prueba de ello es que el dentro de la totalidad del terreno solo existe una única vivienda de su propiedad y en lo referente a la compra legal es falso teniendo en cuenta de dicha cedula catastral no posee un folio de matrícula asociado lo que hace demostrar su naturaleza del baldío.

Sostiene que con referencia a la oposición la misma debió presentarte al momento de la inspección ocular por parte de la Agencia Nacional de tierras, situación que no aconteció de esa manera teniendo en cuenta que los accionantes ninguno reside dentro del predio en mención; sumado a esto, reitera lo expuesto por la accionada, que la oposición se resuelve en el acto administrativo definitivo y no es posible saltarse la Ley ni el procedimiento, no siendo la tutela un mecanismo extraprocesal para no cumplir con el ordenamiento jurídico.

Agrega que no existe prueba sumaria dentro de la acción constitucional que los señores López Araujo, posean o habiten dicho predio de manera pacífica, teniendo en cuenta que

Agrega que no existe prueba sumaria dentro de la acción constitucional que los señores López Araujo, posean o habiten dicho predio de manera pacífica, teniendo en cuenta que la única ocupante y residente, ha sido la señora Alba Rosa Martínez Díaz, la cual es una persona de la tercera edad que cuenta con 65 años de edad y padece de artrosis primaria generalizada, reconstrucción de cadera izquierda, inicio de osteoporosis, y que la única vivienda que tiene es la que se encuentra ubicada en la finca “El Cambio; El Volcán o Cállate la Boca” ubicada en calle 1 número 5-58, Vereda Villa nueva.

Concluye que la procedencia de la acción de tutela como impulso procesal ante autoridades judiciales se encuentra restringida, toda vez que el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido, como también las partes y los intervinientes a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio.

e) Sentencia de primera instancia El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, emitió sentencia mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de petición de los accionantes, y, en consecuencia, ordenó a la ANT que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de l fallo, den respuesta actual, clara, oportuna y de fondo a la petición presentada por los actores el 25 de febrero de 2025 en la sede de la ANT. Asimismo,

la notificación de l fallo, den respuesta actual, clara, oportuna y de fondo a la petición presentada por los actores el 25 de febrero de 2025 en la sede de la ANT. Asimismo,

2 Archivo 15, C01.Impugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

garantice un canal efectivo para el ejercicio de sus derechos y brindar información precisa sobre el estado del proceso y la oposición formulada en el expediente administrativo No. 201874007199800269E, para lo cual se recomienda priorizar interfaces simples, evitar la jerga técnica, y ofrecer opciones de contacto offline (telefónico o presencial).

De otro lado, o rdenó a la ANT a dar prioridad al trámite de actores los actores adultos mayores con el fin de aplicar el enfoque diferencial y cumplir con el compromiso estatal hacia las poblaciones vulnerables, conforme a lo dispuesto en la Ley 1251 de 2008, sin incurrir en omisiones ni demoras injustificadas. Así mismo, se negaron las demás pretensiones de la demanda.

Señala en primera medida que en dicha providencia se abordó con enfoque diferencial por ser los accionantes sujetos de especial protección constitucional, por cuanto todos son adultos mayores y de la tercera edad, algunos padecen de enfermedades que afectan su calidad de vida y que todos pertenecen al estrato socioeconómico uno, lo cual los hace económica u socialmente vulnerables.

Indica que la petición de la cual se duelen los actores en esta acción constitucional es la elevada el 25 de febrero de 2025, cuando acudieron a la sede de la entidad en Montería,

económica u socialmente vulnerables.

Indica que la petición de la cual se duelen los actores en esta acción constitucional es la elevada el 25 de febrero de 2025, cuando acudieron a la sede de la entidad en Montería, donde se les indicó usar WhatsApp con código QR para tener conocimiento del estado del proceso y la oposición presentada; sin embargo, no fue aportada constancia de su radicación. Pese a lo anterior y por las condiciones ya anotados de los peticionarios hoy actores, sumado a considerar las limitaciones tecnológicas y falta de conocimiento en el uso de las tecnologías, de este grupo poblacional, se tuvo por cierta dicha afirmación, sumado a que la entidad accionada no niega expresamente los hechos alegados por los accionantes, presumiéndose su aceptación tácita, permitiendo al juez tenerlos por probados, conforme al artículo 22 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, debe presumirse la buena fe de los adultos mayores (artículo 83 C.P.), quienes merecen atención preferente por su condición de vulnerabilidad.

Agrega que, la normativa sobre adjudicación de baldíos —Ley 160 de 1994, Decreto 902 de 2017 y Decreto 1071 de 2015— no contempla expresamente un trato preferencial hacia adultos mayores y/o personas de la tercera edad, la ANT está obligada a aplicar los principios constitucionales de igualdad material y buena fe, reconociendo su papel activo en la vida institucional y jurídica.

Manifiesta que, se vulnera el derecho de petición frente a la solicitud presentada el 25 de febrero de 2025 en la sede de la ANT Territorial Montería, al no recibir una respuesta actual,

en la vida institucional y jurídica.

Manifiesta que, se vulnera el derecho de petición frente a la solicitud presentada el 25 de febrero de 2025 en la sede de la ANT Territorial Montería, al no recibir una respuesta actual, clara, oportuna y de fondo, al no garantizarles un canal efectivo para ejercer sus derechos, y tener información clara respecto al estado del proceso y la oposición presentada en el expediente administrativo nro. 201874007199800269E. De otro lado, menciona que en el presente caso no procede declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, entre el momento de la presentación de la solicitud de tutela y la fecha del presente fallo, la entidad accionada no respondió a lo solicitado.Impugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

Expresa que, la entidad ha manifestado que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017, la inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) no genera derechos adquiridos ni s ituaciones jurídicas consolidadas, ya que el reconocimiento de propiedad o uso solo se determina al culminar el Procedimiento Único; durante dicho trámite, cualquier persona que considere tener derecho sobre el predio objeto de la actuación podrá presentar oposición según el artículo 46 del mismo decreto y el artículo 34 de la Resolución 20230010000036 de 2023, aportando prueba sumaria, y dicha oposición será valorada por la ANT y resuelta mediante el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Sostiene que el trámite de adjudicación de baldíos no tiene un plazo fijo determinado por la

oposición será valorada por la ANT y resuelta mediante el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Sostiene que el trámite de adjudicación de baldíos no tiene un plazo fijo determinado por la ley, ni en el Decreto Ley 902 de 2017 ni en la Resolución 20230010000036 de 2023. Sin embargo, sí existen etapas con tiempos orientativos, como el periodo probatorio de hasta 30 días hábiles, prorrogables por otros 30 si hay pruebas complejas. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el principio de eficacia administrativa (artículo 3 de la Ley 1437 de 2011) exige que los procedimientos se desarrollen sin dilaciones injustificadas. Por lo anterior, no advierte vulneración al derecho al debido proceso, toda vez que a los actores se les ha garantizado la participación mediante la presentación de oposiciones, el aporte de pruebas y la virtual resolución formal de dichas oposiciones, conforme al marco legal aplicable y a través del acto administrativo definitivo. No obstante, se ordenará a la ANT dar prioridad al trámite de los actores adultos mayores, con el fin de aplicar el enfoque diferencial y cumplir con el compromiso estatal hacia las poblaciones vulnerables, conforme a lo dispuesto en la Ley 1251 de 2008, sin omisiones o demoras injustificadas.

Respecto a la vinculada señora Alba Rosa Martínez Díaz, quien mediante solicitud identificada con FISO nro. 0042833 , expediente administrativo nro. 201874007199800269E, pretende la formalización de la propiedad rural objeto de debate, considera que no se advierte que haya vulnerado directamente algún derecho fundamental de los actores en el marco del proceso del expediente administrativo.

201874007199800269E, pretende la formalización de la propiedad rural objeto de debate, considera que no se advierte que haya vulnerado directamente algún derecho fundamental de los actores en el marco del proceso del expediente administrativo.

Finalmente, respecto a los derechos de acceso a la justicia, propiedad, vivienda y vida digna, no se evidencia una vulneración, siempre que los interesados tengan la posibilidad de oponerse, presentar pruebas y ser escuchados en condi ciones de equidad. No se han acreditado situaciones de despojo, afectación sustancial o exclusión del procedimiento. Por tanto, no se configura una transgresión directa a dichos derechos en esta acción.

f) Impugnación 3 La entidad accionada impugnó la sentencia de tutela, señalando que frente a lo ordenado en el fallo de tutela, se insiste que el trámite de formalización de tierras —sin importar la naturaleza jurídica del predio (baldío o privado) — se rige por una normativa especial contenida en la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017, los cuales regulan

3 C01 ver 19ImpugnacionTutela del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

integralmente las etapas y actuaciones administrativas aplicables, hasta su culminación, la cual puede conllevar resolución de adjudicación o resolución de negación, según se verifique el cumplim iento integral y concomitante de los requisitos objetivos y subjetivos establecidos para los solicitantes. En dicho sentido, el procedimiento contemplado en la Ley se ha respetado por parte de la entidad, no es procedente acudir a la acción de tutela para

verifique el cumplim iento integral y concomitante de los requisitos objetivos y subjetivos establecidos para los solicitantes. En dicho sentido, el procedimiento contemplado en la Ley se ha respetado por parte de la entidad, no es procedente acudir a la acción de tutela para omitir dicha reglamentación legal.

Menciona que se puede constatar la existencia de la excepción denominada carencia actual del objeto por hecho superado, puesto que, la petición objeto del fallo de tutela fue contestada por la Entidad, de forma clara, co mpleta y coherente se da respuesta al peticionario como se menciona anteriormente al correo electrónico aportado por el peticionario, tal como se demuestra con la prueba de envío, por lo que considera se evidencia que, con la contestación a la solicitud realizada el 25 de febrero de 2025, remitida a la dirección electrónica de la parte accionante, cesó todo riesgo o peligro para el derecho fundamental que alegaba la accionante, configurándose de esa forma el fenómeno jurídico denominado carencia actual del objeto por hecho superado, en el entendido en que se ha dado una respuesta puntual, clara y de fondo a la solicitud de la parte actora.

Por otra parte, solicita que se revoque la orden establecida en el numeral tercero del fallo de tutela, pues la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para omitir las etapas establecidas en la Ley en el procedimiento de formalización, pues el presente caso trata de una objeción a un proceso de formalización que no ha culminado, es decir, que no se ha afectado ningún derecho de los accionantes, por el contrario se les ha informado que sus objeciones serán definidas en el acto que culmine el procedimiento como lo establece la Ley.

afectado ningún derecho de los accionantes, por el contrario se les ha informado que sus objeciones serán definidas en el acto que culmine el procedimiento como lo establece la Ley. Alega que, la tutela no es un mecanismo extraprocesal para solicitar que se define una etapa (resolver objeciones) cuando la Ley establece que la oportunidad de hacerlo es a tr5avés del acto que culmina el procedimiento.

Por último, concluyen que, en el caso particular los accionantes no probaron la existencia de un perjuicio irremediable, y tampoco se podría evidenciar el mismo, pues no se ha limitado su propiedad o afectado sus derechos. El inicio de un procedimiento de formalización donde se ha respetado el debido proceso no puede tenerse como perjuicio. Por el contrario, frente a los numerales uno y dos, acaeció la carencia actual por un hecho superado, al darle respuesta a la solicitud del 25 de febrero de 2025, tal como se prueba con los anexos a la presente impugnación.Impugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

a) Admisión. Por auto con fecha 22 de agosto de 2025, se admitió la impugnación presentada por la Agencia Nacional de Tierras contra el fallo de tutela de fecha 1° de agosto de 2025, emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES.

a. Competencia. El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia

III. CONSIDERACIONES.

a. Competencia. El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b. Problema Jurídico Corresponde a la Sala en esta oportunidad, determinar si hay lugar a declarar la carencia actual por hecho superado sobre la petición de fecha 25 de febrero de 2025 presentada por los accionantes ante la Agencia Nacional de Tierras, conforme a la respuesta brindada por esta última. De igual forma, establecer si hay lugar a revocar el numeral tercero que ordenó dar prioridad al trámite de actores los actores a dultos mayores en aplicación del enfoque diferencial, cumpliendo con el compromiso estatal de atención a las poblaciones vulnerables, conforme a lo dispuesto en la Ley 1251 de 2008, sin incurrir en omisiones ni demoras injustificadas.

De la respuesta a su formulación, dependerá la confirmación o revocatoria de la sentencia impugnada.

c. Procedencia de la Acción de Tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela la Corte ha determinado que debe estudiarse i) la legitimación de la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad.

Frente al requisito de la legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente acreditada, pues los accionantes, procuran obtener el amparo del derecho fundamental deImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

petición, ya que presuntamente fue transgredido por la entidad accionada, al no dar respuesta clara, precisa y de fondo a la petición efectuada elevada el 25 de febrero de 2025.

De igual forma, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, está probado que la Agencia Nacional de Tierras , es la entidad accionada y quien presuntamente genera la vulneración al derecho fundamental alegado por l os accionantes, al no brindar respuesta clara, precisa y de fondo a la petición que presentó esta última.

En cuanto al requisito de inmediatez, exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente. En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y

contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente. En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales. De este modo, como se presentó la petición 25 de febrero de 2025 e interpuesto la acción de tutela el 18 de julio de 2025, lo que contabiliza un lapso razonable para alegar la vulneración de un derecho fundamental y más aún cuando sigue persistiendo la misma.

Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, ha de entenderse que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de de fensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que están a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y en efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Por lo anterior, como se encuentra en debate la protección de un derecho fundamental el de petición al no haberse dado una respuesta precisa, clara, completa y de fondo, sobre lo peticionado, lo cual hace procedente el estudio de la acción que nos ocupa.

d. Marco Normativo y Jurisprudencial

haberse dado una respuesta precisa, clara, completa y de fondo, sobre lo peticionado, lo cual hace procedente el estudio de la acción que nos ocupa.

d. Marco Normativo y Jurisprudencial

• Del derecho de petición De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía por ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. En este derecho implica tres elementos: i) la posibilidad de formular petición, ii) la respuesta de fondo y iii) la posibilidad dentro del término legal respectivo.Impugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23 001 33 33 003 2025 00252 01

El primer elemento, pretende la garantía efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que puedan abstenerse de recibirlas y tram itarlas. El segundo, implica que las autoridades y los particulares, en los casos definidos por la ley, deben resolver de fondo las peticiones interpuestas, de manera clara, precisa y congruente. Por último, el tercer elemento refiere a que se debe dar respuesta en el término legal establecido y notificar esta respuesta al peticionario de manera idónea.

Este derecho tiene desarrollo legal en la Ley 1755 de 2015 (Por medio de la cual se regula

elemento refiere a que se debe dar respuesta en el término legal establecido y notificar esta respuesta al peticionario de manera idónea.

Este derecho tiene desarrollo legal en la Ley 1755 de 2015 (Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), estableciendo el artículo 13, lo siguiente sobre los derechos de petición interpuestos ante autoridades:

“Articulo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante a