TA COR - Sentencia 23001-33-33-004-2016-00276-01 (19-09-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación 23001333300420160027601

Demandante: DIVE MEJÍA ZARUR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Y OTRO

Tema: Responsabilidad del Estado por daño especial en ejecución de contrato de obra.

Decisión: Revoca y adiciona Tipo de providencia: Sentencia

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la parte demandante y del Municipio de Santa Cruz de Lorica, contra la sentencia de veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020)1, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. Los señores Dive de la Candelaria Mejía Zarur, Yesid Antonio Mejía Zarur y Carla Patricia Mejía Zarur, en calidad de demandantes, adquirieron el inmueble identificado con el código catastral No. 23417010200160001000 y matrícula inmobiliaria No. 146 -2898, mediante Escritura Pública No. 146 del 18 de diciembre de 1995. El bien se encuentra ubicado en el sec tor histórico del municipio de Santa Cruz de Lorica y es conocido popularmente como “Pilador Lorica”. Posteriormente, fue adecuado por sus propietarios

ubicado en el sec tor histórico del municipio de Santa Cruz de Lorica y es conocido popularmente como “Pilador Lorica”. Posteriormente, fue adecuado por sus propietarios para el funcionamiento de varios locales comerciales, los cuales cuentan con acceso directo desde la vía que colinda con la playa.

1.1.2. El 24 de octubre de 2014, el alcalde del Municipio de Santa Cruz de Lorica suscribió el Contrato de Obra Pública No. 174 -2014 con el Consorcio Centro Histórico, cuyo objeto era la “Recuperación ambiental y paisajística de la ribera del Río Sinú como atractivo turístico en el centro histórico del municipio”. El acta de inicio se firmó el 8 de abril de 2015, estableciendo un plazo de ejecución de diez meses, hasta el 9 de febrero de 2016.

1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20 -11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20 -49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20 -51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre

extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego, a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO2058 relativos a las excepciones a la suspensión de términos.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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1.1.3 El 3 de junio de 2015, representantes del consorcio informaron a los arrendatarios de los locales comerciales que se cerraría la calle aledaña por motivo de la obra, impidiendo el acceso a los establecimientos. Ese mismo día, los arrendatarios notificaron a los propietarios, quienes desconocían la intervención. El 4 de junio de 2015, las señoras Carla Y Dive Mejía Zarur presentaron oficio ante la Alcaldía, manifestando que el cerramiento afectaría el uso y disfrute de su propiedad privada, solicitando diálogo y soluciones equitativas.

1.1.4. También el 4 de junio de 2015, los arrendatarios María Del Carmen García, Marfelina Rodríguez Álvarez, Gregoria Blanco Correa, Juan José Mangones, Fernando Antonio De Hoyos, Benito Manuel López, Librada Ramírez Feria y Luz Nelly Núñez presentaron oficio ante la Alcaldía, advirtiendo que el cerramiento afectaría sus negocios, vulneraría su derecho al trabajo y generaría perjuicios económicos.

Hoyos, Benito Manuel López, Librada Ramírez Feria y Luz Nelly Núñez presentaron oficio ante la Alcaldía, advirtiendo que el cerramiento afectaría sus negocios, vulneraría su derecho al trabajo y generaría perjuicios económicos.

1.1.5. Pese a las solicitudes, el 17 de agosto de 2015 el Consorcio inició labores, cerrando completamente la calle. El 22 de agosto de 2015, los arrendatarios desocuparon los locales ante la imposibilidad de continuar sus actividades comerciales por la restricci ón total del acceso vehicular y peatonal.

1.1.6. Durante la ejecución de la obra no se adoptaron medidas de mitigación como andenes o senderos peatonales, y la zona permaneció afectada por escombros, polvo y materiales de construcción. Aunque el plazo contractual venció el 9 de febrero de 2016, seis meses después no se habían retirado los escombros ni finalizado las labores en la calle frente a los locales.

1.1.7. Esta situación generó afectaciones económicas y emocionales a los propietarios y sus núcleos familiares, quienes vieron disminuidos sus ingresos y enfrentaron incertidumbre sobre la reactivación de sus actividades comerciales. Alegan que el daño sufrido constituye una carga desproporcionada que no están en el deber jurídico de soportar, derivada de una actuación legítima del Estado, lo que configura un daño especial. Por ello, solicitan que se declare la responsabilidad del Municipio de Santa Cruz de Lorica y se ordene la correspondiente indemnización.

1.2 Pretensiones

1.2.1. La parte solicita que se declare administrativamente responsable al Municipio de

declare la responsabilidad del Municipio de Santa Cruz de Lorica y se ordene la correspondiente indemnización.

1.2 Pretensiones

1.2.1. La parte solicita que se declare administrativamente responsable al Municipio de Lorica, por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 174 -2014, cuyo objeto fue la “Recuperación ambiental y paisajística de la ribera del Río Sinú como atractivo turístico en el centro histórico del municipio de Santa Cruz de Lorica”.

Se solicita que se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes, los cuales se estiman en la suma de $273.535.500, distribuidos de la siguiente manera:

1.2.2. Perjuicios inmateriales: en la modalidad de Perjuicios Morales:

• A favor de los demandantes Dive de la Candelaria Mejía Zarur, Antonio José Zarur Mejía, Antonio David Zarur Issa , Sandra Marcela Zarur Mejía, Antar Antonio ZarurMedio de Control: Reparación Directa

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Mejia, Yesid Antonio Mejía Zarur, Vilma Cecilia Paz Hernández, Yexid Alonso Mejía Paz, César David Mejía Paz, Alejandra María Mejía Paz, Carla Patricia Mejía Zarur, Dive Antonia Diaz Mejía y Antonia Zarur de Mejía, la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno

Dive Antonia Diaz Mejía y Antonia Zarur de Mejía, la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno

1.2.3. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

• Lucro cesante consolidado: a favor de Dive de la Candelaria Mejía Zarur, Yesid Antonio Mejía Zaru y Carla Patricia Mejía Zarur, la suma de Cuatro Millones

Seiscientos Cincuenta Mil Pesos ($4.650.000,00).

• Lucro cesante futuro: a favor de Dive de la Candelaria Mejía Zarur, Yesid Antonio Mejía Zarur y Carla Patricia Mejía Zarur, las sumas de dinero que cubran los cánones de arriendo que estos dejaron de percibir a partir del mes de marzo de 2016 y hasta cuando finalizada la obra pública, los locales comerciales que fueron desocupados con ocasión a la misma se vuelvan a arrendar.

1.2.4. Finalmente, solicita que se condene al pago de las costas y agencias en derecho, y que los demandados den cumplimiento a la sentencia condenatoria en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.3. Sentencia de primera instancia2

Mediante sentencia del 23 de julio de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Santa Cruz de Lorica, a título de daño especial, por los perjuicios m ateriales en la modalidad de lucro cesante causados a los señores Dive de la Candelaria Mejía Zarur, Yesid Antonio Mejía Zarur y Carla Patricia Mejía Zarur, propietarios de cinco locales en el inmueble conocido como “Pilador Lorica”. En consecuencia, ordenó al municipio indemnizar

Yesid Antonio Mejía Zarur y Carla Patricia Mejía Zarur, propietarios de cinco locales en el inmueble conocido como “Pilador Lorica”. En consecuencia, ordenó al municipio indemnizar a los afectados con el pago de $6.355.000 por dicho concepto.

Del análisis probatorio, el a quo concluyó que el daño consistió en la imposibilidad de usufructuar los locales debido al cerramiento y demolición de la vía de acceso. La intervención se dio en el marco del contrato de obra pública No. 174 de 2014, ejecuta do para recuperar la ribera del río Sinú. El perjuicio se evidenció cuando los arrendatarios entregaron los inmuebles el 22 de agosto de 2015 , por falta de acceso, situación que se prolongó hasta el 28 de mayo de 2016, fecha en que se habilitaron los anden es. Durante ese lapso los propietarios dejaron de percibir los cánones de arrendamiento.

Respecto al título de imputación, la juez aplicó el régimen de daño especial porque la afectación provenía de una actividad lícita de la administración. La obra pública era legítima y perseguía un interés general, pero impuso a los demandantes una carga desproporcionada. El daño fue considerado antijurídico, ya que los afectados no tenían el deber jurídico de soportarlo. De este modo, se configuró la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas y el municipio resultó obligado a indemnizar.

2 Ver 01Sentencia.pdf C02 Expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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La responsabilidad recayó en el Municipio de Lorica como contratante y propietario de la obra. Si bien el Consorcio Centro Histórico fue el ejecutor, actuó conforme a las directrices contractuales y no excedió sus obligaciones. Las prórrogas y suspensiones se debieron a factores externos, como la demora en licencias del ICANH, las lluvias, el aumento del caudal del río y los cortes de energía, circunstancias atribuibles al municipio. Por ello, el juzgado negó la prosperidad de la llamada en garantía y exone ró al consorcio de cualquier responsabilidad.

Finalmente, el a quo reconoció como perjuicio material en la modalidad de lucro cesante la suma de $6.355.000, correspondiente a los cánones dejados de percibir durante la inaccesibilidad a los locales. En cambio, negó la indemnización por perjuicios morales al no acreditarse una afectación emocional real en los demandantes. Los testimonios se centraron en el impacto económico y no en sufrimientos personales, además de que la obra incluso mejoró las fachadas, descartando un especial apego que configurara un daño moral.

1.4. Recurso de apelación

1.4.1 Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2020 ante el juzgado receptor, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos3:

Se considera que debe modificarse la condena impuesta, tanto por los daños materiales

apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos3:

Se considera que debe modificarse la condena impuesta, tanto por los daños materiales como por los perjuicios morales sufridos por los demandantes. En síntesis, la inconformidad del apelante radica en que el a quo negó el reconocimiento de los perjuicios morales, pese a que, según su criterio, se incurrió en un error de valoración probatoria. Aduce que las declaraciones de los testigos Juan Gilberto Franco Piedrahita, Guillermo Tadeo de León Lugo y Félix Manuel Hoyos Ramos evidenciaron que la familia Mejía Zarur experimentó angustia, desasosiego y afectaciones emocionales como consecuencia de la parálisis en los contratos de arrendamiento. Por tal motivo, procedió a transcribir sus deposiciones con el fin de acreditar la existencia del daño moral reclamado.

Trae a colación la jurisprudencia sobre la presunción de perjuicios morales por parentesco, desarrollada por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Sostiene que, en tratándose de familiares cercanos, basta la acreditación del vínculo para presumir el dolor y la aflicción que causa la afectación a sus bienes o intereses, salvo que dicha presunción sea desvirtuada. Para respaldar este argumento, cita expresamente las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena, 5 de noviembre de 1997, exp. S-259; Corte Constitucional, Sentencia T-934 de 2009; Consejo de Estado, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 18677; y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, 23 de agosto de 2012, exp. 24392.

sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 18677; y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, 23 de agosto de 2012, exp. 24392.

1.4.2 Por su parte, la apoderada de l Municipio de Lorica presentó recurso de apelación mediante memorial4 de la misma fecha, en los siguientes términos:

En primer lugar, reafirmó lo expuesto en la contestación de la demanda, señalando que la parte actora no demostró el daño alegado, pues los testimonios rendidos no precisaron

3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2300133/2300133330042016002 7600/F602A386358462E35AE1BCD2A74D09EA0924EAAA/2 4https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2300133/2300133330042016002 7600/9A9BCBA1975C6EB34EA64245D0D7F994AB19CDF0/2Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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CO-SC5780-99 fechas de cierre, duración de los obstáculos ni momento exacto de la reapertura de los accesos a los locales. A su juicio, la decisión del a quo se sustentó en pruebas incompletas.

En segundo término, el municipio cuestionó el valor otorgado por el juez a las fotografías allegadas, usadas para determinar el lapso de daño entre el 22 de agosto de 2015 y el 28

En segundo término, el municipio cuestionó el valor otorgado por el juez a las fotografías allegadas, usadas para determinar el lapso de daño entre el 22 de agosto de 2015 y el 28 de mayo de 2016. Recordó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sente ncia C-622 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), donde se definió que la fotografía es un documento representativo cuyo valor depende de su autenticidad y cotejo con otros medios probatorios. Igualmente, invocó la doctrina del Consejo de Estado, Secc ión Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Exp. 5693 (M.P. Gustavo de Greiff Restrepo), que advierte que las imágenes no prueban por sí solas los hechos, salvo que se acrediten con testigos o documentos complementarios.

El tercer cargo se dirige contra la imputación de responsabilidad. El juzgado concluyó que el municipio era el propietario de la obra y por ello debía responder. Sin embargo, el apelante afirmó que el daño se originó en la prórroga solicitada por el Consorcio Centro Histórico el 22 de enero de 2016, aceptada mediante acta del 5 de febrero del mismo año, lo que prolongó la ejecución hasta julio de 2016. Por lo tanto, no podía exonerarse al contratista ni trasladar toda la responsabilidad al ente territorial, ya que el acuerdo de voluntades compromete a ambas partes.

En cuarto lugar, el municipio alegó la configuración de la causal exonerativa del hecho de un tercero, toda vez que la demora principal se debió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que tardó cuatro meses en otorgar la licencia de

En cuarto lugar, el municipio alegó la configuración de la causal exonerativa del hecho de un tercero, toda vez que la demora principal se debió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que tardó cuatro meses en otorgar la licencia de intervención. Sostuvo que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de mayo de 2005, Exp. 14174 (M.P. Ramiro Saavedra Becerra), el hecho del tercero opera como causal liberatoria si es exclusivo, imprevisible e irresis tible, lo que se cumple en este caso. En consecuencia, la imputación al municipio es aparente y no supera el análisis normativo de responsabilidad.

Finalmente, el recurso reprocha que se hayan reconocido perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante sin que los actores acreditaran con documentos idóneos la explotación económica de los locales. Señala que no obra en el expediente certificado d e Cámara de Comercio ni prueba fehaciente de la actividad arrendaticia, de manera que no se cumplió con la carga probatoria. En virtud de lo anterior, el municipio solicitó la revocatoria de la sentencia y su exoneración de responsabilidad, por ausencia de prueba del daño, indebida valoración de las fotografías, error en la imputación y concurrencia de una causal exonerativa de hecho de un tercero.

1.5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 22 de marzo de 202 2. Mediante providencia adiada 24 de junio de 2022, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

Mediante providencia adiada 24 de junio de 2022, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

Las partes no present aron alegatos y e l agente del Ministerio Público tampoco emitió concepto de fondo.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

Según el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la apelación, debido a que la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

2.2. Impedimento

Previo a resolver de fondo el asunto, se procede a revisar el impedimento manifestado por la magistrada María Bernarda Martínez Cruz, quien considera encontrarse impedida para conocer del proceso de la referencia, en tanto conoció del proceso en instancia anterior al fungir como juez titular del Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, con fundamento en el artículo 141 numeral 2º del C.G.P.

La causal invocada es del siguiente tenor literal:

«ART. 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…)

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez,

La causal invocada es del siguiente tenor literal:

«ART. 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…)

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.»

Revisado el proceso de la referencia, se encuentra que efectivamente la doctora María Bernarda Martínez Cruz fungió como a quo al ser titular del Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, incluso dictó la sentencia que se recurre.

Con fundamento en lo anterior, la sala considera que en el presente asunto se configura el impedimento manifestado por la magistrada Martínez Cruz. En ese orden de ideas, al configurarse la causal invocada, se procede a separar del conocimiento del presente asunto a la magistrada en cita.

2.3. Problema jurídico

Según el artículo 328 del CGP, el superior debe revisar los argumentos presentados en el recurso de apelación. No puede modificar la decisión apelada en aspectos que no fueron objeto de impugnación, de manera que, solo puede pronunciarse sobre los puntos específicos que las partes han cuestionado.

En este caso, c orresponde determinar si se debe revocar o confirmar la sentencia de primera instancia que declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Santa Cruz de Lorica, a título de daño especial, y lo condenó al pago de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante.

En ese sentido, debe establecerse si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si este es atribuible a la entidad demandada, con fundamento en la imposibilidad

materiales por concepto de lucro cesante.

En ese sentido, debe establecerse si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si este es atribuible a la entidad demandada, con fundamento en la imposibilidad de usufructuar los locales comerciales de propiedad de la familia Mejía Zarur. En particular, se requiere analizar si el cerramiento y la demolición de la vía de acceso, efectuados en el marco del contrato de obra pública No. 174 de 2014, constituyen un indicio suficiente paraMedio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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CO-SC5780-99 reconocer un daño antijurídico autónomo y, además, si existe relación de causalidad con la ejecución de dicha obra, lo que habría derivado en la pérdida de ingresos por concepto de arrendamiento y en los perjuicios morales alegados.

La parte demandante alega que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente los testimonios de Juan Gilberto Franco Piedrahita, Guillermo Tadeo de León Lugo y Félix Manuel Hoyos Ramos, quienes dieron cuenta del sufrimiento, la angustia y el desasosiego experimentados por la familia Mejía Zarur como consecuencia de la suspensión en el arrendamiento de sus locales comerciales. Así mismo, cuestiona que no se haya aplicado la jurisprudencia que presume los perjuicios morales por el solo parentesco respec to de todos los demandantes.

Por su parte, la parte demandada sostiene en su recurso de apelación que la sentencia de

la jurisprudencia que presume los perjuicios morales por el solo parentesco respec to de todos los demandantes.

Por su parte, la parte demandada sostiene en su recurso de apelación que la sentencia de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho al declarar configurado el daño especial. Afirma que los demandantes no acreditaron debidamente la existencia del perjuicio, ya que los test imonios fueron imprecisos en cuanto a las fechas de cierre y reapertura de los locales, y las fotografías allegadas carecen de fuerza probatoria suficiente para establecer con certeza el periodo de afectación. Igualmente, reprocha que la imputación se haya dirigido exclusivamente al municipio, a pesar de que la prórroga que prolongó la ejecución de la obra fue solicitada por el Consorcio Centro Histórico, por lo cual debió considerarse su participación en los hechos. Finalmente, argumenta que el daño se originó en la demora del ICANH en el otorgamiento de la licencia de intervención, lo cual constituiría un hecho de un tercero como causal exonerativa, y que, además, no se acreditó mediante documentos idóneos la explotación económica de los inmuebles.

Así las cosas, en caso de no acreditarse la configuración del daño especial atribuible a la ejecución de la obra pública y su nexo de causalidad con los perjuicios alegados, deberá revocarse la decisión impugnada.

Así las cosas, en caso de no acreditarse daño especial atribuido a la obra pública y su nexo causal con el daño alegado, deberá revocarse la decisión impugnada.

Para resolver el problema jurídico se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i)

causal con el daño alegado, deberá revocarse la decisión impugnada.

Para resolver el problema jurídico se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) Responsabilidad del Estado por daño especial derivados de la ejecución de obras públicas (ii) Caso concreto, en este ítem se analizarán si se satisfacen los elementos que configuran la responsabilidad del Estado. Luego, de ser el necesario, iii) Lo correspondiente a la liquidación de perjuicios reclamados.

2.3.1. Responsabilidad del Estado por daño especial derivados de la ejecución de obras públicas

El Consejo de Estado en sentencia de 19 de abril de 20125, unificó su posición respecto de la responsabilidad estatal adoptada por la Constitución de 1991, al señalar que el artículo 90 constitucional no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir frente a cada caso concreto el régimen que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, exp. 21515.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420160027601

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La jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a consideración del juez, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un manda to que imponga

La jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a consideración del juez, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un manda to que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación; en la mencionada sentencia señaló:

«En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia»

La parte actora a lega que el daño sufrido constituye una carga desproporcionada que no están en el deber jurídico de soportar, derivada de una actuación legítima del Estado con la ejecución del contrato de obra que excedió el termino estipulado , lo que configuraría la violación del principio de planeación en materia contractual, por consiguiente se estima por la Sala que el régimen de responsabilidad bajo el cual se debe analizar el presente caso corresponde al objetivo bajo la modalidad del daño especial 6, atendiendo el criterio jurisprudencial que lo ha determinado así cuando el daño se produce como consecuencia de una obra pública. Dijo el Consejo de Estado7:

“5. El título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de la ejecución de obras públicas.

La jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sostenido lo siguiente, cuando se trata de

responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de la ejecución de obras públicas.

La jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sostenido lo siguiente, cuando se trata de la producción de daños originados por la ejecución de obras públicas:

“Tratándose de la ejecución de obras públicas la jurisprudencia ha manejado distintos regímenes de responsabilidad según sea la calidad de la víctima que sufre el daño, el operador, es decir la persona que ejecuta la obra, el usuario o el tercero, bajo el entendido que si se trata del operador que ejecuta una obra pública en beneficio de la administración, el régimen aplicable sería el de la responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación de la falla del servicio. En cambio, por regla general , un tratamiento distinto operó si la víctima del daño era el usuario o el tercero , porque en estos casos el régimen adecuado sería el de la responsabilidad objetiva, y en este escenario, en algunas oportunidades privilegió el título de imputación del riesgo creado y en otros casos habló del daño especial por el rompimiento del principio de igualdad antes las cargas públicas. (…)”

Este título de imputación que se ha construido a partir de la concepción de un “ resultado colateral” derivado de una actuación de la administración orientada a cumplir su misión del servicio, que se traduce, en ciertos eventos, en un daño que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas de este.

Lo precedente implica considerar que las cargas ordinarias o normales que se aplican sobre todos los ciudadanos o sectores específicos de ellos deben ser asumidas como un sacrificio

desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas de este.

Lo precedente implica considerar que las cargas ordinarias o normales que se aplican sobre todos los ciudadanos o sectores específicos de ellos deben ser asumidas como un sacrificio o carga ordinaria frente al Estado; empero, cuando dicho sacrificio a que se vea abocado un administrado a consecuencia de una acción lícita de