TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2023-00094-01 (29-09-2025)

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SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300520230009401

Demandante: Ledys del Carmen Sáez Mercado

Demandado: Departamento de Córdoba Vinculado: Cristo Rafael Burgos Álvarez Tema(s): Insubsistencia de empleado nombrado en provisionalidad. Decreto nro. 491 del 28 de marzo de

2020. Decreto nro. 1754 del 22 de diciembre de 2022

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuso por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 , por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare la nulidad del Decreto nro. 001031 del 27 de octubre de 2022 expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba que declaró insubsistente a la demandante en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 471, grado 02 d e la planta de la Secretaría de Educación del mentado ente territorial, decisión que fue comunicada el 3 de noviembre de 2022. En consecuencia, se condene al Departamento de

demandante en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 471, grado 02 d e la planta de la Secretaría de Educación del mentado ente territorial, decisión que fue comunicada el 3 de noviembre de 2022. En consecuencia, se condene al Departamento de Córdoba a reintegrarla o reubicarla al cargo que venía desempeñando u otro de igua l o superior categoría.

Que el Departamento de Córdoba reconozca y pague a la demandante todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y todos los emolumentos dejados de percibir inherentes a su cargo, con efectividad a la fecha de terminación del nombramiento hasta cuando sea reincorporada al cargo que venía ejerciendo.

Finalmente, que la condena sea actualizada aplicando las reglas del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso y se cumpla con la sentencia en los términos de los artículos 192 al 195 ibidem.

Como fundamentos fácticos relevantes, se afirmó en la demanda que:

La demandante fue nombrada en provisionalidad a través del Decreto nro. 0133 del 11 de marzo de 2009, posesionándose al día siguiente - 12 de marzo de 2009 -. Ulteriormente, la Comisión Nacional de Servicio Civil, en virtud del Acuerdo nro. 20191000002006 del 5 de marzo de 2019, adelantó concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes adscritos al Sistema General de Carrera A dministrativa, dentro de la convocatoria nro. 1106 de 2016 - territorial 2019. No obstante, mediante el Decreto nro. 491

empleos vacantes adscritos al Sistema General de Carrera A dministrativa, dentro de la convocatoria nro. 1106 de 2016 - territorial 2019. No obstante, mediante el Decreto nro. 491 del 28 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión del concurso; sin embargo, la Comisión Nacional de Servicio Civil expidió la Resolución nro. 5080 del 9 de noviembre de 2021, que

1 PDF nro. 1 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 2

conformó la lista de elegibles destinada a proveer el cargo definitivo de auxiliar de servicios generales, código 470, grado 02.

Posteriormente, la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba expidió el Decreto nro. 001031 del 27 de octubre de 2022, mediante que declaró terminado el nombramiento en provisionalidad de la demandante en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 470, grado 02, dicha decisión fue comunicada mediante oficio fechado el 3 de noviembre de 2022 y recibido al día siguiente. En ese mismo documento se informó que el señor Cristo Rafael Burgos Álvarez había sido nombrado en dicho cargo.

Como normas violadas, la parte actora en su demanda señaló los artículos 13, 25, 29 de la Constitución Política , 88 y 91 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto nro. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional.

Como concepto de la violación, el apoderado judicial de la parte demandante sostuvo que la actora se encontraba vinculad a laboralmente de manera activa y la declaratoria de

expedido por el Gobierno Nacional.

Como concepto de la violación, el apoderado judicial de la parte demandante sostuvo que la actora se encontraba vinculad a laboralmente de manera activa y la declaratoria de insubsistencia generó una afectación grave a dichos derechos. Asimismo, indicó que el Decreto Legislativo nro. 491 del 28 de marzo de 2020 ordenó la suspensión de los concursos de mérito, medida que fue objeto de reglamentación mediante el Decreto nro. 1754 del 22 de diciembre de 2020, el cual dispuso su reanudación. Sin embargo, este último fue declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa mediante sentencia del 3 de junio de 202 2, y había sido suspendido previamente mediante auto del 6 de junio de

2022. Finalmente, añadió que, a pesar de encontrarse suspendido el acto administrativo que ordenaba la reanudación del proceso de selección, el ente territorial demandado no suspendió el concurso que culminó con la declaratoria de insubsistencia de la demandante.

b) Contestación de la demanda

El apoderado judicial del Departamento de Córdoba 2 se opuso a las pretensiones de la demandante, señalando que el acto acusado buscó garantizar el efecto útil del concurso de méritos, conforme al principio de acceso al empleo público en igualdad de condiciones. Además, alegó que los nombramientos en provisionalidad otorgan una estabilidad relativa, por lo que pueden ser finalizados para permitir el ingreso de quien superó el concurso. Asimismo, indicó que el Juzgado Tercero Administrativo de Montería declaró la nulidad de los Decretos nros. 0890 del 6 de octubre de 2016, 0952 del 31 de octubre de 2016 y 0529

Asimismo, indicó que el Juzgado Tercero Administrativo de Montería declaró la nulidad de los Decretos nros. 0890 del 6 de octubre de 2016, 0952 del 31 de octubre de 2016 y 0529 del 6 de noviembre de 2018, lo que suspendió o modificó el concurso de la convocatoria nro. 1106 de 2019. Finalmente, propuso como excepciones: «inexistencia del derecho reclamado», «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido» , «presunción de legalidad del acto administrativo» y «la genérica o innominada».

Por otro lado, el señor Cristo Rafael Burgos Álvarez y el señor Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

c) La sentencia apelada3

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería decidió:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de “presunción de la legalidad del acto administrativo”, formulada por el Departamento de Córdoba, por las razones expuesta en las consideraciones.

SEGUNDO: En consecuencia, negar las pretensiones de la demanda de conformida d con lo expuesto en las motivaciones de este proveído.

TERCERO: Sin condena en costas.

[…]

2 PDF nro. 9 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 3 PDF nro. 22 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 3

A los anteriores efectos, sostuvo que no se encuentra acreditado que el acto administrativo

Expediente nro. 23001333300520230009401 3

A los anteriores efectos, sostuvo que no se encuentra acreditado que el acto administrativo demandado se haya expedido con violación a las normas en las que debía fundarse, puesto que, conforme a lo dispuesto en los artículos 88 y 91 de la Ley 1437 de 2011, la manifestación de voluntad de la administración se presume ajustada al ordenamiento jurídico y debe ser cumplida y ejecutada mientras no sea declarada nula o suspendida mediante una medida provisional adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese sentido, advirtió que el Decreto nro. 491 del 28 de marzo de 2020 estableció que los concursos se suspenderían únicamente en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas. Además, indicó que se podía continuar con aquellos procesos que ya hubieran superado dichas fases, e incluso conformar las listas de elegibles.

Por otro lado, indicó que el Decreto nro. 1752 del 22 de diciembre de 2020 ordenó la reactivación de los concursos de méritos, y que dicha norma estuvo vigente hasta el 2 de junio de 2022, en atención a que mediante sentencia del 3 de junio de 2022 el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto nro. 1754 del 22 de dici embre de 2020. En consecuencia, afirmó que las actuaciones realizadas durante la vigencia de dicho acto administrativo se ajustaron al ordenamiento jurídico, sin que la nulidad decretada afectara su validez ni eficacia. Así entonces, estimó que en el presente caso la Resolución nro. 5080 del 9 de noviembre de 2021, mediante la cual se conformó la lista de elegibles, adquirió

su validez ni eficacia. Así entonces, estimó que en el presente caso la Resolución nro. 5080 del 9 de noviembre de 2021, mediante la cual se conformó la lista de elegibles, adquirió firmeza individual el 26 de noviembre de 2021 y el 18 de agosto de 2022.

Finalmente, señaló que no se aportó la prueba del cronograma o etapas del concurso de méritos para proveer el cargo de auxiliar de servicios generales , a fin de determinar si las etapas de reclutamiento y aplicación de las pruebas se surtieron en vigencia del artículo 14 del Decreto 491 de 2020. Sin embargo, preció que, aunque no se aportaron dichos medios de prueba, conforme a la motivación del acto administrativo acusado en el presente medio de control la aplicación de pruebas se surtió el 28 de febrero de 2021 y la lista de elegibles se expidió el 09 de noviembre de 2021 , en consecuencia, el ente territorial demandado podía dar por terminado el nombramiento de la demandante.

d) Recurso de apelación4

Inconforme con lo decidido en primera instancia, el apoderado judicial de la parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación , manifestando que las pruebas de conocimiento se llevaron a cabo el 28 de febrero de 2021 en el municipio de Montería publicadas en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así mismo, resaltó que las pruebas del concurso, la lista de elegibles y los demás procedimientos del mismo se desarrollaron después de haberse ordenado la suspensión del concurso mediante el Decreto nro. 491 del 28 de marzo de 2020 y sin embargo, la Comisión Nacional

resaltó que las pruebas del concurso, la lista de elegibles y los demás procedimientos del mismo se desarrollaron después de haberse ordenado la suspensión del concurso mediante el Decreto nro. 491 del 28 de marzo de 2020 y sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución nro. 5080 del 9 de noviembre de 2021 que conformó la lista de elegibles, a pesar que el Decreto nro. 491 de 2020 ordenó la suspensión de los concursos en vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Adicionalmente, esbozó que el Decreto nro. 1754 del 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se reanudaron los concursos de méritos, no cumplía con las condiciones establecidas por el legislador extraordinario. En tal sentido, coligió que, al momento en que se adelantó el proceso de selección que concluyó con la conformación de la lista de elegibles y que sirvió de fundamento para d ar por terminada la vinculación en provisionalidad del demandante, aún no se había levantado el estado de excepción sanitaria decretado por el gobierno nacional mediante el Decreto 491 de 2020. Por consiguiente, afirmó que dicha decisión fue vulnerada directamente con la expedición del acto administrativo demandado.

4 PDF nro. 24 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 4

e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto

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e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto del 19 de marzo de 2024 5. En la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el recurso de apelación, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso, según lo establecido en el artículo 1536 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del juez de segunda instancia, previstas en los artículos 320 7 y 3288 del Código General del Proceso9, la Sala deberá dilucidar si, en el sub examine, el Decreto nro. 001031 del 27 de octubre de 2022, mediante el cual se declaró la insubsistencia de la actora, fue emitido con violación en las normas en que debió fundarse, habida cuenta de que en la convocatoria nro. 1106 de 2019 - territorial 2019, se desplegaron actuaciones ulteriores a la expedición del Decreto nro. 491 del 28 de marzo de 2020, que ordenó la suspensión de los concursos de mérito durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Para desatar el fondo del asunto, la Sala procederá a efectuar el estudio de los siguientes

de mérito durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Para desatar el fondo del asunto, la Sala procederá a efectuar el estudio de los siguientes aspectos: i) De la declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el COVID -19, ii) Medidas de urgencia adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19 dentro del marco de los concursos de méritos para acceder al empleo público, iii) De la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de los procesos de selección y iv) El nombramiento en provisionalidad.

i). De la declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución nro. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria derivada de la irrupción del COVID -19, con vigencia inicial hasta el 30 de mayo de 2020 o hasta tanto cesaran las causas que motivaron su adopción, advirtiendo que, en caso de persistencia o agravamiento de dichas

5 PDF nro. 4 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital. 6 ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las a pelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 7 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 7 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 8 Artículo 32 8. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incide ntes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 9 Normas aplicables por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 5

9 Normas aplicables por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 5

circunstancias, las medidas adoptadas serían objeto de prórroga. Como fundamento de la declaratoria, expuso la identificación de un nuevo agente viral, denominado COVID-19, con comportamiento análogo al Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y al Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), caracterizados por mecanismos de transmisión vinculados a partículas respiratorias emitidas al toser o estornudar, al contacto indirecto con superficies inanimadas contaminadas y a aerosoles conformados por microgotas. Del mismo modo, enfatizó que, conforme a lo reportado por la Organización Mundial de l a Salud, no existía en ese momento fármaco, terapia específica o vacuna para contrarrestar el virus, y ya se habían notificado nueve casos confirmados de COVID-19 en las ciudades de Bogotá, Medellín, Buga y Cartagena.

Ulteriormente, en atención a las facultades otorgadas por el artículo 215 de la Constitución Política y de la Ley 137 de 1994 el Presidente de la República, a través del Decreto nro. 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de 30 días calendario contados a partir de la vigencia de la norma en referencia. Como fundamento sostuvo que la Organización Mundial de la Salud identificó y declaró al COVID-19 como un brote que afecta

Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de 30 días calendario contados a partir de la vigencia de la norma en referencia. Como fundamento sostuvo que la Organización Mundial de la Salud identificó y declaró al COVID-19 como un brote que afecta a la salud pública, asimismo, afirmó que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social conoció el primer caso de brote de COVID -19, razón por la que la OMS solicitó la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación de la enfermedad.

Del mismo modo, argumentó que posteriormente, la Organización Mundial de la Salud en fecha 11 de marzo de 2020 declaró el COVID -19 como una pandemia por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, debido a que «al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afec tados se había triplicado , por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados».

Adicionalmente, adujo que la pandemia ocasionó un fuerte choque económico: la caída abrupta del precio del petróleo, el incremento del dólar, la reducción del turismo y la parálisis de sectores como el aeronáutico y el comercio que afectaron gravemente los ingresos de trabajadores informales y empresas. Asimismo, a rguyó que l as medidas ordinarias del

de sectores como el aeronáutico y el comercio que afectaron gravemente los ingresos de trabajadores informales y empresas. Asimismo, a rguyó que l as medidas ordinarias del Banco de la República y de la DIAN fueron insuficientes para mitigar el impacto sobre la estabilidad fiscal, el empleo y el ingreso básico de los colombianos. En consecuencia, indicó que ante esta situación extraordinaria, sobreviniente e imprevisible, distinta a los supuestos de guerra exterior o conmoción interior, consideró necesario acudir al mecanismo excepcional del artículo 215 para declarar el Estado de Emergencia Económica y Social y conjurar la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19.

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020 declaró exequible el Decreto nro. 417 del 17 de marzo de 2020, por las siguientes razones:

1. Juicio de realidad de los hechos invocados

32. Como se ha descrito el ejecutivo con sus ministros en el decreto matriz sustenta el presupuesto fáctico en dos grupos de hechos: i) la situación de salud pública mundial por el surgimiento en la ciudad de Wuhan de un virus denominado COVID-19, que se convirtió en una pandemia y arribó a Colombia generando una emergencia sanitaria que obliga a tomar medidas preventivas y ii) las afectaciones económicas dado que “el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una emergen cia de salud, requiere ser fortalecido de manera inmediata” y que como consecuencia de la pandemia (p. ej. el aislamiento social), sufren trabajadores y diversos frentes de la economía del país, además de las situaciones internacionales como la caída en el precio del petróleo 10 y la

ej. el aislamiento social), sufren trabajadores y diversos frentes de la economía del país, además de las situaciones internacionales como la caída en el precio del petróleo 10 y la incertidumbre de los mercados por la situación global11 que agravaron la situación, así como

10 Y su menor demanda producto del coronavirus. 11 Tasa Representativa del Mercado subió a niveles nunca registrados.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 6

el deterioro del mercado financiero internacional, la menor demanda global y la caída en las perspectivas de crecimiento mundial producto del temor por la expansión del nuevo coronavirus12, con repercusiones en la economía del país.

33. Sobre el primer hecho invocado la Corte atendiendo las fuentes de consulta expuestas en el decreto declaratorio, la documentación aportada al proceso y los medios de prueba adicionales halla acreditada la existencia de una emergencia d e salud pública de importancia internacional, como se pasa a explicar.

34. Las páginas oficiales de la OMS 13 y del Ministerio de Salud 14 mencionadas en el decreto declaratorio permiten constatar la siguiente cronología de los hechos: el 31 de diciembre de 2019, China notifica un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan15; 5 de enero de 2020, la OMS publica la primer parte de evaluación del riesgo y hace recomendaciones; 7 de enero China, confirma un nuevo coronavirus; 12 de enero, ese país hace pública la secuencia genética del virus COVID -19; 30 de enero, OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); en febrero, la OMS convoca un foro de investigación y viaja

genética del virus COVID -19; 30 de enero, OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); en febrero, la OMS convoca un foro de investigación y viaja a Wuhan acompañado de algunos países; 3 de marzo, la OMS publica un plan estratégico de preparación y respuesta para ayudar a Estados a protegerse con sistemas de salud frágiles; 6 de marzo, el Minsalud dio a conocer el primer caso de coronavirus en Colombia; 9 de marzo, la OMS solicitó adoptar medidas prematuras para detener la transmisión y prevenir la propagación; y 11 de marzo, el director de la OMS16 declara el COVID-19 como una pandemia y evidenci ando que algunos países tienen problemas de falta de capacidad, recursos y determinación, además de reconocer que no es solo una crisis de salud pública sino que también tiene un gran impacto sobre las sociedades y las economías.

35. Para una mayor compr ensión sobre la materia esta Corporación debe anotar que el Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005)17 involucra: i) la permanente importancia de la función de la OMS en la alerta ante brotes epidémicos y la respuesta ante eventos de salud pública de ámbito mundial; ii) la obligación de notificar a la OMS los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional ESPII, así como toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen, que entrañe o pueda suponer un daño importante para el ser humano; iii) su pertinencia y aplicabilidad aún frente a la evolución continua de las enfermedades y de los factores que determinan su aparición y transmisión; iv) la no limitación a enfermedades determinadas sino a los nuevos y siempre cambiantes riesgos para la salud pública; v) la obligación de los Estados partes de instalar un mínimo de

continua de las enfermedades y de los factores que determinan su aparición y transmisión; iv) la no limitación a enfermedades determinadas sino a los nuevos y siempre cambiantes riesgos para la salud pública; v) la obligación de los Estados partes de instalar un mínimo de capacidades básicas en materia de salud pública; entre otras 18.

36. Desde la vigencia del Reglamento Sanitario Internacional la OMS ha declarado varias veces la ESPII, a saber, el virus del Zika 19, la epidemia por virus Ébola en África del Oeste 20, la diseminación internacional del poliovirus salvaje21 y la gripe AH1N122. No obstante, la última no fue la primera emergencia internacional producida por una enfermedad infecciosa del siglo XXI, ya que el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) 23 y la gripe aviar producida por el

12 Impactó activos como el oro. 13 Página OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus y https://www.who.int/es/newsroom/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19 14 Página Dirección de Epidemiología y Demografía. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/default.aspxn Página del Instituto Nacional de Salud.

Disponible en: https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 15 Provincia de Hubei. 16 Alocución de apertura en rueda de prensa sobre la COVID -19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Disponible en:

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11march-2020 17 La finalidad y el alcance son “prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación,

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11march-2020 17 La finalidad y el alcance son “prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salu d pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”. Entró en vigor el 15 de junio de 2007 para los 191 Estados que no formularon reservas. El 8 de agosto siguiente entró también en vigor para los dos Estados Miembros de la OMS que habían formulado reservas. Para Colombia está vigente desde el 15 de junio de 2007. Cfr. OMS.

Disponibles en: https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/ y

https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/es/ 18 Cfr. OMS. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 19 1 febrero 2016. 20 8 agosto 2014. 21 5 mayo 2014. Debe indicarse que otro virus como fue el MERS apareció en el año 2012. 22 25 abril 2009. 23 Aparición 2002. En promedio 8.000 casos y 800 fallecidos en 26 países en un tiempo de 4 meses. Costo en el sureste asiático alrededor de 60.000 millones de dólares.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300520230009401 7

virus AH5N1 24, pusieron en graves problemas los sistemas sanitarios a nivel global y ocasionaron un gran impacto social y económico25.

Expediente nro. 23001333300520230009401 7

virus AH5N1 24, pusieron en graves problemas los sistemas sanitarios a nivel global y ocasionaron un gran impacto social y económico25.

Debe anotarse que la ESPII constituye una situación trágica que afecta negativamente a grandes grupos de población y a la vez representa una oportunidad para aprender de las enfermedades y los patógenos, así como de las fortalezas y debilidades de los sistemas de salud para controlarlas y responder ante ellas, por lo que las lecciones aprendidas en el pasado deben servir para mejorar las capacidades de preparación y respuesta 26. El SARSCoV-2 causante del COVID -19 constituye un nuevo virus que respecto de sus predecesores en la historia reciente de la humanidad, ha infectado un inmenso número de personas y causado el deceso significativo de personas, sin que se disponga hoy de antivirales específicos27.

[…]

41. Respecto al segundo hecho (aspectos económicos) en sus ámbitos nacional e internacional, la Corte también comprueba su existencia partiendo de la fuente de consulta citada por el propio decreto 28, las pruebas aportadas al expediente por la Presidencia de l a República y los ministerios de Salud y de Hacienda, así como las páginas web de la OPEP 29, Banco de la República30 y Ministerio de Hacienda31.

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