TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2024-00308-01 (05-12-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, cinco (5) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

APELACIÓN DE SENTENCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300520240030801

Demandante: Carlos Ernesto Candia Obregón Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Departamento de Córdoba Tema: Diferencia en incremento salarial Decisión: Confirma sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda

La Sala decide sobre el recurso de apelación interpuesto por l a parte demandante contra la sentencia expedida el día 31 de marzo de 2025, por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

a) Fundamentos Facticos

Relata la parte demandante que a través de los Decretos Nacionales 1313 de 2005, Decreto Nacional 596 de 2006 y Decreto Nacional 634 de 2007 , se determinaron iguales incrementos salariales a todos los docentes oficiales que pertenecen al nuevo escalafón docente (Decreto – Ley 1278 de 2002) para los años 2005, 2006 y 2007.

Que para el año 2004, se incorporaron los primeros docentes al Decreto - Ley 1278 de 2002, pues para su ingreso se requería previo concurso y realizar un periodo de prueba. Para el año

Que para el año 2004, se incorporaron los primeros docentes al Decreto - Ley 1278 de 2002, pues para su ingreso se requería previo concurso y realizar un periodo de prueba. Para el año 2005, mediante el Decreto Nacional 1313 de 2005, se establece por primera ocasión la tabla salarial de los docentes del nuevo estatuto.

Señala que los primeros incrementos salariales se realizaron para los docentes que ingresaron a la carrera docente del Decreto – Ley 1278 de 2002, para l os años de 2006 y 2007, siendo decretados incrementos salariales de manera igual para todos los docentes que pertenecían a esta nueva carrera docente, como debe ser por tratarse de docentes que se encuentran en igualdad de condiciones.

Alega que para los años 2008 y 2009, en contravía de lo estipulado en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4ª. de 1992 y de los artículos 46 y 49 del propio Decreto Ley 1278 de 2002, se determinaron incrementos salariales de manera indiscriminada como docente oficial perteneciente a la categoría 2B del escalafón del año 2008 (incremento del 5.69%), con relación con el incremento salarial diferenciado que fue decretado para la categoría 2A (incremento del 14.11%), por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008; así como también, se establecieron incrementos a la categoría 2B del escalafón del año 2009 (incremento del 7,67%), de manera indiscriminada con relación con el incremento

1407 de 2008; así como también, se establecieron incrementos a la categoría 2B del escalafón del año 2009 (incremento del 7,67%), de manera indiscriminada con relación con el incremento

1Se deja constancia que la sentencia en el presente asunto se profiere alterando el turno de los procesos que se encuentran pa ra fallo, por cuanto esta Corporación ya proferido decisiones sobre el tema objeto de debate; lo anterior en uso de las facultad es conferidas por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y por el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 1285 de 20091, los cuales establecen que se podrá determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio de los proyectos de sentencia.Radicado: 23001333300520240030801

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salarial diferenciado que fue dete rminado para la categoría 2A (incremento del 15.61%), por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009.

Sostiene que sí se hubiese realizado un incremento del salario igual tanto para el grado 2A y 2B para el año 2008, del 14.11% y para el año 2009 del 15.61% para ambas categorías, el salario hubiese sido realizado de la siguiente manera:

2008: Grado 2A – Salario de 1.013.132, Grado 2B – Salario 1.534.669, diferencia salarial – 113.241 2009: Grado 2A – Salario de 1.171.300, Grado 2B – Salario 1.774.231, diferencia salarial – 243.779

Manifiesta que esta variación de la base salarial de las anualidades 2008 y 2009, tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior,

243.779

Manifiesta que esta variación de la base salarial de las anualidades 2008 y 2009, tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior, habiéndose decretado un salario inferior a la categoría a la que pertenece la parte actora , sin justificación legal, razón por la cual presentó reclamación administrativa ante las demandadas la cual fue negada a través del acto administrativo demandado.

b) Pretensiones

Solicitó que se inaplique por ilegal el Decreto 284 de 2024 que derogó, de forma sucesiva, el Decreto 887 de 2023, el Decreto 449 de 2022 y el Decreto 965 de 2021, el cual a su vez derogó el Decreto 319 de 2020 , en relación con el incremento salarial desigual e inferior aplicado a la parte demandante quien pertenece al grado del escalafón docente 2B en comparación con el incremento realizado al grado del escalafón docente 2A durante los años 2008 y 2009. Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos identificados como Ofic io No 2024-EE054815 de fecha 27 de febrero de 2024 y Oficio No AF -2024-0182 de fecha 21 de febrero de 2024 mediante los cuales las entidades accionadas le negaron a la parte demandante el reconocimiento y pago de la diferencia salarial surgida de tenerle en cuenta el porcentaje salarial incrementado al grado del escalafón 2A para los años 2008 y 2009. Que se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago retroactivo en favor de la parte demandante de las diferencias salariales surgidas durante los últimos 3 años al tomarle para los

incrementado al grado del escalafón 2A para los años 2008 y 2009. Que se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago retroactivo en favor de la parte demandante de las diferencias salariales surgidas durante los últimos 3 años al tomarle para los años 2008 y 2009 el incremento salarial realizado al grado del escalafón 2A para los años 2008 y 2009. Así mismo, se condene a la s demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por la parte demandante durante los últimos 3 años , valores que solicita sean reajustados. c) Contestaciones de la demanda

• Nación –Min Educación –FNPSM2

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal manifestando oponerse a cada una de las pretensiones declarativas y de condena solicitadas por la parte dema ndante, por carecer de sustento legal que las respalde, toda vez que, el porcentaje de incremento llevado a cabo en el año 2008 y 2009 para los grados en el escalafón 2 Nivel A y 2 Nivel B, no desconoce el derecho a la igualdad, en su lugar tuvo como funda mento el grado de formación y valorando las condiciones de experiencia porque las condiciones de unos y otros no son las mismas, de ahí que no sea admisible la presunta vulneración al artículo 13 y 53 de la Constitución Política.

2 C01, Pdf010ContestacionDemanda.Radicado: 23001333300520240030801

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que no sea admisible la presunta vulneración al artículo 13 y 53 de la Constitución Política.

2 C01, Pdf010ContestacionDemanda.Radicado: 23001333300520240030801

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Considera que no es posible acceder a lo pretendido porque el aumento salarial para uno y otro grado no se da entre iguales habida consideración a que, un docente ubicado en el grado 2 Nivel A tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel B; lo anterior sin perjuicio de remarcar que entre uno y otro caso existe una diferencia salarial congruente con su ubicación en el escalafón, vale decir, el docente ubicado en el grado 2 Nivel B percibe una remuneración mayor a la de quien se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel A.

Propuso como excepciones las siguientes: i) presunción de legalidad de los actos administrativos, ii) Prescripción, iii) Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional y iv) Genérica.

• Departamento de Córdoba3

El Departamento de Córdoba, se opuso a todas y cada una de las pretensiones rotuladas en la demanda, por cuanto a que los decretos atacados son expedidos por la Nación - Ministerio de Educación, y es responsabilidad de este ente la motivación de los mismos.

Expresa que el ente territorial carece de competencia para modificar cualquier aspecto de la normativa salarial aplicable a los docentes, esto en estricta armonía con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, que determina que ninguna autoridad de orden nacional o territorial puede alterar las asignaciones salariales ni modificar el régimen de prestaciones

normativa salarial aplicable a los docentes, esto en estricta armonía con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, que determina que ninguna autoridad de orden nacional o territorial puede alterar las asignaciones salariales ni modificar el régimen de prestaciones sociales de los docentes y directivos docentes al servicio del Estado, ya que cualquier acto en contravención a estas disposiciones sería jurídicamente ineficaz y no generaría derechos adquiridos. Prueba de lo anterior, es el hecho de que, al efectuar los pagos a docentes y directivos docentes de acuerdo, los valores salariales están parametrizados en el Sistema Humano del Ministerio de Educación Nacional, el cual se encuentra configurado conforme los decretos nacionales, garantiza la aplicación uniforme de las disposiciones salariales, sin admitir ajustes individuales ni autónomos.

Sostiene que el acto administrativo denominado oficio AF-2024-0182 de fecha 21 de febrero de 2024, proferido por el Departamento de Córdoba, niega las pretensiones fundamentado en la prescripción de los derechos laborales, ya que la naturaleza de la petición por parte del actor era fundamentada en las diferencias salariales resultado de los decretos 624, 714 y 1407 del 2008 y los decretos 702 y 1238 de 2009, reclamación de carácter laboral que se encuentra claramente prescrita, y que se fundamenta en el hecho de que se declaren nulos los decretos en mención.

Concluye que el Decreto 0284 de 2024, junto con sus decretos predecesores, los cuales ajustan la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, así como otras disposiciones salariales para el

la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, así como otras disposiciones salariales para el sector educativo estatal, se encuentran plenamente alineados con el marco de legalidad aplicable, sin incurrir en transgresión alguna a las normas que regulan el gasto público. Dichos actos administrativos representan un reconocimiento explícito al esfuerzo y desarrollo profesional del magisterio, favoreciendo la permanencia y avance de los docentes dentro de la carrera educativa.

Finalmente propuso como excepción caducidad de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva, legalidad del acto administrativo demandado, inexistencia del derecho reclamado y la genérica.

3 C01, Pdf008ContestacionDepartamentoCordoba.Radicado: 23001333300520240030801

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería expidió sentencia el 31 de marzo de 2025, declaró no probada la excepción de caducidad formulada por el Departamento de Córdoba, declaró probada la excepción de presunción de legalidad de los actos administrativos, formulada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y negó las pretensiones de la demanda.

Manifiesta que, de acuerdo con el marco normativo, jurisprudencial y el material probatorio, se observa que en el presente caso los actos administrativos demandados no se encuentran afectados de las causales de nulidad alegadas en la demanda, y, así mismo, no se cumplen los presupuestos para que proceda la inaplicación por vía de excepción de inconstitucion alidad del

afectados de las causales de nulidad alegadas en la demanda, y, así mismo, no se cumplen los presupuestos para que proceda la inaplicación por vía de excepción de inconstitucion alidad del Decreto 284 de 2024.

Señala que si bien la parte demandante fundamenta en criterios subjetivos la alegada diferencia en los incrementos salariales realizados en los años 2008 y 2009 respecto de los escalafones 2A y 2B , esto no se encuentra acre ditado en el proceso bajo estudio, puesto que no indicó las razones para justificar cómo los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, así como los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4ª de 1992 le impone la obligación al Gobierno Nacional de fijar un mis mo incremento salarial a los docentes de diferentes niveles salariales.

Precisa que aunque los docentes sin especialización en los niveles 2A y 2B del escalafón desempeñan las mismas funciones y tienen el mismo ente nominador, no cumplen con los requisitos fijados por el Consejo de Estado para aplicar un test de igualdad, debido a que, el primer nivel salarial incluye a quienes han superado satisfactoriamente el período de prueba, mientras que para ascender al siguiente se exige tres años de experiencia en el nivel previo y aprobar una evaluación de competencias; por tanto, no es posible comparar estos niveles dentro del escalafón, en atención a que representan situaciones jurídicas distintas, considerando que el ascenso requiere mayor experiencia y se debe superar la evaluación con un puntaje mínimo del 80%.

Indica que colige que a la parte actora no le asiste razón sobre la existencia de un incremento

ascenso requiere mayor experiencia y se debe superar la evaluación con un puntaje mínimo del 80%.

Indica que colige que a la parte actora no le asiste razón sobre la existencia de un incremento descoordinado entre los niveles 2A y 2B para los años 2008 y 2009, debido a que corresponden a grados completamente disímiles, y, por tanto, no son susceptibles de equiparación. Además, debe tenerse en cuenta que el incremento de los salarios a los dos grados fue superior al índice de precios al consumidor – IPC –, del año inmediatamente anterior, razón por l a cual, no hubo desmejora para los docentes ubicados en el escalafón 2B sin especialización.

Expresa que en el caso de la parte demandante -docente en el escalafón 2Bse tiene que, en el año 2008, el docente escalafonado en el nivel 2B sin especializació n devengó la suma de $ 1.421.428, y el salario mínimo correspondió a la suma de $461.50078, razón por la cual, dos salarios mínimos ascendían a $923.000, a su vez, en el año 2009, el docente 2B sin especialización percibió $1.530.452, y el salario mínimo e staba en $496.90079, por lo que, dos salarios mínimos correspondían a $993.800.

Menciona que este tipo de docentes devengaban más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por tanto, este incremento salarial no es absoluto como lo señala la parte actora. Además, en el año 2008, para los docentes ubicados en el escalafón 2B sin especialización incrementó 5,69% que corresponde al mismo porcentaje al IPC, y en el año 2009 aumentó 7,67%

Además, en el año 2008, para los docentes ubicados en el escalafón 2B sin especialización incrementó 5,69% que corresponde al mismo porcentaje al IPC, y en el año 2009 aumentó 7,67% que también corresponde al IPC, por ello, no se les afectó el derecho a la «remuneración mínima vital y móvil», regulada por el inciso 1º del artículo 53 de la Carta Política, toda vez que, no se afectó el poder adquisitivo del salario de los docentes en el escalafón 2B sin especialización.

Expone que de los aspectos que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para efectos de los incrementos salariales de los servidores públicos, es la diferenciación salarial entre unos y otrosRadicado: 23001333300520240030801

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a fin de determinar cuáles de ellos por sus ingresos más bajos tienen una protección reforzada. Así, para este caso, el porcentaje para aumentar el salarios de los docentes ubicados en el escalafón 2A fue mayor al de los ubicados en el 2B, es decir, el porcentaje fue superior para los docentes que vienen percibiendo un menor salario; por tanto, dicho aumento en esos términos.0, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, per se no puede tenerse como una afectación a los derechos y principios constitucionales a la igualdad, trabajo digno, progresividad y más alegados por el actor.

Advierte que no se encuentran acreditados los presupuestos para considerar que los actos acusados son ilegales por violar los artículos 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2022, debido a que el hecho de no haberse aumentado el salario de los docentes oficiales correspondientes al grado

acusados son ilegales por violar los artículos 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2022, debido a que el hecho de no haberse aumentado el salario de los docentes oficiales correspondientes al grado de escalafón 2B en un porcentaje igual a los del 2ª durante los años 2008 y 2009, no significa que se esté ante la vulneración de derechos y principios constitucionales; dado que en el expediente no reposan las pruebas que den cuenta la configuración de la afectación del derecho principios de favorabilidad, igualdad, transparencia, objetividad, mérito y buen servicio, atendiendo la clasificación del escalafón docente y la remuneración de cada uno de los grados y niveles correspondientes.

Agrega que la parte actora no acreditó que la inaplicación del Decreto 284 de 2024 -por la cual se modificó la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado - por vía de excepción conforme al artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, implique necesariamente que el incremento salarial de los docentes ubicados en el escalafón 2B deba efectuarse en la misma proporción porcentual que el de los docentes del escal afón 2ª, debido a que para la vigencia del año 2024 todos los salarios de los docentes fueron ajustados en un mismo porcentaje, superando la variación del índice de precios al consumidor correspondientes al 2023.

Concluye que a la parte demandante no le asiste el derecho a que le sea reconocida y pagada por parte de las entidades demandadas las diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa, atendiendo que no acreditó que el legislador y el

por parte de las entidades demandadas las diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa, atendiendo que no acreditó que el legislador y el constituyente hayan impuesto la obligación al ejecutivo que a los diferentes niveles salariales del escalafón docente debe incrementarse en forma coordinada los salarios.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante inconforme con la sentencia de primera instancia, interpuso recurso de apelación alegando que el análisis de los incrementos salariales de 2008 -2009 revela una incongruencia normativa flagrante, mientras el Nivel 2B exige superar evaluaciones rigurosas y acreditar mayor experiencia, recibió aumentos porcentuales inferiores (5.69% -7.67%) frente al Nivel 2A (14.11% -15.61%), vulnerando el principio de igualdad y desconociendo el mandato específico del literal j) del artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, que vincula directamente la escala salarial a la complejidad funcional, responsabilidades y calificaciones exigidas. Alega que el principio de igualdad, en materia salarial, no solo exige que se aplique u n trato igualitario a quienes se encuentran en circunstancias similares, sino también que, en los casos en que se establezcan diferencias, estas deben tener un sustento legal y razonable , cualquier incremento salarial que se base en criterios discriminator ios o arbitrarios vulneraría tanto la normativa nacional como los compromisos internacionales asumidos por el Estado, como el Convenio 111 de la OIT, que prohíbe cualquier forma de discriminación en el empleo. Manifiesta que el Estado, en su rol de empleador, tiene la obligación de demostrar la objetividad

normativa nacional como los compromisos internacionales asumidos por el Estado, como el Convenio 111 de la OIT, que prohíbe cualquier forma de discriminación en el empleo. Manifiesta que el Estado, en su rol de empleador, tiene la obligación de demostrar la objetividad de los incrementos salariales, asegurándose de que los ajustes porcentuales se apliquen de forma equitativa y que no se incurra en desigualdades que no tengan justificación válida ; por lo que es imperati vo que exista un criterio técnico o normativo que explique estos incrementos , conforme a ello, expuso que los actos administrativos demandados adolecen de causales de nulidad ya que fueron proferidos con infracción de normas superiores al momento de ordenar unRadicado: 23001333300520240030801

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incremento porcentual salarial diferenciado para los años 2008, 2009 y 2011, desconociendo los principios constitucionales y legales, lo que ha generado que en la actualidad los docentes estén percibiendo un salario inferior al que deberían estar percibiendo. Por otra parte, expresó que el Decreto Nacional No. 284 de 2024 el cual regula la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos tiene un defecto estructural en el cálculo de la anualidad de los años 2008, 2009 y 2011, ya que los incrementos salariales porcentuales fijados para esos años fueron aplicados de manera desigual, así mismo, alegó que la base salarial errónea ha sido replicada año tras año lo que ha afectado no solo a los trabajadores en ese momento sino que se ha acumula do en el tiempo, es por ello que insistió en que los actos demandados vulneran los derechos de los docentes lo cual conlleva a la nulidad de los mismos.

momento sino que se ha acumula do en el tiempo, es por ello que insistió en que los actos demandados vulneran los derechos de los docentes lo cual conlleva a la nulidad de los mismos.

Finalmente, señaló que la respuesta dada por el Ministerio de Educación en cuanto a que los incrementos salariales buscaban la dignificación de la carrera docente mediante el reconocimiento de la formación académica y el avance profesional resulta incoherente con la realidad, además la entidad en cuestión no logro demostrar que los incrementos salariale s hubiesen sido aplicados de manera justa y equitativa.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 08 de octubre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, no hubo intervención de las partes en esta instancia.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

5.1. Problema jurídico

Se tiene que el problema jurídico consiste determinar si es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados los cuales negaron el reconocimiento y pago al docente de las diferencias causadas en los últimos tres (3) años a partir de la presentación de la reclamación administrativa, al considerar que los incrementos salariales realizados al escalafón docente en el grado 2B frente al 2A para los años 2008 y 2009 fueron injustificados, por lo que habría lugar a inaplicar el Decreto Nacional No. 284 de 2024, o si por el contrario el incremento salarial realizado

grado 2B frente al 2A para los años 2008 y 2009 fueron injustificados, por lo que habría lugar a inaplicar el Decreto Nacional No. 284 de 2024, o si por el contrario el incremento salarial realizado en esos años se dio conforme a la norma.

Para solventar el mérito del sub examine, la Sala hará alusión a los siguientes temas alegados en el proceso a saber: (i) Normatividad aplicable y (ii) Caso concreto.

5.2. Premisa Normativa y jurisprudencial.

5.2.1. Régimen Salarial Docente

La Ley 4 del 18 de mayo de 1992 por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, dispone en su artículo 12 que el régimen prestacional de los servidores de las entidades territoriales será fijado por el mismo Gobierno Nacional, esto con base en las norma, criterios y objetivos de la ley en mención, además establece que las corporaciones públicas territoriales no podrán adjudicarse dicha facultad.

En cuanto a los docentes se tiene que la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dispone en su artículo 15 queRadicado: 23001333300520240030801

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una vez entrará en vigor la ley todo el personal docente ya sea nacional o nacionalizado y aquel que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 se regía por las siguientes disposiciones:

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una vez entrará en vigor la ley todo el personal docente ya sea nacional o nacionalizado y aquel que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 se regía por las siguientes disposiciones:

“1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de ener o de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepcio nes”.

Posteriormente, la Ley 60 del 12 de agosto de 1993 en su artículo 6 estableció que el régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públic os de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto -ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.

En cuanto a la regulación de los salarios, el Decreto No. 1278 de 2002 en su artículo 46 establece que será el Gobierno Nacional quien en desarrollo con la Ley 4ª de 1992 deberá establecer una escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, esto

que será el Gobierno Nacional quien en desarrollo con la Ley 4ª de 1992 deberá establecer una escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, esto de conformidad con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente, indica además que el salario de ingreso a la carrera de docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-Ley No. 2277 de 1979.

5.2.2 Sistema de escalafón docente.

Los Decretos-Ley No. 2277 de 1979 y 1278 de 2002 rigen el sistema especial de carrera de los docentes, el primero de ellos establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de aquellos que desempeñan la profesión de docente en los distintos niveles y modalidades que integran al sistema educativo nacional, el capítulo III de este decreto regulo lo relacionado con el escalafón nacional docente y lo define en su artículo 8° como aquel sistema de clasificación de los educadores de conformidad con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos, así mismo, el artículo 9° establece la creación y grados, indicando que el escalafón nacional docente estará constituido por catorce grados en orden ascendente, del 1 al 14, este decreto es aplicable aquellos docentes que fueron nombrados en propiedad antes del año 2002.

Ahora, el Decreto -Ley No. 1278 del 2002 tiene por o bjeto establecer el estatuto de profesionalización docente el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, lo que garantizaría que el ejercicio de la docencia se ejerciera por educadores idóneos,

profesionalización docente el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, lo que garantizaría que el ejercicio de la docencia se ejerciera por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias, esto atributos serían los que orientarían todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio.

El escalafón de docente es definido por este decreto en su artículo 19 también como aquel sistema de clasificación de docentes y directivos docentes estatales que, de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo así asignar el correspondiente salario profesional, de este artículo se logra determinar que el escalafón docente es el que per mite categorizar a los docentes que superaron el concurso de méritos, la ubicación de cada docente en el escalafón queda supeditada a la preparación académica y la experiencia que logren acred