TA COR - Sentencia 23001-33-33-010-2025-00078-01 (09-05-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: Pedro Olivella Solano

Montería, nueve (09) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Acción de Tutela Radicación: 23001333301020250007801

Accionante (s): Donaldo Daniel De León Saldarriaga Accionado (s): AFP Colfondos S.A, Colpensiones, Municipio de Ciénaga de Oro, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se decide la impugnación presentada por la accionante frente al fallo del 26 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Montería mediante el cual concedió el amparo constitucional solicitado. El tribunal modificará la decisión.

II. ANTECEDENTES

1. Derechos fundamentales involucrados

✓ Vida digna ✓ Seguridad Social ✓ Mínimo vital

2. Petición de amparo

El accionante solicitó amparar los derechos fundamentales invocados, en consecuencia: i) Ordenar a COLFONDOS, que, en un término perentorio e improrrogable de cinco (5) días hábiles, adelante las gestiones necesarias ante la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la expedición del bono pensional correspondiente, y proceda de manera inmediata a incluirlo en la nómina de pensionados, iniciando el pago de las respectivas mesadas pensionales con cargo a los recursos de la

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la expedición del bono pensional correspondiente, y proceda de manera inmediata a incluirlo en la nómina de pensionados, iniciando el pago de las respectivas mesadas pensionales con cargo a los recursos de la entidad, mientras se culmina el trámite administrativo.; (ii) al Municipio de Ciénaga De Oro, Colpensiones y al Ministerio de Hacienda que, en un término perentorio e improrrogable de cinco (5) días hábiles, realicen las gestiones necesarias para la expedición y pago del bono pensional correspondiente, en cumplimiento de las obligaciones que les corresponden como empleadores durante los periodos cotizados; (iii) Ordenar a COLFONDOS S.A. que, una vez expedido el bono pensional, proceda de manera inmediata a reconocer y pagar su prestación de devolución de saldos .

3. Fundamentos fácticos

El accionante afirma que tiene 68 años y cotizó 577 se manas en la AFP Colfondos S.A. El 09 de abril de 2024 radicó ante COLFONDOS S.A. la solicitud de devolución de saldos conforme al artículo 66 de la Ley 100 de 1993, bajo el radicado ASE-126886. Dicho trámite requiere la expedición previa de un bono pensional el cual depende de la colab oración dePágina 2 de 13

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Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Municipio de Ciénaga de Oro. Lo anterior por cuanto el capital acumulado en el fondo de pensiones es insuficiente para financiar una

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Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Municipio de Ciénaga de Oro. Lo anterior por cuanto el capital acumulado en el fondo de pensiones es insuficiente para financiar una pensión. Sin embargo, tanto Colfondos S.A, el Municipio de Ciénaga de Oro, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones han incurrido en una serie de dilaciones injustificadas en el trámite del bono pensional, demora que ha vulnerado sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, debido a que no cuenta con otros medios para cubrir sus necesidades básicas y los gastos médicos derivados de su condición como adulto mayor.

4. Contestación del Municipio de Ciénaga de Oro

Manifiesta alcalde municipal de Ciénaga de Oro que mediante Resolución No.00974 de septiembre 30 de 2024 resolvió reconocer y emitir a favor del Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, la cuota parte de bono pensional tipo A modalidad 2/2 correspondiente al señor De León Saldarriaga Donaldo Daniel c on cargo al municipio de Ciénaga de Oro a cargo del Municipio de Ciénaga de Oro, pagado con recursos asignados al Fondo Nacional de Pensiones de Las Entidades Territoriales – FONPET.

El parágrafo segundo del artículo 2.2.8.11.6 la Resolución No. 728 de 2023 dispone que “las Administradoras de Pensiones deberán desarrollar en conjunto con la Unidad Gestión Pensional 2 y Contribuciones Parafiscales - UGPP, una herramienta tecnológica que

“las Administradoras de Pensiones deberán desarrollar en conjunto con la Unidad Gestión Pensional 2 y Contribuciones Parafiscales - UGPP, una herramienta tecnológica que permita la adecuada elaboración de los cálculos actuariales de que trata el artículo 2.2.4.4.3 del decreto en mención, en un plazo no mayor al 30 de noviembre de 2022.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía – ASOFONDOS, mediante comunicación radicada en este Ministerio con el número 202342300337622 informó que desde el 10 de enero de 2023 se encuentra disponible la herramienta www.soyactuario.com.co para realizar cálculos actuariales de empleados y trabajadores independientes que tengan periodos omisos al Sistema General de Pensiones, que deben ser pagados como cálculo actuarial y cuya propiedad, mantenimiento y operación está a cargo de la citada administradora, Colpensiones y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP, quedando pendiente la resolución que permitiera integrar dicha herramienta al flujo de recaudo con los operadores de PILA. La administración municipal notificó a Colfondos S.A del requerimiento que había hecho la entidad territorial debido que la plataforma de bonos pensionales OBP del municipio se encuentra bloqueada para que les entregara USUARIO Y CONTRASEÑA, sin que hasta la fecha (12 de marzo de 2025), les hubiere solucionado el problema.

Concluye que no es responsable de la desidia de las otras entidades, pues se encuentran a la espera del requerimiento efectuado a Colfondos S.A., para que envíen al ente territorial el usuario y contraseña para pagar los aportes de acuerdo con la herramienta soyactuario.

encuentran a la espera del requerimiento efectuado a Colfondos S.A., para que envíen al ente territorial el usuario y contraseña para pagar los aportes de acuerdo con la herramienta soyactuario.

5. Contestación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - - Oficina de Bonos PensionalesPágina 3 de 13

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El Jefe Oficina de Bonos Pensionales informa que el accionante a la fecha NO ha tramitado derecho de petición ante esta Ofici na, ni en forma directa, ni por interpuesta persona, en relación con los hechos que fundamentan las pretensiones de la presente acción constitucional ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en adelante OBP. Que la entidad responsable de determinar la prestación a la cual “podría” llegar a tener derecho el señor accionante, así como su forma de financiación, de acuerdo con la Ley, es la Administradora de Pensiones a la que se encuentra actualmente afiliado, que para el caso que nos ocupa es la AFP COLFONDOS S.A.

El accionante se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con SolidaridadRAIS, donde para que le sea otorgada una pensión, se tiene en cuenta en primera instancia, el capital que se haya acumulado en su cuenta de ahorro, sumadas las cotizaciones que haya efectuado mes a mes, los rendimientos financieros de las mismas, y el bono pensional cuando hay lugar a él. Ahora, cuando el capital resulta insuficiente para financiar una

el capital que se haya acumulado en su cuenta de ahorro, sumadas las cotizaciones que haya efectuado mes a mes, los rendimientos financieros de las mismas, y el bono pensional cuando hay lugar a él. Ahora, cuando el capital resulta insuficiente para financiar una pensión en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, la AFP procede a evaluar si su afiliado cumple con los requisitos de edad (57 años mujeres o 62 años hombres) y semanas cotizadas (1.150) para que pueda acceder a la garantía de pensión mínima de que trata el artículo 65 ibidem.

Frente al caso indica que de acuerdo con la Liquidación provisional del bono generada en atención a la solicitud elevada el 29 de agosto de 2024 por la AFP COLFONDOS S.A y de conformidad con la Historia Laboral registrada a la fecha en el sistema de bonos pensionales de la OBP, tanto por COLPENSIONES, como por la AFP en mención, el accionante tiene derecho a un bono pensional Tipo A modalidad 2, donde funge como emisor la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el que a dicionalmente, participan como contribuyentes el Municipio de Ciénaga de Oro y el Ministerio de Defensa Nacional, cada uno con su respectivo cupón a cargo.

La fecha de redención normal (momento en el cual surge la obligación de pago para el Emisor como para los Contribuyentes) del bono pensional del señor accionante tuvo lugar el 16 de noviembre de 2018, fecha en la cual el accionante cumplió los sesenta y dos (62) años de edad (numeral 1 del Artículo 2.2.16.2.1.1 Decreto 1833 de 2016). El cuotapartista

el 16 de noviembre de 2018, fecha en la cual el accionante cumplió los sesenta y dos (62) años de edad (numeral 1 del Artículo 2.2.16.2.1.1 Decreto 1833 de 2016). El cuotapartista Ministerio de Defensa Nacional en fecha 30-01-2025 registró en el sistema interactivo de bonos pensionales de la OBP que mediante Resolución No. 0143 del 20-01-2025 reconoció y redimió la cuota parte a su cargo. No obstante, informa que la imposibilidad de la Oficina para emitir y redimir el cupón principal a cargo de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuota parte a cargo de Colpensiones en el bono pensional del señor accionante, radica en el hecho que solo hasta el 13 de marzo de 2 025 el Municipio de Ciénaga de Oro, en su calidad de contribuyente, ingresó en el sistema interactivo de Bonos Pensionales de esa dependencia, el reconocimiento el cupón a su cargo en el bono pensional del señor accionante sin que a la fecha haya registrado la redención del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997 y e l artículo 22 del Decreto 1513 de 1998 , encontrándose aún en términos para resolver esta solicitud, tal y como lo establece elPágina 4 de 13

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Artículo 2.2.16.7.10. del Decreto 1833 de 2016, pues tal como se desprende del tenor literal

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Artículo 2.2.16.7.10. del Decreto 1833 de 2016, pues tal como se desprende del tenor literal de la norma, los tres (3) meses para exigir la emisión y pago del bono pensional sólo comienza a correr a partir de la fecha en que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y no objetada por aquellas entidades que intervienen en el bono pensional, bien sea como emisores o como cuotapartistas y, siempre y cuando el beneficiario haya manifestado previamente y por escrito, por intermedio de la administradora de pensiones del sistema general de pensiones, su aceptación del valor de la liquidación (…)”.

Agrega que un beneficiario del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, como es el caso el señor accionante, en los casos que proceda, tiene derecho a un único Bono Pensional Tipo A, que debe ser fiel reflejo de la totalidad de la Historia Laboral válida para liquidar el mismo; en el momento en que esa historia laboral sea certificada en su totalidad por la entidad responsable de la misma, se puede determinar el valor total correcto del bono pensional. Por consiguiente, solo cuando el beneficiario del bono pensional acepta la Liquidación Provisional que le presenta la AFP COLFONDOS S.A., con dicha aceptación autoriza a la Administradora para solicitar la emisión y redención del bono pensional. Adicionalmente, una vez efectuada la solicitud por parte de la AFP se req uiere que las entidades que participan en el mismo, bien sea como emisores, contribuyentes o empleadores manifiesten su conformidad con la información contenida en la liquidación del

Adicionalmente, una vez efectuada la solicitud por parte de la AFP se req uiere que las entidades que participan en el mismo, bien sea como emisores, contribuyentes o empleadores manifiesten su conformidad con la información contenida en la liquidación del mismo, para que así se pueda dar vía libre a la emisión y redención del referido beneficio. Por lo que solicita se desestime la tutela incoada en lo referente a la actuación de la OBP.

6. Contestación de Colfondos S.A

La apoderada de tutelas de Colfondos S.A afirma que l o solicitado por la accionante, desnaturaliza la acción de tutela al desconocer el mecanismo subsidiario y residual, pues este cuenta con otros medios para materializar la pretensión incoada, pues la tutela no fue instaurada para lograr la protección de de rechos relacionados con el reconocimiento de prestaciones económicas, prestacionales o patrimoniales, y tampoco se acredit ó la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela.

Frente al caso señaló que el accionante presenta asesoría radicado bajo ASE-126886, del 9/04/2024, la cual se encuentra en normalización, puesto que aún no se encuentra acreditado el bono pensional. La asesoría consiste en la normalización de la historia laboral del accionante y de su cuenta de ahorro individual, por lo que, en caso de existir trámite de bono pensional, el mismo debe encontrarse acreditado en la cuenta de ahorro individual del afiliado. Aclara que las radicaciones de asesorías son las ASE y los radicados de pensión son los RAD, y la afiliado aun no cuenta con ningún radicado. Así mismo, se puede

afiliado. Aclara que las radicaciones de asesorías son las ASE y los radicados de pensión son los RAD, y la afiliado aun no cuenta con ningún radicado. Así mismo, se puede constatar en la demanda de tutela que el actor no acredita radicación formal de la solicitud pensional en Colfondos S.A. En consecuencia, una vez el accionante realice la radicación de los documentos necesarios y los formularios requeridos y la historia laboral se encuentre normalizada, el área de pensiones podrá definir el beneficio pensional que le asista.

Así solicita se declare improcedente el amparo de tutela dado que no cumple con el carácter subsidiario y residual. En cuanto al derecho de petición señala que existe carencia actual de objeto por hecho superado.Página 5 de 13

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7. Fallo de primera Instancia El Juzgado Décimo Administrativo de Montería mediante sentencia del 26 de marzo de 2025 concedió el amparo de tutela solicitado toda vez que el accionante acreditó que desde el 15 de mayo de 2024 presentó la solicitud de devolución de aportes, la cual quedó registrada bajo el radicado No. 0001816167, circunstancia que fue aceptada por Colfondos S.A. en su comunicación datada 23 de mayo de 2024, en el cual informa que la historia laboral se encuentra normalizada con derecho a bono, trámite identificado con el código ASE-126886, que no presenta inconsis tencias y solo se halla pendiente por firma.

Igualmente, el 24 de febrero de 2025 Colfondos S.A. informa al peticionario que “su bono

ASE-126886, que no presenta inconsis tencias y solo se halla pendiente por firma. Igualmente, el 24 de febrero de 2025 Colfondos S.A. informa al peticionario que “su bono pensional se encuentra en proceso de cobro, toda vez que, iniciamos el proceso por medio de comunicados a las entidades responsables de reconocer y pagar el bono”. Sin embargo, en el trámite de tutela Colfondos S.A expone como argumento la falta de agotamiento de un trámite previo a la radicación de la solicitud pensional -“estudio de procedencia del derecho pensional” consistente en una asesoría para que: i) se normalice la historia laboral; y ii) se acredite el bono pensional, con el fin de definir el tipo de “beneficio” a que se hará acreedor el demandante, bien sea, a) la pensión de vejez por capital suficiente, b) la garantía de pensión mínima (1.150 semanas cotizadas); o c) la devolución de saldos. Lo anterior denota una falta de precisión y claridad en la información suministrada sobre los trámites a seguir para la d evolución de los saldos que reclama el accionante lo cual constituye una actuación dilatoria que transgrede los derechos fundamentales invocados por el actor. Frente al municipio de Ciénaga de Oro concluyó que también vulnera los derechos fundamentales del actor al trasladarle las consecuencias desfavorables de su gestión al afiliado, pues no es del resorte de este obtener el acceso al Sistema Interactivo de Bonos Pensionales correspondiéndole al municipio la habilitación de su usuario y contraseña de acceso. En consecuencia, ordenó al municipio de Ciénaga de Oro, a la AFP Colfondos S.A. que, en el término 1 mes contado a partir de la notificación de la sentencia,

contraseña de acceso. En consecuencia, ordenó al municipio de Ciénaga de Oro, a la AFP Colfondos S.A. que, en el término 1 mes contado a partir de la notificación de la sentencia, definan lo concerniente a la liquidación y emisión del bono pensional del tutelante y realicen la determinación definitiva de las responsabilidades que corresponden a cada uno de los involucrados para que el fondo de pensiones pueda proceder al pago de los saldos al accionante con la compensación actualizada. También ordenó a la AFP COLFONDOS S.A. que en el plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, liquide definitivamente, reconozca y pague la devolución de aportes a que tiene derecho el accionante. Y finalmente desvinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del trámite por cuanto el cumplimiento de sus funciones se halla supeditado al oportuno y veraz registro de la información por parte de las Administradoras del Sistema General de Pensiones.

8. Impugnación

Colfondos S.A impugna la decisión aduciendo en síntesis que el juez no tuvo en cuenta que, sin la finalización de la asesoría, la AFP Colfondos no cuenta con la información real de las semanas acreditadas y el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, para con ello determinar que documentos se requieren del afiliado para que se inicie la solicitud de estudio y reconocimiento pensional. Que el despacho no realizó una correcta valoraciónPágina 6 de 13

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de los hechos, las pruebas, las pretensiones, la contestación de las accionadas y

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de los hechos, las pruebas, las pretensiones, la contestación de las accionadas y vinculadas, pese a que en el fallo en cuestión relata lo que se afirmó de las intervenciones. Por lo que reitera los argumentos aducidos en el informe respuesta.

El municipio de Ciénaga de Oro impugna el fallo reiterando lo expuesto en el informe respuesta relativo con que el accionante Donaldo Daniel De León Saldarriaga tiene derecho al reconocimiento y pago de un bono pensional tipo A modalidad 2/1 solicitado por el fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. el cual fue reconocido a través de la Resolución No. 00974 del 30 de 2024 debidamente notificada, donde se procedió una vez habilitada la plataforma de OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar el 13 de marzo del 2025 la correspondiente marcación/pago de la cuota parte del bonos pensional correspondiente al Municipio de Ciénaga de Oro, encontrándose a la fecha paz y salvo por concepto de obligaciones pensionales a favor del accionante. Por lo que insiste se revoque lo ordenado frente al ente territorial por existir hecho superado.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Del texto de esa norma constitucional y de su desarrollo jurisprudencial se ha interpretado en forma reiterada que la tutela tiene un

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Del texto de esa norma constitucional y de su desarrollo jurisprudencial se ha interpretado en forma reiterada que la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial o cuando ese medio judicial es claramente ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales; eventos en los cuales la tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.2 Del derecho a la seguridad social y su efectividad

La Carta Política del Estado colombiano reconoce a la seguridad social un carácter de servicio público obligatorio, derecho irrenunciable y principio de garantía a toda persona , así lo promulga el artículo 48 ibídem. En ese sentido la seguridad social ha sido concebida por Corte Constitucional como “un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamental[1], como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[2], surge como un instrumento a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que afecte su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”.3 Bajo esa misma línea esa misma Corporación ha señalado que “el carácter fundamental de este derecho encuentra sustento con el principio de dignida d humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta posible que las personas afronten dignamente las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo

fundamental de este derecho encuentra sustento con el principio de dignida d humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta posible que las personas afronten dignamente las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la cons ecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer

1 Corte Constitucional, sentencias T-164 de 2013, T-848 de 2013, SU-769 de 2014 y T-209 de 2015. 2 Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia 3 Sentencia SU-057 de 2018 Corte ConstitucionalPágina 7 de 13

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sus derechos subjetivos” 4. En ese orden de ideas, se ha sostenido que, como derecho fundamental la seguridad social , debe garantizarse de mejor manera su efectividad.

Veamos:

“En el inciso segundo del artículo 46 encargó al Estado de la garantía de los servicios de seguridad social integral, mientras que el artículo 48 precisó su naturaleza en tanto que derecho irrenunciable y servicio público fundado en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, aunado con los principios de sostenibilidad financiera y respeto de los derechos adquiridos, introducidos a la Constitución por el Acto Legislativo 01 de 2005. En tanto que derecho fundamental, su primacía implica, entre otras consecuencias, un mandato de efecto útil según el cual las autoridades deben interpretar las normas de las que dependa este derecho de tal manera que tiendan a garantizar de la mejor manera su efectividad . También, la primacía determina la

cual las autoridades deben interpretar las normas de las que dependa este derecho de tal manera que tiendan a garantizar de la mejor manera su efectividad . También, la primacía determina la prevalencia del fondo, esto es del acceso real a las prestaciones de la seguridad social, respecto de razones meramente formales, de trámite o procedimentales , que sean expuestas como cortapisas para la eficacia de este derecho, tan íntimamente atado a la dignidad humana.

16. Es por lo anterior que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha rechazado sistemáticamente una serie de argumentos expuestos para negar la efectividad del derecho a la seguridad social que, aunque no se refieren a la hipótesis del asunto bajo revisión, permiten extraer una regla común respecto de la prevalencia del derecho fundamental a la seguridad social, frente a estas circunstancias no imputables al afiliado al sistema.” 5

Algunos de los argumentos que jurisprudencialmente han sido desechados para negar la efectividad del derecho a la seguridad social se han resaltado: (i) Mora patronal; (ii) Bonos pensionales; (iii) Celebración de convenios y dificultades financieras; (iv) Problemas con las bases de datos del fondo o de la administradora - Corrección de la historia laboral; (v) Otras como la falta de reportes de novedades laborales, la desaparición de la empresa obligada a realizar los aportes y el traslado para la administración del régimen pensional. Se trata de eventualidades cuyo trámite debe ser asumido por la entidad pensional, sin que sea aceptable que dichas dificultades sean expuestas para negar la efectividad del derecho fundamental a la seguridad social. Todo ello para concluir que:

eventualidades cuyo trámite debe ser asumido por la entidad pensional, sin que sea aceptable que dichas dificultades sean expuestas para negar la efectividad del derecho fundamental a la seguridad social. Todo ello para concluir que:

“De la sistematización de estas hipótesis, es legítimo extraer como regla jurídica que las entidades que tienen a cargo el servicio público de seguridad social, ya sea en el régimen público o en el privado, no pueden legítimamente argüir problemas procedimentales o de trámites pendientes, razones formales o el incumplimiento de obligaciones que no le conciernen al usuario del sistema y pueden ser solventados por la autoridad pensional, para negar los reconocimientos a los que éste tiene derecho . Lo anterior implica q ue resulta contrario al derecho fundamental a la seguridad social el traslado al usuario de las consecuencias de las dificultades o trámites que pueden ser superadas o realizadas por la misma entidad, tales como, por ejemplo, las reclamaciones y recobros a otras entidades del sistema o a usuarios del mismo, como los patronos, puesto que el legislador las ha provisto de mecanismos y prerrogativas para hacerlos efectivos directamente. De tal manera que, por ejemplo, los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 señalan la sanción por mora y las acciones de cobro al empleador le corresponden a la entidad prestadora del servicio público de seguridad social. Así mismo, los artículos 20 y 24 del Decreto 1406 de 1999 establecen los plazos para presentar los aportes, y el Decreto 2633 de 1994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, consagra acciones para el cobro”.6

3.3 Análisis y conclusiones

1994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, consagra acciones para el cobro”.6

3.3 Análisis y conclusiones

4 Corte Constitucional, sentencias T-032 de 2012, T-072 de 2013 y T-146 de 2013 5Sentencia T-315 de 2018 Corte Constitucional 6 Sentencia T-315 de 2018 Corte ConstitucionalPágina 8 de 13

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En el caso bajo estudio es evidente q ue el accionante ha solicitado la devolución de saldos respecto de la totalidad de las semanas cotizadas al sistema general de seguridad social en pensiones. De las probanzas aportadas se tiene que el accionante es beneficiario del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, y que la entidad responsable de determinar la prestación a la cual tiene derecho, así como su forma de financiación, es la AFP COLFONDOS S.A por ser la Administradora de Pensiones a la que se encuentra actualmente afiliado.

La devolución de saldos ha dicho la jurisprudencia constitucional es una respuesta a un esfuerzo que realizan las personas a lo largo de su vida pero que, por distintas razones, no alcanzaron los aportes suficientes para obtener el reconocimiento de una pensión. En esta prestación, el fo ndo retorna al afiliado los recursos que tiene en su cuenta de ahorro individual. Así mismo ha sostenido que:

44. Ante la imposibilidad del afiliado para seguir cotizando al sistema, le corresponde a la administradora privada de pensiones realizar la devolución de saldos comoquiera que, en caso

individual. Así mismo ha sostenido que:

44. Ante la imposibilidad del afiliado para seguir cotizando al sistema, le corresponde a la administradora privada de pensiones realizar la devolución de saldos comoquiera que, en caso de no realizarlo, i) transgrediría los derechos fundamentales del apor tante, principalmente, el mínimo vital y la seguridad social e ii) incurriría en un enriquecimiento sin causa, habida cuenta de que esos dineros, como se mencionó previamente, son un ahorro del trabajador y son el fruto de su esfuerzo 7. Esto porque la devolución de saldos es una prestación económica que es subsidiaria a la pensión y tiene lugar en los casos en que el afiliado, pese a cumplir con el requisito de edad, no acumuló el capital necesario para acceder a una pensión dentro de las modalidades definidas en el RAIS.

(...)

47. En definitiva, la devolución de saldos pretende garantizar los derechos a la seguridad social y a la vida digna de los afiliados que no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión. Es una forma de evitar una afectación a los derechos fundamentales de los afiliados que cotizaron ciertos periodos al sistema. Así las cosas, en virtud del derecho fundamental a la seguridad social, los fondos de pensiones ti