TA CUN - 11001333501420230034001-(11-11-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Magistrado ponente:

NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2023.

Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

Corresponde a la Sala conocer en segunda instancia la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV contra la sentencia de tutela proferida el 24 de octubre de 2023, por la cual el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá - Sección Segunda concedió el amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso , dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Eulice García Caicedo en contra de la UARIV.

I. ANTECEDENTES:

1. La parte actora sustentó la acción en los siguientes hechos (fols. 1 y 2 del documento electrónico denominado “002 DEmanda.pdf”): manifestó que es víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de de splazamiento forzado y tiene una discapacidad del 15.4% por un accidente de tránsito.

Expresó que requirió a la autoridad accionada la asignación de fecha o número de turno que reflejara el giro de la indemnización por el referido hecho victimizante,

una discapacidad del 15.4% por un accidente de tránsito.

Expresó que requirió a la autoridad accionada la asignación de fecha o número de turno que reflejara el giro de la indemnización por el referido hecho victimizante, reconocido, mediante Resolución 04102019-631969 de 11 de mayo de 2020, a su grupo familiar.

Dijo que desde 2021 ha realizado el mismo trámite descrito, esto es, pedir una fecha aproximada de la entrega de la indemnización administrativa, sin obtener una respuesta concreta pues le contestan con evasivas e indicándole que no hay presupuesto.Página 2 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

2. Con fundamento en lo expuesto acudió al mecanismo constitucional de la acción

de tutela solicitando (fols. 2 y 3 ib.):

“PRIMERO. Solicito que, de forma prioritaria , se haga la identificación de carencia por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS , puesto que como lo consagra el decreto 1377 de 2014 en su artículo 7 indemnización individual administrativa para las víctimas de desplazamiento forzado, numeral dos que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima debido a que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de

las víctimas de desplazamiento forzado, numeral dos que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima debido a que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de discapacidad, edad o composición del hogar se entregaran las ayudas e indemnizaciones de forma prioritaria a quien cumpla con esos criterio s, y yo me encuentro en esa situación de vulnerabilidad manifiesta, ya que tengo discapacidad del 15.4 de mis pes por accidente de tránsito, se me ha sido posible encontrar un trabajo por esa discapacidad

SEGUNDO. Se reconozca mi derecho fundamental de petición al cual tengo derecho en virtud del artículo 23 de la Constitución Política Nacional.

TERCERO. ORDENAR se asigne FECHA CIERTO o NÚMERO DE TURNO mediante el cual se hará efectiva la indemnización por desplazamiento forzado.

CUARTO. Que los recursos correspondientes a nuestra solicitud, se consigne a mi favor, en el Banco Agrario de Colombia en Bogotá- Cundinamarca

QUINTO. Que de manera inmediata nos hagan entrega los de la carta cheque para poder hacer efectivos dichos recursos”.

II. LA ACTUACIÓN PROCESAL.

1. La presente acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Catorce (14) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá - Sección Segunda (documento electrónico denominado “001 ActadeREparto”) el que la inadmitió el 11 de octubre de 2023 (documento electrónico denominado “ 015 AutoTutelaInadmite (Petición).pdf ”), con el fin que allegara copia íntegra, legible y completa de la constancia de radicación de las peticiones elevadas.

2023 (documento electrónico denominado “ 015 AutoTutelaInadmite (Petición).pdf ”), con el fin que allegara copia íntegra, legible y completa de la constancia de radicación de las peticiones elevadas.

Luego, a través de auto de 18 de octubre de 2023, el citado Juzgado decidió admitir la tutela (documento electrónico denominado “ 017 AutoTutelaAdmite.pdf”). En dicha providencia se ordenó notificar a la directora de la UARIV.

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV (documento electrónico denominado “020 Contestacion.pdf”) emitió informe en el que adujo que verificado el Registro Único de Víctimas - RUV, la accionante se encuentra incluida en este por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, en el marco normativo de la Ley 1448 de 2011, bajo el caso FUD NE000229959. Asimismo, señaló que la entidad con comunicación lex 7684882 dio respuesta de fondo a la solicitud de la ac tora, enviada por correo electrónico a la dirección aportada de notificaciones , por lo que se evidencia el hecho superado.Página 3 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

Refirió que, a través de Resolución 04102019-631969 de 11 de mayo de 2020 , se le reconoció a la accionante la medida de indemnización administrativa y se le

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

Refirió que, a través de Resolución 04102019-631969 de 11 de mayo de 2020 , se le reconoció a la accionante la medida de indemnización administrativa y se le explicó que, al no encontrarse bajo las situaciones de vulnerabilidad extrema, contenidas en los artículos 4° y 1° de las Resoluciones 1049 de 2019 y 582 de 2021, respectivamente, estaría sujeta al resultado del método técnico de priorización, que se aplicó el 25 de agosto de 2023, a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior contaban con decisión de reconocimiento del derecho a la medida de indemnización, así como también a aquellas personas que no obtuvieron un resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en las vigencias 2020, 2021 y 2022.

Declaró que según con el resultado obtenido, hasta antes de finalizar el presente año, la entidad informará al tutelante si es posible o no materializar la entrega de la indemnización administrativa e indicó que en los casos que no sea favorable deberán ser remitidos de nuevo a la aplicación del precitado método en la siguiente vigencia.

Finalmente, pidió que, al haberse acreditado con los argumentos expuestos que la UARIV adelantó las acciones pertinentes para evitar la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la solicitante, se niegue n las peticiones invocadas en la tutela.

2. El fallo impugnado (documento electrónico denominado “ 027

SentenciaTutelaUARIV2 (1).pdf”). El 24 de octubre de 2023, el Juzgado Catorce (14)

la tutela.

2. El fallo impugnado (documento electrónico denominado “ 027

SentenciaTutelaUARIV2 (1).pdf”). El 24 de octubre de 2023, el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá - Sección Segunda resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de la ciudadana Eulice García Caicedo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIONES de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo de manera clara y congruente, la petición radicada el 07 de febrero de 2023, en el sentido de informarle a la señora Eulice García Caicedo el resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización consagrado en la Resolución 01049 de 15 de m arzo de 2019 y la modificación introducida por la Resolución Nº 582 de 2021, para la vigencia 2023, respecto del pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado reconocido mediante Resolución No 04102019 -631969 del 11 de mayo del 2020 .

Igualmente, deberá notificar esta decisión de conformidad con los estándares contenidos en la Ley 1437 de 2011.

(...)”

Para llegar a las anteriores conclusiones, encontró probada la condición de víctima

Igualmente, deberá notificar esta decisión de conformidad con los estándares contenidos en la Ley 1437 de 2011.

(...)”

Para llegar a las anteriores conclusiones, encontró probada la condición de víctima de desplazamiento forzado de la accionante y la existencia de la petición presentada el 7 de febrero de 2023 ante la U ARIV, en la que solicitó una fecha cierta del desembolso de la indemnización por desplazamiento forzado.Página 4 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

Arguyó que la autoridad accionada, no brindó una respuesta de fondo, clara y congruente con lo requerido por la actora, puesto que si bien le informa que el 25 de agosto de 2023 se aplicó el método técnico de priorización, no se pronunció acerca del resultado, sobre lo cual previene que solo a finales del año, se establecerá si es posible o no materializar la entrega de la indemnización administrativa; aspectos que generan una violación a los derechos invocados, toda vez que la entidad cuenta con los insumos para darle una contestación íntegra y de fondo, pero se abstiene de hacerlo, estando vencidos los términos que establece la ley para contestar el derecho de petición.

Por último, recalcó que la labor del juez constitucional no se limita únicamente a las pretensiones de la demanda, sino que está encaminada a garantizar la vigencia y

ley para contestar el derecho de petición.

Por último, recalcó que la labor del juez constitucional no se limita únicamente a las pretensiones de la demanda, sino que está encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales.

3. La impugnación. La UARIV impugnó la anterior decisión (documento electrónico denominado “ 030 RESPUESTA_IMPUGNACION_7697312.pdf ”), reiterando lo expuesto en el informe inicial, en el sentido que el fallo de primera instancia resulta violatorio del derecho al debido proceso respecto de actuaciones administrativas que debe adoptar la entidad frente al proceso de otorgamiento de la indemnización administrativa, pues en el presente caso, se dio respuesta de fondo, clara y congruente a lo solicitado por la tutelante, de allí que en actualidad se encuentra configurado una carencia actual de objeto por un hecho superado, ya que la Unidad ha garantizado el supuesto derecho vulnerado.

III. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico. Corresponde a la Sala establecer si la parte accionada ha vulnerado los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la señora García Caicedo, al no res olver de fondo la solicitud formulada el 7 de febrero de 2023, respecto a indicarle una fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa.

2. Fundamento constitucional, normativo y jurisprudencial. La acción de tutela fue creada por el Constituyente de 1991, con la que pretendió salvaguardar en una forma efectiva, eficiente y oportuna los derechos fundamentales, pues se trata de un mecanismo expedito que permite la protección inmediata de aquéllos.

fue creada por el Constituyente de 1991, con la que pretendió salvaguardar en una forma efectiva, eficiente y oportuna los derechos fundamentales, pues se trata de un mecanismo expedito que permite la protección inmediata de aquéllos.

Este mecanismo, de origen constitucional, consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, ha sido propuesto como un elemento procesal complementario, específico y directo cuyo objeto es la protección concreta ePágina 5 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo.

Es preciso indicar que el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece las causales de improcedencia de la acción de tutela, las cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera:

“1) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquéllas se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 2) Cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus, 3) Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, 4) Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho, 5) Cuando se trate de actos de

habeas corpus, 3) Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, 4) Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho, 5) Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. (Negrillas fuera del texto original)

El artículo 23 de la Constitución Política previó el derecho de petición como una garantía en virtud de la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener de ellas respuesta oportuna y completa.

La anterior norma fue reglamentada por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la cual prevé su trámite, los términos y el contenido de la respuesta, entre otros aspectos, así:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.Página 6 de 13

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Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que para ser tenida como resuelta la petición elevada ante la autoridad, es necesario que la respuesta dada a la misma debe ser de fondo, en forma clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado , razón por la cual a la entidad requerida le corresponde un estudio analítico y detallado de lo pretendido, para posteriormente poner en conocimiento del peticionario lo concluido . Esto sin importar que lo decidido sea o no favorable a los intereses de la parte actora, resuelve que, además, debe ser notificado al interesado, so pena de tenerse por no contestada1.

En relación con la acción objeto de estudio, debe destacarse que en el caso del desplazamiento forzado, la protección reforzada en materia de derecho de petición es claramente exigible, más aún de las autoridades encargadas de la superación del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales.

del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales.

En esa protección reforzada, el manejo de la información, su registro y control resultan de vital importancia, pues las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva al desplazado, de manera tal que puedan garantizar el respeto del derecho fundamental de petición de las personas que se encuentran en esa situación.

Ahora bien, teniendo en cuenta el “ estado de cosas inconstitucional en la población desplazada”, declarado por la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2004, dicha Corporación ha fijado unos lineamientos en cuanto a respuesta de las peticiones presentadas por esta población cuando están encaminadas a la obtención de la indemnización administrativa por vía de tutela, por lo que en el auto A206 -2017 proferido dentro de los tantos autos de seguimiento a la referida providencia, fijó los lineamientos que se debía tener en cuenta en este tipo de solicitudes, resolviendo si bien, exhortar a los jueces de tutela en orden a que se abstuvieran de ordenar el pago de la indemnización, como medida de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto, le puso un límite temporal a dicho exhorto hasta el 31 de diciembre de 2017, además, ordenó al Gobierno Nacional la expedición de un procedimiento que

1 Corte Constitucional. Sentencia T-629-15. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Página 7 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

1 Corte Constitucional. Sentencia T-629-15. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Página 7 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

determine la forma en que se efectuará dicha asignación, no obstante precisó que de encontrarse con circunstancias excepcionales en cada caso estudiado, el juez podrá ordenar la entrega de la indemnización, debiendo para ello acreditarse en el proceso la existencia real de las señaladas circunstancias2.

Lo mencionado obedeció a que en la sentencia se reconoció la situación de bloqueo institucional en materia de las víctimas de desplazamiento forzado, ante la elevada cantidad de víctimas, solicitudes en orden a obtener los mecanismos de reparación integral, como las acciones de tutela, sumado al escaso presupuesto que cuenta la entidad.

En dicho pronunciamiento la Corte Constitucional concluyó luego de analizar el referido bloqueo institucional, que no existía un procedimiento claro en el que las víctimas pudieran saber las “etapas, orientadas por procedimientos precisos y periodos específicos, que es necesario agotar para que las personas priorizadas puedan acceder a la indemnización administrativa”.

Con fundamento en lo anterior la UARIV expidió la Resolución 1958 del 8 de julio de 2018, la que fue derogada por la Resolución 1049 de 2019, en la que se previó el procedimiento para acceder a la medida individual de la indemnización

Con fundamento en lo anterior la UARIV expidió la Resolución 1958 del 8 de julio de 2018, la que fue derogada por la Resolución 1049 de 2019, en la que se previó el procedimiento para acceder a la medida individual de la indemnización administrativa, regul ando la forma de realizar la solicitud, los legitimados, los términos, la forma en que debe ser analizada, la asignación de turnos para el efecto y su pago, entre otros aspectos.

En relación con el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, se desprende de la referida resolución que el mismo cuenta con cuatro fases, como son la de la solicitud, análisis de la solicitud, respuesta de fondo y entrega de la indemnización.

Se resalta que en la segunda fase, la UARIV debe efectuar una clasificación de las solicitudes y realizar un análisis de la misma en la que verificará sí la víctima se encuentra en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, cuando acredite: i) Edad superior a 74 años, ii) enfermedades huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo definidas como tal por el Ministerio de Salud y Protección Social, iii) tener una condición de discapacidad debidamente certificada. Concluido que se halla en una de las anteriores condiciones, la UARIV debe priorizar el pago “sin que por ello, dicha medida se haga extensiva a las demás personas que hagan parte de la solicitud” (artículo 9 ibídem, negrillas de la Sala).

La precitada resolución fue objeto de modificación por el artículo 1° de la Resolución N° 582 de 2021, el cual quedó así:

personas que hagan parte de la solicitud” (artículo 9 ibídem, negrillas de la Sala).

La precitada resolución fue objeto de modificación por el artículo 1° de la Resolución N° 582 de 2021, el cual quedó así:

2 Corte Constitucional auto 206/17 del 28 de abril de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Página 8 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite:

A. Modificado por el art. 1, Resolución 582 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Victimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.

B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.

C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y

alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.

C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y

Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud.

Por su parte, en la última fase el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019, dispone:

“ARTÍCULO 14. FASE DE ENTREGA DE LA INDEMNIZACIÓN. En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el artículo 4o del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas.

En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se hará efectivo en la sigui ente vigencia presupuestal. En el tránsito entre vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocación de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionarán en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que rec onocen la medida de indemnización y ordenan su pago.

En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnización, el orden de priorización para la entrega de la medida de indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego

orden de priorización para la entrega de la medida de indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los términos del inciso primero del presente artículo.

En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas comunicará a la víctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización.

PARÁGRAFO: La Unidad para las Víctimas podrá entregar prioritariamente una segunda indemnización a las víctimas que hayan sufrido más de un hecho victimizante, siempre y cuando se trate de una solicitud prioritaria y exista disponibilidad presupuestal. Para las solicitudes generales, la entrega de una segunda indemnización por otro hecho, estará sujeta a que se haya entregado la medida a todas las víctimas al menos una vez”. (Negrillas de la Sala).

En atención a lo anterior, el Capí tulo II de la norma reguló el Método Técnico de Priorización, así:

“ARTÍCULO 15. MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN. Créase el Método Técnico de Priorización conforme a lo dispuesto en el artículo 1o del presente acto administrativo y adóptese a través del anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 16. DEFINICIÓN DEL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN. El Método es un proceso técnico que determina los criterios y lineamientos que debePágina 9 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Método es un proceso técnico que determina los criterios y lineamientos que debePágina 9 de 13 Radicación N°: 11001-33-35-014-2023-00340-01.

Accionante: Eulice García Caicedo.

Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

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adoptar la Subdirección de Reparación Individual para determinar la priorización anual del desembolso de la indemnización administrativa.

ARTÍCULO 17. OBJETO DEL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN. El método tiene como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector”.

A su vez, el anexo adjunto a la referida resolución indicó en el Capítulo IV en relación con la aplicación del Método Técnico de Priorización, lo siguiente:

“La aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su favor.

Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el desembolso de la medida de indemnización en la respectiva vigencia, la Unidad para las Víctimas procederá a aplicarles el Método cada año hasta que de acuerdo c