TA CUN - 25000-23-15-000-2006-00988-01-(04-05-2006)

ACUMULACION DE PRETENSIONES ACCION DE CUMPLIMIENTO – Improcedencia / RENUENCIA – Requisito de procedibilidad acción de cumplimiento La demandante pretende una acumulación de pretensiones, pues aunque la acción de cumplimiento es una sola, son varios las entidades demandadas y son diversas las pretensiones instauradas con respecto a cada una de ellas. Si en gracia de discusión fuera posible la acumulación de pretensiones en el proceso de acción de cumplimiento, en el presente caso, tampoco sería posible admitirla, por no reunir los requisitos para ello. Aunque a primera vista son las mismas disposiciones legales la causa que genera las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende, en relación con cada demandante y cada demandado serían diversas, toda vez que los hechos frente a los cuales se encuentra cada uno de los demandantes, dependerán en cada caso de las circunstancias particulares de éstos y de cada demandado. Además, no se ha acreditado en forma correcta la prueba de la renuencia, ya que en relación con la corporación justicia sin extradición, no se advierte que ésta, previamente y en los términos del numeral 5º del artículo 10 de la ley 393 de 1997, en armonía con el inciso segundo del artículo 8º ibídem, hubiese reclamado a todas y cada una de las entidades accionadas el cumplimiento de las normas que invoca como incumplidas.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN “A”

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil seis (2006)

Magistrada Ponente: Doctora STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

EXPEDIENTE No. : A.C. 25000-23-15-000-2006-00988-01

DEMANDANTE : JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN Y OTROS Acción de Cumplimiento Resuelve la Sala sobre la demanda presentada por la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN, y los señores LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA, LUZ MARINA RODRÍGUEZ GARCÍA, YURI TATIANA TOVAR PARRA, KELYYAMILE SÁNCHEZ, ÁNGEL HUMBERTO GALLEGO PARRA, ACENETH

PARRA ESPINOSA, YANETH NOGUERA ARAGONÉS, LEUCIDA TOVAR

PARRA, ELIÉCER MEDINA, VIRGINIA PARRA, ANDRÉS PRADA CAYCEDO, FRANCISCO JOSÉ VIEIRA GAVIRIA, HUMBERTO VELÁSQUEZ PRADA, -no privados de la libertad, y quienes no tienen interés personal o particular directo afectado con el incumplimiento de las normas con fuerza material de ley-,

ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ BETANCOURTH, MARLENE RENGIFO DE

JIMÉNEZ, LUZ MARIA HOYOS DE MESA, CALARA INÉS SANTANILLA

ANDRADE, BLANCA LOBO DE ISAZA, ISABEL C. MONTENEGRO DÍAZ,

GRECIA ESCOBAR O, CLAUDIA GARCÉS OCHOA, ELIZABETH CASTRO

ANDRADE, BLANCA LOBO DE ISAZA, ISABEL C. MONTENEGRO DÍAZ,

GRECIA ESCOBAR O, CLAUDIA GARCÉS OCHOA, ELIZABETH CASTRO

M., NANCY DURANGO DE GRAJALES, CARMEN MARIA PONTON C., MARIA LUISA BENÍTEZ MOLINA, LISETTE FRANCO, MARITZA CÁRDENAS DÍAZ, -ciudadanas colombianas, mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en el establecimiento Carcelario EL BUEN PASTOR-, ELKIN RENDÓN B., HERNANDO CELY L., GABRIEL J. ECHEVERRY, HERNÁN PRADA CORTES, JOSÉ TITO ULLOA MELO, EDWIN GUTIÉRREZ D., ZAFFA REUT, CARLOS R. ARANGO L., J. OSCAR PALACIOS, FARID CHAIN CH.,

JAMES VIVAS, GUSTAVO FIGUEROA, ADIOSTO HURTADO, FERNANDO

BEDOYA LOZANO, DIEGO JARAMILLO L., FERNANDO GERMÁN DELGADO

MAZO, RAFAEL ORTEGA, NELSON BARROS, FABIÁN DACARETT,

WENCESLAO FIGUEROA, ABELARDO ROJAS, FERNEY TOVAR PARRA,

GABRIEL G. V., JAIRO MOTTA VARGAS, VÍCTOR BAUDILLO CUELLAR

GARCÍA, JUAN ALBERTO CASTILLO ORTIZ, TOTO YAMIL ARENAS C.,

GABRIEL G. V., JAIRO MOTTA VARGAS, VÍCTOR BAUDILLO CUELLAR

GARCÍA, JUAN ALBERTO CASTILLO ORTIZ, TOTO YAMIL ARENAS C.,

HERNÁN ORTIZ QUINTERO, JUAN V. GÓMEZ C., HERNANDO ELI

CARRILLO ACERO, JORGE ORLANDO QUINTANA, JOSÉ ESCIPION

FERNÁNDEZ P., GONZALO SALAZAR, JOSÉ SMITH BURBANO G.,

RODRIGO LIBREROS, DIEGO T. OROZCO, GABRIEL SALAMANCA,

GERMÁN A. GONZÁLEZ B., EUDALDO JARAMILLO, GABRIEL

CONSUEGRA, JORGE E. SABOGAL R., ALDEMAR RENDÓN, RICARDO

PEDROZA, LIGNE ADEMIR ROMERO S., JESÚS TOVAR, RAFAEL RUIZ

ALVEAR, HÉCTOR JULIO LASSO LEYVA, RUBÉN DARÍO GARZÓN L.,

ALDEMAR IZQUIERDO C., JOHNNY SALINAS, ADOLFO TOLEDO MEDINA,

LEONEL LONDOÑO C., SAULO SALINAS, JAVIER MAURICIO REYES,

HUGO CAMALLO S., JORGE BAUTISTA MARTÍNEZ, JHON POSADA,

LEONARDO FABIO ARCINIEGAS, ERICK ABRAHAMS R., JUAN CARLOS

HUGO CAMALLO S., JORGE BAUTISTA MARTÍNEZ, JHON POSADA,

LEONARDO FABIO ARCINIEGAS, ERICK ABRAHAMS R., JUAN CARLOS

CRESPO, HUGO FILIGRANA B., JACKSON REGULO SIERRA VEGA, JUAN

CARLOS BARBA, CARLOS ALBERTO ESTRADA A., NICOLÁS TAPASCO,

EDISON RAMÍREZ G. HERNEY MONCAYO V., BERNARDO VALDES,

ARTURO MONTAÑO T., NELSON LÓPEZ OROZCO, DAVINSY GÓMEZ C.,

DIEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ S, JALAL SADAT, MANUEL F. SALAZAR,

LUIS ANTONIO VALENZUELA SIERRA, JUAN C. RESTREPO S., HUGO

FUENTES SÁNCHEZ, LUIS JORGE GUTIÉRREZ, JAIME H. MEJÍA, RAÚL

ALBERTO ÁLVAREZ HAMBURGER, MARLON GUERRERO ROMÁN,

GABRIEL CONSUEGRA ARROYO, KENDY J. MÁRQUEZ D., DAGOBERTO

FLORES RÍOS, EBLIN RAMÍREZ DÍAZ, ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ M.,

CARLOS ALBERTO BEJARANO, FABIÁN GUZMÁN, CARLOS ALBERTO

BONILLA, JUAN CARLOS ZAPATA, CHARLES CAMACHO, FABIO JAVID

RODRÍGUEZ, GERMÁN NAVARRO PALAU, MELECIO ROBERTO AGUILAR,

BONILLA, JUAN CARLOS ZAPATA, CHARLES CAMACHO, FABIO JAVID

RODRÍGUEZ, GERMÁN NAVARRO PALAU, MELECIO ROBERTO AGUILAR, CARLOS ROBAYO, JUAN CARLOS GASCA, CARLOS M. MONTOYA O, FERNANDO CADENA, JUAN DAVID ARISTIZABAL, JUAN CARLOSMARTÍNEZ VÉLEZ, MELQUISEDEC SERNA R., GADIER VILLEGAS C.,

GUSTAVO VERA, HUGO MAZUERA, JULIO PERFIRA, ALFONSO ÁLVAREZ,

GUILLERMO M. RESTREPO G., JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ BARRETO,

RICARDO MAURICIO BERNAL P., JUAN MANUEL BERNAL P., CAMILO

ANDRÉS ORTIZ, JUAN V GÓMEZ CASTRELLÓN, GUSTAVO A. PÉREZ S., JAIME A. PARADA, LEYNER VALENCIA, JOAQUIN A. ARAQUE LÓPEZ y ALFREDO DE VENGOECHEA -ciudadanos colombianos, mayores de edad, actualmente detenidos preventivamente con fines de extradición, con residencia forzada en el Establecimiento Carcelario de Máxima Seguridad de Cómbita, Departamento de Boyacá-, quienes actúan a través de apoderado, en ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, y desarrollada por la Ley 393 de 1997, contra los señores

ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, y desarrollada por la Ley 393 de 1997, contra los señores Presidente de la República, Ministro del Interior y de Justicia, Ministro de Relaciones Exteriores, Embajadores y Cónsules de Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin que den cumplimiento a las siguientes normas:

1. Preámbulo y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 y 93 de la Constitución

Política.

2. Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, aprobada mediante la Ley 13 de 1945.

3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París el 10 de diciembre de 1948.

4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado mediante la Ley 74 de 1968.

5. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante la Ley 17 de 1972.

6. La Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la que Colombia se hizo parte el 8 de diciembre de 1987.

7. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada en Colombia el 12 de febrero de 1998.

8. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la

aprobada en Colombia el 12 de febrero de 1998.

8. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975.

9. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de 1965.10.Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. 11.Los Principios básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990. 12.El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988. 13.Los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, recomendada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989. 14.El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución

Unidas en su Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989. 14.El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979. 15.Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 53/144 del 9 de diciembre de 1998.

Para resolver se considera: Mediante la presente acción de cumplimiento, la parte demandante solicita las

siguientes pretensiones:

“PRIMERA.

DECLARAR QUE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA, EN CABEZA DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOCTOR ÁLVARO URIBE

VÉLEZ, Y DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y DE

JUSTICIA, DOCTOR SABAS PRETELT DE LA VEGA, HA

SIDO RENUENTE A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CON

FUERZA MATERIAL DE LEY, DE DERECHO INTERNO Y DE

DERECHO INTERNACIONAL, A QUE SE REFIERE EL

CORRESPONDIENTE CAPÍTULO DE ESTA DEMANDA, CON

OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES

QUE LE OTORGA EL ARTICULO 509 DEL CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO PENAL CONTENIDO EN LA LEY 600 DE

JULIO 24 DE 2000 ( CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

QUE LE OTORGA EL ARTICULO 509 DEL CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO PENAL CONTENIDO EN LA LEY 600 DE

JULIO 24 DE 2000 ( CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL SISTEMA MIXTO) Y EL ARTICULO 491 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE QUE TRATA LA LEY 906 DEAGOSTO 31 DE 2004 (SISTEMA PROCESAL PENAL DE

TENDENCIA ACUSATORIA), EN RELACIÓN CON LA

POTESTAD DE AUTORIZAR O CONCEDER LA

EXTRADICIÓN DE NACIONALES COLOMBIANOS A

PETICIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA.

SEGUNDA.

COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR DECLARACIÓN,

ORDÉNESE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y AL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, DAR CABAL Y ESTRICTO

CUMPLIMIENTO, EN RELACIÓN CON LA EXTRADICIÓN DE

LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS DEMANDANTES EN

PARTICULAR ACTUALMENTE CAPTURADOS CON FINES

DE EXTRADICIÓN RECLUIDOS EN LAS DIVERSAS

CÁRCELES DEL PAÍS, Y EN GENERAL EN RELACIÓN CON

TODOS LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS O

EXTRANJEROS QUE SEAN CAPTURADOS CON FINES DE

EXTRADICIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA, A LAS, NORMAS CONSTITUCIONALES, Y

EXTRANJEROS QUE SEAN CAPTURADOS CON FINES DE

EXTRADICIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA, A LAS, NORMAS CONSTITUCIONALES, Y

A LAS NORMAS DEL IUS COGENS QUE CONFORMAN EL

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS, QUE SE RELACIONAN EN LA DEMANDA; EN,

VIRTUD DE LAS CUALES TALES AUTORIDADES ESTÁN

OBLIGADAS A PROTEGER A TODOS LOS NACIONALES

COLOMBIANOS SOLICITADOS EN EXTRADICIÓN, CONTRA

LA PRACTICA DE LA TORTURA, LA DISCRIMINACIÓN, Y

LOS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 0

DEGRADANTES; A VELAR POR EL EJERCICIO Y RESPETO

PLENO DE LA SOBERANÍA NACIONAL; A CONDUCIR LAS

RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO

COLOMBIANO CON ARREGLO A LOS PRINCIPIOS DE

IGUALDAD JURÍDICA DE LOS ESTADOS, LA LIBRE

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, Y LA NO

INGERENCIA DE OTROS GOBIERNOS EN LOS ASUNTOS

INTERNOS DEL PAÍS.

TERCERA.

CON CARÁCTER ESPECIAL, HACER SABER A LA

AUTORIDAD ACCIONADA, QUE DEBE OBSERVAR A

CABALIDAD EL PRINCIPIO DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO DEL PACTA SUN SERVANDA, Y POR

AUTORIDAD ACCIONADA, QUE DEBE OBSERVAR A

CABALIDAD EL PRINCIPIO DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO DEL PACTA SUN SERVANDA, Y POR

CONSIGUIENTE, DEBE HONRAR EL COMPROMISO

INTERNACIONAL ADQUIRIDO POR COLOMBIA DE

DEFENDER Y PRESERVAR LA DIGNIDAD INHERENTE AL

SER HUMANO, DE PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA.

LOS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS ODEGRADANTES. DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE

LAS NACIONES UNIDAS ONU, EN LA DECLARACIÓN

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; EN EL PACTO

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; EN

LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA); EN LA

CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA TORTURA Y OTROS

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O

DEGRADANTES; EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA

(DE LA OEA) PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA

TORTURA; EN LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LA

PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,

INHUMANOS O DEGRADANTES; EN LA CONVENCIÓN

INTERNACIONAL DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACIÓN DE

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,

INHUMANOS O DEGRADANTES; EN LA CONVENCIÓN

INTERNACIONAL DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACIÓN DE

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL; EN

LAS REGLAS MÍNIMAS DE LA ONU PARA EL

TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS; EN LOS PRINCIPIOS

BÁSICOS DE LA ONU PARA EL TRATAMIENTO DE LOS

RECLUSOS; EN EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS DE LA ONU

PAPA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS

SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O

PRISIÓN.

CUARTA.

POR CONSIGUIENTE, ORDÉNESELE AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DOCTOR

ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y AL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR Y DE JUSTICIA DOCTOR SABAS PRETELT DE LA

VEGA, ABSTENERSE DE AUTORIZAR O CONCEDER LA

EXTRADICIÓN DE LOS DEMANDANTES ACTUALMENTE

DETENIDOS Y DE LAS DEMÁS PERSONAS QUE EN

ADELANTE SEAN CAPTURADAS CON FINES DE

EXTRADICIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS POR SOLICITUD

DEL GOBIERNO DE DICHO PAÍS, EN VIRTUD DEL ACTUAL

E INMINENTE PELIGRO DE QUE TALES PERSONAS

PUEDAN SER SUJETOS A TORTURA, A DISCRIMINACIÓN

DEL GOBIERNO DE DICHO PAÍS, EN VIRTUD DEL ACTUAL

E INMINENTE PELIGRO DE QUE TALES PERSONAS

PUEDAN SER SUJETOS A TORTURA, A DISCRIMINACIÓN

POR RAZÓN DE SU ORIGEN NACIONAL, A TRATOS 0

PENAS CRUELES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES, 0 SE

LES PUEDA PRODIGAR UN TRATO DISCRIMINATORIO

ANTE LA LEY, Y POR PARTE DE LOS TRIBUNALES Y

CORTES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, ASÍ

COMO DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA CARCELARIO

NORTEAMERICANO; Y ADEMÁS, EN ATENCIÓN A QUE LAS

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA

LEY EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, NO OBSERVAN, NO RESPETAN LOS CONDICIONAMIENTOS QUE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y ELGOBIENRO DE COLOMBIA DETERMINAN Y ACUERDAN AL

MOMENTO DE CONCEDER LA EXTRADICIÓN DE

NACIONALES COLOMBIANOS.

QUINTA.

ORDENAR, QUE EN CASO DE QUE AL MOMENTO DE

QUEDAR EN FIRME EL FALLO DE LA ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO, EL GOBIERNO DE COLOMBIA HAYA

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTORIADA

LA EXTRADICIÓN DE LOS DEMANDANTES O DE

CUMPLIMIENTO, EL GOBIERNO DE COLOMBIA HAYA

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTORIADA

LA EXTRADICIÓN DE LOS DEMANDANTES O DE

CUALQUIER OTRA PERSONA HACIA LOS ESTADOS

UNIDOS, Y LA ENTREGA DE LA PERSONA REQUERIDA NO

SE HUBIESE REALIZADO, EL GOBIERNO SE ABSTENDRÁ

DE REALIZAR LA ENTREGA DEBIENDO EN

CONSECUENCIA ORDENAR LA LIBERTAD INMEDIATA DE

LAS PERSONAS CAPTURADAS Y MANTENIDAS EN

DETENCIÓN PREVENTIVA, SIN PERJUICIO DE LOS

REQUERIMIENTOS PENDIENTES QUE ELLAS PUDIEREN

TENER ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES, Y SIN

PERJUICIO DE QUE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA

PENAL DE COLOMBIA SOLICITE A LAS

CORRESPONDIENTES AUTORIDADES EXTRANJERAS LA

INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS QUE PUDIEREN OBRAR

EN CONTRA DE LOS SINDICADOS, PARA QUE SEAN

INVESTIGADOS, PROCESADOS Y EVENTUALMENTE

SANCIONADOS POR LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA.

SEXTA.

ORDENAR AL GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, AL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, AL MINISTRO

DE RELACIONES EXTERIORES, A LOS EMBAJADORES Y

CÓNSULES DE COLOMBIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, AL MINISTRO

DE RELACIONES EXTERIORES, A LOS EMBAJADORES Y

CÓNSULES DE COLOMBIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA, EJERCER UN PERMANENTE Y

EFECTIVO CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE

LOS CASOS DE LOS NACIONALES COLOMBIANOS QUE

HAN SIDO EXTRADITADOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA, CON EL FIN DE DETERMINAR SI ESTOS

SON SOMETIDOS A TORTURA, A DISCRIMINACIÓN, A

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 0

DEGRADANTES, ESPECIALMENTE PARA VERIFICAR QUE

SE CUMPLAN LOS CONDICIONAMIENTOS QUE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO

NACIONAL HAYAN ESTABLECIDO AL MOMENTO DE

CONCEDER LA EXTRADICIÓN, Y EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO DE TALES CONDICIONAMIENTOS O DE

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DE LOS EXTRADITADOS, PROCEDER A DENUNCIAR EL HECHO POR LA VÍA DIPLOMÁTICA Y PORLOS CANALES LEGALES CORRESPONDIENTES ANTE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE DEL PAÍS EXTRANJERO.” En el presente caso, la acción de cumplimiento fue instaurada por el señor CARLOS ARTURO TORO LÓPEZ, en calidad de apoderado de la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN y del grupo de personas mencionadas al inicio

En el presente caso, la acción de cumplimiento fue instaurada por el señor CARLOS ARTURO TORO LÓPEZ, en calidad de apoderado de la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN y del grupo de personas mencionadas al inicio de la presente providencia, es decir, que la parte accionante estaría conformada por cada una de las personas ya mencionadas, contra los demandados citados anteriormente, encontrándonos ante una indebida acumulación de pretensiones. Sobre un tema similar al que nos ocupa, que la Sala retoma para decidir el presente asunto, por compartirlo, el H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 26 de marzo de 1999, M.P. Doctor Daniel Manrique Guzmán, Expediente No. ACU-653, se pronunció así: “(...)

1. Sea lo primero advertir la perplejidad planteada en la demanda, que en forma poco técnica acumula diferentes pretensiones contra varios demandados.

La demandante pretende una acumulación de pretensiones, pues aunque la acción de cumplimiento es una sola, son varios las entidades demandadas y son diversas las pretensiones instauradas con respecto a cada una de ellas, por lo que debe determinarse si tal acumulación es procedente a la luz de lo establecido en los artículos 145 del Código Contencioso Administrativo y 82 del Código de Procedimiento Civil, al cual hace expresa referencia el primero de los textos citados.

2. Es cierto que el artículo 145 del Código Contencioso

Procedimiento Civil, al cual hace expresa referencia el primero de los textos citados.

2. Es cierto que el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo, hace referencia general a la posibilidad de acumulación de pretensiones “En todos los procesos Contencioso Administrativos”, pero no es menos cierto que el proceso a que se refiere la Ley 393 de 1997 si bien se tramita ante la jurisdicción contenciosa, es de tal naturaleza particular y breve, cuyas características especialísimas no permiten incluirlo dentro de la denominación “procesos administrativos”, a que se refiere el artículo 145 ib., por su peculiar carácter de proceso de ejecución especial.

3. Se destaca que en parte alguna de la Ley 393 de 1997 se autoriza la acumulación de pretensiones contra varios demandados y en relación con varias pretensiones, que de ser posible la ley lo habría establecido en forma expresa.

4. No es posible acumular las varias pretensiones esgrimidas, frente a 5 o 7 demandados para ser tramitadas en los angustiosos términos señalados en la Ley 393 de 1997, sin quepor esa vía se quebrante el debido proceso a que tienen derecho las entidades demandadas, en especial en la parte relacionada con el derecho de defensa que es necesario preservar a toda costa, sobre todo tratándose de procesos de la índole del de ejecución, como lo es el de cumplimiento, que se caracteriza por adelantarse con base en un título respecto del cual la participación de los demandados en su constitución

preservar a toda costa, sobre todo tratándose de procesos de la índole del de ejecución, como lo es el de cumplimiento, que se caracteriza por adelantarse con base en un título respecto del cual la participación de los demandados en su constitución es inexistente y respecto del que la posibilidad de defensa resulta en extremo precaria.

5. La Ley 393 de 1997 en sus diferentes artículos, no sólo no autoriza la posible acumulación de varias pretensiones contra varios demandados, sino que en la letra y en el espíritu de la mayoría del articulado (arts. 5°, 8°, 10-4, 13°, 17, 19, 21 y 26), expresamente se alude a “la autoridad”, aspecto que claramente indica que el demandado ha de ser siempre una autoridad singular. En cuanto que el artículo 30 ib. expresa la remisión al Código Contencioso Administrativo, ello sin perjuicio de que, como ya se dijo, el carácter de la acción de cumplimiento la aleja de los procesos administrativos ordinarios.

(...)”. Pero si en gracia de discusión fuera posible la acumulación de pretensiones en el proceso de acción de cumplimiento, en el presente caso, tampoco sería posible admitirla, por no reunir los requisitos para ello. Al respecto, se observa que el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil -aplicable al caso por mandato del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo-, permite formular en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados “… siempre que aquéllas provengan

-aplicable al caso por mandato del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo-, permite formular en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados “… siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros”. De lo anterior se desprende que la pretendida acumulación de pretensiones en una misma demanda de cumplimiento, de varios demandantes contra varios demandados, en este caso, Presidente de la República, Ministro del Interior y de Justicia, Ministro de Relaciones Exteriores, Embajadores y Cónsules de Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica, y con diversas pretensiones, no se acomoda a los requisitos exigidos por la norma citada, pues aunque a primera vista son las mismas disposiciones legales la causa que genera las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende, en relación con cada demandante y cada demandado serían diversas, toda vez que los hechos frente a los cuales se encuentra cada uno de los demandantes, dependerán en cada caso de las circunstancias particulares de éstos y de cada demandado. Con fundamento en las razones expuestas, se concluye que en el caso de autos, no existe la posibilidad jurídica de aceptar la acumulación depretensiones y, en consecuencia, habrá de rechazarse la acción de cumplimiento instaurada. Además, no se ha acreditado en forma correcta la prueba de la renuencia, ya que en relación con la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN, no se

cumplimiento instaurada. Además, no se ha acreditado en forma correcta la prueba de la renuencia, ya que en relación con la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN, no se advierte que ésta, previamente y en los términos del numeral 5º del artículo 10 de la ley 393 de 1997, en armonía con el inciso segundo del artículo 8º ibídem, hubiese reclamado a todas y cada una de las entidades accionadas el cumplimiento de las normas que invoca como incumplidas. Y con respecto a las personas demandantes mencionadas al inicio de esta providencia, tampoco acreditaron en debida forma la prueba de la renuncia, ya que la solicitud de cumplimiento que obra en el expediente no está dirigida a todos los demandados, sino únicamente a los señores Presidente de la República y Ministro del Interior y de Justicia, omitiendo, por tanto, hacerlo en relación con los señores Ministro de Relaciones Exteriores, Embajadores y Cónsules de Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica, frente a los cuales igualmente están dirigidas las pretensiones de la demanda. Por lo demás, y según se informa en el libelo demandatorio, algunos de los accionantes, como son los señores ELKIN RENDÓN B., HERNANDO CELY L., GABRIEL J. ECHEVERRY, HERNÁN PRADA CORTES, JOSÉ TITO ULLOA MELO, EDWIN GUTIÉRREZ D., ZAFFA REUT, CARLOS R. ARANGO L., J.

OSCAR PALACIOS, FARID CHAIN CH., JAMES VIVAS, GUSTAVO

MELO, EDWIN GUTIÉRREZ D., ZAFFA REUT, CARLOS R. ARANGO L., J.

OSCAR PALACIOS, FARID CHAIN CH., JAMES VIVAS, GUSTAVO

FIGUEROA, ADIOSTO HURTADO, FERNANDO BEDOYA LOZANO, DIEGO

JARAMILLO L., FERNANDO GERMÁN DELGADO MAZO, RAFAEL ORTEGA,

NELSON BARROS, FABIÁN DACARETT, WENCESLAO FIGUEROA,

ABELARDO ROJAS, FERNEY TOVAR PARRA, GABRIEL G. V., JAIRO

MOTTA VARGAS, VÍCTOR BAUDILLO CUELLAR GARCÍA, JUAN ALBERTO

CASTILLO ORTIZ, TOTO YAMIL ARENAS C., HERNÁN ORTIZ QUINTERO,

JUAN V. GÓMEZ C., HERNANDO ELI CARRILLO ACERO, JORGE

ORLANDO QUINTANA, JOSÉ ESCIPION FERNÁNDEZ P., GONZALO

SALAZAR, JOSÉ SMITH BURBANO G., RODRIGO LIBREROS, DIEGO T.

OROZCO, GABRIEL SALAMANCA, GERMÁN A. GONZÁLEZ B., EUDALDO

JARAMILLO, GABRIEL CONSUEGRA, JORGE E. SABOGAL R., ALDEMAR

RENDÓN, RICARDO PEDROZA, LIGNE ADEMIR ROMERO S., JESÚS

TOVAR, RAFAEL RUIZ ALVEAR, HÉCTOR JULIO LASSO LEYVA, RUBÉN

RENDÓN, RICARDO PEDROZA, LIGNE ADEMIR ROMERO S., JESÚS

TOVAR, RAFAEL RUIZ ALVEAR, HÉCTOR JULIO LASSO LEYVA, RUBÉN

DARÍO GARZÓN L., ALDEMAR IZQUIERDO C., JOHNNY SALINAS, ADOLFO

TOLEDO MEDINA, LEONEL LONDOÑO C., SAULO SALINAS, JAVIER

MAURICIO REYES, HUGO CAMALLO S., JORGE BAUTISTA MARTÍNEZ,

JHON POSADA, LEONARDO FABIO ARCINIEGAS, ERICK ABRAHAMS R.,

JUAN CARLOS CRESPO, HUGO FILIGRANA B., JACKSON REGULO

SIERRA VEGA, JUAN CARLOS BARBA, CARLOS ALBERTO ESTRADA A.,

NICOLÁS TAPASCO, EDISON RAMÍREZ G. HERNEY MONCAYO V.,

BERNARDO VALDES, ARTURO MONTAÑO T., NELSON LÓPEZ OROZCO,

DAVINSY GÓMEZ C., DIEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ S, JALAL SADAT,

MANUEL F. SALAZAR, LUIS ANTONIO VALENZUELA SIERRA, JUAN C.

RESTREPO S., HUGO FUENTES SÁNCHEZ, LUIS JORGE GUTIÉRREZ,

JAIME H. MEJÍA, RAÚL ALBERTO ÁLVAREZ HAMBURGER, MARLON

RESTREPO S., HUGO FUENTES SÁNCHEZ, LUIS JORGE GUTIÉRREZ, JAIME H. MEJÍA, RAÚL ALBERTO ÁLVAREZ HAMBURGER, MARLON GUERRERO ROMÁN, GABRIEL CONSUEGRA ARROYO, KENDY J.MÁRQUEZ D., DAGOBERTO FLORES RÍOS, EBLIN RAMÍREZ DÍAZ,

ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ M., CARLOS ALBERTO BEJARANO, FABIÁN

GUZMÁN, CARLOS ALBERTO BONILLA, JUAN CARLOS ZAPATA,

CHARLES CAMACHO, FABIO JAVID RODRÍGUEZ, GERMÁN NAVARRO

PALAU, MELECIO ROBERTO AGUILAR, CARLOS ROBAYO, JUAN CARLOS

GASCA, CARLOS M. MONTOYA O, FERNANDO CADENA, JUAN DAVID

ARISTIZABAL, JUAN CARLOS MARTÍNEZ VÉLEZ, MELQUISEDEC SERNA

R., GADIER VILLEGAS C., GUSTAVO VERA, HUGO MAZUERA, JULIO

PERFIRA, ALFONSO ÁLVAREZ, GUILLERMO M. RESTREPO G., JOSÉ

GUILLERMO RAMÍREZ BARRETO, RICARDO MAURICIO BERNAL P., JUAN

MANUEL BERNAL P., CAMILO ANDRÉS ORTIZ, JUAN V GÓMEZ

GUILLERMO RAMÍREZ BARRETO, RICARDO MAURICIO BERNAL P., JUAN

MANUEL BERNAL P., CAMILO ANDRÉS ORTIZ, JUAN V GÓMEZ

CASTRELLÓN, GUSTAVO A. PÉREZ S., JAIME A. PARADA, LEYNER VALENCIA, JOAQUÍN A. ARAQUE LÓPEZ y ALFREDO DE VENGOECHEA, se encuentran recluidos en el Establecimiento Carcelario de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), por lo que frente a los mismos existiría una falta de competencia, ya que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 393 de 1997, el juez competente para conocer en primera instancia de la acción de cumplimiento es el del domicilio del accionante, en relación con los cuales, el competente sería el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. En este orden de ideas, se rechazará de plano la acción de cumplimiento instaurada. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección “A”,

R E S U E L V E

1. RECHAZAR de plano la demanda presentada en ejercicio de la acción de cumplimiento, por la Corporación JUSTICIA SIN EXTRADICIÓN Y OTROS, quienes actúan a través de apoderado.

2. NOTIFÍQUESE por estado y comuníquese telegráficamente al apoderado de la parte demandante.

3. ORDÉNASE la devolución de los anexos, sin necesidad de desglose, y archívese la actuación previas las constancias del caso.

2. NOTIFÍQUESE por estado y comuníquese telegráficamente al apoderado de la parte demandante.

3. ORDÉNASE la devolución de los anexos, sin necesidad de desglose, y archívese la actuación previas las constancias del caso.

4. RECONÓCESE personería al doctor CARLOS ARTURO TORO LÓPEZ, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Discutido y aprobado en la sesión realizada en la fecha. Las Magistradas,

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTOMARÍA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE

LUZ MARY CÁRDENAS VELANDIA