TA CUN - 25000-23-42-000-2020-01191-00-(13-05-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN

Bogotá D. C., trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP1. ASUNTO

Procede la sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por la señora Martha Cecilia García Bernal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuc iones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP).

2. PRETENSIONES

2.1 La señora Martha Cecilia García Bernal en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral presentó demanda1 contra la UGPP, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 005077 del 24 de febrero de 2020 y RDP 010291 de 24 de abril de 2020 que le negaron el reconocimiento de una pensión de jubilación gracia.

Como consecuencia de las ante riores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la entidad demandada, a:

2.2 Reconocer y pagarle una pensión de jubilación gracia, teniendo en cuenta todos los

Como consecuencia de las ante riores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la entidad demandada, a:

2.2 Reconocer y pagarle una pensión de jubilación gracia, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por ella durante el a ño anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada.

2.3 Pagar la indemnización moratoria establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

2.4 Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

3. HECHOS

Los relacionados por la parte demandante y jurídicamente relevantes son los siguientes2:

1 Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 1-2. 2 Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 3-5.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 2

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

3.1 La señora Martha Cecilia García Bernal nació el 13 de mayo de 1953.

3.2 La demandante prestó sus servicios desde el 1.º de marzo de 1975 como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá.

3.3 El 17 de diciembre de 2019 la accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación gracia.

3.4 La UGPP despachó desfavorablemente la anterior petición , mediante la Resolución No. 005077 de 24 de febrero de 2020.

pago de una pensión de jubilación gracia.

3.4 La UGPP despachó desfavorablemente la anterior petición , mediante la Resolución No. 005077 de 24 de febrero de 2020.

3.5 El 11 de marzo de 2020 la demandante interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión.

3.6 La UGPP confirmó la decisión recurrida con la Resolución No. RDP 010291 de 24 de abril de 2020.

4. NORMAS VULNERADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se aducen como transgredidos por los actos acusados, los siguientes preceptos3:

• Artículos 2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política - Ley 114 de 1913. - Ley 116 de 1928. - Ley 37 de 1933. - Ley 43 de 1975. - Ley 91 de 1989

Como argumentos para sustentar la vulneración de las normas señaladas en precedencia, señala que contrario a lo afirmado en los actos administrativos acusados, la demandante tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia, en tanto cumplió con la totalidad de requisitos que señalan las normas para el efecto.

Al respecto, refirió que la accionante laboró al servicio docente en el nivel preescolar, el que hace parte de la educación formal; así mismo, se vinculó desde el año 197 5 al orden nacionalizado de la educación, y en el mismo completó 20 años de servicios y 50 años de edad, siendo estos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación gracia.

Por lo tanto, concluyó que en el presente asunto se debe acceder a las súp licas de la

edad, siendo estos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación gracia.

Por lo tanto, concluyó que en el presente asunto se debe acceder a las súp licas de la demanda, como quiera que la demandante satisface cabalmente los requisitos contemplados en la Leyes 114 de 1913 , 116 de 1926 y 37 de 1933, para ser acreedora de la pensión de jubilación gracia.

5. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UGPP contestó la demanda4 a través de escrito en el que se refirió a los hechos relatados en ella y se opuso a las pretensiones allí formuladas.

3 Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 5-21. 4 Documento No. 11 índice Expediente Digital Samai.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 3

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Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

Para el efecto, expuso que la demandante no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 para ser acreedora de la pensión de jubilación gracia, pues no logró acreditar que se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980 como docente territorial o nacionalizada y, que prestó sus servicios en alguna de dichas categorías por 20 años.

En tal medida, refiere que conforme a las normas que regulan la prestación pensional y a la jurisprudencia expedida al respecto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la pensión gracia no puede ser reconocida a los docentes del orden nacional, en tanto existe una prohibición legal contenida en la Ley 37 de 1933.

jurisprudencia expedida al respecto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la pensión gracia no puede ser reconocida a los docentes del orden nacional, en tanto existe una prohibición legal contenida en la Ley 37 de 1933.

Por lo tanto, la UGPP considera que la demandante no cumple con la totalidad de requisitos para ser acreedora de la pensión gracia pretendida, pues los tiempos laborados como docente de carácter nacional no se pueden computar para tales efectos . En otras palabras, la accionante no cumple con las exigencias efectuadas en la Ley 114 de 1913 y demás normas, a fin de reconocer la prestación que reclama.

En tales condiciones, solicita que las pretensiones de la demanda sean denegadas.

6. ACTUACIÓN PROCESAL

La demanda se presentó el 1 8 de diciembre de 20205 y se admitió mediante proveído de 5 de mayo de 20216, el cual fue notificado en forma personal a través del envío al buzón de correo electrónico de la UGPP7.

Mediante providencia de 9 de febrero de 20228 se fijó el litigio y se incorporaron las pruebas aportadas al plenario por las partes (art. 42 Ley 2080 de 2021); y con proveído de 9 de marzo del mismo año9 se corrió traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que alegaran de conclusión.

6.1 Ministerio Público : rindió concepto en el que solicitó se nieguen las súplicas de la demanda, toda vez que la accionante no l ogró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos acusados, como quiera que no tiene derecho a la pensión

demanda, toda vez que la accionante no l ogró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos acusados, como quiera que no tiene derecho a la pensión que reclama, puesto que su vinculación a la docencia es de carácter nacional, no cumpliendo así con la exigencia de tiempo de servicios efectuada por la normatividad10.

6.2 UGPP: en sus alegatos finales reiteró que en el presente asunto las súplicas de la demanda deben ser despachadas desfavorablemente, toda vez que la accionante no cumplió con los requisitos de 20 años de servicios como docente del orden nacionalizado o territorial y, 50 años de edad, antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, no consolidó el estatus jurídico de pensionada antes del 29 de diciembre de 198911.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1 Competencia

5 Documento No. 6 índice Expediente Digital Samai. 6 Documento No. 8 índice Expediente Digital Samai. 7 Documento No. 9 índice Expediente Digital Samai. 8 Documento No. 16 índice Expediente Digital Samai. 9 Documento No. 19 índice Expediente Digital Samai. 10 Documento No. 21 índice Expediente Digital Samai. 11 Documento No. 22 índice Expediente Digital Samai.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 4

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

Es competente esta corporación para conocer del medio de control promovido en este

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

Es competente esta corporación para conocer del medio de control promovido en este asunto, tal como lo establece el artículo 152 (ordinal 2.°) de la Ley 1437 de 2011, vigente para la época en que se presentó la demanda.

7.2 Problema jurídico planteado

Corresponde determinar a la sala si, ¿la señora Martha Cecilia García Bernal tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión jubilación de gracia por acreditar el cumplimiento de las exigencias que prevé el artículo 4.º de la Ley 114 de 1 913 y demás normas concordantes, o si, por el contrario, no hay lugar a la concesión del derecho pretendido, al no cumplir con la exigencia de tiempo de servicios?

7.3 Tesis que resuelven el problema jurídico

7.3.1 Tesis de la parte demandante

Considera que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues cumple con los requisitos exigidos para ello, en tanto se vinculó desde el año 197 5 al orden nacionalizado de la educación y en el mismo completó 20 años de servicios y 50 años de edad, siendo estos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación gracia.

7.3.2 Tesis de la parte accionada

La UGPP estima que no hay lugar al reconocimiento pretendido, como quiera que la accionante no cumple con uno de los requisitos para ser acreedora de la pensión de jubilación gracia, esto es, 20 años de servicios en la docencia oficial del orden nacionalizado, departamental, municipal o distrital.

7.3.3 Tesis del Ministerio Público

jubilación gracia, esto es, 20 años de servicios en la docencia oficial del orden nacionalizado, departamental, municipal o distrital.

7.3.3 Tesis del Ministerio Público

Conceptuó que se deben negar las súplicas de la demanda, dado que la accionante no tiene derecho a la pensión que reclama, puesto que su vinculación a la docencia es de carácter nacional, motivo por el cual no cumple con el requisito de tiempo de servicios efectuado por la normatividad.

7.3.3 Tesis de la sala

Se negarán las súplicas de la demanda como quiera que la demandante no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, puesto que la vinculación que ostentó con la Secretaría de Educación de Bogotá lo fue de carácter nacional y no territorial como lo exige la norma, por tanto, no hay lugar al reconocimiento pretendido.

8. HECHOS PROBADOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

HECHOS PROBADOS MEDIO PROBATORIO 8.1 La señora Martha Cecilia García Bernal nació el 13 de mayo de 1953.

Documental: Copia de la cédula de ciudadanía

(Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fl. 99).Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 5

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Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

8.2 La demandante laboró al servicio de la docencia oficial, así:

Nombramiento Entidad nominadora Desde Hasta Colegio Pureza de María Ministerio de Educación Nacional

Demandado: UGPP

8.2 La demandante laboró al servicio de la docencia oficial, así:

Nombramiento Entidad nominadora Desde Hasta Colegio Pureza de María Ministerio de Educación Nacional 01/03/1975 Vigente Documentales: - Copia de la Resolución de nombramiento No. 1646 de 10 de abril de 1975 (Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 75-91). - Acta de posesión de la señora Martha Cecilia García Bernal ante el Ministerio de Educación Nacional (Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fl. 73). - Formato único para la expedición de l certificado de historia laboral, elaborado por la Secretaría de Educación de Bogotá (Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fl. 97). 8.3 El 17 de diciembre de 2019 la accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, solicitud que fue resuelta desfavorablemente por la entidad demandada con la Resolución No. RDP 005077 del 24 de febrero de 2020.

Documental: Copia del acto administrativo (Documento

No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 47-51). 8.4 Contra la anterior decisión la demandante interpuso oportunamente el recurso de apelación, el cual fue desatado por la UGPP por medio de la RDP 010291 de 24 de abril de 2020, confirmándola en todas sus partes.

Documentales: Copia del acto

administrativo Documento No. 5 índice Expediente Digital

cual fue desatado por la UGPP por medio de la RDP 010291 de 24 de abril de 2020, confirmándola en todas sus partes.

Documentales: Copia del acto

administrativo Documento No. 5 índice Expediente Digital Samai Fls. 61-67).

9. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE

9.1 De la pensión gracia

En primer lugar, es del caso precisar que la pensión gracia es una prestación con cargo a la Nación, y es otorgada en virtud de lo dispuesto en la Ley 114 de 1913 a aquellos docentes de primaria que hubieren desempeñado labores por veinte (20) años al servicio de lo s departamentos y municipios, y que contaran con cincuenta (50) años de edad, sin requerir para su reconocimiento haber realizado cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social.

Para efectos del reconocimiento, los docentes también debían reunir los siguientes requisitos exigidos por el artículo 4.° de la misma ley, así:

“Artículo 4°. - Para gozar de la pensión gracia será preciso que el interesado compruebe: 1° Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2° Que carece de medio de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres. (Derogado por la Ley 45 de 1913).Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 6

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

3° Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de

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Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

3° Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento. 4° Que observe buena conducta. 5° Que si es mujer esté soltera o viuda. (Derogado por la Ley 45 de 1913) 6º Que h a cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 dispuso que la pensión gracia se debía reconocer a los empleados y profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción pública, y estableció que se podía acumular el tiempo de servicio prestado en enseñanza primaria con el ofrecido en las escuelas normales.

Adicionalmente, la Ley 37 de 1933 permitió computar el tie mpo de servicio de enseñanza primaria o en escuela normal con el de secundaria para completar el requisito de veinte (20) años de servicios. Sobre los alcances de dicha ley, vale indicar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa12, al precisar que la intención de esa norma fue la de extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos.

En cuanto al monto de la prestación, de conformidad con el artículo 2.º de la Ley 114 de

extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos.

En cuanto al monto de la prestación, de conformidad con el artículo 2.º de la Ley 114 de 1913, éste correspondía a la mitad del sueldo que hubiere devengado el respectivo docente en los dos (2) últimos años, y en caso de que hubiese presentado variación se tomaría el promedio de los diversos sueldos. Años más tarde, con la Ley 24 de 1947 que modificó el artículo 29 de la Ley 6.ª de 1945, indicó que las pensiones reconocidas a los servidores del ramo docente se liquidarían con el promedio de los sueldos deve ngados durante el último año de servicios.

Posteriormente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4.ª de 1966, se estableció que las pensiones de jubilación o de invalidez a que tuvieran derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarían y pagarían tomando como base el 75% del promedio mensual de los salarios obtenidos durante el último año de servicios, sin excluir alguna de las pensiones otorgadas a los servidores oficiales. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, que en el artículo 5.º señaló lo siguiente:

“Artículo Quinto. -A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de

trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público”.

Más adelante, a raíz del proceso de nacionalización de la educación consagrado en la Ley 43 de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación y se

12 v. C.E., Sec. Segunda, Sent. 10665 jun.16/1995. M.P Dra. Clara Forero de Castro; (ii) C.E., Sección Segunda, 200004697-01(5373-05), agos. 24/2006. C.P.: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, y (iii) C.E., Sección Segunda, Sent. 2003-00181-01(1083-06), feb.22/2007 C.P.: Alberto Arango Mantilla. 13 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se di stribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 7

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

estableció que los gastos que ocasionara la prestación del servicio educativo que antes sufragaban los departamentos, intendencias, comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, serían a cargo de la Nación.

Demandado: UGPP

estableció que los gastos que ocasionara la prestación del servicio educativo que antes sufragaban los departamentos, intendencias, comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, serían a cargo de la Nación.

Por su parte, la Ley 91 de 1989 en el artículo 15, numeral segundo, literal A), determinó la vigencia de la pensión gracia. Sobre la interpreta ción de dicha ley se presentaron algunas discrepancias en la jurisprudencia, sin embargo, el Consejo de Estado en sala plena en sentencia del 27 de agosto de 1997 14 definió con claridad el ámbito de aplicación de esta norma frente a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1993, así:

“6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 ib.) hecho que indica q ue el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, a demás de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por

dice la Ley 91 de 1989, a demás de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia C –84 de 199915 declaró exequibles las expresiones: “vinculados a partir del 1º de enero de 1981”, “y para aquéllos”, contenidas en el artículo 15, numeral 2.º, literal b) de la Ley 91 de 1989, al señalar que la pensión gracia se reconoce únicamente a aquellos docentes que se encontraran vinculados laboralmente como territoriales, pues los vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacion al no tendrían derecho, sin que implique vulneración al derecho a la igualdad, en su momento señaló:

“Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio

para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o

14 C.E., Sección Segunda, Sent. Exp. S-699, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. 15 C. Const. Sent. C-84, feb.17/1999.M.P Alfredo Beltrán Sierra.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 8

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Demandante: Martha Cecilia García Bernal

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reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del em pleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de

asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sex o, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en este caso”.

9.2 Requisitos de reconocimiento

Con fundamento en las reglas y subreglas señaladas, se precisa que: i) los docentes nacionales no tienen derecho a la pensión gracia; ii) la normativa impidió el goce de ese beneficio a los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; iii) la pensión gracia es compatible con el pago de otra erogación de carácter nacional -pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación-, pero solo para aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en la Ley 91 de 1989 quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio.

En el mismo sentido, el parágrafo 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 ratificó la vigencia de la pensión gracia de los educadores, al señalar lo siguiente:

“PARÁGRAFO 2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 , continuará a cargo de la

“PARÁGRAFO 2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 , continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales”.

Con apoyo en lo antes expuesto, se tiene que en las Leyes 114 de 1993, 116 de 1928, 37 de 1933, 4.ª de 1966 y 91 de 1989, se estableció una pensión especial, cuyos requisitos para concederla son: (i) cumplir cincuenta (50) años de edad; (ii) haber ingresado al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980; (iii) veinte (20) años de prestación de servicios como docente de carácter territorial y, (iv) haber observado una buena conducta en el desempeño del cargo. De igual manera, se desprende que dicha prestación se liquida con el 75% del promedio de lo devengado en el últi mo año de servicios, que en este caso corresponde al anterior a la adquisición del estatus pensional.

9.3 De la sentencia de unificación por importancia jurídica CE - SUJ-SII-11-2018 – Reconocimiento pensión gracia - docentes nacionales, nacionalizados y territoriales

En la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 16, el Consejo de Estado estudió los aspectos determinantes para el reconocimiento de la pensión gracia, entre otros, los siguientes: el situado fiscal y el sistema general de participaciones, la naturaleza jurídica de los recursos, los fondos educativos regionales (FER), la prueba de calidad de docente, y la

aspectos determinantes para el reconocimiento de la pensión gracia, entre otros, los siguientes: el situado fiscal y el sistema general de participaciones, la naturaleza jurídica de los recursos, los fondos educativos regionales (FER), la prueba de calidad de docente, y la

16 C.E., Sec. Segunda, Sent. 20130468301 (3805-2014), jun. 21/2018 M.P Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.Expediente: 25000-23-42-000-2020-01191-00 Página No. 9

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Demandante: Martha Cecilia García Bernal

Demandado: UGPP

clasificación de docentes en nacionales, nacionalizados y territoriales. Esto último en los siguientes términos:

“En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la al udida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial. Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975). Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades d e ese orden a partir del 1.° de enero de 1976, sin el

por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975). Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades d e ese orden a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto”.

Sobre la prueba para demostrar la calidad de docente territorial, esa corporación concluyó:

“vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial”.

En la citada providencia se concluyó que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada. Lo anterior, teniendo en cuenta que en lo que respecta a los educadores territoriales el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la res pectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

sufragaban