TA CUN - 25000231500020230086900-(26-10-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN

Bogotá D.C., Veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) RADICADO: 25000 – 23 – 15 – 000 – 2023 – 00869 – 00

ACCIONANTE: Diana Mayerly Buitrago Grajales

ACCIONADO: Consejo Nacional Electoral ACCIÓN: Tutela TEMA: Derecho a elegir y ser elegido

INSTANCIA: Primera

Decide la Sala la acción constitucional de tutela interpuesta por Diana Mayerly Buitrago Grajales en nombre propio, contra el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE), por medio de la cual solicita la protección del derecho fundamental a elegir y ser elegido.

I. ANTECEDENTES

1.1. De la solicitud de tutela

Diana Mayerly Buitrago Grajales en nombre propio formuló acción de tutela en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política, contra la CNE, solicitando el amparo constitucional de su derecho fundame ntal a elegir y ser elegido, con fundamento en la Resolución 6478 de 2023 por medio de la cual se dejó sin efecto la inscripción de su cédula en el municipio de la Cajicá, Cundinamarca. Para el efecto, concretó la petición de amparo en la siguiente forma:

1. Solicito respetuosamente se le ORDENE al CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL REGISTRADURIA NACIONAL Y

Cajicá, Cundinamarca. Para el efecto, concretó la petición de amparo en la siguiente forma:

1. Solicito respetuosamente se le ORDENE al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REGISTRADURIA NACIONAL Y MUNICIPAL DE CAHICÁ que convalide y active mi registro deRadicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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cédula para las votaciones municipales en el municipio de Cajicá.

1.2. Hechos.

El accionante alega que mediante Resolución 6478 del 9 de agosto de 2023 el Consejo Nacional Electoral decidió dejar sin efecto la inscripción de su cédula para votar en el municipio de Cajicá.

Presentó recurso de reposición contra la Resolución anteriormente referenciada y a la fecha de presentación de la acción constitucional se encuentra registrada en la ciudad de Bogotá para ejercer su derecho al coto y no en el municipio de Cajicá.

1.3. De la actuación procesal

Recibida la acción de tutela y repartida a este despacho, se dispuso su admisión mediante auto de 18 de octubre de 2023, ordenando su notificación al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil, con el fin de que rindiera informe sobre los hechos constitutivos de tutela.

El 24 de octubre de 2023 el Consejo Nacional Electoral rindió el informe requerido, a través de la oficina de asesoría jurídica y defensa judicial, sin

de tutela.

El 24 de octubre de 2023 el Consejo Nacional Electoral rindió el informe requerido, a través de la oficina de asesoría jurídica y defensa judicial, sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil no allego respuesta alguna.

1.4. Informe Consejo Nacional Electoral

La entidad solicitó ser desvinculado del proceso, como quiera que no ha vulnerados derechos fundamentales, al respecto, argumentó que mediante Resolución número 6478 del 8 de agosto de 2023, se dejó sin efectos la inscripción de cédulas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, mismo que fue discutido por el accionante y mediate Resolución 8411 del 8 de septiembre de 2023, resolvió no reponer a decisión.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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De igual manera, alega la improcedencia de la acción, bajo las siguientes

consideraciones:

Frente al caso objeto de estudio de la Tutela incoada por el accionante el Consejo Nacional Electoral es la autoridad administrativa competente para el resolver y en proceso breve y sumario dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas; al haberse, presentado por parte del accionante el respectivo recurso dentro del término, recursos que fueron resueltos mediante la Resolución 8411 del 08 de septie mbre de 2023, se dan por no vulnerados los derechos fundamentales invocados, utilizando otro medio de defensa para la protección de sus derechos.

mediante la Resolución 8411 del 08 de septie mbre de 2023, se dan por no vulnerados los derechos fundamentales invocados, utilizando otro medio de defensa para la protección de sus derechos.

Reiterando que, el mecanismo de control de los actos administrativo no corresponde a la acción de tutela, si no al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya competencia estriba en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mecanismo que impide hacer uso de la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado conforme a lo establecido en el artículo 231 y siguientes de la ley 1437 de 2011.

(…)

1.5. Informe Registraduría General de la Nación

Pese a que la entidad fue notificada, no se allego el informe requerido.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, son competentes para asumir en primera instancia su conocimiento, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivare la presentación de la solicitud.

Por su parte el Decreto 333 de 2021, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas deRadicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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reparto de la acción de tutela” , señala en su artículo 1, numeral 3 1 que la acción de tutela promovida contra el Consejo Nacional Electoral será repartida, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

Así las cosas, al dirigirse la presente acción contra el Consejo Nacional Electoral, recae en este Tribunal la competencia para conocer del asunto, por lo tanto, procederá a su estudio de la forma desarrollada en los acápites siguientes.

2.2. Requisitos generales de procedencia de la acción

La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política, ha sostenido que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela a verificar por el juez previo al estudio del fondo del asunto, se concretan en los siguientes:

1. Legitimación en la causa por activa o pasiva; ii) Afectación de derechos fundamentales, requisito que impone examinar el objeto de la acción dirigido a la protección de derechos fundamentales, así como la existencia actual de la acción o la omisión generadora de la afectación, esto es que el amparo no carezca de objeto por hecho superado o daño consumado; iii)

a la protección de derechos fundamentales, así como la existencia actual de la acción o la omisión generadora de la afectación, esto es que el amparo no carezca de objeto por hecho superado o daño consumado; iii) Instauración del amparo dentro de un término oportuno, justo y razonable a partir de la ocurrencia de la acción o la omisión generadora de la afectación, para cuya determinación corresponde al juez valorar las especificas circunstancias del caso y la gravedad de la violación de derechos fundamentales (inmediatez); y iv) Agotamiento de los mecanismos

1 (…) ARTÍCULO 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2 .2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: "ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (….)

3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General d e la República, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia

Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, serán repartidas, a los Tribunales Sup eriores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. (…)Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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judiciales disponibles, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías sean inexistentes o ineficaces (subsidiaridad)2.

2.2.1. Legitimación en la causa

Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se encuentra instituida a favor de toda persona, para que por sí misma o por quien actúe en su nombre, reclame ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefe nsión.

En forma concordante, sobre la legitimidad e interés para instaurar la acción de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 3 señala a los directos titulares afectados y las personas que actúen en su nombre por poder o agencia oficiosa, y en cu mplimiento de sus funciones, el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

2.2.1.1. Legitimación en la causa por activa

Revisadas las pruebas obrantes en el expediente esta Sala advierte la legitimación en la causa por activa de Diana Mayerly Buitrago Grajales, quien actúa en nombre propio y refiere la vulneración de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, en razón a la expedición de la Resolución 6478 del 09 de agosto de 2023 por medio de la cual dejó sin

2 Corte Constitucional. T -788 de 12 de noviembre de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Expediente T-3.956.130. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 23 de octubre de 2014. Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Rad. No. 25000 -23-41-0002013-02686-01(AC) 3 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y

2013-02686-01(AC) 3 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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efecto la inscripción de cédulas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Se encuentra legitimado por activa.

2.2.1.2. Legitimación en la causa por pasiva

Se encuentra legitimado en la causa por pasiva el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que, de conformidad con el memorial de tutela, a su actuación se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido de Diana Mayerly Buitrago Grajales.

2.2.2. De la inmediatez en la instauración del amparo

Conforme al Artículo 86 de la Constitución Política que dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales, el funcionario judicial debe verificar que el amparo sea

Conforme al Artículo 86 de la Constitución Política que dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales, el funcionario judicial debe verificar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que requieren de maner a urgente la intervención del juez de tutela y que por lo tanto el amparo se instauró dentro de un término oportuno, justo y razonable a partir de la ocurrencia de la acción o la omisión generadora de la afectación, para cuya determinación corresponde al juez valorar las especificas circunstancias del caso y la gravedad de la violación de derechos fundamentales 4

Para el presente caso, se encuentra superado este requisito como quiera que el acto administrativo objeto de discusión a través de la presente acción de tutela, data del 9 de agosto de 2023.

2.2.3. Subsidiaridad de la acción de tutela.

Toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el restablecimiento inmediato de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela, conforme lo dispone el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no cuente con otro medio judicial de protección, la acción se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o existiendo otro medio judicial de

4 Corte Constitucional, Sentencia T-691 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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protección, este no resulte idóneo para la defensa de los derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Respecto de la procedencia de la acción de tutela para garantizar derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha considerado 5, que al ser un medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de l os derechos invocados; y que al existir otras instancias judiciales que resultare eficaces y expeditas para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de tutela, pues el amparo no puede desplazar los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común 6.

2.3. Problema jurídico

En el presente asunto, la Sala procederá a resolver dos problemas jurídicos, a saber: i) Corresponde establecer si la acción de tutela es procedente para cuestionar la legalidad del acto administrativo proferido por la CNE, mediante el cual se dejó sin efecto la inscripción del actor para votar en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y ii) de ser afirmativo, la Sala procederá a examinar de fondo si existe vulneración de derechos fundamentales. 00

2.4. De los medios de prueba

Obran en el expediente los siguientes relevantes medios de prueba:

2.4.1. Parte accionante

a examinar de fondo si existe vulneración de derechos fundamentales. 00

2.4. De los medios de prueba

Obran en el expediente los siguientes relevantes medios de prueba:

2.4.1. Parte accionante

• Constancia radicación recurso de reposición. - Copia cédula de ciudadanía. - Certificado expedido por el Condominio Campestre Quintas del

Molino.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 6 Corte Constitucional, Sentencia SU622 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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2.4.2. Parte accionada

• Expediente administrativo que derivó en las Resoluciones 6486 de 2023 y 8411 del 8 de septiembre de 2023.

2.5. Derecho a elegir y ser elegido

El artículo 40 de la Constitución Política establece dentro de los derechos políticos el de elegir y ser elegido, como máxima expresión del derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control político7.

Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido, que el derecho a alegado, debe ser entendido en su doble dimensión, así:

El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir

alegado, debe ser entendido en su doble dimensión, así:

El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado. (…) (Resaltado fuera de texto)8

En igual sentido, ha establecido el alcance de la acción de tutela para la protección por esta vía, estableciendo la necesidad de encontrarse ante la causación de un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

Cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado, toda vez que el ordenamiento legal contempla un calendario definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al

7 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del

protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al

7 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. (…) (Resaltado fuera de texto) 8 Corte Constitucional. Sentencia T – 232 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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derecho a ser elegido, la protección busca permitir la participación del candidato que cumpla los requisitos señalados por la ley para postularse y que, en caso de llegar a ser elegido, se le permita cumplir el periodo para el cual fue elegido, salvo cuando por vía judicial la misma ha sido declarada nula o el mandato sea revocado en los términos de la Constitución. (…) (Resaltado fuera de texto)9

Aunado a lo anterior, tratándose de residencia electoral, el alto tribunal en materia constitucional, precisó en Sentencia T – 135 de 2000:

(…) El derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40), se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P. art. 316),

de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P. art. 316), pues el Constituyente colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con el fin esencial del Estado (C.P. art. 2), de facilitar la parti cipación de todos en las decisiones que los afectan. (…) (Resaltado fuera de texto)

2.6. Respecto del procedimiento breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción electoral.

El Consejo Nacional Electoral en caso de pretender corroborar la residencia electoral y presuntas irregularidades en la inscripción de cédulas de ciudadanía, debe adelantar el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto dicha inscripción, mismo que inicia con una queja, que debe cumplir con los requisitos señalados en la Resolución 2857 de 201810.

El artículo 7 de la citada Resolución contempla que todo ciudadano podrá solicitar al Consejo Nacional Electoral o ante los Registradores Municipales del Estado Civil, así:

Artículo Séptimo. Admisión e inicio del procedimiento. El Magistrado Sustanciador a quien le correspondió por reparto el asunto, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la queja, asumirá su conocimiento mediante auto y ordenará la práctica de pruebas que estime necesarias.

9 ibídem 10 “Por la cual se establece el procedimien to breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripció n

la práctica de pruebas que estime necesarias.

9 ibídem 10 “Por la cual se establece el procedimien to breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripció n irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan otras disposiciones.”Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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Copia del auto se fijará en un sitio visible de la Registraduría del Estado Civil del Municipio correspondiente por cinco (5) días calendario; la constancia de la fijación y des fijación será enviada de forma inmediata y por el medio más expedito al CNE.

Del mismo modo se ordenará su publicación en la página Web del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debiendo sus administradores expedir constancia, que se allegará al expediente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil enviará mensajes electrónicos a los ciudadanos relacionados en el auto que evoca conocimiento, siempre que se cuente con la información disponible para tal fin.

Desde la publicación del aviso y hasta los tres (3) días siguientes, los ciudadanos relacionados en la actuación podrán presentar y solicitar la práctica de pruebas.

El término de fijación del aviso no interrumpe ni suspende la actuación administrativa.

De la norma en cita, se evidencia que en el auto que decide la admisión el Magistrado Sustanciador del CNE decretará los cruces de las bases de datos que le servirán de soporte para adoptar decisiones, tales como las del

De la norma en cita, se evidencia que en el auto que decide la admisión el Magistrado Sustanciador del CNE decretará los cruces de las bases de datos que le servirán de soporte para adoptar decisiones, tales como las del Sisbén, Adres, Departamento Adminis trativo para la Prosperidad SocialDPS y Censo Electoral, y de todas aquellas que considere procedentes. El cruce de la información suministrada por las bases de datos se deberá realizar en forma simultánea, considerando como prueba de residencia la coincidencia de uno o más registros en cualquiera de las plataformas de las bases de datos señaladas.

Surtido lo anterior, el Magistrado Sustanciador presentará a consideración de la Sala Plena el proyecto de dejar sin efecto las inscripciones de cédulas de ciudadanía, cuando obtenga prueba de la inscripción irregular y contra la decisión procede el recurso de reposición. que debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de la parte resolutiva (con los requisitos previstos en el artículo 12 de la Resolución 2857 citada).

La resolución final se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y en todos los eventos el Registrador Distrital o Municipal fijará en lugar público de su despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días calendario. También se publicará en laRadicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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página Web del CNE y de la RNEC11, debiendo sus administradores expedir constancia, que se allegará al expediente.

La RNEC enviará mensajes electrónicos, en el término de la distancia, a los ciudadanos relacionados en el acto administrativo, siempre que se cuente con la información disponible para tal fin.

2.7. Caso concreto

Diana Mayerly Buitrago Grajales acude al presente trámite constitucional a fin de que se protejan sus derechos fundamenta les a elegir y ser elegido, los cuales estima conculcados por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General de la Nación, en atención a la Resolución número 6478 del 9 de agosto de 2023 “Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el municipio de CAJICÁ del Departamento de CUNDINAMARCA, con ocasión de las elecciones a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023.”

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta el problema jurídico establecido por la Sala para el estudio de la presente acción constitucional, se procederá a realizar el estudio de improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, para la discusión de actos administrativos expedidos en el proceso breve y sumario adelantado por el Consejo Nacional Electoral para dejar sin efecto la inscripción electoral de cédula de ciudadanía.

la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, para la discusión de actos administrativos expedidos en el proceso breve y sumario adelantado por el Consejo Nacional Electoral para dejar sin efecto la inscripción electoral de cédula de ciudadanía.

En este orden, tal como se expuso en acápites anteriores, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para hacer valer los derechos que se estiman conculcados, debe acudirse a ellos antes de acudir al juez de tutela para su amparo, pues no pueden otorgarse funciones que legalmente le han sido reservadas al juez natural.

11 Registraduría Nacional del Estado Civil.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00869-00

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Bajo esa perspectiva, se ha considerado que quien pretenda atacar el contenido de los actos proferidos por las autoridades electorales, deberá acudir a las acciones que para el efecto prevé la jurisdicción contenciosa administrativa, en especial, la acción electoral, con el fin de ventilar las razones por las cuales considera que esas decisiones vulneran sus derechos fundamentales y que, el amparo, en estos casos, por regla general no puede abrirse paso dado su carácter subsidiario.

Así pues, la acción de simple nulidad conta actos de contenido electoral resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz tanto para controvertir los actos administrativos de trámite como el acto mismo que deja sin efectos la

Así pues, la acción de simple nulidad conta actos de contenido electoral resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz tanto para controvertir los actos administrativos de trámite como el acto mismo que deja sin efectos la inscripción de cédulas, pues al ser discutido este último, ello conlleva a dejar sin efectos los actos de trámite adoptadas en el curso de la misma, de forma que la acción de tutela solo podría proceder frente a actos de tramite cuando la decisión de la organización electoral o sus delegadas incurren en una vía de hecho, es decir, cuando se vulnera el derecho al debido proceso administrativo de los interesados.

Sin embargo, y aunque en principio la presente acción constitucional se torna improcedente por no superar requisito de subsidiariedad, lo cierto es, que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido aquellos casos en los cuales su procedencia excepcional es viables, esto es, cuando se encuentra ante la causación de un perjuicio irremediable, así12:

“(…) en primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño , entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia d