TA CUN - 11001-33-35-012-2019-00414-01-(24-06-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E

SISTEMA ORAL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio del dos mil veintidós (2022)

MAGISTRADA PONENTE: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO

SENTENCIA No. 102

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 11001333501220190041401

DEMANDANTE: RAJE GERARDO ROBERT MEDINA

DEMANDADO: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CONTRATO REALIDAD/ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

DECISIÓN: MODIFICA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2021 , proferida por el Juzgado Doce Administrativ o del Circuito Judicial de Bogotá , que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

1.1. PRETENSIONES

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 del C.P.A.C.A, el señor RAJE GERARDO ROBERT MEDINA formuló demanda para que previos los trámites de un proceso ordinario y con citación del Ministerio Público, en sentencia de fondo que haga tránsito a cosa

MEDINA formuló demanda para que previos los trámites de un proceso ordinario y con citación del Ministerio Público, en sentencia de fondo que haga tránsito a cosa juzgada, se accedan a las siguientes pretensiones y condenas (Fl.8):

“PRIMERA: Declarar que es nulo el acto administrativo contenido en el oficio con número 20191100104511, con fecha 03 de abril de 2019, emanado de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., y suscrito por la Doctora Yidsey Isabel García, Gerente de dicha institución, mediante el cual dio respuesta al derecho de petición negando las solicitudes de reconocimiento de la relaciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 2

laboral y derechos laborales. Acto contra el cual no se interpuso recurso alguno y en consecuencia se agotó la vía gubernativa.

SEGUNDO: Reconocer y/o declarar que entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE y el señor Raje Gerardo Robert Medina, existió una verdadera relación laboral, dentro del tiempo comprendido entre el 01 de enero del año 2015 y hasta el 30 de noviembre de año 2018 inclusive, período en que mi mandante se ha desempeñado como MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA, vinculado a través de supuestas órdenes de prestación de servicios y/o simulados contratos de prestación de servicios.

A título de restablecimiento del derecho y/o condenas el apoderado de l accionante solicita:

1. Se condene al pago del valor equivalente a diferencias salariales, auxilio de las

contratos de prestación de servicios.

A título de restablecimiento del derecho y/o condenas el apoderado de l accionante solicita:

1. Se condene al pago del valor equivalente a diferencias salariales, auxilio de las cesantías, intereses a la cesantía, primas de carácter legal de servicios, bonificación por servicios prestados, primas de carácter extralegal de navidad, prima de antigüedad, prima técnica profesional, primas de vacaciones , bonificación por recreación, bonificación por permanencia, recargos nocturnos, dominicales, festivos y compensación en dinero de las vacaciones, causadas entre el 1 de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2018, liquidados con la asignación legal otorgada al cargo de médico de planta.

2. A título de reparación del daño los porcentajes de cotizaciones correspondientes a los aportes en salud y pensión, que le correspondía realizar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. que debió cancelar el fondo pensional y a la E.P.S., junto con la devolución del importe de la totalidad de los descuentos realizados por la entidad durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2018.

3. A título de reparación del daño la sanción moratori a contenida en la Ley 244 de 1995, artículo 2, a razón de un día de asignación de salario por cada día de mora en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales legales, extralegales y cesantías reclamadas hasta cuando se produzca el pago reclamado.

4. Que se condene a la entidad demandada que sobre las condenas descritas

en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales legales, extralegales y cesantías reclamadas hasta cuando se produzca el pago reclamado.

4. Que se condene a la entidad demandada que sobre las condenas descritas anteriormente y los dineros adeudados le pague las sumas necesarias para hacer ajustes de valor conforme al índice de precios del consumidor conforme al artículo 187 y 193 de la Ley 1437 de 2011.

5. Que se condene a la entidad demandada al pago total inmediato del restablecimiento del derecho y de la reparación del daño causado, ordenando liquidar intereses de mora, si el pago no se hace efectivo en la oportunidad señalada conforme a los dispuesto en el inciso 3º del artículo 192 del Código Contencioso

Administrativo.

6. Se condene al pago de las costas y expensas de este proceso, a la entidad

demandada.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401

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1.2. Hechos de la demanda

Manifestó que prestó sus servicios personales al Hospital Simón Bolívar, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., desde 1 de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2018, como médico psiquiatra a través de contratos de prestación de servicios sucesivos, habituales , es decir, sin interrupción y que la actividad fue personal, permanente, subordinada y dependiente de sus jefes inmediatos.

También refirió que durante su vinculación cumplió a cabalidad los horarios establecidos para la realización de sus funciones, las cuales desarrolló en las instalaciones del prenombrado hospital; estuvo siempre bajo órdenes e

También refirió que durante su vinculación cumplió a cabalidad los horarios establecidos para la realización de sus funciones, las cuales desarrolló en las instalaciones del prenombrado hospital; estuvo siempre bajo órdenes e instrucciones directas de un supervisor y constantemente le delegaban funciones ad hoc , situaciones propias de una relación laboral e incompatibles con un verdadero contrato de prestación de servicios.

Expuso que en la entidad existen compañeros de trabajo que cumplían las mismas funciones que él, pero estaban vinculados directamente con el Hospital y tenían una remuneración en cuantías superiores a las establecidas para los contratistas.

Sostuvo que al momento de la finalización del vínculo contractual su remuneración mensual por servicios ascendía a la suma de siete millones ochenta mil pesos moneda corriente ($ 7.080.000.00); sin embargo, de lo percibido durante su vinculación se le hicieron descuentos por concepto de retención en la fuente y por impuesto de I.C.A.; además de los pagos de aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones que debía asumir.

Por último, en cuanto al trámite adelantado ante la entidad manifestó que presentó reclamación el 13 de marzo de 2019, requiriendo el pago de las acreencias laborales por el tiempo laborado, petición resuelta mediante Oficio N.º 20191100104511 de fecha 03 de abril de 2019 , mediante la cual negó la reclamación del pago de prestaciones sociales.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Señaló como normas violadas las siguientes:

fecha 03 de abril de 2019 , mediante la cual negó la reclamación del pago de prestaciones sociales.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Señaló como normas violadas las siguientes:

(i) Constitucionales: Art. 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127, 209 y 277.

(ii) Legales; Ley 4ª. De 1990 art. 8º, Decreto 1250 de 1970 arts. 5º y 71, art. 1660 de 1978, artículos 26 inc. 2º, 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de 1968; arts. 108, 180, 215, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1973, Ley 790 de 2002, Decreto 1333 de 1986, Ley 65 de 1946, arts. 1 y ss., Decreto 1582 de 1998, Decreto 1453 de 1998, Ley 50 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 10 de 1990, arts. 2, 3, 44 y 138 del CCAPA, art 21 del Decreto 3135 de 1968, art. 2 Ley 197 de 1938.

Para sustentar el concepto de violación aseguró que el acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación porque se fundamentó en un hecho

inexistente.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401

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Afirmó que la entidad demandada descon oció que en el vínculo que contrajo con el, concurrieron los tres elementos propios de la relación laboral toda vez que: (i)

REF. 11001333501220190041401 4

Afirmó que la entidad demandada descon oció que en el vínculo que contrajo con el, concurrieron los tres elementos propios de la relación laboral toda vez que: (i) prestó sus servicios de manera personal para la E.S.E. Hospital Simón Bolívar (ii) estuvo permanentemente a órdenes de jefes inmediatos del citado hospital de quienes recibía llamados de atención, además de instrucciones verbales y escritas; aunado a que cumplió sus labores en las instalaciones de la referida institución (subordinación); y (iii) recibió un salario como retribución a su servicio.

Después de hacer alusión a los artículos 13, 4 y 53 de la Carta Política, indicó que la E.S.E Hospital Simón Bolívar institucionalizó un trato discriminatorio entre los empleados de planta y los contratados por medio de órdenes de prestación de servicios, dándole a los primeros mayores prerrogativas y privilegios, sin que los entes de control ejercieran ningún tipo de vigilancia sobre dicha situación.

En su criterio su desempeño como médico especialista al servicio del hospital , imponía su vinculación de forma directa y no a través de contratos u órdenes de prestación de servicios cuyo único propósito era la evasión del pago de prestaciones sociales a que tendría derecho en caso de estar vinculado.

Citó varios pronunciamientos jurisprudenciales acerca del contrato realidad y los funcionarios de hecho, con fundamento en los cuales consideró que la entidad demandada obró de mala fe y al margen de la ley. También refirió que la administración no podía alegar el desconocimiento de la ley laboral, atendiendo el

funcionarios de hecho, con fundamento en los cuales consideró que la entidad demandada obró de mala fe y al margen de la ley. También refirió que la administración no podía alegar el desconocimiento de la ley laboral, atendiendo el principio según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

2. CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que la vinculación existente entre el citado hospital y el demandante fue netamente contractual , en esa medida no existió relación laboral alguna.

Señaló que el ente demandado cuenta con la autonomía para realizar este tipo de contrataciones dependiendo de las necesidades del servicio, bajo criterios de selección objetiva en todos los eventos previstos en la ley que no pueden comprender el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente, de manera que el vínculo jurídico que se crea es totalmente distinto al derivado de la relación laboral. A su vez, señaló que la vinculación del señor Robert Medina se efectuó en razón de sus capacidades, cuali dades y calidades ofrecidas en la propuesta presentada por lo que nunca existió una relación laboral.

Hizo alusión a diversas sentencias del H. Consejo de Estado donde reconocía la existencia de una relación laboral en contratos de prestación de servicios por haberse comprobado la subordinación, sin embargo, aclaró que en determinados casos el cumplimiento de un horario corresponde a una concertación con las partes con el fin de desarrollar en forma coordinada el objeto contractual.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 5

casos el cumplimiento de un horario corresponde a una concertación con las partes con el fin de desarrollar en forma coordinada el objeto contractual.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 5

Finalmente indicó que el constituyente no estableció el mismo trato jurídico para la relación laboral y para la vinculación contractual por prestación de servicios con el Estado, pues mie ntras que la primera tiene amplia protección constitucional , la segunda además de no tener ninguna referencia de este tipo, tampoco puede ser asimilada a la relación laboral ya que su alcance y finalidad son distintas.

Refirió que la E.S.E. Hospital Simón Bolívar, no se rige por la Ley 80 de 1993, sino por el régimen de contratación privada de conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 , referente a la prestación del servicio de salud.

Propuso como excepciones inexistencia del contrato de trabajo , legalidad de los contratos suscritos, ausencia de vínculo de carácter laboral, mala fe del demandante, prescripción y cobro de lo no debido. (Fl.23 Cd)

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Juez Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos (Fl.67-74):

En primer lugar , procedió hacer un análisis sobre el principio de primacía de la realidad sobre las formas, las clases de vinculaciones con el Estado, la naturaleza de los contratos de prestación de servicios, su diferencia con los contratos laborales y las reglas dispuestas por e l Consejo de Estado para el reconocimiento de una

realidad sobre las formas, las clases de vinculaciones con el Estado, la naturaleza de los contratos de prestación de servicios, su diferencia con los contratos laborales y las reglas dispuestas por e l Consejo de Estado para el reconocimiento de una relación laboral, para luego analizar la situación del demandante.

Respecto a la actividad personal argumentó que, de conformidad con las pruebas aportadas e incorporadas al expediente, se demostró que el señor RAJE GERARDO ROBERT MEDINA prestó en forma personal sus servicios en el Hospital Simón Bolívar E.S.E - hoy Subre d Integrada d e servicios de Salud Norte como médico psiquiatra entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018 , en desarrollo de varios contratos suscritos.

Frente a la subordinación o dependencia aseveró que las funciones pactadas en los contratos de prestación de servicios fueron desarrolladas por el demandante de manera reiterada e ininterrumpida por varios años. Adicionalmente de acuerdo con los testimonios rendidos dentro del proceso , se indicó qu e el actor debía cumplir horarios previamente establecidos y que la hora de llegada era supervisada por sus superiores quienes acordaban las actividades que debían realizar los contratistas. De conformidad con lo expuesto, afirmó que el demandante estaba plenamente subordinado a las instrucciones impartidas por el hospital demandado, desvirtuándose de este modo la autonomía e independencia para desarrollar el objeto contractual.

En cuanto a la acreditación de un cargo de planta de condiciones similares refirió que para el cargo de médico, se probó la existencia del empleo denominado “médico especialista, código 213, grado 15” cuyas funciones desempeñadas por losNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

que para el cargo de médico, se probó la existencia del empleo denominado “médico especialista, código 213, grado 15” cuyas funciones desempeñadas por losNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 6

empleados de planta eran semejantes a las ejecutadas y establecidas en los contratos suscritos.

Concluyó que las labores desarrolladas por el parte demandante no podían categorizarse como temporales, autónomas e independientes, de tal suerte que dejó de ser una relación contractual, para configurar una verdadera relación laboral con el ente demandado. Por último, aclaró que tal situación no le daba al actor la calidad de empleado público, dado que esa condición solo se obtiene con las formas de vinculación previstas en la ley.

Advirtió que pese a alegarse una posible simultaneidad en la prestación del servicio con dos distintas entidades pública s existe una excepción a la regla general de prohibición de percibir doble asignación del tesoro público, que se enmarca en la prestación del servicio asistencial de salud. En esa medida al estar acreditado que el demandante se desempeñó como médico no impide q ue el despacho estudie lo referente a la configuración del contrato realidad en el caso en concreto.

En consecuencia, reconoció la configuración de una relación laboral entre el señor RAJE GERARDO ROBERT MEDINA y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018 , como médico, por lo que ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales devengadas por un servidor público que ejerciera las mismas funciones o similares.

médico, por lo que ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales devengadas por un servidor público que ejerciera las mismas funciones o similares.

Conforme las reglas previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de 20161, declaró no probada la prescripción porque la parte actora presentó en tiempo la reclamación administrativa, es decir, dentro de los tres (3) años siguientes después de terminados los respectivos contratos.

Frente a los aportes de seguridad social aclaró que su pago se debe efectuar en el porcentaje de cotización que le corresponde asumir al empleador, por el período 01 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

En cuanto a los demás emolumentos solicitados , es decir, diferencias salariales, devolución de los pagos realizados por salud y ARL, sanción mora por no pago oportuno de cesantías , y devolución de valores de retención en la fuente negó su reconocimiento.

Respecto a las costas, decidió no realizar condena alguna.

4. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. Parte demandada

1 C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. Seg., expediente N.º 23001233300020130056001(008815) C.P., Carmelo Perdomo Cuéter.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 7

En escrito visible a folios 78 a 83 del expediente, la entidad apeló la sentencia de primera instancia, por considerar no probada la concurrencia de los elementos de la relación laboral.

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En escrito visible a folios 78 a 83 del expediente, la entidad apeló la sentencia de primera instancia, por considerar no probada la concurrencia de los elementos de la relación laboral.

En su criterio la realización personal de una actividad por sí sola no es relevante ni determinante para establecer la existencia de una relación laboral. Respecto a las tareas desarrolladas por el demandante afirmó que se trataba de las pactadas específicamente en los contratos y la supervisión sobre ellas obedecía a la obligación constitucional y legal de corroborar el debido cumplimiento del objeto contractual sin que esto comporte subordinación alguna pues siempre obedeció a una coordinación de labores, máxime cuando el demandante obró con autonomía, muestra de ello es el hecho de la simultaneidad de contratos de servicios como médico en el Hospital San Blas hoy Subred Integrada de Servicios Centro Oriente, hechos que actualmente se debaten ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá. Adicional a ello, alegó que dentro del proceso no se logró acreditar la subordinación.

Según afirma los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes se ajustaron a los criterios jurisprudenciales de la materia y al principio de plane ación, en la medida en que a través de ellos buscaban apoyo y soporte de quien ostentara conocimientos específicos y calificados en aras de garantizar la adecuada prestación del servicio asistencial en salud mental.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

1. TRÁMITE

A los recursos se les dio el trámite del artículo 247 del CPACA, así: a través de auto del 09 de mayo de 2022 (Fl. 94) el Tribunal admitió la apelaci ón y se dispuso el

1. TRÁMITE

A los recursos se les dio el trámite del artículo 247 del CPACA, así: a través de auto del 09 de mayo de 2022 (Fl. 94) el Tribunal admitió la apelaci ón y se dispuso el término de 10 días para ingresar al despacho para dictar sentencia al no tener solicitud de prueba pendiente.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito de Bogotá en virtud de lo previsto en el art. 243 del CPACA según el cual son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y Jueces Administrativos.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en determinar si entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018 , per íodo durante el cual el señor RAJE GERARDO ROBERT MEDINA estuvo vinculad o al entonces Hospital Simón Bolívar, ahoraNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 8

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., a través de contratos de prestación de servicios para desempeñarse como médico psiquiatra , se configuraron los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación, propios de una relación laboral.

3. TESIS DE LA SALA

La Sala encuentra debidamente acreditado que en el período comprendido entre 01

configuraron los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación, propios de una relación laboral.

3. TESIS DE LA SALA

La Sala encuentra debidamente acreditado que en el período comprendido entre 01 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018 , (lapso durante el cual el demandante suscribió contratos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.–), la administración utilizó la modalidad contractual de prestación de servicios para la ejecución de labores de carácter permanente que se encontraban ligadas a su objeto misional,0 en tal sentido, es claro que se configuró entre las partes una relación laboral, habida cuenta que el demandante prestó sus servicios de forma personal, con una remuneración y ejerciendo sus fu nciones bajo subordinación y dependencia.

En consecuencia, hay lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales legales devengadas por un empleado de planta “médico especialista” código 213, grado 15” por los períodos debidamente acreditados pero con base en los honorarios pactados.

Asimismo, la Sala considera que en el presente asunto no se configuró la prescripción extintiva del derecho para el pago de prestaciones sociales legales de la relación laboral.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

4.1. Del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Para descender en el asunto habrá que señalar en primera medida que el artículo 53 de la Constitución Política, al referirse al derecho al trabajo, estableció:

“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

53 de la Constitución Política, al referirse al derecho al trabajo, estableció:

“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…) Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 9

Sobre este principio y teniendo en cuenta el carácter reglado del vínculo de los empleados públicos con el Estado, ha desarrollado su jurisprudencia la Corte Constitucional quien en sentencia de unificación SU-448 de 22 de agosto de 20162 sostuvo sobre el particular:

“3.2.6. LOS PARÁMETROS JURISPRUDENCIALES RESPECTO DEL

Constitucional quien en sentencia de unificación SU-448 de 22 de agosto de 20162 sostuvo sobre el particular:

“3.2.6. LOS PARÁMETROS JURISPRUDENCIALES RESPECTO DEL

DENOMINADO CONTRATO REALIDAD. Reiteración de jurisprudencia. (…)

Ahora bien, respecto del contrato de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2º señaló:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable” (La Corte Constitucional mediante sentencia C -154 de 1997 declaró constitucional las partes subrayadas “… salvo que se acredite una relación subordinada”)

No obstante, en aras de evitar el abuso de esta figura jurídica o modalidad contractual, el artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 , dispuso expresamente que “(…), en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto”.

Posteriormente, el Legislador en el artículo 17 de la Ley 790 de 2002 prohibió “… celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad c on los decretos de planta

Posteriormente, el Legislador en el artículo 17 de la Ley 790 de 2002 prohibió “… celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad c on los decretos de planta respectivos”; y así mismo la Ley 734 de 2002, estableció en el artículo 48 como falta gravísima: “Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran d edicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

Por tanto, el contrato de prestación de servicios surge como tal sí garantiza la autonomía e independencia del contratista y adicionalmente cuando la planta de personal no es suficiente para cumplir los fines propios de la entidad; salvo cuando se requiera de conocimientos especializados. De ahí que sin éstas características el contrato de prestación de servicios pierde su esencia y deja de ser un contrato.

Ahora bien, el artículo 53 de la Constitución consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, del cual surge el concepto de cont rato realidad. De este enunciado, se prescriben los principios mínimos fundamentales que deben regir el estatuto del trabajo, los cuales, como lo ha señalado la Corte Constitucional, deben ser interpretados de manera directa con la Carta.

Los elementos mínimos que han de recurrir para estimar configurado un contrato realidad fueron identificados por el Código Sustantivo del Trabajo así:

“ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. Subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990.

realidad fueron identificados por el Código Sustantivo del Trabajo así:

“ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. Subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990.

2 Corte Constitucional. Sentencia SU-448 de 22 de agosto de 2016, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REF. 11001333501220190041401 10

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos

esenciales: a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. (…) Así las cosas, no existe duda que los tres (3) elementos esenciales que identifican un contrato de trabajo, son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia; por lo tanto al probarse la existencia de los mismos en un contrato de prestación de servicios se convierte en realidad la

un contrato de trabajo, son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia; por lo tanto al probarse la existencia de los mismos en un contrato de prestación de servicios se convierte en realidad la presunción