TA CUN - 11001-33-35-015-2019-00222-01-(17-05-2022)

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio / SANCIÓN MORATORIA – En el presente asunto el FOMAG incurrió en mora en el pago de la prestación a partir del 11 de mayo de 2012, día siguiente a los 65 días posteriores a la petición de reconocimiento y hasta el 13 de septiembre de 2012, día anterior al pago / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – Tenía hasta el 10 de mayo de 2015 para solicitar ante el FOMAG el reconocimiento de la penalidad por mora – Sin embargo, se encuentra probado que, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria con fundamento en la tardanza en el pago de la prestación fue radicada por la demandante el 15 de agosto de 2015, fecha en la que el derecho reclamado ya había expirado.

Problema jurídico: ¿Establecer si el derecho al pago de la sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales de la señora ( …) se encuentra afectado del fenómeno de prescripción como lo declaró el Juzg ado

Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., en la providencia recurrida, o si por el contrario el derecho fue reclamado por la accionante dentro del término de oportunidad como se alude por el extremo activo de la litis?

Tesis: “(…) Descendiendo al sub examine, se tiene que la señora (…) prestó sus servicios como docente oficial de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

D.C., relación laboral con fundamento en la cual, a través de petición radicado 2012servicios como docente oficial de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., relación laboral con fundamento en la cual, a través de petición radicado 2012CES001948 de 3 de febrero de 2012 , solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales ante el FOMAG (…) Las cesantías parciales fueron reconocidas por el FOMAG mediante Resolución núm. 4353 de 30 de julio de 2012 y pagadas hasta el 14 de septiembre de 2012 (…) Vista la información anterior y atendido las subreglas contenidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, en el presente asunto el FOMAG incurrió en mora en el pago de la prestación a partir del 11 de mayo de 2012 (día siguiente a los 65 días posteriores a la petición de reconocimiento) (…) y hasta el 13 de septiembre de 2012 (día anterior al pago), como se advierte en el siguiente cuadro. (…) Conforme lo anterior, la sanción por mora se hizo exigible el día 11 de mayo de 2012, siendo ello así, y bajo la tesis interpretativa expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020, que se acoge por esta Sala, la señora (…) tenía hasta el 10 de mayo de 2015 para solicitar ante el FOMAG el reconocimiento de la penalidad por mora. (…) Sin embargo, se encuentra probado que, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria con fundame nto en la tardanza en el pago de la prestación fue radicada por la demandante el 15 de

reconocimiento de la penalidad por mora. (…) Sin embargo, se encuentra probado que, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria con fundame nto en la tardanza en el pago de la prestación fue radicada por la demandante el 15 de agosto de 2015 (…) fecha en la que el derecho reclamado ya había expirado. (…) Se evidencia entonces que el argumento de apelación, en tanto señala que el derecho sobre la sanción moratoria no se encuentra prescrito, no tiene vocación de prosperidad, ello es así en razón a que, la exigibilidad de la sanción moratoria, como lo ha determinado el Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo en sentencia de unificación, tiene ocurrencia como un todo, a partir del día siguiente del vencimiento del término previsto en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, de manera que es ese el punto de partida de la contabilización del tiempo para el fenecimiento de la obligación y no el momento en el que cesa la mora como se arguye por el extremo activo de la litis. (…) Costas de segunda instancia. (…) Para finalizar, y de acuerdo con el contenido del artículo 188 del C.P.A.C.A . y el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P. la Sala se abstendrá de condenar e n costas en esta instancia en razón a que no se encuentran probadas. (…)”.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar: Corte Constitucional Sentencia SU - 336 de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de

• 336 de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, Exp. núm. 7300123-33-000-2014-00580-01; Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección Segunda, Subsección B, Dr. César Palomino Cortes, 21 de 4 de marzo de 2021. Exp. 05001-23-33-000-2014-00763-01(0239-16); Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 16 de septiembre de 2021 de 2021. Exp.55001 23 33 000 2017 00214 -01 (5608-19); Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, Dr. César Palomino Cortes, 13 de agosto de 2021. Exp. 25000 23 42 0 00 2018 01466 01 (237720); Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segund a, Subsección B, Dr. César Palomino Cortes, 23 de octubre de 2020. 73001 23 33 000 2014 00293 – 01 (006115); Sección Segunda, Subsección “B”; 28 de marzo de 2019; C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, 680001 23 33 000 2016 00495 - 01 (2804-18); Sección Segunda, Subsección “B”, 30 de enero de 2020; C.P. Dr. César Palomino Cortés. 730.01 23 33 000 2014 00366 01 (1385-15).

(2804-18); Sección Segunda, Subsección “B”, 30 de enero de 2020; C.P. Dr. César Palomino Cortés. 730.01 23 33 000 2014 00366 01 (1385-15).

FUENTE FORMAL: Ley 640 de 2001, Decreto 1716 de 2009; Decreto 2831 de 2005; Ley 1071 del 2006 (Art. 3 y 5); Ley 115 de 1994 (Art. 105); Ley 91 de 1989; Ley 244 de 1995 (Art. 1, 2 y 3); Decreto Ley 3135 de 1968 (A rt. 41); Decreto 1848 de 1969 (Art. 102); CPACA; CGP; Ley 50 de 1990; Decreto 1069 de 2015; Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Art. 151); Ley 2080 de 2021.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: Dr. LUIS ALFREDO ZAMORA ACOSTA

REFERENCIAS:

Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: MARÍA JACQUELINE BECERRA GONZÁLEZ

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Controversia: SANCIÓN MORATORIA – PRESCRIPCIÓN

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Controversia: SANCIÓN MORATORIA – PRESCRIPCIÓN

Correspondió a la Sala de Decisión de la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en uso de sus facultades legales, el conocimiento para emitir sentencia de segunda instancia del presente proceso tramitado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se procede entonces, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), por el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que declaró la prescripción del derecho al pago de la sanción moratoria que se reclama y en consecuencia negó las prestaciones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 LA DEMANDA

1.1.1 Pretensiones

La señora María Jacqueline Becerra González acudió a la Jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ten diente a obtener la declaratoria de existencia y nulidad del acto ficto resultante del si lencio administrativo con ocasión de la respuesta presunta negativa a la petición radicad a el 15 de agosto de 2015, en cuanto negó el derecho al pago de la sanción moratoria establecida

administrativo con ocasión de la respuesta presunta negativa a la petición radicad a el 15 de agosto de 2015, en cuanto negó el derecho al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

2 A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [en adelante FOMAG] a pagar la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo “contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma”

Solicita se ordene a la entidad accionada a dar cumplimiento al fallo en el término previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo; así como a la actualización de las sumas cuyo reconocimiento se ordene y al pago de intereses moratorios.

1.1.2. Hechos y omisiones

Los hechos en que se apoyan las anteriores declarac iones y condenas los presenta el apoderado judicial de la parte actora y se resumen de la siguiente manera:

1.- El 3 de febrero de 2012 la señora María Jacqueline Becerra González solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [FOMAG] el pago de cesantías parciales.

2.- El FOMAG ordenó el reconocimiento de la prestación pedida a través de la Resolución núm. 4353 de 30 de julio de 2012.

[FOMAG] el pago de cesantías parciales.

2.- El FOMAG ordenó el reconocimiento de la prestación pedida a través de la Resolución núm. 4353 de 30 de julio de 2012.

3.- La entidad accionada canceló las cesantías el 14 de septiembre de 2012, esto es, cuando se encontraba vencido el término que para estos efectos prevé el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006.

4.- La señora Becerra González solicitó el 15 de agosto de 2015, ante el FOMAG el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, empero la entidad no emitió respuesta expresa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Considera la parte demandante como violadas las siguientes disposiciones:

 Artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989  Artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1999  Artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006

El apoderado judicial estructura el concepto de violación de la siguiente manera:Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

3 Adujo que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se asignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de cesantías de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

Explicó que de conformidad con el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías

los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

Explicó que de conformidad con el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aque lla que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. A su turno, el artículo 5º prevé que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir del cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Señaló que en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo su pago, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.

Advirtió que en el presente asunto la solicitud de pago de las cesantías parciales tuvo ocurrencia el 3 de febrero de 2012, por tanto, contabilizando los términos previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, esto es, los 15 días para expedir el acto de reconocimiento más su ejecutoria (10) (sic), y los 45 para realizar el pago, se encuentra que el FOMAG, tenía hasta el 17 de mayo de 2012 para hacer efectivo el pago, no obstante,

reconocimiento más su ejecutoria (10) (sic), y los 45 para realizar el pago, se encuentra que el FOMAG, tenía hasta el 17 de mayo de 2012 para hacer efectivo el pago, no obstante, este solo tuvo lugar el 14 de septiembre de 2012; razón por la cual alega que la demandante tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria consistente en 116 días de salario.

1.2. Contestación de la demanda.

• Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

No contestó la demanda.

1.3 Decisión judicial objeto de impugnación1

En providencia de 14 de agosto de 2020, el Juzgado Quince (15) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., declaró la prescripción extintiva del derecho al pag o de la sanción moratoria y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.

1 Folios 106 a 111Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

4 El a quo inició por determinar que en el presente asunto se demostró la configuración del acto administrativo ficto negativo resultado del silencio administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior es así en razón a que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que la demandante radicó ante el FOMAG, el día 15 de agosto de 2015, solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, empero dentro de los tres (3) meses siguientes a ello la entidad accionada no emitió ni notificó respuesta expresa alguna.

agosto de 2015, solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, empero dentro de los tres (3) meses siguientes a ello la entidad accionada no emitió ni notificó respuesta expresa alguna.

Seguidamente se refirió al término establecido por la Ley 1071 de 2006 para que la administración reconozca a los empleados y trabajadores del Estado el pago de las cesantías; plazo que dijo, al ser desatendido por el empleador genera en favor del trabajador el pago de una sanción moratoria consistente el pago de un día de salario por cada día de retardo

Precisó que el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías está sometido al fenómeno de la prescripción extintiva, de 3 años dispuesto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

Con sustento en las subreglas de unificación sentadas por el Consejo de Estado en la sentencia de 18 de julio de 20182 concluyó que la contabilización del término de prescripción de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, bien sean estas definitivas o parciales, deberá iniciarse a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo para realizar el pago (70 días hábiles después de radicada la solicitud de pago de la prestación según indica el Consejo de Estado).

Descendió al caso concreto y señaló que la solicitud de cesantías definitivas tuvo ocurrencia el 3 de febrero de 2012, por tanto, la accionada tenía hasta el 17 de may o de 2012, para realizar el pago de las cesantías, empero, ello tuvo ocurrencia el 14 de septiembre de 2012.

Afirmó que la sanción moratoria se hizo exigible el día 18 de mayo de 2012, m omento a

realizar el pago de las cesantías, empero, ello tuvo ocurrencia el 14 de septiembre de 2012.

Afirmó que la sanción moratoria se hizo exigible el día 18 de mayo de 2012, m omento a partir del cual inicia a contabilizarse el término de prescripción de tres (3) años consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral; siendo ello así, consideró que la demandante tenía como plazo máximo para radicar la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 18 de mayo de 2015, no obstante, la petición fue presentada ante el FOMAG el 15 de agosto de 2015, situación que evidencia la ocurrencia de la prescripción extintiva.

Conforme lo anterior, el juzgado de primera instancia negó las pretensiones de la demandante ya que encontró extinguido el derecho al pago de la penalidad solicitada.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S ección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. no.: 7300123-33-000-2014-00580-01(4961-15), Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, deman dado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del TolimaRadicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

5 El a quo se abstuvo de condenar en costas.

1.4 Razones del recurso de apelación3

Dentro de la oportunidad procesal, el apoderado judicial de la demandante inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria

1.4 Razones del recurso de apelación3

Dentro de la oportunidad procesal, el apoderado judicial de la demandante inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la providencia.

Para argumentar su petición indicó que la señora María Jacqueline Becerra González inició la actuación administrativa mediante petición del 3 de febrero de 2012, en la que se solicitó el reconocimiento de las cesantías parciales, por tanto, de conformidad con las reglas de unificación previstas por el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación CESUJSII-012-2018 SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, se entiende que la sanción moratoria inició a causarse vencidos los 70 días hábiles desde la radicación de la solicitud de pago de la prestación. En razón a ello, la demandada tenía hasta 17 de mayo de 2012 para realizar el pago de las cesantías, sin embargo, ello tuvo lugar el 14 de septiembre de 2012.

Ante esa circunstancia, afirmó que resulta claro que se causó la sanción moratoria contenida en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, desde el 17 de mayo de 2012 y hasta el 14 de septiembre de 2012, de allí que, por cada día de retardo, la demandada deberá pagar un día de salario por cada día de retardo, que en este caso son equivales a 117 días.

Explicó que en asuntos de esta naturaleza, el Consejo de Estado ha venido sosteniendo “que la sanción moratoria se hace exigible desde que el empleador se constituye en m ora y es sucesiva hasta el día anterior a la fecha en que se produzca el pago adeudado por c oncepto de

“que la sanción moratoria se hace exigible desde que el empleador se constituye en m ora y es sucesiva hasta el día anterior a la fecha en que se produzca el pago adeudado por c oncepto de cesantías”, por ello considera que, para efectos de la prescripción debe contarse desde el día siguiente a cuando cesó su causación y no desde que el empleador se constituye en mora, ya que se puede incurrir en tener como exigible un derecho accesorio pese a que el principal que lo causa, como son las cesantías, aún no ha sido reconocido.

Solicitó que de considerarse que existe prescripción “ se declare que opero el fenómeno de la prescripción parcialmente respecto de los días de sanción causados entre el 17 de may o de 2012 a 15 de agosto de 2012, los días que no están afectados por prescripción son los c ausados entre el 16 de agosto de 2012 al 14 de septiembre de 2012”.

Alegó además que en el presente asunto no puede haber lugar a la imposición de condenas en costas en razón a que la parte actora nunca actuó con arbitrariedad, mala fe o temeridad.

1.5 Alegatos finales de las partes.

3 Folios 79 a 83Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

6

Mediante auto de 2 de diciembre de 20214, se concedió a las partes y el Ministerio Público el término de diez días para alegar de conclusión.

La demandada5 indicó que vistos los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los educadores oficiales

el término de diez días para alegar de conclusión.

La demandada5 indicó que vistos los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los educadores oficiales y teniendo en cuenta el término de prescripción trienal previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, se tiene que la demandante tenía hasta el 18 de mayo de 2015 para solicitar el pago de la sanción moratoria, empero no presentó petición algun a ante el FOMAG antes de esa fecha, razón por la cual debe declararse la prescripción extintiva de la obligación.

La parte actora no alegó de conclusión y el Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Sobre la competencia y los límites de la segunda instancia

Prevé el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión que autoriza el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que el juez de segunda instancia solamente po drá pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar los argumentos planteados por la demandan te en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En el sub examine, atendiendo los argumentos expuestos en el recurso de apelación la litis en esta instancia se contrae en establecer si el derecho al pago de la sanción morato ria causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales de la señora María Jacqueline

en esta instancia se contrae en establecer si el derecho al pago de la sanción morato ria causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales de la señora María Jacqueline Becerra González se encuentra afectado del fenómeno de prescripción como lo declaró el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., en la providencia recurrida, o si por el contrario el derecho fue reclamado por la accionante dentro del término de oportunidad como se alude por el extremo activo de la litis.

4 Folio 90 5 Folios 94 a 103Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

7 2.2.1. Términos de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía en el sector público - Reconocimiento del auxilio de cesantías para los docentes oficiales - Sanc ión moratoria por el pago inoportuno de cesantías en el sector público.

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, “los educadores de los servicios educativos estatales tienen el car ácter de servidores públicos de régimen especial”, y como otros empleados públicos, se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantía, que para el caso del magisterio se rige por lo establecido en el numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que diferencia entre docent es que se benefician del régimen de cesantías retroactivas, y aquellos a quienes les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad.

En todo caso, se trate del régimen anualizado o retroactivo, corresponde al FOMAG liquidar

cesantías retroactivas, y aquellos a quienes les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad.

En todo caso, se trate del régimen anualizado o retroactivo, corresponde al FOMAG liquidar y reconocer el auxilio de cesantía parcial o definitiva de los docentes ofici ales, labor que, en virtud de la garantía de “prestación descentralizada de los servicios” consagrada en el inciso final del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, y de la delegación de que trata el artículo 9 ejusdem, es desarrollada por las secretarías de educación de los entes territoriales. Entre tanto, el pago efectivo de las prestaciones reconocidas es efectuado a través de una sociedad fiduciaria que administra los recursos, que en la actualidad es la Fiduprevisora S.A.

Así, para el trámite de las solicitudes de prestaciones administradas por el FOMAG, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2831 de 2005, norma reglamentaria que instituyó un procedimiento administrativo que se caracterizaba por la división de responsabilidades y cargas administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, y el establecimiento de términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, de acuerdo con la jurisprudencia, en conjunto, superaban los términos dispuestos por el Legislador para la expedición del acto administrativo de reconocimiento del auxilio de cesantía de los demás servidores públicos6.

En efecto, debe recordarse que, en tratándose del reconocimiento y pago del au xilio de cesantía, el artículo 1° de la Ley 244 de 1995 preveía que “dentro de los quince (15) días

servidores públicos6.

En efecto, debe recordarse que, en tratándose del reconocimiento y pago del au xilio de cesantía, el artículo 1° de la Ley 244 de 1995 preveía que “dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes , la entidad patronal deberá expedir la [r]esolución correspondiente, si reúne todos los requisi tos determinados en la Ley”. Dicha previsión fue subrogada por el artículo 4° de la Ley 1071 de 2005, legislación que se caracterizó por los siguientes aspectos: i. Diversificó la tipología de sujeto destinatario de la obligación, de manera que ya no refirió solo a “la entidad

6 Al respecto, ver párrafos 118 y 119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administr ativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, Exp. núm. 73001-23-33-000-2014-00580-01.Radicación: 11001 33 35 015 2019 00222 01

Demandante: María Jacqueline Becerra González

8 patronal”, sino a “la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías” , y ii. Mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el acto administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas, y extendió tal deber también a las solicitudes de cesantías parciales.

En concordancia, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía el plazo máximo para

expedir el acto administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas, y extendió tal deber también a las solicitudes de cesantías parciales.

En concordancia, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía el plazo máximo para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas, y que fue fijado en 45 días hábiles, a partir de que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, e instituyó la causación de una sanción moratoria por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales d el servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías defini tivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre qu e la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre qu e la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Así, como los términos y prerrogativas contenidos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se refirieron, en concreto, al reconocimiento de cesantías del personal docente , la interpretación de los operadores judiciales en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de esa prestación no fue uniforme7, situación que motivó la expedición de la sentencia SU-336 de 20178, en la cual la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia sobre el particular, y determinó “que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumpli miento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimi ento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, mo dificada por la Ley 1071 de 2006”.

Con todo, debe decirse que las discordancias normativas persistentes entre la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 2831 de 2005, concernientes a los plazos de reconocimiento del au xilio de cesantías para los docentes oficiales, fueron materia de estudio de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Corporación que en sentencia CESUJ-SII-01220189, con el fin de determinar el momento a partir del cual empieza a causarse la sanción moratoria, estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el marco del

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