TA CUN - 11001-33-35-029-2024-00081-01-(23-05-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERASUBSECCIÓN “A”

Bogotá D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO

Expediente: 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: MARÍA LICINIA MUÑOZ ALONSO Accionados: COLPENSIONES Y FAMISANAR EPS __________________________________________________________

ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: Fallo de segunda instancia

Decide la Sala impugn ación presentada por Colpensiones, en contra el fallo de fecha ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024), proferido por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda.

I. ANTECEDENTES

La señora María Licinia Muñoz Alonso , actuando en nombre propio , expuso como fundamento de sus pretensiones, los hechos que a continuación se relacionan:

Señaló que trabajó para la empresa Wayuu Flowers S.A.S., en el cargo de operaria con reubicación por recomendaciones laborales emitida por los medios tratantes, con una asignación salarial del mínimo mensual.

Adujo que actualmente se encuentra afiliada a la EPS Famisanar, ARL Sura y Colpensiones.

Precisó que como consecuencia de su actividad laboral, desarrolló varias enfermedades de origen laboral, y en la actualidad se encuentra en tratamiento, motivo por el cual, necesita estar continuamente en el medico,

Sura y Colpensiones.

Precisó que como consecuencia de su actividad laboral, desarrolló varias enfermedades de origen laboral, y en la actualidad se encuentra en tratamiento, motivo por el cual, necesita estar continuamente en el medico, en citas, terapias y exámenes, lo cual le implica su desplazamiento hasta2 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

ACCIÓN DE TUTELA

Bogotá D.C., cubriendo todos los gastos a partir de los pagos que obtiene por concepto de auxilio de incapacidad.

Manifestó que es madre cabeza de familia, pues tiene dos hijos en edad escolar, y es encargada de su manutención, comoquiera que no cuenta con ayuda e ingreso adicional, y debe realizar pago de arriendo y alimentación.

Señaló que el concepto de rehabilitación emitido por la EPS Famisanar fue negativo, de ahí que debe continuar con el tratamiento médico que brinda la EPS, y ya que la calificación no le da para su pensión, a su consideración debe ser el fondo de pensiones a quien le corresponde asumir el pago del auxilio de incapacidad hasta el día 580.

Indicó que se ha visto obligada a recurrir a la acción de tutela a fin de que se realice el pago de sus incapacidades, tal como ocurrió en octubre de 2023, tutela que fue de conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá.

Aludió que el día 9 de enero y 24 de febrero de 2024, radicó solicitud ante Colpensiones a fin de que la entidad le pagara las incapacidades que se

Circuito de Bogotá.

Aludió que el día 9 de enero y 24 de febrero de 2024, radicó solicitud ante Colpensiones a fin de que la entidad le pagara las incapacidades que se generaros después del 25 de octubre de 2023; sin embargo, el día 1.° de marzo de 2024 Colpensi ones dio una respuesta negativa, argumentando que en vista del concepto negativo, debe ser calificada para pensión de invalidez.

Advirtió que el día 13 de enero de 2022, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Bogotá, le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 40.93%, y que en enero 13 de 2023, solicitó a Colpensiones se realizara la pérdida de capacidad integral, junto con la pérdida de capacidad laboral de la ARL Sura, no obstante, Colpensiones dio respuesta indicando que la calificación in tegral no procedía y que no cumplía con el requisito de pérdida de capacidad laboral exigido para acceder a una pensión por invalidez.3 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

ACCIÓN DE TUTELA

Adujo que no puede someterse nuevamente a un proceso largo y tedioso de calificación, más aún cuando según Colpensiones, no tiene derecho a la pensión, toda vez que el concepto de rehabilitación es desfavorable.

Manifestó que la negativa de Colpensiones, no solo afecta sus derechos fundamentales, sino que trasgrede los preceptos constitucionales.

Finalmente reiteró que durante todo el tiempo transcurrido ha sobrevivido de préstamos y de la caridad de la familia, toda vez que continua en

fundamentales, sino que trasgrede los preceptos constitucionales.

Finalmente reiteró que durante todo el tiempo transcurrido ha sobrevivido de préstamos y de la caridad de la familia, toda vez que continua en tratamiento médico, sus gastos mínimos no se detienen y no cuenta con un ingreso distinto al de su auxilio por incapacidad, además su cond ición de salud es precaria.

2. Pretensiones

De conformidad con los hechos expuestos en el escrito de tutela solicita:

“[…] PRIMERO: Amparar y o conceder la protección de los derechos fundamentales al DERECHO A LA VIDA, AL MÍNIMO VITAL, A LA SALUD, A LA DIGNIDAD HUMANA AL MÍNIMO VITAL, de la suscrita

MARÍA LICINIA MUÑOZ ALONSO.

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES en cabeza de su representante legal o de quien haga sus veces que un término de cuarenta y ocho horas (48) y/o el término que señale el despacho, realice el pago de las incapacidades POR VALOR DE seis millones novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y dos pesos M/C ($6.961.972.), que corresponden a:4

Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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TERCERO: Se condene en costas a Colpensiones en razón al desgaste que me ha ocasionado […]”.

3. Actuación Procesal en primera instancia Previo reparto, el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo del Cir cuito

TERCERO: Se condene en costas a Colpensiones en razón al desgaste que me ha ocasionado […]”.

3. Actuación Procesal en primera instancia Previo reparto, el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo del Cir cuito

Judicial de Bogotá, D.C., admitió la presente acción y ordenó la notificación a i) los Representantes Legales de Colpensiones y Famisanar EPS , y ii) les concedió el término de dos (2) días contados a partir de la comunicación de la providencia para que rindieran informe sobre los hechos de la demanda.

4. Contestación de la demanda

4.1. Colpensiones

Mediante memorial de fecha 2 de abril de 2024, Laura Tatiana Ramírez Bastidas, en su calidad de Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones, dio respuesta a la presente acción indicando en primer lugar que o solicitado por la accionante desnaturaliza el mecanismo de protección, el cual es de carácter subsidiario y residual.

Adujo que revisado el sistema documental de Colpensiones, se observa que La Entidad Promotora de Salud EPS, remitió a la entidad, concepto de rehabilitación – (CRE), con pronóstico desfavorable, razón por la cual, no es procedente el pago de incapacidades.

Precisó que no existen derechos fundamentales vulnerados por parte de Colpensiones, comoquiera que la misma, no tiene responsabilidad en el pago de incapacidades al existir el concepto de rehabilitación – CRE desfavorable, siendo procedente la calificación de perdida de la capacidad laboral.

Indicó que la EPS es quien debe cumplir con la emisión del concepto de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad temporal y remitirlo a la5

desfavorable, siendo procedente la calificación de perdida de la capacidad laboral.

Indicó que la EPS es quien debe cumplir con la emisión del concepto de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad temporal y remitirlo a la5 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

ACCIÓN DE TUTELA

AFP correspondiente antes del día 150, en tal sentido, si bien la EPS no está obligada a reconocer incapacidades superiores al día 180, ducha entidad debe asumir de sus propios recursos el pago de incapacidades que superen el día 181 hasta el día en que se emita y entregue el concepto.

Adujo que una vez que el Fondo de Pensiones disponga del concepto desfavorable de rehabilitación, podrá postergar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral “hasta por 360 días calendario adicionales a los primeros 180 de incapacidad tempor al que otorgó y pagó la EPS”; sin embargo, en caso de que la AFP decida utilizar dicha prerrogativa, la ley prevé como condición el pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal que venía disfrutando el trabajador, y si el concepto de rehabilitación que recibe el fondo de pensiones por parte de la EPS, es desfavorable, se deberá proceder a calificar la pérdida de capacidad del afiliado.

Indicó que en un fallo anterior, se ordenó reconocer y pagar las incapacidades de los periodos del 14/04/2023 al 26/10/2023, donde el área estableció los extremos de la siguiente manera: “ Día 1: 16/10/2022,

incapacidades de los periodos del 14/04/2023 al 26/10/2023, donde el área estableció los extremos de la siguiente manera: “ Día 1: 16/10/2022, Día 180: 13/04/2023, y Día 540: 07/04/2024”.

Conforme a lo anterior, solicitó que en el presente asunto, se tenga presentes las fechas anteriormente descrit as, en el sentido de que el día 7/04/2024 se cumple el día 540, es decir que a partir del 8/04/2024, la responsabilidad recae sobre la EPS.

Insistió en que la presente acción de tutela carece de objeto, toda vez que no existen derechos fundamentales violados por parte de la entidad, comoquiera que Colpensiones no tiene responsabilidad en el pago de incapacidades al existir CRE desfavorable, pues lo que corresponde es la calificación de pérdida de capacidad laboral.6 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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Seguidamente explicó el trámite administrativo de solicitud de pago de incapacidades, resaltando que la calificación del origen de la enfermedad o accidente lo hacen las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de establecer el origen de una patología, diferenciando si es de origen profesional (causada por la exposición a un factor de riesgo laboral) o si es de origen común.

Igualmente describió el procedimiento interno para el reconocimiento y pago del subsidio de incapacidad por parte de Colpensiones, i ndicando que al tratarse de recursos que hacen parte del sistema, y en sí mismo del fondo común, es necesario que la entidad realice todas las verificaciones

pago del subsidio de incapacidad por parte de Colpensiones, i ndicando que al tratarse de recursos que hacen parte del sistema, y en sí mismo del fondo común, es necesario que la entidad realice todas las verificaciones a que haya lugar para garantizar que los pagos que se realizan están legalmente soportados.

Finalmente reiteró que decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fu ndamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable.

4.2. Famisanar EPS

Fredy Alexander Caicedo, en su calidad de Director de Operaciones Comerciales de la Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS en intervención, dio respuesta a la presente acció n indicando que la entidad no ha vulnerado derecho alguno a la accionante, además, se debe tener en cuenta que la pretensión de la accionante está única y exclusivamente encaminada al pago de la prestación económica, para lo cual, la acción de tutela no es el mecanismo judicial, sino la jurisdicción ordinaria laboral, en apreciación del requisito de subsidiariedad.

Adujo que no siempre el Juez de Tutela es el primer llamado a proteger derechos constitucionales fundamentales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es decir, procede siempre que no exista otro7 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

ACCIÓN DE TUTELA

medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese la vulneración.

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

ACCIÓN DE TUTELA

medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese la vulneración.

Precisó que en el presente asunto no existe vulneración o amenaza al derecho fundamental atribuible a EPS FAMISANAR, porque la conducta de ésta, en todo momento ha estado ajustada a la normatividad legal vigente que regula el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y a todas las disposiciones legales relacionadas.

Conforme a lo anterio r, solicitó cesar o terminar cualquier tipo de procedimiento judicial iniciado en contra de la EPS, toda vez que la EPS Famisanar ha autorizado y garantizado el suministro de todos los servicios en salud que la paciente ha requerido y en ningún momento ha incurrido en conductas dolosas y, aún, ni siquiera culposa, para omitir el deber legal y constitucional.

5. La Sentencia Impugnada.

En sentencia de fecha ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024) , proferido por el Juzgado Veintinueve (29) de Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda. - resolvió: i) amparar los derechos fundamentales al mínimo vital , vida digna y dignidad humana de la accionante, ii) ordenar a Colpensiones pr oceder al pago de las incapacidades del periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2023 al 7 de abril de 2024 (día 540), iii) ordenar a Famisanar proceda al pago de las incapacidades causadas a partir del 8 de abril de 2024 (día 541) hasta el 11 de abril de 2024, y iv) ordenara a Colpensiones y Famisanar, realizar

las incapacidades causadas a partir del 8 de abril de 2024 (día 541) hasta el 11 de abril de 2024, y iv) ordenara a Colpensiones y Famisanar, realizar el pago y liquidación conforme al IBC reportado por el empleador.

En primer lugar, el A-quo señaló que de la revisión del expediente, encontró probado que el Director de Medicina Laboral (A) d e Colpensiones, mediante Oficio No. BZ2024_3719492-0556589 de fecha 1 de marzo de 2024, informó a la accionante que de la Administradora le ha reconocido como subsidio económico el valor de $7.578.309 por concepto8 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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de 196 días de incapacidad médica temporal, desde el 14 de abril de 2023 hasta 26 de octubre de 2023, discriminando las siguientes fechas de incapacidades: Día 1: 16/10/2022; Día: 180: 13/04/2023; Día 540: 07/04/2024.

Adujo que la accionante cuenta con 53 años de edad, y que consta en el expediente las incapacidades emitidas por el Hospital San Antonio de Guatavita, de las cuales a la fecha no se ha realizado el pago, que corresponde a los siguientes periodos:

Conforme a lo anterior, precisó que de conformidad con el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, no le compete a Famisanar EPS el pago de las incapacidades, comoquiera que la misma, cumplió con: i) elaborar el

Conforme a lo anterior, precisó que de conformidad con el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, no le compete a Famisanar EPS el pago de las incapacidades, comoquiera que la misma, cumplió con: i) elaborar el concepto de rehabilitación, ii) darlo a conocer a la accionante, quien posteriormente iii) lo presentó ante Colpensiones para el pago de las Incapacidades, y iv) Colpensiones procedió a emitir Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional de fecha 13 de enero de 2022, estableciendo un “PCL: 40.93%., salvo, en los eventos en que la incapacidad supere los 540 días, por lo que a partir del día 541 de incapacidad generada – le corresponde a la EPS realizar el pago de la prestación económica”.

Señaló que efectivamente la accionante, el día 9 de enero de 2024, radicó ante Colpensiones, solicitud relacionada con el pago de las incapacidades generadas después del 25 de octubre de 2023, y por su parte Colpensiones mediante Oficio No. BZ2024_3719492-0556589 de fecha 19 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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de marzo de 2024, negó lo solicitado, indicando que obra concepto médico de rehabilitación con pronóstico desfavorable, motivo por el cual, no debe pagar la incapacidad, y que lo procedente es adelantar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.

Advirtió que la H. Corte Constitucional protege a las personas que están

pagar la incapacidad, y que lo procedente es adelantar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.

Advirtió que la H. Corte Constitucional protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.

Indicó que el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la vía de tutela.

Frente al perjuicio irremediable, adujo que la Corte, en Sentencia T-786 de 2008, señaló que este se caracteriza “[…] i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad […]”.

Conforme a lo anterior, consideró que con la valoración probatoria otorgada, se determina que la accionante como afiliada a la AFP Colpensiones, tiene derecho a acceder al pago de incapacidades por parte de dicha entidad, comoquiera que Famisanar EPS, emitió concepto desfavorable de rehabilitación.

Precisó que de forma concreta la H. Corte Constitucional en la Sentencia

Colpensiones, tiene derecho a acceder al pago de incapacidades por parte de dicha entidad, comoquiera que Famisanar EPS, emitió concepto desfavorable de rehabilitación.

Precisó que de forma concreta la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-194 de 2021, dispuso “[…] En cuanto a las incapacidades de origen común que persisten y superan el día 181. Si bien en principio eran objeto10 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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de debate, en tanto se asumía que el pago estaba condicionado a la existencia de un concepto favorable de recuperación, esta corporación ha sido enfática en afirmar que el pago de este subsid io corre por cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliada el trabajador, ya sea que exista concepto favorable o desfavorable de rehabilitación […]”.

Indicó que teniendo en cuenta lo anterior, las incapacidades reclamad as por la accionante, corresponden a los periodos comprendidos entre el 27/10/2023 al 23/11/2023 (28 días de incapacidad); 24/11/2023 hasta 21/12/2023 (días de Incapacidad: 28); 22/12/2023 hasta 18/01/2024 (días de Incapacidad: 28); 19/01/2024 hasta 15/02/ 2024 (días de Incapacidad: 28); 16/02/2024 hasta: 14/03/2024 (días de Incapacidad: 28); del 15/03/2024 hasta 11/04/2024 (días de Incapacidad: 28) – para un total de 168 días de incapacidad.

28); 16/02/2024 hasta: 14/03/2024 (días de Incapacidad: 28); del 15/03/2024 hasta 11/04/2024 (días de Incapacidad: 28) – para un total de 168 días de incapacidad.

Señaló que de acuerdo al informe allegado por Colpensiones, a la accionante el día 13 de abril de 2023, le pagaron las incapacidades desde el día 1 al 16 de octubre de 2022 (día 180), aclarando que el día 540 va hasta el día 7 de abril de 2024, es decir , desde el 27 de octubre de 2023 al 7 de abril de 2024 (día 540) le corresponde a Colpensiones, y el pago de las incapacidades causadas a partir del 8 de abril de 2024 (día 541), hasta el día 11 de abril de 2024, le corresponde a Famisanar.

Concluyó que en el presente asunto es evidente la vulneración al derecho al mínimo vital y vida digna por parte de las entidades accionadas, y con ello el desconocimiento de la dignidad humana, toda vez que las accionada no han realizado el pago de las incapacidades solicitadas por la accionante, sin haber tenido en cuenta el precedente jurisprudencial.

Por otra parte, indicó que COLPENSIONES y FAMISANAR EPS interpretaron de manera arbitraria las disposiciones analizadas y vulneraron los derechos constitucionalmente referidos, por lo tanto, deben11 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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proceder a cancelar las incapacidades para el periodo comprendido desde

Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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proceder a cancelar las incapacidades para el periodo comprendido desde el 27 de octubre de 2023 hasta el 7 de abril de 2024 (día 540) y a FAMISANAR EPS. el pago de las incapacidades causada a partir del 8 de abril de 2024 (día 541) hasta el 11 de abril de 2024.

Finalmente, precisó que en el ex pediente no existe prueba del salario percibido actualmente por la accionante, por lo que AFP COLPENSIONES deberá realizar el pago y la liquidación conforme al IBC reportado por el empleador de la señora Muñoz Alonso, de la Empresa WAYUU FLOWERS SAS.

6. Impugnación

6.1. Colpensiones

La entidad ac cionada a través de su Directora (A) de Acciones Constitucionales, impugnó la sentencia de primera instancia, indicando que los responsables de efectuar el reconocimiento de las incapacidades médicas, varía de acuerdo a los días de incapacidad causados, así:

Precisó que una vez revisados los aplicativos de Colpensiones, se evidenció q ue la EPS Famisa nar, r adicó concepto de rehabilitación desfavorable – CRE, bajo el radicado núm. 2023_13804056 del 16 de agosto de 2023, por lo tanto , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 del D ecreto 019 de 2012, no es jurídicamente procedente el reconocimiento de subsidios por incapacidad por periodos que superen los12 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

142 del D ecreto 019 de 2012, no es jurídicamente procedente el reconocimiento de subsidios por incapacidad por periodos que superen los12 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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180 y hasta por los 360 días, pues lo que es procedente seria calificar la perdida de la capacidad laboral.

Seguidamente reiteró los arg umentos e xpuestos en el informe de contestación a la presente acción, indicando en síntesis que la sentencia de primera instancia debe revocarse, comoquiera que la tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se demostró que Colpen siones haya vulnerado los derechos reclamados por la accionante ya que está actuando conforme a derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En desarrollo del artículo 86 de la Carta Política, del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para resolver la acción de amparo que ha sido incoada por la señora María Licinia Muñoz Alonso.

2. Finalidad de la Acción de Tutela.

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 19911, disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger de manera inmediata y e ficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero, que no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios,

proteger de manera inmediata y e ficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero, que no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios,

1 Decreto 2591 de 1991, ARTICULO 32.-Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándol a con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expedient e a la Corte Constitucional, para su (eventual) revisión.13 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.

Esta acción tiene carácter subsidiario y residual ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo

preestablecidos, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.

Esta acción tiene carácter subsidiario y residual ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para su protección, o cuando existiendo otros medios de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable2.

La jurisprudencia constit ucional ha resaltado que la tutela no sustituye otros mecanismos ordinarios de defensa, toda vez que se trata de una medida excepcional, que solo procede ante las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin desplazarlos o sustituirlos. La H. Cort e Constitucional afirma que es un instrumento democrático que tienen los ciudadanos para proteger sus derechos constitucionales, del que no puede abusarse cuando existan otros mecanismos judiciales3.-

3. El principio de subsidiariedad en la acción de tutela.

La H. Corte Constitucional citando la sentencia C -543 de 1992, referente a la subsidiariedad de la acción de tutela, en providencia T -103 de 2014 sostuvo:

“[…] tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitu cional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa , a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (…) Luego no es propio de la acción de tutela el sent ido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos

propio de la acción de tutela el sent ido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en

2 Corte Constitucional, Sentencias C-1225 de 2004; T698 de 2004, SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; SU – 544 de 2001; T–1670 de 2000, entre otras. 3 Sentencia T-161 de 2005.14 Expediente No. 11001-33-35-029-2024-00081-01

Accionante: María Licinia Muñoz Alonso

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orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales(…) tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso […]”4 (Negrilla de la Sala)

Así mismo, respecto de la acción de tutela contra actos administrativos, la misma Corporación Constitucional ha señalado:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para deba tir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos

que se actúe como una instancia adicional para deba tir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se h an previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”5

Con lo anterior, la jurisprudencia constitucional señala que la acción de tutela resulta procedente si se instaura de manera subsidiaria, bien sea por la inexistencia de un mecanismo idóneo para la protección de sus derechos, o aún si existiendo, se interp one el mecanismo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

4. Procedencia - reconocimiento de incapacidades

En relación con el reconocimiento de incapacidades, la Corte Constitucional6 apuntó que por regla general no es el medio idóneo para solicitarlo, sin embargo refirió que estos pagos sustituyen al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores y son una garantía para la salud del trabajador quien p odrá recuperarse satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar laboralmente, su sustento y el de su grupo familiar, lo que genera la

4 Sentencia T-103/14. 5 SÁCHICA MÉNDEZ, Martha Victoria, (M.P.). H. Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2015. 6 Corte