TA CUN - 11001-33-37-040-2016-00171-01-(29-06-2018)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUB SECCIÓN B

Bogotá D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018)

SENTENCIA NRD No. 052

MAGISTRADA PONENTE: DRA. CARMEN AMPARO PONCE DELGADO

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE EXPEDIENTE: 11001-33-37-040-2016-00171-01

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado judicial, contra la sentencia del 24 de febrero de 2017, proferida por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se declaró la existencia del acto ficto negativo respecto del recurso de apelación interpuesto contra el acto de determinación del tributo y se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

A. LA DEMANDA

1. LAS PRETENSIONES.

La parte actora invoca como tales las siguientes: “3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. 21.018 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Liquidación Oficial de Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014 en cuantía de $18.850.086 pesos m/cte.

Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014 en cuantía de $18.850.086 pesos m/cte. (ii) Resolución 2.136 del 21 de enero de 2016 por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por KLM contra la Resolución 21.018 del 16 de octubre de 2015 relativa a la Liquidación Oficial de Revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2012 a 2014. (iii) Acto ficto negativo consecuencia de la no respuesta por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte al recurso de apelación elevado en subsidio al recurso de reposición ante el Superintendente de Puertos y Transporte. 3.2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que KLM no está obligado a pagar los mayores valores determinados y exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte, habida cuenta que nos encontramos frente a un pago de lo no debido”.

2. LOS HECHOS.

Se exponen en la demanda introductoria del proceso, en síntesis, los siguientes:EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El 16 de octubre de 2015, la entidad demandada profirió la Resolución No. 21.018 en la cual ordenó a la sociedad actora el pago del saldo pendiente de la tasa de vigilancia

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El 16 de octubre de 2015, la entidad demandada profirió la Resolución No. 21.018 en la cual ordenó a la sociedad actora el pago del saldo pendiente de la tasa de vigilancia correspondiente a los periodos 2012 a 2014, en cuantía de $18.850.086. Contra la anterior decisión, KLM Cia Real Holandesa de Aviación interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero de ellos, esto es, la reposición, fue resuelta mediante la Resolución No. 2.136 del 21 de enero de 2016, confirmando en su integridad el acto de determinación del tributo y concediendo la apelación ante el superior. Transcurrido el plazo de dos (2) meses, la Administración no resolvió el recurso de apelación por lo que se entiende la ocurrencia del silencio administrativo negativo contenido en el acto ficto o presunto.

3. NORMAS VIOLADAS.

Considera la parte demandante, que con la expedición de los actos administrativos acusados se violan las siguientes disposiciones normativas:  Constitución Política: artículos 83, 95-9, 150, 230, 243, 338 y 363.  Ley 1437 de 2011: artículo 91.

4. CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

La sociedad KLM Cia. Real Holandesa de Aviación, quien actúa como parte actora dentro de la Litis, esquematizó su concepto de violación como a continuación se resume: 4.1. Término para resolver el recurso de apelación interpuesto. Ocurrencia del silencio administrativo negativo.

de la Litis, esquematizó su concepto de violación como a continuación se resume: 4.1. Término para resolver el recurso de apelación interpuesto. Ocurrencia del silencio administrativo negativo. En el caso in examine , la sociedad actora interpuso apelación contra la Resolución No. 21.018 del 16 de octubre de 2015. Dicho recurso debía ser resuelto por la Administración dentro de los dos (2) meses siguientes a su interposición; empero, transcurrido ese plazo la entidad demandada no se pronunció al respecto configurándose de esta manera el silencio administrativo negativo. Por lo anterior, se solicita la declaratoria de existencia del acto administrativo ficto o presunto negativo y su consecuente nulidad. 4.2. Legalidad de los tributos. Cosa juzgada constitucional y efecto de la inexequibilidad de una norma. Con el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 se amplió la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, destinada para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

2EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO En dicha disposición normativa se determinaron los elementos del tributo aplicables para quienes se les amplió el cobro y se dispuso que la tasa correspondería a la parte

En dicha disposición normativa se determinaron los elementos del tributo aplicables para quienes se les amplió el cobro y se dispuso que la tasa correspondería a la parte proporcional de los ingresos brutos, sin sobrepasar el 0.1% de los mismos. Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones Nos. 10225, 5150 y 4188 para fijar la tarifa aplicable a la tasa de vigilancia por los años 2012, 2013 y 2014, teniendo como fundamento los parámetros fijados en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011. Sin embargo, con la sentencia C – 218 de 2015, dicho canon normativo fue declarado inexequible, dado que su texto era muestra de un trato diferencial que no tenía sustento alguno en la ley al aumentar la base gravable para los nuevos vigilados, respecto de aquella que había sido fijada para los antiguos en la Ley 1ª de 1991. No obstante, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad la entidad demandada expidió los actos administrativos enjuiciados para aumentar la base gravable a cargo de la sociedad demandante con fundamento en lo que preveían las resoluciones del Ministerio de Transporte, que a su vez se fundaron en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011. Ello denota la violación al debido proceso y al principio de legalidad y predeterminación de los tributos, dado que los elementos de la tasa de vigilancia establecidos en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 carecen de sustento legal al haberse declarado inexequible dicha disposición normativa. Tampoco es procedente cobrar el tributo a la sociedad actora, con fundamento en lo

de la Ley 1450 de 2011 carecen de sustento legal al haberse declarado inexequible dicha disposición normativa. Tampoco es procedente cobrar el tributo a la sociedad actora, con fundamento en lo previsto en la Ley 1ª de 1991, comoquiera que esta es aplicable a los vigilados inicialmente por la Superintendencia de Puertos y Transporte, esto es, a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, sin que puedan hacerse extensivos los elementos allí fijados a los nuevos vigilados, pues para este último grupo existía una disposición expresa contenida en el artículo 89 que, se repite, fue declarado inexequible por el Alto Tribunal Constitucional. 4.3. Pérdida de ejecutoria de los actos administrativos. Inexistencia de situaciones jurídicas consolidadas. Los actos administrativos pierden obligatoriedad y no pueden ser ejecutados cuando desaparecen sus fundamentos de hecho y/o de derecho. La desaparición de los fundamentos jurídicos de los actos administrativos puede suceder como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le sirve de fundamento. En tal sentido, los actos objeto de demanda con los que se pretende el cobro de la tasa de vigilancia por los años 2012 a 2014, que se fundaron en lo previsto en las Resoluciones 10225 de 2012, 05150 de 2013 y 04188 de 2014, cuyo sustento a su vez se basó en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, son ilegales al haber perdido su fuerza de ejecutoria,

10225 de 2012, 05150 de 2013 y 04188 de 2014, cuyo sustento a su vez se basó en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, son ilegales al haber perdido su fuerza de ejecutoria, dado que los fundamentos jurídicos para su expedición desaparecieron con ocasión de la sentencia C – 218 de 2015. En conclusión, a juicio de la sociedad demandante, con la expedición de la Resolución No. 21.018 del 16 de octubre de 2015 la entidad acusada incurrió en una irregularidad grave y manifiesta que va en contravía de los derechos de KLM Cia. Real Holandesa de Aviación

3EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y que atenta contra el ordenamiento jurídico, en la medida que profirió una liquidación oficial sustentada en resoluciones cuyo fundamento legal fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y, por tanto, perdieron su ejecutoriedad al desaparecer sus fundamentos de derecho.

B. ARGUMENTOS DE DEFENSA.

Mediante escrito allegado el 23 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte, actuando por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones

consignadas en el libelo demandatorio, por las siguientes razones (fls. 146 a 162 c.1.):

1. Efectos de la sentencia de constitucionalidad C – 218 de 2015.

La tasa de vigilancia fue prevista inicialmente para los operadores portuarios y las sociedades portuarias, determinada por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia definidos por la Contraloría General de la República. Dicha tasa fue ampliada con el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para los demás sujetos sometidos a control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el fin de cubrir los costos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión. La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por considerar que la expresión “y/o inversión” resultaba desigual respecto del tratamiento que se le había dado a los sujetos de que trata la Ley primigenia de la creación de la tasa de vigilancia, en la que solo se sometía el tributo a los costos de funcionamiento. En esa medida, a juicio de la parte demandada, en la sentencia no se entrevé una discusión respecto del cobro del tributo, sino que se excluyó el componente de inversión; luego, los nuevos obligados deben pagar la tasa mencionada para contribuir con el funcionamiento de la entidad demandada, más no con su inversión. Aunado a lo anterior, se advierte que los efectos de la sentencia de constitucionalidad son ex nunc, es decir, hacia futuro, dado que la Corte Constitucional no estableció un efecto

funcionamiento de la entidad demandada, más no con su inversión. Aunado a lo anterior, se advierte que los efectos de la sentencia de constitucionalidad son ex nunc, es decir, hacia futuro, dado que la Corte Constitucional no estableció un efecto distinto al general. En tal medida, los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Transporte en los cuales se determinó la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y 2014, gozan de legalidad y, por lo mismo, era viable que la entidad demandada se basara en dichos actos para proferir las resoluciones que se demandan en esta oportunidad. En ese sentido, la obligación de pagar la tasa de vigilancia en cabeza de los nuevos sujetos vigilados como la demandante, sigue vigente y, por lo mismo, no es viable sustentar su exoneración con fundamento en una sentencia de inexequibilidad que dejó incólume la obligación tributaria y sólo extendió sus efectos a la expresión “y/o inversión”.

2. Pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos demandados.

Para el momento en que fueron expedidas las resoluciones por medio de las cuales el Ministerio de Transporte fijó la tarifa aplicable para la tasa de vigilancia por los años 2012 a 2014, se encontraba vigente en su integridad el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que establecía los montos a cobrar por ese concepto y el método a seguir.

4EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO En tal sentido, esos actos administrativos de contenido general gozan de presunción de legalidad y, por lo mismo, pueden servir de sustento para la expedición de las resoluciones que se demandan.

C. SENTENCIA APELADA El Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 24 de febrero de 2017, declaró la existencia del acto ficto negativo respecto del recurso de apelación interpuesto contra el acto de determinación del tributo y denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que a

continuación se sintetizan (fls. 181 a 191 c.1.):

1. Ocurrencia del silencio administrativo negativo.

Mediante escrito radicado el 04 de noviembre de 2015, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 21.018 del 16 de octubre de 2015, que determinó la tasa de vigilancia por el periodo 2012 a 2014. El recurso de reposición fue resuelto con la Resolución No. 02.136 del 21 de enero de 2016, acto que se notificó el 11 de febrero de 2016. Luego, a juicio del a quo, a partir de esa fecha inició el término de diez (10) días para interponer la apelación que vencieron el 25 de febrero de 2016.

2016, acto que se notificó el 11 de febrero de 2016. Luego, a juicio del a quo, a partir de esa fecha inició el término de diez (10) días para interponer la apelación que vencieron el 25 de febrero de 2016. En ese contexto, la entidad demandada tenía como plazo para resolver el recurso de apelación hasta el 26 de abril de 2016, dado que el término de dos (2) meses se contaba a partir del vencimiento del plazo de los diez (10) días para interponer el recurso de apelación. Dado que la Administración omitió resolver dicho recurso, concluye el juez de primera instancia que en el sub judice se configuró el silencio administrativo negativo, generándose con ello el acto ficto o presunto negativo.

2. Efectos de la sentencia de constitucionalidad y pérdida de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos demandados.

El inciso 2° del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 se mantuvo vigente hasta la fecha en que la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad mediante la sentencia C – 218 del 22 de abril de 2015. Sin embargo, ese fallo judicial dejó claro que la obligación tributaria no desaparece del ordenamiento jurídico para los nuevos sujetos vigilados como la demandante, sino que la exclusión atiende a la inclusión de la determinación de la tasa atendiendo a los gastos de inversión. A juicio del a quo , los efectos del fallo de inconstitucionalidad proferido por la Corte no pueden aplicarse al caso concreto, en la medida que para los periodos 2012 a 2014 la norma mencionada se encontraba vigente, toda vez que esa sentencia se profirió en el

pueden aplicarse al caso concreto, en la medida que para los periodos 2012 a 2014 la norma mencionada se encontraba vigente, toda vez que esa sentencia se profirió en el año 2015, momento a partir del cual comenzaron a regir sus efectos ex nunc.

5EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO En ese contexto, los actos de determinación del tributo al referirse a periodos anteriores al año 2015, gozan de legalidad pues para ese entonces la norma aplicable era la contenida en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011.

D. RECURSO DE APELACIÓN Dentro de la oportunidad legal establecida para recurrir la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, únicamente respecto de los efectos de la sentencia C – 218 de 2015 aplicables al caso concreto, reiterando los argumentos expuestos con su demanda (fls. 202 a 213 c.1.).

E. ACTUACIÓN PROCESAL Y ALEGACIONES FINALES EN ESTA INSTANCIA Mediante providencia del 31 de julio de 2017, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2017 por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y se

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2017 por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y se ordenó notificar personalmente al señor agente del Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1437 de 2011. Con auto del 25 de septiembre de 2017, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales. La sociedad demandante reiteró los argumentos expuestos con su demanda y su apelación mediante escrito radicado el 09 de octubre de 2017 (fls. 11 a 22 c. ppal.); por su parte, la entidad demandada guardó silencio.

F. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación no rindió concepto jurídico.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme lo establece el artículo 153 1 de la Ley 1437 de 2011.

2. CADUCIDAD.

La demanda fue presentada el 15 de julio de 2016, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que venció el plazo que tenía la Administración para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión

(4) meses contados a partir de la fecha en que venció el plazo que tenía la Administración para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión 1 “ ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”.

6EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 21.018 del 16 de octubre de 2015, atendiendo a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011 que prevé como término para resolver los recursos dos (2) meses contados a partir de su interposición.

Ello conduce a concluir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se ejerció dentro de la oportunidad establecida en el literal d) del numeral 2° del artículo 164 del C.P.A.C.A.

3. ALCANCE DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN.

El alcance de la competencia del ad quem en el examen de las objeciones planteadas por la parte apelante, se entiende limitada en virtud del principio de congruencia consagrado

El alcance de la competencia del ad quem en el examen de las objeciones planteadas por la parte apelante, se entiende limitada en virtud del principio de congruencia consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. Dice la primera de las disposiciones citadas: “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante , sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. (…)” (Negrillas adicionales). En cuanto a la consideración del límite establecido al fallador de segunda instancia por lo expresado por el apelante, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado: “… la Sala se circunscribirá a los aspectos arriba señalados, pues su competencia, según el art. 357 del CPC., se reduce a examinar dicho asunto, no siendo posible que aborde otros, so pena de violar el principio de la congruencia. En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, estableció que la competencia del juez de la segunda instancia está limitada a los motivos de inconformidad que exprese el recurrente en el escrito de apelación, de allí que, en el asunto sub examine esta Subsección se restringirá a estudiar sólo lo referente a los perjuicios reconocidos a los demandantes en primera instancia, y la concurrencia de culpas, pues en eso radican los

Subsección se restringirá a estudiar sólo lo referente a los perjuicios reconocidos a los demandantes en primera instancia, y la concurrencia de culpas, pues en eso radican los argumentos expuestos por las partes en los recursos de apelación”2. “… para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”3. “…A través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia–, por lo cual corresponde al apelante confrontar con sus propias consideraciones los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para tomar su decisión, (…) En este orden de 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. No. 31.170., M.P. Enrique Gil Botero. 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 12 de marzo de 2014, Exp. No. 30.524, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”4.

Por lo anterior, es claro que el fallador de segunda instancia debe regirse por las objeciones planteadas por el apelante frente a la sentencia de primera instancia, sin que haya lugar a considerar otros planteamientos o argumentos no incluidos en la apelación. Con todo, la decisión que se llegare a adoptar en segunda instancia no pude de ningún modo hacer más gravosa la situación de quien apela el fallo de primera instancia.

4. PROBLEMA JURÍDICO.

De los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se colige que en esta instancia la litis se centra en establecer: 4.1. Si los actos administrativos demandados son ilegales al haberse fundamentado en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 218 de 2015, y s i los efectos de dicho fallo se hacen extensivos al caso particular de la sociedad actora.

5. LO PROBADO.

Constitucional mediante sentencia C – 218 de 2015, y s i los efectos de dicho fallo se hacen extensivos al caso particular de la sociedad actora.

5. LO PROBADO.

Resolución No. 21.018 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte profirió liquidación oficial de revisión del pago de la tasa de vigilancia a cargo de la sociedad KLM Cia Real Holandesa de Aviación por los periodos 2012 a 2014, citando como fundamentos de derecho los siguientes (fls. 106 a 108 c.1.): “Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2° de la Ley 1ª de 1991, así: “Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2° de la Ley 1ª de 1001, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión. Aquellos sujetos de los cuales se les han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados.

anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados. (…). 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2013, Exp. No. 26.319, M.P. Hernán Andrade Rincón.

8EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2016-00171-01

DEMANDANTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013, el Ministerio de Trasporte fijó la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los vigilados a que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1 de 1991 y a los que se les amplió el cobro de la tasa de vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para la vigencia fiscal 2013, en el 0.2605% para los primeros y en el 0.1% para los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

(…). Que como consecuencia de lo anterior, resulta conforme a los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales el cobro de la tasa de vigilancia a todos

(…). Que como consecuencia de lo anterior, resulta conforme a los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales el cobro de la tasa de vigilancia a todos los sujetos de inspección, así como exigir el pago de los calores adeudados por concepto de la tasa de vigilancia a quienes lo realizaron de forma incompleta o no realizaron pago alguno. Para el efecto, es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el Ministerio de Transporte toda vez que las resoluciones expedidas por dicha cartera gozan de presunción de legalidad. Asimismo, tanto la obligación de pago como el incumplimiento del mismo, constituyen situaciones jurídicamente consolidadas antes de la expedición de la sentencia C – 218 de 2015 y de la expedición de la Ley 1753 de 2015”. Recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por KLM Cia. Real Holandesa de Aviación contra el acto anterior, mediante el cual se opuso a la reliquidación de la tasa de vigilancia efectuada por la entidad demandada, alegando los mismos cargos de nulidad traídos a colación en el libelo demandatorio que dio origen a este proceso judicial (fls. 32 a 50 c.a.). Resolución No. 02.136 del 21 de enero de 2016, por medio de la cual la entidad demandada resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el acto

Resolución No. 02.136 del 21 de enero de 2016, por medio de la cual la entidad demandada resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el acto de liquidación oficial, confirmándolo en su integridad bajo los mismos argumentos allí expuestos. Además de ello, señaló la Superintendencia acusada “que la sentencia C – 218 de 2015 no tiene efectos retroactivos, no produce la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo alegado toda vez que persisten sus fundamentos de derecho” (fls. 109 a 127 c.1.).

6. ANÁLISIS DE LA SALA. 6.1. Creación de la tasa de vigilancia portuaria.

Con la Ley 1ª de 1991 se expidió el Estatuto de Puertos Marítimos para fijar, entre otros aspectos, las funciones de la Superintendencia General de Puertos. Así, el numeral 2° del artículo 27 de dicho cuerpo normativo prevé como función del ente de control y vigilancia el cobro a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia, de la tasa proporcional que les corresponda, atendiendo a sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República. Dicha tasa fue creada con el fin de suministra