TA CUN - 11001-33-37-040-2018-00338-01-(06-05-2021)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MAGISTRADA PONENTE: DRA. GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

EXPEDIENTE No. 11001-33-37-040-2018-00338-01

DEMANDANTE: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL

DEMANDADO: UGPP

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

ASUNTO: APORTES PATRONALES

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019 , proferida por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restableci miento del Derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, tendiente a obtener las siguientes,

PRETENSIONES

En síntesis, expone las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución que a continuación se enuncia, la cal fue profe rida por la Subdirección de Determinación de Derechos

PRETENSIONES

En síntesis, expone las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución que a continuación se enuncia, la cal fue profe rida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-:

Resolución No. RDP 02084 del 23 de enero de 2018, numeral 10°, “Por la cual se Reliquida una Pensión de VEJEZ en cumplimiento de un fallo judicialNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP

2

proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA SALA DECISIÓN

NO 5 del Sr. (a) FIGUEROA VIASUS GUSTAVO con CC No. 6.753.061”.

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se le ORDENE a la entidad demandada cesar cualquier acción de cobro de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que emane del Acto Administrativo cuya nulidad se solicita ” (fl.

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HECHOS

Los hechos que dieron origen a la litis y que interesan al proceso son los siguientes:

Informa que el 15 de mayo de 2018 se recibió en las Oficinas de entidad demandada un citatorio para notificación personal de la resolución demandada, diligencia de notificación que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2018; precisando que los hechos que dieron origen a la expedición del acto radican en que el señor

demandada un citatorio para notificación personal de la resolución demandada, diligencia de notificación que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2018; precisando que los hechos que dieron origen a la expedición del acto radican en que el señor Gustavo Figueroa Viasus, y quien labor ó en la Registraduría Nacional del Estado Civil de enero de 1978 a febrero de 2012, solicitó a la UGPP la reliquidación de su pensión de vejez, petición que fue negada, razón por la cual, acudió a la jurisdicción contenciosa para pedir la nulidad de los actos respectivos, y como consecuencia de ello, el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 24 de mayo de 2017 corrigió el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida por esa misma corporación el 9 de novie mbre de 2016, que ordenó la reliquidación pensional solicitada.

Señala que en la resolución demandada se ordenó reliquidar la pensión del señor Gustavo Figueroa en cuantía de $1.516.612, no obstante, en la parte motiva del acto no se indica que en la se ntencia que ordenó reliquidar la pensión se hubiere condenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectuar pago alguno; contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 1° de junio de 2018; precisando que el recurso de reposición fue resuelto de forma desfavorable mediante la Resolución No. RDP 022285 del 18 de junio de 2018; y el recurso de apelación se desató a través de la Resolución No. RDP 028621 del 16

desfavorable mediante la Resolución No. RDP 022285 del 18 de junio de 2018; y el recurso de apelación se desató a través de la Resolución No. RDP 028621 del 16 de julio de 2018, confirmando el acto recurrido (fls. 62 vto.-63).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante señala como normas violadas:

• Artículos 29, 48 de la Constitución Política. - Artículos 1, 2, 3, 9, 10, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 66, 67, 68, 69, 74 del CPACA. - Artículo 1° de la Ley 33 de 1985Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 3 - Artículos 21, 36 de la Ley 100 de 1993 - Decreto 1158 de 1994 - Decreto 169 de 2008 - Decreto 5021 de 2001 - Decreto 575 de 2013

En síntesis, sustenta de la siguiente manera el concepto de violación (fls. 63 vto. – 71):

1. Falta de competencia y capacidad para emitir el acto administrativo materia de la demanda

Manifiesta que la Subdirección de Determinación de Derecho Pensionales no tiene a cargo la determinación y cobro de aportes, sino tan solo la determinación de derechos pensionales, tales como mesadas pensionales y bonos pensionales.

Afirma que conforme el Decreto 169 de 2008 el cobro de contribuciones solo se

a cargo la determinación y cobro de aportes, sino tan solo la determinación de derechos pensionales, tales como mesadas pensionales y bonos pensionales.

Afirma que conforme el Decreto 169 de 2008 el cobro de contribuciones solo se realiza en forma subsidiaria , y ello debe concatenarse con la norma que regula la organización y funcionamiento de la UGPP; precisando que en el presente caso hubo violación al debido proceso por cuanto el acto f ue proferido por funcionario incompetente.

2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa e infracción de las normas en que debería fundarse

Considera que la entidad demandada no pudo ejercer su derecho de defensa sobre el cobro de aportes que la ley no contempla, aunado a que los únicos aportes que se pueden realizar son aquellos que figuran en el Decreto 1158 de 1994, por lo que deviene en ilegal el cobro que se hace respecto de cuesti ones como auxilio de alimentos, prima de navidad y prima de servicios.

Expresa que el cobro que pretende la UGPP, cuyo pago debería sacarse del Presupuesto que el Congreso de la República le asigna a la Registraduría Nacional del Estado Civil para su funciona miento misional, y no para otra cuestión, además de reñir con el debido proceso, constriñe a cumplir una cuestión ilegal, pues los ordenadores del gasto no tienen que cancelar aportes que el legislador no dispuso, y mucho menos para financiar pensiones cuya reliquidación quizá se hizo con fundamento en el abuso del derecho, como lo explica la sentencia de unificación SU 631 de 2017.

Agrega que la UGPP no puede desconocer los precedentes del Consejo de Estado

fundamento en el abuso del derecho, como lo explica la sentencia de unificación SU 631 de 2017.

Agrega que la UGPP no puede desconocer los precedentes del Consejo de Estado que señalan que las entidades públicas empleadoras no tiene n vocación de pagarNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 4 aportes inexistentes, ni ser financiadoras de pensiones ; además que las ex empleadoras no tienen que responder le a la UGPP por las condenas impuestas exclusivamente en su contra.

Afirma que los artículos 35, 37 y 40 del CPACA establecen como obligatorio, antes de emitir un acto administrativo definitivo, el comunicar el inicio de la actuación a quien pudiera r esultar perjudicado para que ejerza su derecho de contradicción, aporte, pida y practique pruebas, y solo después de ser oído, se le puede imponer una carga mediante acto definitivo; sin embargo, en el presente caso, se emitió y notificó acto administrativo que grava a la REGISTRADURIA sin que previamente se hubiere emitido el acto que ordena dar inicio a la actuación administrativa y notificar a la demandante para que ejerciera su derecho de contradicción, razón suficiente para anular el acto administrativo acusado.

Expresa que el acto acusado vulnera el derecho al debido proceso ya que se le impuso a la demandante un cobro sin haberse surtido un trámite anterior a la expedición del acto definitivo, consistente en la expedición de un acto previo por

Expresa que el acto acusado vulnera el derecho al debido proceso ya que se le impuso a la demandante un cobro sin haberse surtido un trámite anterior a la expedición del acto definitivo, consistente en la expedición de un acto previo por medio del cual se le informara a la Registraduría que cabría la posibilidad que se le cobraran unos mayores aportes, para que ejerciera su derecho de contradicción, en lugar de proceder directamente a imponer el cobro reprochado. Cita sentencia C341 de 2014 de la Corte Constitucional.

Manifiesta que antes de imponer cobro alguno procede efectuar una discusión y determinación de la existencia de la obligación, en lugar de asumir que inexorablemente es así, sin brindar la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa antes del acto definitivo, pues tanto las normas derivadas de la Ley 100 de 1993 y otras atinentes a los aportes hablan de discutir y determinar los conceptos y montos antes de exigir forzadamente el pago; precisando que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, si bien otorga la facultad de adelantar las acciones de cobro a las Entidades Administradoras de los diferentes regímenes, la misma está limitada a seguir la reglamentación respectiva.

3. Prescripción

Refiere que en virtud del fenómeno jurídico de prescripción el cobro que se persigue no puede prosperar pues los supuestos aportes cuyo pago se pretende se causaron hace décadas. Cita sentencia 20.711 del C.E. y el Concepto 145 de 2015 del ICBF.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

hace décadas. Cita sentencia 20.711 del C.E. y el Concepto 145 de 2015 del ICBF.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP

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4. Se exige el pago al mismo presupuesto nacional – Principio de Unidad de Caja y Universalidad en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Se reitera la ilegalidad del cobro

Asevera que no tiene sentido reclamarle a la Nación erogaciones con un argumento inane de estabilidad fiscal, pues en últimas, se le está haciendo el reclamo al mismo Estado, es decir, al mismo presupuesto que afecta la misma fuente; precisando que conforme el principio de universalidad, al no estar contemplado en el presupuesto el pago de aportes que la ley no consagra, que además, se habría causado hace décadas, por lo tanto, el cobro pretendido es ilegal.

5. Infracción a los principios de coordinación, eficiencia y eficacia en la implementación de la función administrativa por parte de la UGPP

Argumenta que lo relativo a cobrarle al mismo presupuesto o Estado, guarda relación con lo atinente al incumplimiento por parte de la UGPP de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación entre autoridades consagrado en el art. 209 de la C.P, como quiera que en lugar de acudir primeramente ante la entidad informándole de la situación y de un posible cobro se impuso un pago que se reitera ilegal.

6. Si lo que se deseaba era que la RNEC concurriera al pago de mesadas pensionales, ha debido respetársele el debido proceso

de la situación y de un posible cobro se impuso un pago que se reitera ilegal.

6. Si lo que se deseaba era que la RNEC concurriera al pago de mesadas pensionales, ha debido respetársele el debido proceso

Señala que si la demandante tuviera que financiar la pensión, se le hubiere seguido el procedimiento correspondiente que indica que antes de proferir la resolución que reconoce una pensión o la sustitución de la misma, la entidad pagadora de dicha pensión debe elabor ar un proyecto de acto administrativo que mencione la cuota parte pensional que le corresponde a cada entidad llamada al pago de tal cuota, y notificarle debidamente de dicho proyecto, para efectos de que la entidad del caso pueda contradecir la decisión.

7. De la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 631 de 2017 que ordena implementar labores para retrotraer declaraciones de reliquidación de pensión lo que trae como consecuencia la no necesidad de cobro

Explica que la sentencia de Un ificación SU 631 de 2017 estipula la obligación de implementar el mecanismo de revisión de las mesadas pensionales así reconocidas, y por ello, en cumplimiento del principio de eficiencia administrativa, se concluye que, en lugar de cobrar aportes ilegales a los empleadores, la UGPP debe emplear sus recursos humanos, físicos y de tiempo en cumplir la mencionada sentencia de unificación que indicó que debido a los términos legales y la fecha de creación de la UGPP, dicha entidad tenía hasta el mes de junio d e 2018 para solicitar la revisiónNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

UGPP, dicha entidad tenía hasta el mes de junio d e 2018 para solicitar la revisiónNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 6 correspondiente, y que la revisión en tratándose de vínculos por provisionalidad, encargo o libre nombramiento y remoción, ya que quienes obtuvieron su cargo por medio de concurso gozaban de mayor estabilidad.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que no están llamadas a prosperar por carecer de sustento f áctico y legal, además, se pronuncia frente a cada una en los siguientes términos:

Refiere que el artículo 48 de la C.P. que configura una responsabilidad en cabeza del Estado vela por el respeto de los derechos adquiridos , así como el pago de la deuda pensional a su cargo; y el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48, señala que para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta aquellos factores siempre que sobre ellos se hayan efectuados los respectivos aportes.

Precisa que en caso que no se realicen dichos aportes durante la vida laboral a causa del incumplimiento del empleador, el legislador da la posibilidad de repetir en contra del mismo para obtener el pago y así determinar el valor y proceder hacer el respetivo descuento de la pensión otorgada al causante.

Aduce que en el presente caso, en cumplimiento de una decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión No. 5, procedió a expedir

respetivo descuento de la pensión otorgada al causante.

Aduce que en el presente caso, en cumplimiento de una decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión No. 5, procedió a expedir la Resolución RDP 002084 del 23 de enero de 2018, por medio de la cual se reliquida una pensión de v ejez del señor GUSTAVO FIGUEROA VIASUS, quien prestó sus servicios para la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, y haciendo uso de las facultades otorgadas por la Ley 1151 de 2007, la UGPP en dicho acto ordenó a la entidad demandante el pago por concept o de aportes patronales a su cargo.

Afirma que hasta la fecha no existe proceso de cobro en contra de la entidad demandada, por lo que no son procedentes las pretensiones de la demanda, toda ve que se debe cumplir con los requisitos previstos en el artíc ulo 99 del CPACA, requisitos que exigen un título ejecutivo.

Indica que la UGPP solo tiene la obligación de reconocer y reliquidar las prestaciones conforme a la ley y a los factores debidamente cotizados por los empleadores, y que conforme la Ley 100 d e 1993, es el empleador quien debeNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 7 realizar las cotizaciones correspondientes al sistema de la protección social, por ende, cualquier variación sobre estos factores debe ser asumida por él y no por la UGPP o el trabajador.

Demandado: UGPP 7 realizar las cotizaciones correspondientes al sistema de la protección social, por ende, cualquier variación sobre estos factores debe ser asumida por él y no por la UGPP o el trabajador.

Señala que la sentencia objeto de la resolución cuya nulidad se solicita, en su parte considerativa faculta a la UGPP para repetir en contra del empleador, hecho que se puso en conocimiento de la parte demandante, pero sin que a la fecha exista cobro coactivo que afecte o vulnere los derechos que se aluden en la demanda; es decir, los actos fueron expedidos en cumplimiento de orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá; además cada acto no solo contenía la especificación del pago requerido por concepto de aportes no realizados, sino que además exponía fundamentos jurídicos suficientes para que la Registraduría procediera al reintegro de los mismos en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Cita sentencia del 22 de noviembre de 2012 del C.E., expediente 1079-11.

Explica que la UGPP fue creada por medio de la ley 1151 de 2007, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y solo ejerce funciones de acuerdo a lo reglamentado y en el ejercicio de potestades constitucionales, es decir, que está en la obligación de otorgar derechos establecidos en el sistema general de pensiones, por lo tanto, se encontraba legitimada para expedir el acto acusado y perseguir el pago de aportes patronales que no se hubiesen cancelado por parte de los empleadores sobre los factores salariales que fuesen tenidos para el reconocimiento y pago de la pensión.

pago de aportes patronales que no se hubiesen cancelado por parte de los empleadores sobre los factores salariales que fuesen tenidos para el reconocimiento y pago de la pensión.

Propone las excepciones de: (i) inconstitucionalidad; (ii) presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de pensiones, (iii) caducidad; y

(iv) buena fe (fls. 131-144).

3. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda ; exponiendo como sustento los siguientes argumentos:

Luego de exponer el régimen jurídico y las situaciones relevantes del caso concreto, señala que la UGPP, con fundamento en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 tiene las facultades legales para determinar y cobrar las obligaciones por aportes a los diferentes subsistemas de seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) sobre factores salariales que se hayan pagado a pensionados y sobre los que noNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 8 haya cotizado; precisando que los actos acusados se expidieron con fundamento en dicha norma.

Refiere que conforme el artículo 17 del Decreto 575 de 2013 l a Subdirección de Determinación y de Derechos Pensionales de la UGPP tiene entre sus facultades determinar las inconsistencias encontradas en el reconocimiento pensional,

en dicha norma.

Refiere que conforme el artículo 17 del Decreto 575 de 2013 l a Subdirección de Determinación y de Derechos Pensionales de la UGPP tiene entre sus facultades determinar las inconsistencias encontradas en el reconocimiento pensional, establecer cuotas partes pensionales y las demás se le asignen de conformidad con la naturaleza de su función; y que si una de las funciones a cargo de la Dirección de Pensiones, superior jerárquico de la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales, es coordinar las acciones necesarias para gestionar el cobro de las cuotas partes por pagar o por cobrar, la determinación y cobro de aportes patronales no riñe con la demás labores asignadas a esta dependencia.

Aclara que la Dirección de Pensiones de la UGPP está facultada para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a determinar obligaciones pendientes por aportes al sistema de seguridad social en pensiones y adicionalmente puede delegar en dependencias como las subdirecciones, que están en un nivel jerárquico inferior, funciones y tareas, como las de expedir actos administrativos que impongan la obligación de pagar aportes por pensiones ordenadas en sentencia judicial, pues de lo contrario se pondría en riesgo la estabilidad del sistema.

Destaca que la Registraduría y FOPEP son organismos independientes y cada uno tiene, ya sea por sí mismo o por medio de sus administradores , el deber legal de determinar las obligaciones a su favor y realizar todas las acciones pertinentes para cobrarlas, y tienen la carga de pagar los créditos a su cargo, tal como lo ordena la Ley 1066 de 2006.

Expone que cuando un pensionado recurre a la jurisdicción a fin de obtener la reliquidación de la mesada pensional no es procedente llamar en garantía por parte

Ley 1066 de 2006.

Expone que cuando un pensionado recurre a la jurisdicción a fin de obtener la reliquidación de la mesada pensional no es procedente llamar en garantía por parte de la UGPP a los empleadores, puesto que se trata de obligaciones distintas, la primera en cabeza del empleador quien de conformidad con el art. 22 de la ley 100 de 1993 está obligado a realizar el pago oportuno de aportes, y la segunda corresponde a la UGPP, quien asume el reconocimiento y pago de la pensión en aplicación del régimen legal que ampare al trabajador.

Añade que si bien en las providencias del Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá no se vinculó a la entidad demandante y por tanto no fue condenada, ello ocurrió porque lo discutido en el proceso judicialNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 9 fue la reliquidación de la pensión de vejez del señor Gustavo Figueroa, y no el incumplimiento en el pago de los aportes patronales y régimen pensional, tema que si es objeto de este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Refiere que si bien la sentencia no determinó de manera expresa una obligación en contra de la RNEC, ello no impide que la UGPP pueda y deba adelantar acciones tendientes a obtener el pago de lo que como consecuencia de dicha providencia adeudaría el empleador por concepto de aporte patronal al sistema de pensiones, máxime cuando en la parte resolutiva del fallo se facultó a la UGPP a realizar los

tendientes a obtener el pago de lo que como consecuencia de dicha providencia adeudaría el empleador por concepto de aporte patronal al sistema de pensiones, máxime cuando en la parte resolutiva del fallo se facultó a la UGPP a realizar los descuentos correspondientes a los aportes no efectuados.

Agrega que la UGPP dio estricto cumplimiento a las s entencias judiciales que ordenaron la reliquidación de la pensión del señor GUSTAVO FIGUEROA, en concordancia con el contenido de los arts. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002; precisando que la Administración no adelanta un proceso de determinación para imponer obligación de pago de aportes, sino que simplemente da cumplimiento a un fallo judicial, para lo cual expide unos actos administrativos donde ordena la reliquidación de la mesada pensional a favor del demandante, y cobra al pensionado y a los empleadores los aportes en pensiones sobre los nuevos factores salariales.

Resalta que de los artículos 35, 37 y 40 del CPACA, no se desprende que antes de proferir el acto administrativo que dé cumplimiento a una sentencia, debe expedirse un acto previo para que e l administrado ejerza su derecho de defensa; y que analizado el expediente administrativo se evidenció que la actuación inició con la Resolución RDP 0002084 del 23 de enero de 2018 por medio de la cual se reliquidó la pensión del señor Gustavo Figueroa, ordenada mediante sentencia judicial, acto que fue debidamente notificado a la RNEC, quien interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando las razones por las cuales no estaba obligado a pagar los aportes patronales, recursos que fueron resueltos de forma

que fue debidamente notificado a la RNEC, quien interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando las razones por las cuales no estaba obligado a pagar los aportes patronales, recursos que fueron resueltos de forma desfavorable, es decir, la entidad demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Indica que no resulta acertado pretender que la UGPP omita el cobro de aportes a pensión por haber transcurrido el té rmino de prescripción general de las contribuciones parafiscales, pues dicho proceder implicaría exonerar a la demandante de una obligación que repercute en derechos de estirpe constitucional, como es la pensión de un trabajador y la seguridad social; por lo tanto, es jurídicamente acertado que se reclame el pago de aportes patronales sinNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 10 consideración al tiempo que haya transcurrido desde la terminación de la vinculación laboral, pues ante la obligación de efectuar la cotización no es procedente aplicar el fenómeno de prescripción, toda vez que se afectaría la sostenibilidad financiera del Estado.

Señala que la obligación de realizar cotizaciones por factores salariales no contemplados durante la vigencia de la relación laboral surgió con ocasión de la sentencia del 24 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo de Boyacá, luego el término de prescripción debería contarse a partir del momento en que se ordenó la inclusión de los nuevos factores salariales en la reliquidación de la pensión, esto es,

sentencia del 24 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo de Boyacá, luego el término de prescripción debería contarse a partir del momento en que se ordenó la inclusión de los nuevos factores salariales en la reliquidación de la pensión, esto es, en virtud de la orden del Tribunal, y no antes, por lo tanto, la Resolución No. RDP 002084 del 23 de enero de 2018 que determina la suma a cobrar por concepto de aporte patronal fue expedida antes de que vencieran los 5 años, contados a partir de la notificación del fallo judicial.

Respecto de la aplicación de la sentencia de unificación SU 631 de 2017, manifiesta que no constituye un mandato imperativo sino una posibilidad jurídica para lograr el recaudo d e los recursos propios del sistema pensional, entre los cuales se encuentra tanto la determinación y cobro de aportes patronales, como acudir al recurso de revisión para atacar las decisiones judiciales que han reliquidado indebidamente las pensiones.

En los alegatos de conclusión la parte actora solicitó se declarara la falta de motivación de los actos acusados, por cuanto al momento de reliquidar la pensión del se ñor Gustavo Figueroa no se indicaron los mecanismos de cálculo para determinar el monto adeudado por la Registraduría; sin embargo, el A quo se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre este argumento en el fallo apelado, y resolvió el problema jurídico conf orme a los cargos de nulidad planteados en la demanda, en aplicación del principio de congruencia (fls. 170-187).

4. RECURSO DE APELACIÓN

resolvió el problema jurídico conf orme a los cargos de nulidad planteados en la demanda, en aplicación del principio de congruencia (fls. 170-187).

4. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación solicitando revocar la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. En síntesis, sustenta así el recurso de apelación:

Manifiesta que el A quo incurrió en una imprecisión jurídica al desestimar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión señalando que la jurisdicciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 11001-33-37-040-2018-00338-01

Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Demandado: UGPP 11 de lo contencioso administrativo es rogada, en efecto, si bien es cierto los imperativos normativos que rigen la materia estipulan dicho principio, también lo es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han flexibilizado dicho postura, en el entendido que el juez a la hora de interpretar dicho principio debe abarcar todos los fundamentos fácticos y jurídicos traídos a colación en la litis, en aras de darle prevalencia a los postulados constitucionales, con el fin de buscar dentro del ordenamiento jurídico vigente la norma vulnerada e interpretar su concepto de violación con el fin de garan tizar al demandante la supremacía de los derechos sustanciales respecto de las formalidades.

Considera qu e yerra el A quo en las apreciaciones relacionadas con el

su concepto de violación con el fin de garan tizar al demandante la supremacía de los derechos sustanciales respecto de las formalidades.

Considera qu e yerra el A quo en las apreciaciones relacionadas con el desconocimiento del derecho de defensa al no estar vinculada la demandante al proceso jud icial que dio origen a los actos administrativos demandados, pues el derecho de defensa y contradicción debió ejercerse desde el inicio de la actuación administrativa que impuso una carga tributaria a la Registraduría Nacional y no al final de dicho procedimiento como ocurrió en el sub judice, y que la UGPP violó el procedimiento administrativo dado que se impuso una carga prestacional a la demandante sin agotar el procedimiento regulado en el ar