TA CUN - 11001-33-41-068-2023-00108-01-(05-06-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso : 11001 33 41 068 2023 00108 01

Medio de Control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante : José Ignacio Vásquez

Demandado : Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de Movilidad Providencia : Sentencia de segunda instancia

Decide el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 20 23 por el Juzgado 68 Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda

José Ignacio Vásquez presentó contra Bogotá D.C. –Secretaría Distrital de Movilidad, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (i. 02).

Dentro de los hechos, indica que el 26 de febrer o de 2021, manej aba el vehículo de placas BTU051 en Bogotá, cuando le impusieron la Orden de Comparendo No. 11001000000027919705, por la presunta comisión de la infracción D -12, contenida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, consistente en “ conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el

consistente en “ conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y po r tercera vez cuarenta días”. Esta situación dio lugar a que inmovilizaran el vehículo y lo enviaran a un parqueadero autorizado. Inconforme con la decisión adoptada, formuló impugnación a la orden de comparendo expedida en su contra y como consecuencia de ello, se dio apertura al proc eso contravencional número 10317 , dentro del cual se ex pidieron las resoluciones del 16 de febrero de 2022 (sin número de identificación) y 3787-02 del 31 de octu bre de 2022, en las que se dispuso declararlo responsable de la infracción D-12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 y se le impusieron sanciones de multa e inmovilización del vehículo.

Expresa que se deben declarar nulos los actos administrativos que lo encontraron responsable, por i. infracción de las normas en que debían fundarse; ii. falsa motivación por no efectuar interpretación sistemática e incurrir en indebida valoració n probatoria; y iii . vulneración al derecho fundamental al debido proceso.2

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

En las pretensiones, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones que lo encontraron responsable de cometer la infracción D -12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002; y que, como restablecimiento del derecho, se elimine y cancele la sanción impuesta y se dé por terminado el proceso de

que lo encontraron responsable de cometer la infracción D -12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002; y que, como restablecimiento del derecho, se elimine y cancele la sanción impuesta y se dé por terminado el proceso de cobro coactivo en el evento de haberse iniciado, entre otras.

Como normas violadas cita: Artículos 15, 24 y 29 de la Constitución Política; artículo 3 de la Ley 105 de 1993; artículo 5 de la Ley 336 de 1996; artículo 2 de la Ley 769 de 2002; artículo 5 de la Ley 1310 de 2009; artículo 138 de la Ley 1437 de 2011; y artículo 167 de la Ley 1564 de 2012. Y en el concepto de la violación propone los cargos de: i. infracción de las normas en que debían fundarse, por cuanto la infracción D -12 debió interpretarse teniendo en cuenta los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, referentes a la noción de servicio público de transporte; ii. falsa motivación, toda vez que no se realizó el estudio normativo referido en el cargo anterior y, además, porque no existía prueba que demostrara con total claridad y fuera de toda duda razonable su responsabilidad, incurriendo en una indebida valoración probatoria ; y iii. vulneración al derecho fundamental al debido proceso, porque la entidad que adelantó el proceso contravencional omitió pronunciarse sobre t odos los argumentos de defensa, desconoció el principio pro administrado y por irregularidades cometidas en el trámite de imposición de la orden de comparendo.

2. La contestación de la demanda

Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de Movilidad se opone a las pretensiones

irregularidades cometidas en el trámite de imposición de la orden de comparendo.

2. La contestación de la demanda

Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de Movilidad se opone a las pretensiones (i. 02). En resumen, señaló que los actos administrativos demandados se expidieron en un proceso contravencional, con respeto al procedimiento establecido, aplicando las reglas vigentes y dando todas las garantías a los implicados. Añadió que el infractor no aportó prueba alguna que desvirtuara lo afirmado por la agente de tránsito que impuso la Orden de Comparendo y que la actuación se realizó cumpliendo todos los requisitos exigidos en la normativa aplicable. Además, indicó que las preguntas efectuadas al conductor del vehículo y su acompañante no constituían hostigamiento o una extralimitación de las funciones de la agente de tránsito que atendió el caso. Aunado a esto, destacó que las preguntas efectuadas en el procedimiento policial no versaron sobre asuntos personales o de parentesco, sino sobre la comisión de una infracción de tránsito. Por último, destacó la congruencia entre el testimonio de la agente que atendió el caso y lo plasmado en la respectiva orden de comparendo.

3. La sentencia apelada

El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, en sentencia el 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (i. 02).3

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

En resumen, con respecto al cargo de infracción de las normas en que

en costas (i. 02).3

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

En resumen, con respecto al cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados, señaló que no había lugar a acoger la interpretación del demandante, toda vez que se consideró que las normas invocadas como incumplidas, no complementaban la infracción D-12, pues la falta prevista en ella se configura cuando se acredita la conducción de un vehículo para un servicio no autorizado en la licencia de tránsito, de ahí que solo deba demostrarse la ejecución de tal conducta. Y no se consideró necesario o indispensable que se demostrara la contraprestación económica por la conducta descrita en la infracción D -12. No obstante, aclaró que si ese fuera un elemento necesario de la infracción, en el caso sí obraba prueba que demostraba la contrapres tación económica recibida por José Ignacio Vásquez al transportar a Katherin Rocío Celemi el 26 de febrero de 2021. En cuanto a la falsa motivación y el desconocimiento al debido proceso, indicó que no se configuraban porque las pruebas obrantes en el expediente administrativo, en especial la declaración de la agente de tránsito que atendió el caso, daban cuenta de la comisión de la falta y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, y que la versión rendida por la agente de tránsito era consecuente con lo plasmado en la casilla 17 del comparendo, pues allí se dejó la anotación: “ Si transporta a la senora Katherin rocio celemi cc 1020796760 hospital de san

versión rendida por la agente de tránsito era consecuente con lo plasmado en la casilla 17 del comparendo, pues allí se dejó la anotación: “ Si transporta a la senora Katherin rocio celemi cc 1020796760 hospital de san rafael asta madrid por un valor de 40000 mi pesoos solicitado por aplicación tecnológica”.1

Advirtió que el hoy demandante solo pidió tres pruebas en el proceso contravencional: i. testimonio de la agente de tránsito que impuso la orden de comparendo, ii. Certificado de Estudio Técnico en Seguridad de esa misma uniformada y iii. la orden de servicios de la agente para el día de los hechos, y que cuando rindió versión libre refirió que se reservaba el derecho a responder cuando se le preguntó por el contenido de la casilla 17 de la Orden de Comparendo y a su vez indicó que ese día se encontraba con un acompañante del cual se abstuvo de brindar información. Bajo este panorama, el Juzgado indicó que si bien en materia sancionatoria la carga de la prueba es de la entidad estatal, ello no relevaba al investigado de contradecir las pruebas aducidas en su contra. Y expuso la sentencia que en este caso era palpable el desinterés de la parte demandante, tanto en sede administrativa como judicial, de controvertir la prueba en que se sustentó la infracción, más aún si se tiene en cuenta que José Ignacio Vásquez era quien se encontraba en mejor posición para controvertir el testimonio de la agente de tránsito y exp resó que no existía falencia probatoria alguna, que no se presentaba la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad y que tampoco se invirtió la carga de la prueba,

testimonio de la agente de tránsito y exp resó que no existía falencia probatoria alguna, que no se presentaba la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad y que tampoco se invirtió la carga de la prueba, toda vez que la decisión se sustentó en una declaración consistente y consecuente que no pudo ser desvirtuada.

1 Las transcripciones (Textos entre comillas) que se incluyen en esta sentencia, así están escritas en el documento del que se tomaron; por lo tanto, los errores, imprecisiones y resaltados son del original, y con este aviso general, no se hará la advertencia específica cada vez que se amerite un (sic), para evitar su inútil y prolífica repetición; no obstante, se advierte que de algunas citas se suprimen notas de pie de página, por lo cual o no aparecen todas las del texto o las que aparecen no siempre tienen el mismo número que registra la sentencia o el documento original que se transcribe.4

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

Frente al cargo de violación al debido proceso, consideró que ante las falencias endilgadas, no se identificaron los argumentos omitidos ni el momento en el que se pusieron de presente; ante el principio pro administrado, expuso que debía remitirse al respaldo de la sanción impuesta, en tanto el testimonio de la agente no ofrecía duda de la situación acaecida; sobre la supuesta extralimitación de funciones, indicó que solo se afirmó la ocurrencia de esa circunstancia y que no se aportó prueba que la demostrara y que no encontró vicio alguno en el trámite adelantado por la agente de tránsito, ya que la orden de comparendo es un mero acto de

se afirmó la ocurrencia de esa circunstancia y que no se aportó prueba que la demostrara y que no encontró vicio alguno en el trámite adelantado por la agente de tránsito, ya que la orden de comparendo es un mero acto de notificación para que el presunto contraventor acuda a una audiencia pública en la que tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, y como en el presente asunto el af ectado compareció, solicitó pruebas e interpuso recursos, el fin de la orden se cumplió; y tampoco había irregularidad en su trámite porque la infracción comunicada fue la que se cometió, la información obrante en la casilla 17 coincidía con el testimonio de la agente que atendió el caso y el conductor del vehículo la firmó en aprobación de su contenido sin plasmar inconformidad u objeción alguna. Señaló que en el caso no se transmutó la versión libre del demandante, toda vez que la decisión de sancionar se fundamentó en la declaración de la agente de tránsito, que coincidió con la información de la Orden de Comparendo. E indicó que no se probó la participación de otros agentes en el trámite de imposición de la orden de comparendo ni de abusos por parte de miembros de la Policía. Y destacó que todos los argumentos de defensa fueron resueltos en los actos demandados y que se demostró, más allá de cualquier duda, la comisión de la infracción por parte de Vásquez.

4. El recurso de apelación

El demandante insistió (i. 02) en el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos demandados porque en su sentir, para la configuración de la infracción D -12 debió demostrarse la contraprestación

El demandante insistió (i. 02) en el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los actos demandados porque en su sentir, para la configuración de la infracción D -12 debió demostrarse la contraprestación económica propia del servicio público de transporte; señaló la existencia de una discrepancia entre la orden de comparendo y la declaración rendida por la agente de tránsito, pues no advirtió de manera directa los hechos que circunscribieron la falta endilgada; cuestiona su declaración y lo consignado en la casilla 17. También expresa que es un desacierto que se exija desvirtuar una prueba que no acreditó de manera suficiente los supuestos fácticos y elementos esenciales de la conducta endilgada. Se refirió al debido proceso, al respeto del principio de legalidad en todas sus dimensiones, la prohibición de presumir responsabilidades, el deber de probar la comisión de la falta y el derecho a no declarar en contra, y que no existía prueba que comprometiera su responsabilidad, que existe un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, y reiteró la falsa motivación y el desconocimiento al debido proceso, cuestiona la testigo y alega que no tuvo la oportunidad de controvertir las afirmaciones efectuadas por sus supuestos acompañantes. Por último, expresó la existencia de irregularidades en el dilig enciamiento de la orden de comparendo, pues la información plasmada no corresponde con la realidad.5

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

5. Trámite surtido en la segunda instancia

Se admitió el recurso de apelación (i. 04).

6. Alegatos de conclusión

Demandante: José Ignacio Vásquez

5. Trámite surtido en la segunda instancia

Se admitió el recurso de apelación (i. 04).

6. Alegatos de conclusión

No se presentaron por las partes.

7. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no emitió pronunciamiento en esta instancia procesal.

CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, pasa la Sala a decidir de fondo el presente proceso judicial.

1. El problema jurídico

Consiste en: ¿Procede revocar la sentencia de primera instancia, por las razones que se exponen en el recurso de apelación ? Se analizarán los cargos de la impugnación, confrontados con el acervo probatorio que se aportó al expediente, las consideraciones del Juzgado en la providencia, y la normativa y la jurisprudencia aplicables.

2. Análisis de aspectos procedimentales

2.1. Sentencia de fondo. El proceso cumple con el cometido encargado a la Administración de Justicia de dirimir la disputa puesta a su consideración2.

2.2. Las excepciones. En el recurso de apelación no se planteó reclamo en este tema, por lo que no procede pronunciamiento sobre el particular. Y sobre excepciones de oficio , no se encuentra probada alguna para declarar (Artículo 187, CPACA)3.

3. Pruebas recaudadas

Del acervo probatorio allegado y valorado, se destaca el expedi ente administrativo número 10317, correspondiente a la Orden de Comparendo No. 11001000000027919705, del cual se destacan:

3. Pruebas recaudadas

Del acervo probatorio allegado y valorado, se destaca el expedi ente administrativo número 10317, correspondiente a la Orden de Comparendo No. 11001000000027919705, del cual se destacan:

2 Significa que se controló en forma exitosa la legalidad procesal en todos sus aspectos, como jurisdicción, competencia, demás presupuestos exigidos, y sin nulidades u otros trámites por decidir. 3 CPACA hace referencia al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que reemplazó al C.C.A, lo que a su vez, corresponde al Código Contencioso Administrativo, vigente hasta el 2 de julio de 2012 pero que se aplica en los procesos iniciados antes de esa fecha. Cuando se escriba C. Po, se hace alusión a la Constitución Política de Colombia; C.P .C es Código de Procedimiento Civil; CGP es Código General del Proceso; al mencionar C.C, es Código Civil, CST es Código Sustantivo del Trabajo, C. Co. es Código de Comercio y

E. T. Estatuto Tributario. C. P . es Código Penal y CPP se refiere al Código de Procedimiento Penal. M. P . es el Magistrado Ponente en sentencias que se citan; de otra parte, “i” indica el número del índice de registro en Samai donde se encuentra la prueba o documento mencionado.6

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

a. Resolución pro ferida el 16 de febrero de 2022 , a través de la cual la Secretaría Distrital de Movilidad decla ró a José Ignacio Vásquez responsable de cometer la infracción D-12.

a. Resolución pro ferida el 16 de febrero de 2022 , a través de la cual la Secretaría Distrital de Movilidad decla ró a José Ignacio Vásquez responsable de cometer la infracción D-12.

b. Resolución No. 3787 –02 del 31 de octu bre de 2022, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión.

c. Orden de Com parendo No. 11001000000027919705 , elaborada por la agente de tránsito Yéssica Siomara Vacca Vásquez.

4. Caso concreto

El proceso se ocupa de determinar si los actos administrativos demandados deben declararse nulos.

Para el Juzgado de primera instancia, las decisiones adoptadas por la Secretaría Distrital de Movilidad son legales; decisión que controvierte el demandante en el recurso que aquí se decide.

4.1. Los cuestionamientos a la providencia de primera instancia 4. Del recurso de apelación, se extrae que cuestiona lo siguiente:

• La interpretación y aplicación de las normas realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad para imponer la infracción D -12, así como la valoración probatoria efectuada y el trámite realizado por la agente de tránsito que impuso la orden de comparendo.

4.2. En cuanto al reproche de una indebida aplicación normativa pues correspondía interpretar la infracción D -12 junto con los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, referentes a la definición del servicio público de transporte y su elemento distintivo de contraprestación

correspondía interpretar la infracción D -12 junto con los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, referentes a la definición del servicio público de transporte y su elemento distintivo de contraprestación económica, se encuentra que el Juzgado estableció que la infracción D -12 contenida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, de “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito ”, es clara y no requiere ser interpretada con las normas que desarrollan y definen el servicio público de transporte, porque lo que reprocha la disposición en comento, es el uso

4 Cuando se trata de resolver un recurso de apelación, y teniendo en cuenta que el principio tantum devolutum quantum apellatum (cuanto apela, tanto se decide) descansa sobre dos pilares: la congruencia y la facultad de disposición, significa que la segunda instancia -ad quem - deberá pronunciarse sol o sobre aquell os cargos expresamente invocados contra la decisión del a quo (la primera instancia), pues frente a lo que no se cuestiona en la apelación, se tiene por aceptado y consentido; vale decir, que sólo es dable decidir y conocer aquellas circunstancias a las que ha limitado en forma concreta y expresa la apelación del recurrente, excepto cuando se trata de nulidades (art. 145, C.P.C; 137 del CGP), excepciones de oficio (art. 164, CCA; 180.6, 187 inc.2, CPACA), y

sentencias inhibitorias o ilegales que se revocan y pueden ser desfavorables al apelante único, pues son temas que deben abordarse así no se planteen en el recurso de apelación ; hay otras excepciones a la regla general (M. P. Danilo Rojas Betancourth, 17 de noviembre de 2016, exp. 1999 -0200801) derivadas (i) de la facultad del ad quem para manifestarse sobre aspectos implícitos de los argumentos de la apelación y, (ii) de los cuerpos normativos que le imponen el deber de pronunciarse de oficio sobre un asunto en específico; también deben observarse principios de convencionalidad sobre el tema.7

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Demandante: José Ignacio Vásquez

o destinación que se le da a un vehículo, situación que es ajena a la retribución económica que distingue el servicio público de transporte.

Aunque la parte demandante pretende que la destinación de un vehículo particular al servicio público solo pueda ser verificada cuando se demuestra la contraprestación económica, ya que aduce, es el elemento distintivo del servicio público de transporte según los artículos 2 de la Ley 769 de 2002 y 3 de la Ley 105 de 1993, esa interpretación no tiene respaldo jurídico, por cuanto el verbo rector de la infracción D-12 se refiere es a la destinación que se le da al vehículo, lo cual es independiente de la eventual retribución económica que podría recibirse por la prestación del servicio de transporte.

Además, de interpretarse que el cambio en la destinación o uso del vehículo solo puede configurarse cuando se demuestra el pago de una contraprestación económica, se estaría desconociendo el efecto útil de la

Además, de interpretarse que el cambio en la destinación o uso del vehículo solo puede configurarse cuando se demuestra el pago de una contraprestación económica, se estaría desconociendo el efecto útil de la norma jurídica, pues incentivaría la ilegalidad , permitiría que quedara impune la destinación de un vehículo particular al servicio público, con la mera alegación de no haberse efectuado el pago o retribución económica.

De otra parte, es claro que la norma jurídica no exige la contraprestación económica, ni la aplicación de las disposiciones propias del servicio público de transporte, ya que se reitera, el acto que se sanciona es el uso o destinación ilegal dado al vehículo, sin considerar beneficios económicos al conductor o propietario. Y no puede obviarse que la indebida destinación de un vehículo puede ser constatada en diversas fases o eventos, según el caso, toda vez que podría presentarse desde el ofrecimiento efect uado (anuncio público o privado del servicio a prestar) hasta la ejecución o concreción del servicio por cumplimiento del traslado o uso convenido (uso no autorizado), de ahí que sea irrelevante si hay contraprestación.

Así, se respalda la interpretación adoptada por la sentencia de primera instancia, en tanto no solo coincide con el verbo rector de la infracción (destinar), sino que respeta el efecto útil pretendido por el legislador con su expedición, el cual no es otro que evitar que vehículos con destinación específica sean utilizados o destinados para otros propósitos o fines diferentes a los autorizados por la respectiva autoridad de tránsito.

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad no infringió las normas en

específica sean utilizados o destinados para otros propósitos o fines diferentes a los autorizados por la respectiva autoridad de tránsito.

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad no infringió las normas en que debía fundarse para imponer la infracción D -12; y se procederá a establecer si existió una indebida valoración probatoria y si se presentaron irregularidades en el procedimie nto adelantado por la agente de tránsito que atendió el caso, que ameriten declarar la nulidad de los actos administrativos objeto del presente proceso.

Del material probatorio obrante en el proceso, se demostraron las siguientes circunstancias relevantes:

1. El 16 de febrero de 2022 , la agente de tránsito Yéssica Siomara Vacca

Vásquez le impuso a José Ignacio Vásquez , la Orden de Com parendo No.8

Proceso: 11001 33 41 068 2023 00108 01

Demandante: José Ignacio Vásquez

11001000000027919705, por la infracción D-12, prevista en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002.

1. En la Orden de Comparendo impuesta se dejó la siguiente constancia en la casilla número 17: “Si transporta a la senora Katherin rocio celemi cc 1020796760 hospital de san rafael asta madrid por un valor de 40000 mi pesoos solicitado por aplicación tecnológica ”. A su vez, firma la orden de comparendo en aprobación de su conte nido José Ignacio Vásquez , conductor del vehículo particular de placas BTU051.

1. En declaración rendida en el trámite contravencional, la agente de

comparendo en aprobación de su conte nido José Ignacio Vásquez , conductor del vehículo particular de placas BTU051.

1. En declaración rendida en el trámite contravencional, la agente de tránsito Yéssica Siomara Vacca Vásquez indicó en resumen, que detuvo el vehículo particular de placas BTU051 en Bogotá y que le solicitó identificación al conductor y a una acompañante mujer. Agregó que le pidió a los ocupantes del vehículo bajarse para hacer un registro y que al hacer esa labor la acompañante le manifestó de manera voluntaria que no conocía al conductor porque simplemente había tomado un servicio desde el hospital San Rafael hasta Madrid, lugar en el que pagaría $40.000 . Ante esta situación, la agente señaló en su testimonio que le infor mó a José Ignacio Vásquez sobre la infracción cometida (D-12) y procedió a imponerle la Orden de Comparendo, entregándole la copia que arroja la comparendera y obteniendo la firma del infractor.

1. En el trámite, José Ignacio Vásquez solo pidió tres pruebas en el proceso contravencional adelantado ante la Secretaría Distrital de Movilidad: a. la declaración de la agente que atendió el caso, b. certificado de estudios de la misma agente de tránsito y c. orden de trabajo correspondiente al día en que se impuso la orden de comparendo.

Aunque la parte demandante pretende mostrar que la decisión adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad no gozaba de respaldo probatorio y que la valoración de las pruebas no había sido adecuada, toda vez que la agente de tránsito que impuso la Orden de Comparendo supuestamente no presenció de manera directa la infracción, entre otras situaciones, luego de

que la valoración de las pruebas no había sido adecuada, toda vez que la agente de tránsito que impuso la Orden de Comparendo supuestamente no presenció de manera directa la infracción, entre otras situaciones, luego de analizarse la documental obrante en el expediente, en especial la declaración rendida por la agente de tránsito que atendió el caso, se establece que si fuera necesario, dicha funcionaria sí presenció de manera directa la conducta objeto de reproche por la infracción D-12.

En efecto, se demostró que la usuaria probó que el vehículo de placas BTU051 (de uso particular), le había prestado el servicio de transporte con retribución económica a dicha labor, por $40 .000. De igual forma, consta en el expediente que la agente de tránsito recopiló el nombre de la usuaria del servicio junto con su número de cédula, y que esa información quedó consignada en la Orden de Com parendo No. 11001000000027919705 del 26 de febrero de 2021.

Y el hecho que la agente no presenciara de manera directa el acuerd o de transporte celebrado con la usuaria del servicio, no significa que su decir9

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Demandante: José Ignacio Vásquez

carezca de valor o no pueda ser apreciado, porque en materia de infracción por destinación distinta a la autorizada, es necesaria e indispensable la indagación previa a fin de constatar si en efecto ocurrió la infracción con el vehículo involucrado, labor que debe efectuar al servidor público encargado de velar por el cumplimiento de las reglas de tránsito.

Además, debe recordarse que en materia de infracciones de tránsito, la

vehículo involucrado, labor que debe efectuar al servidor público encargado de velar por el cumplimiento de las reglas de tránsito.

Además, debe recordarse que en materia de infracciones de tránsito, la labor del agente es de vital importancia, porque es por su verificación personal que se constata la comisión de una falta, lo que significa que su testimonio e informe constituyen la pr ueba más importante o de mayor relevancia al momento de adelantar el respectivo proceso contravencional.

Se impone destacar que así como los actos de los particulares ante las autoridades se encuentran revestidos de la presunción de buena fe (Artículo 83, C. Po), en el caso de los servidores públicos encargados de asegurar el cumplimiento de reglas o disposiciones que contienen obligaciones de hacer o no hacer, el actuar y decir de estos funcionarios igualmente goza de esa prerrogativa de índole constitucional, pues mal haría en establecerse un cargo con funciones de verificación y no conferirse valor alguno a sus pruebas en caso de advertir faltas o incumplimientos5.

De manera que no se encuentra irregularidad alguna en el testimonio ni en el informe de la agente de tránsito Yéssica Siomara Vacca Vásquez , en tanto es evidente que constató de manera directa y personal la comisión de la infracción D-12 al ejercer su labor de indagación directa ante la propia usuaria del servicio prestado por el vehículo de placas BTU051, la cual se individualizó e identificó en la respectiva Orden de Comparendo. Además, no se advierte contradicción alguna entre el decir de la agente y los datos consignados en la orden de comparendo, en tanto no fueron desvirtuados en el proceso, con lo que gozan de plena credibilidad y demuestran la

no se advierte contradicción alguna entre el decir de la agente y los datos consignados en la orden de comparendo, en tanto no fueron desvirtuados en el proceso, con lo que gozan de plena credibilidad y demue