TA CUN - 11001-33-42-049-2023-00342-01-(24-11-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUB-SECCIÓN B

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA AT 075

MAGISTRADA

PONENTE:

CARMEN AMPARO PONCE DELGADO EXPEDIENTE: 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ

ACCIONADO: UARIV

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

La Sala decide impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas contra el fallo proferido el 13 de octubre de 202 3 por el Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo del Circuito de Bogotá mediante el cual amparó los derechos fundamentales de petición y a la reparación administrativa.

I. A N T E C E D E N T E S

A. LA DEMANDA

1. PRETENSIONES.

En el libelo introductorio, se consignan las siguientes:

“Tutelar los derechos fundamentales invocados en la acción de Tutela

PRIMERO: Ordenar a la unidad de víctimas que me entregue l a indemnización administrativa que me corresponde sería una gran bendición para mi familia.”EXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ

ACCIONADO: UARIV

2. HECHOS La accionante señala en el escrito de tutela, los siguientes:

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ

ACCIONADO: UARIV

2. HECHOS La accionante señala en el escrito de tutela, los siguientes:

El 31 de julio de 2023 solicitó a la UARIV que se incluyera a su hija Vanessa Paola Durán Ayala en la indemnización administrativa ya reconocida, y se le indicara una fecha cierta de cuándo podrá recibir su indemnización, ya que cumplió con el diligenciamiento del formulario y la actualización de datos.

Asegura que la entidad accionada no atendió su petición, pues no profirió respuesta “ni de forma, ni de fondo’’, sin dar una fecha cierta sobre cuándo va a desembolsar el monto de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

B. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV se opuso a las pretensiones de la tutela, bajo las siguientes consideraciones:

La petición presentada por la accionante fue resuelta a través de comunicación con radicado No. 2023 -1503066-1 del 5 de octubre de 2023 en la cual se le informó que, si bien mediante Resolución No. 04102019-808029 del 7 de octubre de 2020 debidamente notificada se decidió el reconocimiento de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, también lo es que dicho pago está sujeto al resultado del método técnico de priorización, esto es, del análisis de cada caso en particular de las víctimas.

forzado, también lo es que dicho pago está sujeto al resultado del método técnico de priorización, esto es, del análisis de cada caso en particular de las víctimas.

Indicó que, en el caso particular de la accionante, se aplicó el método técnico de priorización el 25 de agosto de 2023, no obstante hasta antes de finalizar elEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV presente año le informarán su es posible o no materializar la entrega de la indemnización.

Finalmente, solicita que se nieguen las pretensiones y se declare la carencia actual de objeto por hecho superado , toda vez que la entidad ya emitió una respuesta frente a la petición radicada por la accionante.

C. LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante fallo del 13 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá decidió:

“Primero. Amparar el derecho fundamental de petición vulnerado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) a la señora Ingris Esther Ayala, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

Segundo. Ordenar a la doctora Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), o a quien haga sus veces o a quien ésta delegue o haya delegado para tales efectos que, que en un término máximo de cuarenta

directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), o a quien haga sus veces o a quien ésta delegue o haya delegado para tales efectos que, que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia de tutela, proceda a emitir respuesta clara, detallada, completa y de fondo a la petición presentada el 31 de julio de 2023 por la accionante (ver prueba 3.3.a.) en la que se deberá indicar la situación de la menor Vanessa Paola Durán Ayala ante esa entidad. De lo cual deberá remitir constancia a este Despacho dentro del mismo término, con el fin de garantizar lo ordenado.

Tercero. Amparar el derecho fundamental a la reparación administrativa de las señoras Ingris Esther Ayala y Luz Dari Rodríguez Penago, vulnerado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

Cuarto. Ordenar a la doctora Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victima (UARIV), o a quien haga sus veces o a quien ésta delegue o haya delegado para tales efectos que, que en un término máximo de los cinco (5) días siguientes siguientes (SIC) a la notificación de esta sentencia de tutela, fije un término razonable y perentorio no superior a seis (6) meses -contados desde la notificación de esta providencia - para materializar la entrega d eEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

un término razonable y perentorio no superior a seis (6) meses -contados desde la notificación de esta providencia - para materializar la entrega d eEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV la indemnización administrativa reconocida a las señoras Ingris Esther Ayala y Luz Dari Rodríguez Penago, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

Quinto. Prevenir a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), para que se abstenga de incurrir en actuaciones que afecten derechos fundamentales como las que dieron origen a la presente acción, so pena de incurrir en las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Notificar esta providencia a las partes por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo. Contra esta sentencia procede impugnación conforme lo establece el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

Octavo. El secretario del Despacho sin necesidad de auto que así lo disponga, en caso de no ser impugnada esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, deberá: i) remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia -de lo cual dentro del mismo plazo dejará constancia en la carpeta digital del presente proceso -, y ii) realizar las anotaciones correspondientes en el sistema Justicia XXI. (...)”

siguiente de la ejecutoria de esta providencia -de lo cual dentro del mismo plazo dejará constancia en la carpeta digital del presente proceso -, y ii) realizar las anotaciones correspondientes en el sistema Justicia XXI. (...)”

Lo anterior, tras considerar que la UARIV, con la respuesta otorgada el 5 de octubre de 2023, no dio respuesta respecto de la solicitud de inclusión en la indemnización a la hija de la accionante, y no estableció una fecha cierta del pago de la indemnización reconocida desde el año 202º a la señora Ayala Rodríguez.

D. LA IMPUGNACIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas impugnó la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo del Circuito de Bogotá, advirtiendo que la funcionaria competente para resolver la presente acción es la Directora Técnica de Reparaciones de la entidad Dra Sandra Viviana Alfaro Yara, asimismo, indica que la accionante tiene una indemnización administrativa reconocida, sin embargo, el pago de la misma está supeditada al método técnico de priorización que realiza la entidad de conformidad con la Resolución 1049 de 2019, y a la disposición presupuestal de recursos que se cuentan para cada vigencia. Por loEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV que le es imposible a la UARIV materializar el pago a todas las víctimas en un mismo momento.

Así las cosas, solicita que se revoque la decisión de primera instancia indicando

ACCIONADO: UARIV que le es imposible a la UARIV materializar el pago a todas las víctimas en un mismo momento.

Así las cosas, solicita que se revoque la decisión de primera instancia indicando que el término otorgado por el a quo viola el debido proceso y se nieguen las pretensiones.

I. C O N S I D E R A C I O N E S

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

2. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política que fue regulado mediante el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo residual de protección de los derechos fundamentales de toda persona, instituido “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o ame nazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.

En concordancia con tal finalidad, el artículo 5° de dicho decreto reglamentario señala:

Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley.

Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutelaEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.

Se deduce de la normativa pretranscrita, que los presupuestos esenciales de la acción constitucional impetrada no son otros distintos a la existencia cierta, concreta y fundada de una conducta activa o pasiva que cause la violación o amenaza de los derecho s consagrados por el constituyente como fundamentales.

De suerte que la procedencia de la acción de tutela se determina según si el demandante carece o no de un medio judicial idóneo y expedito para proteger sus derechos fundamentales, para lo cual no basta con registrar en abstracto la eventual existencia de otros instrumentos procesales, sino que se torna necesario evaluar su eficacia a la luz de las circunstancias concretas.

De lo dicho se tiene que esta acción tiene unas particularidades esenciales, a saber:

• Está instituida para la protección de derechos fundamentales. • Subsidiariedad, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que busque evitar un

saber:

• Está instituida para la protección de derechos fundamentales. • Subsidiariedad, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable. • Inmediatez, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata, procedente cuando se hace preciso disponer la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental objeto de vulneración o amenaza.

La existencia de otro medio judicial no deviene obligatoriamente en la improcedencia de la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta que la H. Corte Constitucional ha señalado dos circunstancias especiales cuando hay mecanismos alternativos, a saber: deben ser idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso, y; segundo, que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, resulta procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.EXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ

ACCIONADO: UARIV

Así las cosas, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurispruden cia, por lo siguiente: “ (i) por ser cierto e inminente, es decir, que su existencia actual o potencial se infiera

demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurispruden cia, por lo siguiente: “ (i) por ser cierto e inminente, es decir, que su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas ; (ii) ser grave, en la medida en que amenace con lesionar –o lesione -un bien o interés jurídico de alta importancia para el afectado; y, (iii) requerir la atención urgente de las autoridades, en la medida en que su prevención o mitigación resulte indispensable e inaplazable para evitar la generación de un daño antijurídico que posteriormente no podrá ser reparado.”1

3. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VÍCTIMAS.

La indemnización en el caso de la población víctima del conflicto armado interno, consiste en un proceso que se adelanta por vía administrativa con el objeto de compensar los perjuicios suscitados a raíz de un hecho violento previamente comprobado.

La Ley 1448 de 2011 establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano2

partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano2

1. Ver, entre muchas otras, las Sentencias T -225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-253 de 1994

(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-142 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell 2 Ley 1448 de 2011, artículos 1, 2 y 3.EXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV Ahora bien, mediante el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional determinó que la UARIV debía reglamentar un nuevo procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos.

Por lo cual las medidas dispuestas por la Ley 1448 de 2011, fueron reglamentadas por la Resolución No. 01049 de 15 de marzo de 2019, por medio de la cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y otorgamiento de la indemnización administrativa y se creó el método técnico de priorización.

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto adoptar el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa y crear el método técnico de priorización.

ARTÍCULO 3. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO. La medida de indemnización será otorgada a las víctimas que la hayan solicitado

vía administrativa y crear el método técnico de priorización.

ARTÍCULO 3. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO. La medida de indemnización será otorgada a las víctimas que la hayan solicitado de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente resolución y que, para la fecha de su reconocimiento, se encuentren con estado incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) por los siguientes hechos victimizantes: (i) homicidio, (ii) desaparición forzada, (iii) secuestro, (iv) delitos contra la libertad e integridad sexual, (v) lesiones que no generaron incapacidad permanente, (vi) lesiones que generaron incapacidad permanente, (vii) reclutamiento forzado de menores de edad, (viii) tortura o tratos inhumanos o degradantes, y (ix) desplazamiento forzado interno con relación cercana y suficiente al conflicto armado.

ARTÍCULO 4. SITUACIONES DE URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite:

A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años.

El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.

El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.

B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud

y Protección Social.

C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de

Salud. PARÁGRAFO 1º. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo, deberáEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para ser priorizada en la entrega de la indemnización.

PARÁGRAFO 2º. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo, a través de cualquier documento suscrito por el profesi onal de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.

en el país extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.

ARTÍCULO 5. DEBER DE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCEDIMIENTO. El acceso a la medida de indemnización administrativa requiere el agotamiento del procedimiento establecido por la Unidad para las Víctimas, por lo que las víctimas serán responsables de aportar la información solicitada en las diferentes fases del procedimiento.

ARTÍCULO 6. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. El procedimiento para el acceso de la indemnización administrativa se aplicará para todas las solicitudes que se eleven con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto administrativo y se desarrollará en cuatro fases, así: a) Fase de solicitud de indemnización administrativa; b) Fase de análisis de la solicitud; c) Fase de respuesta de fondo a la solicitud; d) Fase de entrega de la medida de indemnización.

ARTÍCULO 7. FASE DE SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN PARA VÍCTIMAS RESIDENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL. Las víctimas residentes en el territorio nacional que a la entrada en vigencia de la presente resolución no hayan presentado solicitud de indemniza ción, deberán hacerlo de manera personal y voluntaria, así:

a) Solicitar el agendamiento de una cita a través de cualquiera de los canales de atención y servicio al ciudadano dispuestos por la Unidad para las Víctimas. Al agendarse la cita, la Unidad para las Víctimas informará

a) Solicitar el agendamiento de una cita a través de cualquiera de los canales de atención y servicio al ciudadano dispuestos por la Unidad para las Víctimas. Al agendarse la cita, la Unidad para las Víctimas informará y orientará a la víctima acerca del procedimiento previsto en el presente acto administrativo, así como de los documentos conducentes y pertinentes que deben presentar para cada caso; b) Acudir a la cita en la fecha y hora señalada, y adicionalmente: 1.Presentar la solicitud de indemnización con la documentación requerida según el hecho victimizante por el cual se solicita la indemnización administrativa.

2. En caso de no presentar la documentación solicitada, la víctima deberá completarla, para lo cual, la Unidad para las Víctimas concederá una nueva cita.

3. Una vez se haya presentado la totalidad de la documentación requerida, la víctima debe diligenciar el formulario de la solicitud de indemnización administrativa, en conjunto con la Unidad para las Víctimas y de manera exclusiva con el talento humano que se disponga para tal efecto.

Solo hasta que se haya diligenciado el formulario de la solicitud de indemnización, se entenderá completa la solicitud y se entregará a la víctima un radicado de cierre. PARÁGRAFO 1o. Cuando la víctima no pueda acudir a un punto presencial para entregar la documentación y efectuar el diligenciamientoEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV conjunto, la Unidad para las Víctimas dispondrá del canal telefónico o

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV conjunto, la Unidad para las Víctimas dispondrá del canal telefónico o virtual, así como de jornadas móviles, cuyas fechas serán oportunamente divulgadas.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la solicitud verse sobre un único destinatario y este sea menor de edad, podrá realizar el procedimiento a través de su representante legal. En caso de discapacidad o enfermedad que dificulte acercarse a cumplir la cita, se podrá autor izar a un tercero con firma y/o huella.

ARTÍCULO 11. FASE DE RESPUESTA DE FONDO A LA SOLICITUD. Se trata de la fase en la cual la Unidad para las Víctimas resolverá de fondo sobre el derecho a la indemnización. Una vez se entregue a la víctima solicitante el radicado de cierre de la solicitud en los términos del artículo7o, la Unidad para las Víctimas contará con un término de ciento veinte (120) días hábiles para resolver de fondo la solicitud, al cabo de lo cual, la Dirección Técnica de Reparación deberá emitir un acto administrativo motivado en el cual se reconozca o se niegue la medida.

La materialización de la medida tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal que tenga la Unidad para las Víctimas, además de la clasificación de las solicitudes de indemnización de las que habla el artículo9ode la presente resolución.

En caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización, también deberán definirse en su parte resolutiva los montos, distribuciones y reglas que establecen en los artículos

artículo9ode la presente resolución.

En caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización, también deberán definirse en su parte resolutiva los montos, distribuciones y reglas que establecen en los artículos 2.2.7.3.4.,2.2.7.3.5.,2.2.7.3.9.,2.2.7.3.14.,2.2.7.4.9. y 2.2.7.4.10. del Decreto 1084 de 2015 y la presente resolución, o las normas que las modifiquen. Esta decisión deberá notificarse a la víctima, frente a la cual, procederán los recursos en los términos y condiciones establecidos en la Ley1437de 2011.

PARÁGRAFO. Tratándose de víctimas de desplazamiento forzado interno, la distribución de la indemnización administrativa se realizará entre los integrantes del hogar que se encuentren incluidos en el Registro Único de Víctimas al momento del cierre de la solicitud.

[...]

ARTÍCULO 14. FASE DE ENTREGA DE LA INDEMNIZACIÓN. En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades referidas en el artículo4ode l presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas.

En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago

En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tránsito entre vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocación de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, seEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV posicionarán en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnización y ordenan su pago.

En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnización, el orden de priorización para la entrega de la medida de indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los términos del inciso primero del presente artículo.

En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas comunicará a la víctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización.

ARTÍCULO 15. MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN. Créase el Método Técnico de Priorización conforme a lo dispuesto en el artículo1odel presente acto administrativo y adóptese a través del anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 16. DEFINICIÓN DEL MÉTODO TÉCNICO DE

artículo1odel presente acto administrativo y adóptese a través del anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 16. DEFINICIÓN DEL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN. El Método es un proceso técnico que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de Reparación Individual para determinar la priorización anual del desembolso de la indemnización administrativa.

ARTÍCULO 17. OBJETO DEL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN.

El método tiene como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.

De lo anterior se concluye que en los casos en los cuales se haya reconocido la indemnización administrativa, el orden para el pago de esta se hará conforme al método técnico de priorización; sin embargo, esta se pagará de conformidad con la disponibilidad presupuestal de la entidad; de igual forma, la Unidad tiene la obligación de comunicar a las víctimas el mom ento en el cual realizará el pago de dicha indemnización.

4. DERECHO DE PETICIÓN VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.

El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y aEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y aEXPEDIENTE NO. 11001-33-42-049-2023-00342-01

ACCIONANTE: INGRIS ESTHER AYALA RODRÍGUEZ ACCIONADO: UARIV obtener pronta resolución". De acuerdo con esta definición, puede decirse que "el núcleo esencial del derecho de petición reside en la obtención de una resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido"3 .

Unido a lo anterior, es necesario resaltar que no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse satisfecho su derecho de petición; una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento al peticionario.4

Igualmente, el derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como ocurre con las personas en situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión"5, entre otros; o incluso los d