TA CUN - 11001-33-42-051-2020-00037-01-(19-02-2021)

REAJUSTE AS IGNACIÓN BÁSICA – Nación Minister io de Defensa Nacional, Ejército Nacional.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D”

MAGISTRADO PONENTE: Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA

Bogotá D.C., nueve (09) de marzo dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 11001-33-42-051-2020-00037-01

Demandante: WILMER ERNEY PEÑA MORA

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Reajuste asignación básica.

I. ASUNTO

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora (Archivo No. 31 del expediente digital) , contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022 (Archivo No. 29 del expediente digital) , por el Juzgado Cincuenta y uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, relativas al reconocimiento y pago de l reajuste del 20% del sueldo básico adicional.

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA (Archivo No. 2 del expediente digital). El accionante, a través de apoderado judicial, elevó las siguientes pretensiones:

“Principales: 1.1. Que se declare la existencia del silencio administrativo negativo, como consecuencia de ello, el acto ficto o presunto, por medio del cual se niega el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% a WILMER

“Principales: 1.1. Que se declare la existencia del silencio administrativo negativo, como consecuencia de ello, el acto ficto o presunto, por medio del cual se niega el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% a WILMER ERNEY PEÑA MORA identificado con cédula de CiudadaníaExp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 2 83.243.756 de Tello, por el derecho de petición con el radicado MCLXXAAPBS. 1.2. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo, por medio del cual se niega el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% a WILMER ERNEY PEÑA MORA identificado con cédula de Ciudadanía 83.243.756 de Tello, por el derecho de petición con el radicado MCLXXAAPBS.

Subsidiaria:

1.3. En caso de no prosperar, la nulidad, de acuerdo a lo señalado por la ley 1437 de 2011, se aplique la excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar los actos administrativos demandados, en su lugar aplicar los artículos 13 y 53 de la constitución, de acuerdo al concepto de violación. 1.4. Se aplique la excepción de convencionalidad, para inaplicar los actos administrativos demandados, en su lugar aplicar los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo al concepto de violación. 1.5. En caso de existir acto administrativo físico se declare su nulidad también. (…)”

Como consecuencia de tales declaraciones y a título de restablecimiento del

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo al concepto de violación. 1.5. En caso de existir acto administrativo físico se declare su nulidad también. (…)”

Como consecuencia de tales declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a: (i) reconocer y pagar la diferencia salarial del 20%, a título de salario básico mensual de conformidad con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000 ; (ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y factores salariales, de acuerdo con el salario básico aumentado al 60%; (iii) realizar el pago desde que la parte actora ingresó al Ejército Nacional, hasta el pago real y efectivo de la presente sentencia, con los correspondientes intereses y teniendo en cuenta el IPC; (i v) se dé cumplimiento al fallo como lo dispone el artículo 192 del CPACA y se con dene en costas.

HECHOS. (Archivo No. 2 del expediente digital, pág. 1 ). Relató el accionante, que es soldado profesional del Ejército de Colombia. Que mediante derecho de petición con radicado MCLXXAAPBS del 24 de julio de 2018, elevado ante la entidad demandada (pág. 13), solicitó reconoc er la diferencia salarial del 20%, frente a lo cual la entidad demandada guardó silencio, configurándose de esta manera el silencio administrativo negativo.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 3

Indicó, que presentó otra petición a través de la cual realizó una consulta a la entidad “sobre las funciones y diferencias de los soldados profesionales y voluntarios”, la

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Indicó, que presentó otra petición a través de la cual realizó una consulta a la entidad “sobre las funciones y diferencias de los soldados profesionales y voluntarios”, la cual fue contestada por la entidad a través de los oficios 20183131332 691: MDNCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-SJU-1.9 del 13 de julio de 2018 (Archivo No. 2 del expediente digital, págs. 16 - 18) y 00383: MDN-CGFM-COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 30 del mismo mes y año (Archivo No. 2 del expediente digital, pág. 15), dando cumplimiento a un fallo de tutela.

2. FALLO RECURRIDO (Archivo No. 29 del expediente digital). El Juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , porque consideró, que el demandante para el 31 de diciembre de 2000, no se encontraba vinculado al Ejército Nacional y, por lo tanto, no ostentaba la calidad de soldado voluntario, en los términos de la Ley 131 de 1985, lo cual evidencia que no se cumple el supuesto de hecho previsto en el inciso 2º del Artículo 1º del Decreto 1794 de 2000.

Además señaló, que el acto administrativo respecto del cual se solicitó su inaplicación por inconstitucionalidad, no va en contravía de postulados constitucionales, porque fue proferido por la autoridad competente y porque las normas que invoca la entidad demandada en el acto acusado para sust entar su legalidad -Decreto 1794 de 2000, se encuentran acordes con la Norma Superior.

III. APELACIÓN

normas que invoca la entidad demandada en el acto acusado para sust entar su legalidad -Decreto 1794 de 2000, se encuentran acordes con la Norma Superior.

III. APELACIÓN La parte actora (Archivo No. 31 del expediente digital), solicitó que se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y, en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó en cuanto a la d ecisión que negó el reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20%, en virtud de la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000 , que el personal vinculado directamente como soldado profesional, tiene las mismas funciones y el mismo cargo que los soldados voluntarios, que posteriormente se vincularon como soldados profesionales.

Por lo anterior, en su opinión, se les debe aplicar el régimen salarial de estos últimos, tomando como asignación básica la establecida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, de tal manera que esta sea igual a un salario mínimo mensual vigente incrementado en un 60%, porque de lo contrario se vu lnerarían, entre otros, el derecho fundamental a la igualdad.

Así mismo, sostiene que la sentencia de primera instancia no resolvió de maneraExp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 4 completa, exhaustiva y rigurosa lo solicitado en la demanda, en tanto n o se pronunció sobre todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de d erecho expresados en la demanda , por cuanto no se pronunció sobre las pretensiones subsidiarias, es decir, respecto de las excepciones de inconstitucionalidad y d e convencionalidad, lo cual vulnera el debido proceso.

expresados en la demanda , por cuanto no se pronunció sobre las pretensiones subsidiarias, es decir, respecto de las excepciones de inconstitucionalidad y d e convencionalidad, lo cual vulnera el debido proceso.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (Archivo No. 38 del expediente digital), se consideró que no era necesario el decreto y práctica de pruebas en esta instancia, por lo cual, no había lugar a correr traslado para alegar de conclusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

El Ministerio Público no presentó concepto, pese a que fue notificado en debida forma, como consta en el archivo No. 40 del expediente digital.

V. CONSIDERACIONES

1. Planteamiento del problema jurídico. Consiste en determinar si el demandante tiene derecho al reajuste de su asignación básica, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60%, como se le s viene reconociendo a los soldados voluntarios que fueron vinculados como soldados profesionales.

2. Tesis de la Sala.

Se confirmará la sentencia impugnada, en cuando negó el incremento del salario mínimo en un 60%, teniendo en cuenta que no se cumple con el primer presupuesto del test de igualdad, pues, el demandante no se encuentra en una situación igual a la de los soldados voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, esto es, no existe el supuesto fáctico para señalar que sean equiparables.

la de los soldados voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, esto es, no existe el supuesto fáctico para señalar que sean equiparables.

3. Marco normativo aplicable.

3.1. Régimen de los soldados profesionales.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 5 La Constitución Política en los artículos 150 numeral 19, literal e) y 217, prevé lo siguiente:

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellos los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional, y de la Fuerza Pública;

(...).

ARTICULO 217 . La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” (Negrilla de la Sala).

A su turno, el artículo 1°, literal d), de la Ley 4ª de 19921, dispuso al respecto:

régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” (Negrilla de la Sala).

A su turno, el artículo 1°, literal d), de la Ley 4ª de 19921, dispuso al respecto:

“ARTICULO 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

1 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 6 (...)

d) Los miembros de la Fuerza Pública” (Negrilla de la Sala). No obstante, ya desde la Ley 131 de 19852, se dispuso:

“ARTÍCULO 2. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él.

Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

PARÁGRAFO 1. El servicio militar voluntario, se prestará por un lapso no menor de doce (12) meses.

PARÁGRAFO 2. La planta de personal de soldados que preste el servicio militar voluntario será establecida por el Gobierno.

menor de doce (12) meses.

PARÁGRAFO 2. La planta de personal de soldados que preste el servicio militar voluntario será establecida por el Gobierno.

ARTÍCULO 3. Las personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos que se expidan para el desarrollo de esta ley. ARTÍCULO 4. El que preste el servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar los haberes correspondientes a un Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto” (Negrilla de la Sala).

Posteriormente, con fundamento en las facultades extraordinarias otorg adas a través de la Ley 578 de 2000, el Presidente de la República expidió el Decreto 1793 del mismo año 3, el cual, sobre el régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3. INCORPORACIÓN. La incorporación de los soldados profesionales a las Fuerzas Militares de Colombia, se hará mediante

2 “por la cual se dictan normas sobre servicio militar obligatorio”. 3 “por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01

2 “por la cual se dictan normas sobre servicio militar obligatorio”. 3 “por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 7 nombramiento por orden de personal de los respectivos Comandos de la Fuerza, atendiendo a las necesidades de las fuerzas y a la planta de personal que haya sido aprobada por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA INCORPORACIÓN. Son requisitos mínimos para ser incorporado como soldado profesional:

a) Ser colombiano. b) Inscribirse en el respectivo Distrito Militar. c) Ser soltero, sin hijos y no tener unión marital de hecho. d) Ser mayor de 18 años y menor de 24 años. e) Acreditar quinto grado de educación básica o en su defecto presentar ante el Comando de la Fuerza un examen de conocimientos básicos. f) Ser reservista de primera clase de contingente anterior o último contingente y presentar certificado de buena conducta expedido por el Comandante de la Unidad a la cual perteneció; o ser reservista de primera clase de contingentes anteriores a los dos últimos o de segunda o tercera clase que se encuentre en condiciones de recibir un entrenamiento especial. g) Reunir las condiciones psicofísicas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para el personal de las Fuerzas Militares.

ARTÍCULO 5. SELECCIÓN. Los aspirantes que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo anterior, se someterán a un proceso de selección previa realizado por un comité multidisciplinario, el cual será nombrado por el Director de Reclutamiento de cada Fuerza.

establecidas en el artículo anterior, se someterán a un proceso de selección previa realizado por un comité multidisciplinario, el cual será nombrado por el Director de Reclutamiento de cada Fuerza.

En la selección a que se refiere el presente artículo, tendrán prelación los reservistas de primera clase a los cuales se refiere el literal f) del artículo anterior.

PARÁGRAFO. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen. (…)

ARTÍCULO 38. RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. El Gobierno Nacional expedirá los regímenes salarial y prestacional del soldado profesional,Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 8 con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos. (…)

ARTÍCULO 42. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará tanto a los soldados voluntarios que se incorporaron de conformidad con lo establecido por la Ley 131 de 1985, como a los nuevos soldados profesionales” (Negrilla de la Sala). Así las cosas, se observa que con la expedición del Decreto 1793 de 2000 , el

establecido por la Ley 131 de 1985, como a los nuevos soldados profesionales” (Negrilla de la Sala). Así las cosas, se observa que con la expedición del Decreto 1793 de 2000 , el Gobierno Nacional buscaba profesionalizar el servicio prestado por los Soldados, incorporando desde ese momento Soldados Profesionales, por lo que dio la posibilidad a los Soldados Voluntarios de pertenecer al nuevo régimen, siempre que “expresen su intención de incorporarse y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza”, quienes quedarían sometidos a lo establecido en la norma señalada, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momen to de la incorporación al nuevo régimen.

Finalmente, en el Decreto 1794, también de 2000 4, se dijo, con relación a la asignación salarial del personal de soldados profesionales del Ejército Nacional:

“ARTICULO 1. ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)» ( Negrilla de la Sala). De la lectura de esta norma se concluye, que el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, previó para los Soldados Profesionales, que ingresaban por primera vez a la

Sala). De la lectura de esta norma se concluye, que el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, previó para los Soldados Profesionales, que ingresaban por primera vez a la institución, una asignación básica mensual equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario, y para los Soldados Voluntarios que fueron homologados al nuevo régimen, continuarían percibiendo como asignación básica un salario mínimo legal vige nte

4 “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional pa ra el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 9 incrementado en un sesenta por ciento (60%), y las demás prestaciones establecidas en dicha norma, que le son más favorables.

4. decisión del caso.

4.1. Reajuste asignación básica – Derecho a la igualdad. Es importante aclarar, que en el recurso de la apelación presentado por la pa rte actora, se afirmó, que él nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, por lo que centra su inconformidad en la desigualdad y discriminación que existe para lo s soldados profesionales que no fueron voluntarios, frente a los soldados profesionales que sí lo fueron, en razón a que no hay forma de ju stificar por qué, si realizan las mismas funciones, no perciben idéntica asignación básica.

El artículo 13 Constitucional consagra el derecho a la igualdad en los siguientes términos: “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades

términos: “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado, que el principio de igualdad consagrado en el artículo 13, no elimina la posibilidad de que el legislador introduzca regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferenciación se ajuste a los preceptos constitucionales5.

Igualmente, el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional ha explicado, qu e los reparos referentes a la vulneración del derecho a la igualdad, deben señalar con claridad los grupos involucrados, y el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y que justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas6.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-1031 del 27 de noviembre de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 6 Corte Constitucional. Sentencia C-913 del 21 de septiembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 10

6 Corte Constitucional. Sentencia C-913 del 21 de septiembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 10 Así las cosas, la Corte Constitucional se ha valido del juicio o test de igualdad, para determinar si se justifica un trato diferenciado en algunos casos. Al respecto, por ejemplo, en la Sentencia T-789 de 2000, explicó:

“Con el fin de establecer si en un caso determinado se justifica el establecimiento de diferencias entre el trato que las autoridades dan a unos y otros individuos, la Corte Constitucional ha indicado la aplicación de un test de igualdad, en virtud de que el concepto de igualdad es de carácter relativo (como en su momento lo anotó Norberto Bobbio), por lo menos en tres aspectos: los sujetos entre los cuales se quieren repartir bienes o gravámenes; esos bienes o gravámenes a repartir; y finalmente, el criterio para asignarlos. (…) Esa prueba, que sirve para determinar la posible vulneración del derecho a la igualdad, puede ser descompuesta en dos principios parciales: a) si no hay razón suficiente para la permisión de un trato desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual; b) si la hay, entonces es válido un trato desigual” (Negrilla fuera de texto original)7. De tal forma, puede decirse que el juicio de igualdad implica: i) precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse, y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; ii) definir si en los planos fáctico y jurídico, existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y iii) averiguar si la diferencia d e

la misma naturaleza; ii) definir si en los planos fáctico y jurídico, existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y iii) averiguar si la diferencia d e trato es constitucionalmente justificada.

En el sub lite, se encuentra probado que el actor ingresó a la institución a prestar el servicio militar, y que estuvo en ese servicio, entre el 10 de julio de 2003 y el 14 de agosto de 2004, y luego se vinculó en calidad de Soldado Profesional entre el 15 de agosto de 2004, sin que a la fecha de la certificación (7 de octubre d e 2021), se evidencie el retiro del servicio (Archivo No. 17 del expediente digital, pág. 4), es decir, que el demandante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, sino que ingresó directamente como Soldado Profesional.

El Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 , señaló que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, bajo las siguientes condiciones:

7 Corte Constitucional. Sentencia T-789 del 28 de junio del 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 11 “Las referidas disposiciones del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 distinguen claramente que en relación con el primer grupo de soldados profesionales, es decir, quienes se vincularon a partir del 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a devengar mensualmente un salario mínimo, más un incremento sobre el mismo en porcentaje igual al 40% y, en lo que

profesionales, es decir, quienes se vincularon a partir del 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a devengar mensualmente un salario mínimo, más un incremento sobre el mismo en porcentaje igual al 40% y, en lo que respecta al segundo grupo, esto es, quienes venían como soldados voluntarios, se dispuso que los mismos devengarían mensualmente un salario mínimo, más un incremento del 60% sobre el mismo salario.

En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador, que el Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario 1794 de 2000, en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%.

De esta manera, se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4º de la Ley 131 de 1985, es decir, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.

En armonía con lo expuesto, para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos

decir, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.

En armonía con lo expuesto, para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos Soldados profesionales, antes voluntarios, no tienen derecho a percibir un sueldo básico equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, dado que a su juicio, al vincularse a la planta de personal de las Fuerzas Militares como soldados profesionales, se les aplica íntegramente el régimen propio de estos últimos.

Ello por cuanto, la interpretación adecuada del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, derivada de la literalidad de dicha norma y de la aplicación del principio constitucional de respeto a los derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1793 de 2000, consiste en que los soldados voluntarios que luego fueron incorporados como profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial equivalente a un salario mínimo legal aumentado en un 60%, en virtud de los argumentos anteriormente expuestos.

(…)Exp: 11001-33-42-051-2020-00037-01 12 Entiende la Sala sobre el particular, que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, 8 les respeta a los soldados voluntarios hoy profesionales, el hecho que perteneciendo a la misma institución pasen a ganar la misma asignación salarial que tenían en vigencia de la Ley 131 de 1985,9 esto es, una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un 60%, situación que deber ser vista desde la órbita de la garantía de conservar los derechos

vigencia de la Ley 131 de 1985,9 esto es, una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un 60%, situación que deber ser vista desde la órbita de la garantía de conservar los derechos adquiridos; y cosa distinta es que luego de su conversión a soldados profesionales, empiecen a disfrutar de varias prestaciones sociales que antes no devengaban. Todo lo anterior, en aras de compensar a los soldados voluntarios que, desde la creación de su régimen con la Ley 131 de 1985, sólo percibían las bonificaciones mensuales, de navidad y de retiro.

La Sala reitera entonces, que lo hasta aquí expuesto permite concluir, que la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 200010 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

(…)

RESUELVE

PRIMERO.- UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con el reconocimiento del reajuste salarial reclamado por los soldados voluntarios que posteriormente, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados como profesionales, en el entendido que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 establece que los uniformados que reúnan tales condiciones, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En consecuencia:

(…)”11 (Negrilla fuera de texto original).

Teniendo en cuenta el acápite normativo, como la jurisprudencia citada, es claro que los soldados profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al

(…)”11 (Negrilla fuera de texto original).

Teniendo en cuenta el acápite normativo, como la jurisprudencia citada, es claro que los soldados profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a que su asignación básica se a el equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%, mientras

8 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares. 9 Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario. 10 Por el cual se establece el ré