TA CUN - 11001-33-42-051-2023-00382-01-(05-12-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUB SECCIÓN B

Bogotá D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

SENTENCIA AC. No. 004

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN AMPARO PONCE DELGADO

DEMANDANTE: WILLIAM DEL CARMEN VÁSQUEZ SILVA

DEMANDADA: DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE

TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE BOGOTÁ EXPEDIENTE: 11001-33-42-051-2023-00382-01

REFERENCIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. A N T E C E D E N T E S

A. LA DEMANDA

1. LA PRETENSIÓN.

Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2023, el señor William del Carmen Vásquez Silva, actuando en nombre propio, instauró acción de cumplimiento contra el Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, solicitando lo siguiente:

“1. La secretaría de movilidad (tránsito) de BOGOTÁ me impuso comparendo(s) número 11001000000034043622, 11001000000034041601, 11001000000033961919, 11001000000030611558 y

comparendo(s) número 11001000000034043622, 11001000000034041601, 11001000000033961919, 11001000000030611558 y 11001000000030451094.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

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2. Pasó más de un año sin que la secretaría de movilidad realizará una audiencia en donde se me declarara culpable a través de una resolución sancionatoria pues en el SIMIT nunca se vi o reflejado el (los) número de resolución ni la(s) fecha(s).

3. Envié derecho de petición solicitando la caducidad de la(s) obligación(es) y que fuera(n) retirada(s) del SIMIT y de todas las bases de datos de infractores.

4. El organismo de tránsito en su respuesta es renuente a aplicar la caducidad por lo cual se llenó con el requisito de procedibilidad de este medio de control de cumplimiento.)”.

2. LOS HECHOS.

La parte actora narró, en síntesis, los siguientes:

El Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, le impuso comparendos identificados con l os nros. 11001000000034043622, 11001000000034041601, 11001000000033961919, 11001000000030611558 y 11001000000030451094 y, transcurrió más de un año sin que la entidad realizará audiencia pública en donde se declara rá culpable de la conducta por medio de resolución sancionatoria.

11001000000030451094 y, transcurrió más de un año sin que la entidad realizará audiencia pública en donde se declara rá culpable de la conducta por medio de resolución sancionatoria.

Solicitó que se declarara la caducidad de la obligación y que le fueran retiradas del SIMIT y demás bases de datos de infractores , no obstante, señala que la entidad ha sido renuente en dar cumplimiento a un requisito que cumple a cabalidad.

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, rindió informe sobre los hechos que dieron origen a la presente acción y señaló que la solicitud se torna improcedente porque la accionante no busca el cumplimiento de una norma, sino por el contrario, la aplicación de la revocatoria de una decisión adoptada dentro de un procedimiento administrativo gobernado por la Ley 769 de 2002.

Respecto a la solicitud presentada, informó que respecto a cada comparendo, se profirió resolución sancionatoria, como se relaciona:Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

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COMPARENDO RESOLUCIÓN Y FECHA 11001000000034043622 Res. 1568792 del 16 de agosto de 2022. 11001000000034041601 Res. 1535461 del 12 de diciembre de 2022. 11001000000033961919 Res. 1329014 del 21 de julio de 2022. 11001000000030611558 Res. 1060772 del 7 de diciembre de 2021.

11001000000033961919 Res. 1329014 del 21 de julio de 2022. 11001000000030611558 Res. 1060772 del 7 de diciembre de 2021. 11001000000030451094 Res. 672182 del 4 de agosto de 2021.

Por lo anterior, la autoridad de tránsito profirió decisión de fondo donde declaró contraventor al accionante, decisiones que quedaron en firme, sin que hubiesen sido impugnadas, razón por la cual actuó conforme las normas aplicables al asunto.

C. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA.

Mediante sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023, el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por el señor William del Carmen Vásquez Silva contra el Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, bajo los argumentos que se exponen a continuación:

Puso de presente que el demandante fue sancionado por la autoridad, sin que esta agotara los recursos en vía administrativa, y a su vez la autoridad distrital profirió decisiones donde se ordena el cobro de los comparendos impuestos e n contra del accionante, por lo que cuenta con mecanismos ordinarios para atacar la legalidad de los actos proferidos por la Administración, esto es ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo tanto, la acción de cumplimiento se torna improcedente . Aunado al hecho que no acreditó estar frente a un perjuicio irremediable.

D. LA IMPUGNACIÓN.

Estando dentro de la oportunidad legalmente establecida para recurrir la decisión

Aunado al hecho que no acreditó estar frente a un perjuicio irremediable.

D. LA IMPUGNACIÓN.

Estando dentro de la oportunidad legalmente establecida para recurrir la decisión de primera instancia, la parte demandante impugnó la providencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para lo cual indicó:Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

4 La acción de cumplimiento es el mecanismo idóneo para solicitar el cumplimiento de la disposición normativa por no existir otro que haga valer lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017.

La decisión del fallador no tuvo en cuenta que se cumplieron los requisitos del artículo 10 de la Ley 393 de 1997 y que se probó la renuencia, por cuanto la respuesta a la petición fue negativa en lo relativo a la aplicación de la caducidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. COMPETENCIA.

El artículo 3° de la Ley 393 de 1997 reza:

“Artículo 3°. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

Parágrafo. Las acciones de cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda por reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contenc ioso Administrativo, en forma igualitaria.

(…)”.

Por su parte, el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos quienes, a su vez, atendiendo a lo establecido en el numeral 10° del artículo 155 ibídem, deberán conocer en pri mer grado de los asuntos relativos al cumplimiento de normas o actos administrativos interpuestos contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local.

Así las cosas, de conformidad con las disposiciones normativas prenotadas, esta Corporación es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 202 3 por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva

Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

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2. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con los argumentos expuestos por la parte demandante en la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso de la referencia, encuentra la Sala que en esta instancia judicial la litis se centra en establecer:

Si la acción de cumplimiento es el mecanismo judicial procedente para exigir al ente accionado el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017, declarando la caducidad de la acción de contravención de las normas de tránsito.

Para dilucidar lo anterior, se analizará como primera medida el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de cumplimiento y, si llegare a resultar procedente, se descenderá al estudio de fondo del caso concreto.

3. DE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

El artículo 87 de la Constitución Política instituyó la acción d e cumplimiento como un mecanismo judicial para que cualquier persona, natural o jurídica, pueda acudir ante la autoridad judicial, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

La acción de cumplimiento fue desarrollada mediante la Ley 393 de 1997, que en su artículo 8º determinó que aquella únicamente procede contra la acción u omisión

ante la autoridad judicial, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

La acción de cumplimiento fue desarrollada mediante la Ley 393 de 1997, que en su artículo 8º determinó que aquella únicamente procede contra la acción u omisión de las autoridades —o particulares en los casos establecidos en el artículo 6º— que incumplan o ejecuten actos o hechos que permitan evidenciar el incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.

A su vez, el artículo 9º ibídem estipuló que la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos que pueden ser protegidos a través de la acción de tutela o cuando exista otro instrumento judicial para lograr el cumplimiento de un acto administrativo.

La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del anterior artículo, en la sentencia C -193 de 1998, concluyó que la acción de cumplimiento puede serAcción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

6 utilizada por cualquier persona que busque la protección de intereses públicos o sociales, por lo cual resulta razonable que el legislador previera que, si lo pretendido es proteger derechos particulares y para ello existía otro mecanismo ordinario, debía acudirse a ellos.

En suma la acción de cumplimiento busca hacer efectivo el derecho del que goza toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, para exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una ley o de un acto

toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, para exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo que ha impue sto ciertos deberes u obligaciones a tal autoridad, la cual se muestra renuente a cumplirlos, y de tal forma, hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente1.

4. REQUISITOS PARA PRETENDER EL CUMPLIMIENTO DE UNA LEY O

ACTO ADMINISTRATIVO.

De conformidad con el precedente jurisprudencial adoptado por el H. Consejo de Estado, existen unos requisitos generales y otros especiales para que el mecanismo constitucional de cumplimiento se constituya en el medio eficaz y procedente para hacer cumplir una ley o un acto administrativo.

Tratándose de los requisitos generales, y en virtud de lo previsto en la Ley 393 de 1997, esa Corporación ha establecido como tales, los siguientes2:

1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes.

1. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

1. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente

1. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente

1 Consejo de Estado, Sección Quinta. C.P.: María Nohemí Hernández Pinzón. Sentencia del 19 de agosto de 2004. Rad.: 66001-23-31-000-2004-0305-01. 2 Ver, entre otras, sentencia del 25 de enero de 2018, expediente No. 54001-23-33-000-2017-00534-01, C.P. Dr. C arlos Enrique Moreno Rubio.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

7 incumplimiento. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de suf rir un perjuicio irremediable”, evento en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

1. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La existencia de otro instrumento judicial, excepto la situación señalada, hace improcedente la acción.

También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración3.

improcedente la acción.

También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración3.

Entre tanto, respecto de las condiciones especiales que debe tener la ley o el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicite, el Alto Tribunal ha especificado que estas deben ser semejantes a las del título ejecutivo, valga decir, que contengan una obligación clara, expresa y exigible. Ello debe ser así precisamente para evitar que una acción como la de cumplimiento pueda convertirse en una de conocimiento para crear o establecer la obligación que la autoridad debe ejecutar.4 La connotación misma de la ley supone la existencia de obligaciones para quienes se encuentran sometidos a cumplirlas. Tales obligaciones están des tinadas a dar, hacer o no hacer; y tratándose justamente de la acción de cumplimiento, el panorama se enfoca exclusivamente a la obligación de hacer, entendida como la ejecución de la acción, pues ese es el fin en que recae el ejercicio de dicho mecanismo constitucional.

Así las cosas, aun cuando la finalidad de la acción es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, no es posible a través de esta ordenar la ejecución de toda clase de disposiciones, sino de aquellas que contengan prescripciones que se caracterizan como deberes legales o administrativos y que pueden ser cumplidos mediante las órdenes dictadas por el juez constitucional, dado su contenido de mandato perentorio, claro y directo. Al efecto, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado:

pueden ser cumplidos mediante las órdenes dictadas por el juez constitucional, dado su contenido de mandato perentorio, claro y directo. Al efecto, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado:

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 1° de noviembre de 2012, radicado 76001 -23-31-000-2012-0049901(ACU), C.P. Alberto Yepes Barreiro. 4 Consejo de Estado, sentencia del 30 de julio de 1998. Expediente No. ACU-367. C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

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“Aunque la finalidad de la presente acción es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, no es posible a través de esta ordenar la ejecución de toda clase de disposiciones, sino aq uellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional, que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato imperativo e inobjetable en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.

Ello significa que los preceptos que se dicen incumplidos deben ser lo suficientemente precisos, y no puede generar ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su objeto, vigencia y exigibilidad”5 (Negritas por fuera del texto original).

Ello significa que los preceptos que se dicen incumplidos deben ser lo suficientemente precisos, y no puede generar ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su objeto, vigencia y exigibilidad”5 (Negritas por fuera del texto original).

De modo que, cuando la ley o acto administrativo que se pretende hacer cumplir por vía constitucional carece de un mandato imperativo, claro y directo, la acción de cumplimiento se convierte en un mecanismo improcedente. De igual forma, la acción resulta improcedente para resolver conflictos jurídicos para los cuales se han establecido mecanismos ordinarios.

5. ANÁLISIS DE LA SALA.

5.1. Norma cuyo cumplimiento se pretende.

LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 11. CADUCIDAD. El artículo 161 de la Ley 769 de 2002 quedará así:

Artículo 161. Caducidad . La acción por contravención de las normas de tránsito, caduca al año (1), contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. En consecuencia, durante este término se deberá decidir sobre la impo sición de la sanción, en tal momento se entenderá realizada efectivamente la audiencia e interrumpida la caducidad.

La decisión que resuelve los recursos, de ser procedentes, deberá ser expedida en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente.

La revocación directa solo podrá proceder en forma supletiva al proceso contravencional y en el evento de ser resuelta a favor de los intereses del presunto

a favor del recurrente.

La revocación directa solo podrá proceder en forma supletiva al proceso contravencional y en el evento de ser resuelta a favor de los intereses del presunto infractor sus efectos serán a futuro, iniciando la contabilización de la caducidad a partir de la notificación de la aceptación de su solicitud o su declaratoria de oficio, permitiendo al presunto infractor contar con los términos establecidos en la ley para la obtención de

5 Consejo de Estado, sentencia del 27 de octubre de 2016. Expediente No. 2016 -01119-01 (ACU). C.P. Dra. Rocío Araujo Oñate.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

9 los descuentos establecidos en la ley o la realización de la audiencia contemplados en el Código Nacional de Tránsito. (…).

5.2. CASO CONCRETO.

En el sub examine, se encuentra acreditado que el accionante presentó derecho de petición el 3 de octubre de 2023, ante el Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, mediante el cual solicitó declarar la caducidad de la acción de contravención de los comparendo de tránsito identificado con el No. 11001000000034043622, 11001000000034041601, 11001000000033961919, 11001000000030611558 y 11001000000030451094.

Para el efecto hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017,

11001000000030611558 y 11001000000030451094.

Para el efecto hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017, argumentando que había operado la caducidad para que la Administración diera inicio a la acción de contravención como quiera que, había transcurrido más de un año desde que se profirieron los comparendos sin que se impusiera la sanción.

Argumentación que fue descartada con el oficio No 202342111667121 del 17 de octubre de 202 3, allegado por l a demandante, en el cual el Distrito CapitalSecretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, le indicó que la figura solicitada no resulta procedente por cuanto la s infracciones nro. 11001000000034043622, 11001000000034041601, 11001000000033961919, 11001000000030611558 y 11001000000030451091 fueron resueltas mediante resoluciones s ancionatorias debidamente notificadas, dentro del término establecido.

Del fundamento fáctico reseñado en la demanda, se advierte que el ac cionante discute la decisión adoptada por el Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, en cuanto no dio aplicación a la caducidad de la acción de contravención.

De las pruebas allegadas al asunto, se encuentra que la autoridad de tránsito realizó audiencias públicas donde emitió fallo respecto de 5 comparendos impuestos al señor William del Carmen Vásquez Silva, donde se constata la no comparecencia a las diligencias por parte del accionante y se abstuvo de interponer los recursos de

audiencias públicas donde emitió fallo respecto de 5 comparendos impuestos al señor William del Carmen Vásquez Silva, donde se constata la no comparecencia a las diligencias por parte del accionante y se abstuvo de interponer los recursos de ley contra el fallo que lo declaró responsable e impuso la s correspondientesAcción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

10 sanciones, donde se tiene una resolución sancionatoria por cada uno de los comparendos en discusión, como se observa:

COMPARENDO RESOLUCIÓN Y FECHA 11001000000030451094 Res. 672182 del 4 de agosto de 2021. 11001000000030611558 Res. 1060772 del 7 de diciembre de 2021. 11001000000033961919 Res. 1329014 del 21 de julio de 2022. 11001000000034043622 Res. 1568792 del 16 de agosto de 2022. 11001000000034041601 Res. 1535461 del 12 de diciembre de 2022.

De manera que no se trata de solicitar el cumplimiento de normas de carácter general como las que se cita, sino de controvertir la s decisiones a través de la s cuales la accionada impuso sanciones al accionante, donde no agotó los recursos administrativos para ejercer su defensa y, solo hasta este momento, transcurrido más de un año desde los hechos que dieron origen a la s infracciones, acude por intermedio de la acción de cumplimiento para cuestionar la actuación de la Administración.

administrativos para ejercer su defensa y, solo hasta este momento, transcurrido más de un año desde los hechos que dieron origen a la s infracciones, acude por intermedio de la acción de cumplimiento para cuestionar la actuación de la Administración.

En ese contexto, como lo indicó el a quo, la acción de cumplimiento instaurada resulta improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, en tanto el accionante tuvo los recursos administrativos para controvertir las actuaciones desplegadas por la autoridad de tránsito distrital y, al dejar vencer l os términos establecidos para acudir al medio de control respecto de los actos administrativos que le impusieron sanciones.

En efecto, atendiendo a la naturaleza subsidiaria y residual de la acción ejercida, basta con que el ordenamiento jurídico tenga dispuesto otro medio de defensa para reclamar el cumplimiento de una disposición, para que la misma resulte improcedente.

Se insiste que, el accionante podía ejercer directamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, por tratarse de actos administrativos de contenido particular, en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, claro está, siempre y cuando hubiere agotado previamente la vía administrativa, requisito de procedibilidad necesario para este tipo de medio de control legal.Acción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

11 De manera que la acción de cumplimiento no es una vía alternativa para controvertir

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

11 De manera que la acción de cumplimiento no es una vía alternativa para controvertir la legalidad de las sanciones impuestas por la entidad distrital, cuando por la omisión del propio accionante, cobraron firmeza las decisiones administrativas , impidiendo de esta forma, que puedan ser sometidas a control judicial.

En esos términos, la Sala concluye que la acción de cumplimiento ejercida por el señor William del Carmen Vásquez Silva en contra del Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, resulta improcedente para lograr el cumplimiento de las normas invocadas en la demanda.

Así las cosas, se confirmará la decisión proferida el 22 de noviembre de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogot á, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento interpuesta.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA , SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley,

III. F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Un o (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en relación con la acción de cumplimiento presentada por el señor William del Carmen Vásquez Silva en contra del Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

relación con la acción de cumplimiento presentada por el señor William del Carmen Vásquez Silva en contra del Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR por correo electrónico la presente providencia a las partes,

a las siguientes direcciones:

Parte demandante: milenamelomarin@hotmail.com

Parte demandada: judicial@movilidadbogota.gov.coAcción de Cumplimiento Expediente: 11001-33-42-051-2023-00382-01

Demandante: William del Carmen Vásquez Silva Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá

12 Enviar copia de esta providencia al Juzgado Cincuenta y Un o (51) Administrativo del Circuito de Bogotá a la dirección electrónica: jadmin51bta@notificacionesrj.gov.co y admin51bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)

CARMEN AMPARO PONCE DELGADO

Magistrada

(Firmado electrónicamente)

MERY CECILIA MORENO AMAYA

Magistrada

(Firmado electrónicamente)

NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA

Magistrada

Se deja constancia de que la presente providencia fue firmada electrónicamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 466 de la Ley 2080 de 2021.

Se deja constancia de que la presente providencia fue firmada electrónicamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 466 de la Ley 2080 de 2021.

6 “Artículo 46. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar c on mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio. Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnolo gías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuacione