TA CUN - 110013335030201800170-01-(13-09-2019)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”

MAGISTRADO PONENTE: RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01

Demandante: ÁLVARO GALÁN DUEÑAS

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL

Controversia: REAJUSTE ASIGNACIÓN DE RETIRO – PRIMA DE

ACTUALIZACIÓN

I. ORALIDAD SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida en audiencia inicial del 22 de octubre de 2018 por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1. PRETENSIONES: El señor ÁLVARO GALÁN DUEÑAS en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL , la cual estuvo orientada en resumen a las siguientes declaraciones y condenas1:  Declarar la nulidad del oficio CREMIL 23770 Consecutivo 2016-22470 del

MILITARES - CREMIL , la cual estuvo orientada en resumen a las siguientes declaraciones y condenas1:  Declarar la nulidad del oficio CREMIL 23770 Consecutivo 2016-22470 del 11 de abril de 2016 proferido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio del cual se negó la solicitud de reajuste de la asignación salarial con base en los porcentajes correspondientes a la prima de actualización, para que a su vez se reajuste la asignación de retiro desde el 1° de enero de 1996 al 2017 con el reajuste del índice de precios al consumidor.  Como consecuencia de lo anterior, y a título de Restablecimiento del Derecho, solicitó que se condene a la entidad a reajustar la asignación de retiro teniendo en cuenta los porcentajes correspondientes a la prima de actualización consagrada en los Decretos 335 de 1992, 025 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995. 1 Ff. 27 a 35.Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01  Una vez se ordene el anterior ajuste, a partir del 1° de enero de 1996 se reajuste la base salarial de la asignación de retiro, que a partir del año 1997 al 2004 se continúe con el reajuste con relación al IPC determinado por el DANE, aclarando que dicho valor solo fue referenciado del valor faltante que no había sido incluido en la sentencia que se pronunció sobre el asunto.  Así mismo, solicitó que para los años 2005 y 2006 se realice el respectivo

aclarando que dicho valor solo fue referenciado del valor faltante que no había sido incluido en la sentencia que se pronunció sobre el asunto.  Así mismo, solicitó que para los años 2005 y 2006 se realice el respectivo ajuste de la base salarial de la asignación de retiro, y que a partir del 1° de julio de 2007 se continúe el reajuste de la asignación de retiro con las variaciones que haya tenido hasta el año 2017, es decir, con el incremento de la prima de actividad.  Por último, condenar a la entidad demanda a realizar la indexación de los dineros adeudados. 1.2. HECHOS2:  Al demandante ÁLVARO GALÁN DUEÑAS le fue reconocida la asignación de retiro por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares mediante la Resolución No. 0077 del 2 de febrero de 1983.  Con la expedición del Decreto 335 de 1992 se creó la prima de actualización adicional al sueldo básico de carácter temporal, reconocida en principio de 1992 a 1995 a los militares en servicio activo en los grados de teniente coronel a cabo segundo, y posteriormente, se extendió esta prestación a los militares retirados o pensionados de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado.  Mediante la Resolución No. 3007 del 18 de septiembre de 2006 proferida por la Caja de Retiro de las Fuerza Militares, se dio cumplimiento a la sentencia del 4 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

por la Caja de Retiro de las Fuerza Militares, se dio cumplimiento a la sentencia del 4 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmada mediante sentencia del 30 de marzo de 2006 expedida por el Consejo de Estado, por medio de la cual se ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar la prima de actualización a favor del demandante.  El demandante presentó el 22 de marzo de 2016 ante la Caja de Retiro de las Fuerza Militares, solicitud tendiente a obtener el reajuste de la asignación de retiro con base en los porcentajes correspondientes a la prima de actualización, y para que a su vez se reajuste conforme al índice de precios al consumidor.  La Caja de Retiro de las Fuerza Militares expidió el oficio No. CREMIL 23770 Consecutivo 2016-22470 del 11 de abril de 2016, por medio del cual despachó desfavorablemente la solicitud presentada el 22 de marzo de 2016.  El demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 18 de octubre de 2016, frente a la cual se llevó a cabo audiencia el 7 de diciembre de 2016, la cual fue declarada fallida y de la que se expidió constancia el mismo día. 1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 2 Ff. 35 y 36. 2Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 La parte demandante señaló como disposiciones violadas 3 los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 53 y 58 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, el Decreto 1211 de 1990,

La parte demandante señaló como disposiciones violadas 3 los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 53 y 58 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, el Decreto 1211 de 1990, el Decreto 335 de 1992, el Decreto 25 de 1993 y el Decreto 65 de 1994. Señaló que la entidad accionada desconoció la supremacía de la Constitución sobre la norma, en lo relacionado con el respeto y aplicación del principio de igualdad, pues es claro que no se efectuó la nivelación salarial para los años 1992 a 1995, situación que sin lugar a dudas pone en desventaja al personal retirado con el personal activo. Sostuvo que los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 determinaron los porcentajes correspondientes para cada uno de los cargos de la Fuerza Pública a los cuales se les debía liquidar la prima de actualización entre el 1° de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1995. Aclaró que la entidad accionada se pronunció sobre la prima de actualización, cuando es claro que esta no es el objeto de la petición, pues ya fue reconocida mediante decisión judicial anterior, y que lo que realmente se pretende, es la nivelación salarial para los años 1992 a 1995, para que esta a su vez sirva para el reajuste de la asignación de retiro. Reiteró que lo pretendido es el reajuste de la base salarial (nivelación salarial) incluyendo las variaciones que en todo tiempo se hayan presentado (1992 a 2017), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 y lo expuesto por la

incluyendo las variaciones que en todo tiempo se hayan presentado (1992 a 2017), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 y lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T - 327 del 26 de mayo de 2015, y que no importa que la vigencia de la prima de actualización fue temporal, pues dicho ajuste tiene incidencia en la asignación de retiro, en tanto, los efectos de esta son de carácter permanente.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la misma4.

La prima de actualización se consagró como un factor adicional al sueldo básico por las vigencias de 1992 a 1995, siendo incorporado su porcentaje en el sueldo básico de la vigencia inmediatamente siguiente, y por otro lado, la base prestacional es el sueldo básico de un activo, a partir del cual se reajusta la asignación de retiro en virtud del principio de oscilación. Adujo que al sueldo básico se le aplica cada uno de los porcentajes por concepto de primas que fueron reconocidas para efectos de asignación de retiro, dentro de las cuales y con las limitaciones de tiempo se encuentra la prima de actualización, pues fue temporal desapareciendo en el momento en el que se alcanzó la nivelación salarial, es decir, cuando se incorporó al sueldo básico el último de los porcentajes de prima de actualización contenido en el Decreto 133 de 1995 y se alcanzó la escala gradual porcentual con el Decreto 107 de 1996. Es así que a partir del 1° de enero de 1996 el pago de las asignaciones de retiro

porcentajes de prima de actualización contenido en el Decreto 133 de 1995 y se alcanzó la escala gradual porcentual con el Decreto 107 de 1996. Es así que a partir del 1° de enero de 1996 el pago de las asignaciones de retiro se hizo con fundamento en el sueldo básico fijado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 107 de 1996, a través de la cual se logró la nivelación de la escala salarial porcentual, entendiendo que para el año 1993 se incorporaron los 3.Ff. 36 a 53. 4 Ff. 68 a 81. 3Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 valores pagados por concepto de la prima de actualización que tuvo vigencia en 1992, y así sucesivamente hasta 1996. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes a las que denominó: (i) pago total de la obligación, (ii) pago frente al reajuste de la asignación de retiro a partir del 1° de enero de 1996, y (iii) prescripción del derecho.

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante sentencia proferida en audiencia inicial del 22 de octubre de 2018 5, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Luego de exponer la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso en estudio, señaló que al demandante le fue reconocida la asignación de retiro con anterioridad a la creación de la prima de actualización. Adujo que la prima de actualización fue creada como una prima temporal para los

señaló que al demandante le fue reconocida la asignación de retiro con anterioridad a la creación de la prima de actualización. Adujo que la prima de actualización fue creada como una prima temporal para los períodos comprendidos entre 1992 a 1995 para los miembros activos y desde 1993 a 1995 para el personal retirado, cuyo objeto era la nivelación de la remuneración de los servidores de la Fuerza Pública hasta llegar a una escala salarial única, es decir, que el reconocimiento se sometió al establecimiento de la escala gradual porcentual, la cual se configuró con la expedición del Decreto 107 de 1996, que en todo caso no estableció que la prima de actualización fuera parte de la asignación básica, así como tampoco determinó monto sobre su inclusión. Por tanto, para el juez de primera instancia no es procedente el reajuste de la asignación de retiro a partir de 1996, teniendo en cuenta dentro de la base prestacional que los porcentajes de la prima de actualización causados desde 1993 a 1995, pues tuvo vigencia temporal, es decir, que su pago no se puede extender más allá del 1° de enero de 1996 fecha en la que entró a regir el Decreto 107 de 1996, además, que a partir de dicha fecha la prima no hace parte de la base prestacional para liquidar las asignaciones de retiro.

4. DEL RECURSO DE APELACIÓN 4.1. TRÁMITE Mediante auto del 19 de junio de 20196 este Tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte demandante, en contra de la

Mediante auto del 19 de junio de 20196 este Tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida en audiencia inicial del 22 de octubre de 2018 por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. 4.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO La parte demandante interpuso recurso de apelación 7, solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demandada. Señaló que con la decisión adoptada en primera instancia se tergiversa la realidad, porque con la demanda no se pretendió el reconocimiento y pago de la prima de actualización consagrada en los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 5 Ff. 137 y 138. 6 F. 172. 7 Ff. 150 a 163. 4Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 de 1994 y 133 de 1995, sino que realmente lo que se pretendió era la nivelación ordenada en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992. Manifestó que se realizó una interpretación errada, pues la prima de actualización no tuvo por objeto la nivelación de las remuneraciones de los servidores públicos, y por otro lado, que la Ley 4 de 1992 estableció que la nivelación debía efectuarse para los años 1992 a 1995, es decir, ordenó el reajuste del salario básico en este período. Advirtió que no se pretende extender la vigencia más allá del tiempo previsto, sino

para los años 1992 a 1995, es decir, ordenó el reajuste del salario básico en este período. Advirtió que no se pretende extender la vigencia más allá del tiempo previsto, sino el reajuste salarial entre 1992 a 1995 para que una vez determinada la base salarial real se reajuste la asignación de retiro hasta la fecha, pues de no ser así se incurriría en un tratamiento inequitativo y menos favorable del que se otorga a la generalidad de los servidores públicos. Aclaró que no se están solicitando nuevos reconocimientos en relación con las prestaciones causadas del año 1992 al 2017, por el contrario, lo pretendido es el reajuste del Índice de Precios al Consumidor IPC y la prima de actualización sobre la base salarial en los períodos señalados.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 8 de julio de 2018 8 se ordenó dar traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia de conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 623 del C.G.P. 5.1. DE LA PARTE DEMANDANTE La parte demandante presentó alegatos de conclusión 9 reiterando los argumentos de la demanda y del recurso de apelación. 5.2. DE LA PARTE DEMANDADA La entidad accionada no hizo uso de su derecho. 5.3. DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Publico no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

1. COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA El artículo 153 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

1. COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA El artículo 153 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja 8 F. 176. 9 FF. 178 a 191.

5Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, entre otros.

2. PROBLEMA JURÍDICO Se controvierte la nulidad del oficio CREMIL 23770 Consecutivo 2016-22470 del 11 de abril de 2016 proferido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio del cual se negó el reajuste de la asignación de retiro del demandante ÁLVARO GALÁN DUEÑAS, con ocasión de la inclusión de la prima de actualización en la base salarial para los años 1992 a 1995 a partir del 1° de enero de 1996 al 2017, y el consecuente reajuste conforme al índice de precios al consumidor.

Por tanto, corresponde a la Sala determinar si al demandante ÁLVARO GALÁN DUEÑAS le asiste o no el derecho al reajuste de la asignación de retiro desde el 1° de enero de 1996 al 2017, como consecuencia de la inclusión de la prima de actualización en la base salarial para los años 1992 a 1995, y posteriormente, el

1° de enero de 1996 al 2017, como consecuencia de la inclusión de la prima de actualización en la base salarial para los años 1992 a 1995, y posteriormente, el reajuste de la prestación conforme al índice de precios al consumidor. Para el anterior análisis, se tendrá en cuenta además de las premisas fácticas y normativas, el análisis de las pruebas recaudadas, y lo que al respecto ha señalado el precedente jurisprudencial.

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO EN ESTUDIO

3.1. PRIMA DE ACTUALIZACIÓN La prima de actualización fue creada mediante el Decreto 335 del 24 de febrero de 1992 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, el cual dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO 15.- De conformidad con lo establecido en el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en servicio activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización, en los porcentajes que se indican a continuación en cada grado,

Nacional, en servicio activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización, en los porcentajes que se indican a continuación en cada grado, liquidada sobre la asignación básica, así: (...). PARÁGRAFO.- La prima de actualización a que se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se establezca una escala porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El personal que la devengue en servicio activo tendrá derecho a que se le compute para el reconocimiento de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales 10 ” La norma en cita también estableció que los efectos fiscales de la prima de actualización se contarían a partir del 1º de enero de 1992, es decir, antes de la promulgación de la Ley 4ª de 1992 por medio de la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que se deben observar para la fijación del régimen salarial y 10Disposición declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia de revisión C-005 de 11 de mayo de 1992, con ponencia del Magistrado Jaime Sanín Greiffenstein. 6Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, y dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO 10.- Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente ley el Gobierno Nacional establecerá

contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales 1993 a 1996” Posteriormente, en desarrollo de las reglas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, se dictaron los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, por medio de los cuales se fijaron los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública y Policía Nacional para las respectivas vigencias. El Decreto Legislativo 335 de 1992 fue expresamente derogado por el artículo 35 del Decreto 25 de 1993, éste a su vez lo fue por el Decreto 65 de 1994, y este último fue derogado por el Decreto 133 de 1995, y en cada uno de ellos se ratificó la prima de actualización durante las respectivas vigencias. Luego, es claro que la expedición de un decreto derogaba el anterior y se limitaba para la vigencia fiscal del año de su promulgación, por cuanto la prima de actualización siempre fue concebida “temporalmente” hasta que se consolidara la escala salarial porcentual que nivelaría la remuneración del personal de la Fuerza Pública. Debido a que la prima de actualización solo se creó para el personal activo de la

“temporalmente” hasta que se consolidara la escala salarial porcentual que nivelaría la remuneración del personal de la Fuerza Pública. Debido a que la prima de actualización solo se creó para el personal activo de la fuerza pública, las normas que le dieron origen fueron demandadas en varias oportunidades con el fin de equiparar sus efectos a favor de los Oficiales y Suboficiales en retiro. Es así, que el Consejo de Estado en providencias del 14 de agosto de 199711 y 6 de noviembre de 1997 12 declaró la nulidad de las expresiones “que la devengue en servicio activo” y “reconocimiento de” contenidas en el parágrafo del artículo 28 de los Decretos 25 de 1993 y 65 de 1994 y del artículo 29 del Decreto 133 de 1995, de conformidad con las siguientes consideraciones: “En el artículo 13 de esta ley marco, el legislador preceptúa, como se vio, que el Gobierno Nacional establecería una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de dicha Fuerza, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º de la misma. Los Decretos acusados - 25 de 1993 y 65 de 1994 -, se expidieron en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, que por tener el carácter de Ley Marco, contiene los principios, pautas, directrices, políticas y criterios que deben dirigir la acción del ejecutivo en este específico campo de su gestión - regulación de

Ley Marco, contiene los principios, pautas, directrices, políticas y criterios que deben dirigir la acción del ejecutivo en este específico campo de su gestión - regulación de salarios y prestaciones sociales -, y los linderos que deben enmarcar la misma, sin que le sea permitido al Gobierno Nacional, al desarrollar la materia que constituye el objeto de la Ley, desbordar tales linderos, que son precisamente los que configuran el marco dentro del cual deben dictarse los reglamentos cuya expedición le confió el Legislativo. 11 Sentencia del 14 de agosto de 1997 dictada por el Consejo de Estado, Expediente 9923, Magistrado Ponente Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, 12 Sentencia del 6 de noviembre de 1997 expedida por el Consejo de Estado, expediente No. 11423, Magistrada Ponente Dra. CLARA FORERO DE CASTRO. 7Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 Así las cosas, se tiene que si el legislativo en la Ley 4ª de 1992, previó el establecimiento de una escala gradual porcentual con el fin de nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, no le es dable al Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial y prestacional de dicho personal, consagrar mecanismos, fórmulas o sistemas de liquidación de las asignaciones de retiro, que conlleven a resultados diferenciales en el quantum de esta prestación para un grupo determinado de los miembros de la Fuerza Pública, como acontece si a quienes la devengan, el valor de la prima de actualización se les computa al liquidárseles su

conlleven a resultados diferenciales en el quantum de esta prestación para un grupo determinado de los miembros de la Fuerza Pública, como acontece si a quienes la devengan, el valor de la prima de actualización se les computa al liquidárseles su asignación de retiro, y no se hace lo mismo respecto del personal ya retirado. De ahí que al excluir al personal retirado de la Fuerza Pública del cómputo del valor de la prima de actualización para la asignación de retiro, no solo se desconoce el criterio de nivelación entre las remuneraciones del personal activo y retirado de dicha Fuerza, sino que se permite que, a partir de la vigencia de dichos decretos y mientras subsista la prima de actualización, se presenten diferencias entre lo que perciban, como asignación de retiro, oficiales y suboficiales del mismo grado, ya que el valor de la asignación de aquellos que devenguen la prima de actualización y que luego se retiren durante la vigencia de ésta será superior a la que perciben quienes se encuentran retirados del servicio activo desde antes de la consagración de tal prima. Por oponerse al contenido y alcance del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, cuyos criterios y directrices el Gobierno Nacional debía observar al fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, pues antes que propiciar la nivelación cuantitativa entre los salarios y las asignaciones de retiro de ese personal, contribuyen a una evidente desnivelación entre éstos, las normas acusadas resultan contrarias también a los principios consagrados en el preámbulo y en los preceptos de la Constitución, invocados como infringidos en el líbelo, por lo cual se impone decretar

contrarias también a los principios consagrados en el preámbulo y en los preceptos de la Constitución, invocados como infringidos en el líbelo, por lo cual se impone decretar la anulación deprecada”. Es decir, que la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo de la Fuerza Pública, fue extendida al personal retirado en virtud de las providencias dictadas por el Consejo de Estado que señalaron que dicha exclusión constituía una violación al derecho a la igualdad. Con el Decreto 107 del 15 de enero de 1996 se estableció la escala gradual porcentual para la remuneración del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a que se refería el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, terminando por consiguiente la vigencia de la prima de actualización. Disposición frente a la cual el Consejo de Estado en sentencia del 3 de diciembre de 2002 13, realizó el estudio sobre el origen legal de la prima de actualización, así: "El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades derivadas del Estado de Emergencia Social declarado mediante Decreto 333 de 24 de febrero de 1992, expidió el Decreto Legislativo 335 de la misma fecha, en cuyo artículo 15 creó la Prima de Actualización, al siguiente tenor: (…) Esta norma creó, entonces, la Prima de Actualización para Oficiales y Suboficiales en servicio activo, y precisó que el personal que la devengare en servicio activo tendría derecho a que se le computase en su asignación de retiro. En el artículo 22 de este decreto se dispuso que tendría efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1992. Y debe

derecho a que se le computase en su asignación de retiro. En el artículo 22 de este decreto se dispuso que tendría efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1992. Y debe tenerse cuenta que fue expedido el 24 de febrero de 1992, es decir, antes de la promulgación de la Ley 4ª del mismo año (18 de mayo). (…) Mediante la Ley 4ª de 1992 se señalaron «las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza 13 Sentencia de 3 de diciembre de 2002 proferida por el Consejo de Estado en sentencia de 3 de diciembre de 2002, No. S-764, actor Eliserio Barragán Ortiz, Consejero Ponente Dr. Camilo Arciniegas Andrade. 8Expediente: 11001-33-35-030-2018-00170-01 Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.» En los artículos 10° y 13 de esta ley se dispuso lo siguiente: Ley 4ª de 1992 (18 de mayo) (…) "3) Las disposiciones de carácter legislativo contenidas en los reglamentos legislativos tienen la virtualidad de derogar, modificar o sustituir normas preexistentes que tengan fuerza de ley, siempre y cuando ellas se refieran a materias que son objeto de tratamiento legal mediante el sistema de leyes marco; por vía de ejemplo tenemos que

tienen la virtualidad de derogar, modificar o sustituir normas preexistentes que tengan fuerza de ley, siempre y cuando ellas se refieran a materias que son objeto de tratamiento legal mediante el sistema de leyes marco; por vía de ejemplo tenemos que un decreto sobre comercio exterior, expedido en desarrollo de la ley marco de comercio exterior podría derogar leyes comunes que se hubieran expedido con anterioridad sobre esta misma materia.»[]Como se dijo atrás, los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 crearon la prima de actualización para las respectivas vigencias. Esta prima tenía carácter temporal, «hasta cuando se consolide la escala salarial porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Ley 4ª de 1992», según se lee en los respectivos artículos, que enseguida se transcriben: (…) En orden a la segunda acusación, encaminada a que se deje sin efectos la sentencia en cuanto confirmó la denegación de la prima de actualización a partir del 1 de enero de 1996, la Sala considera que esta prima fue creada con carácter temporal, pues en los artículos 28 de los decretos 35 de 1993 y 65 de 1994 y en el artículo 29 del Decreto 133 de 1995 se dispuso que la prima tendría efecto hasta cuando se consolidase la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, lo que efectivamente se logró con el Decreto 107 de 1996, que fijó la

consolidase la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, lo que efectivamente se logró con el Decreto 107 de 1996, que fijó la escala gradual porcentual para los sueldos básicos del personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública con respecto al grado de General (artículo 1°), con efecto a partir del 1 de enero de 1996, y derogó expresamente el Decreto 133 de 1995, último de los que establecieron la Prima de Actualización (artículo 39). Acertó, entonces, la Subsección sentenciadora al denegar la prima de actualización para los mese