TA CUN - 11001333603320210033701-(08-05-2024)

República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C”

ORALIDAD

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) (Proyecto discutido y aprobado en Sala de la fecha)

Expediente 110013336033202100337-01 Sentencia SC3-05-24-3359 Sala 51 Medio de control REPARACIÓN DIRECTA

Demandante CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS

Demandado NACIÓN – RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Asunto APELACIÓN SENTENCIA

Tema ERROR JUDICIAL NO SE CONFIGURA CUANDO LA

PROVIDENCIA DE LA QUE SE PREDICA, ENCUENTRA

DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y CORRESPONDE A

HERMENÉUTICA PLAUSIBLE DENTRO DEL ABANICO DE

RESPUESTAS JURIDICAMENTE ADMISIBLES EN

MARCO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ

Tratando de recurso de apelación contra sentencia, promovido en vigencia de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, se rige por el vigente Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativ o – CPACA, que corresponde al compendio normativo de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones introducidas por la mencionada Ley 2080 de 2021, y cumplido el trámite previsto en su artículo 247, encuentra para que la Sala provea.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

la mencionada Ley 2080 de 2021, y cumplido el trámite previsto en su artículo 247, encuentra para que la Sala provea.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Desatar el recurso de apelación interpuesto por la activa, contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda sin condena en costas , proferida el dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en cuanto ignoró las pruebas aportadas al proceso para acreditar el error judicial, específicamente, las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005, de la Corte Constitucional y los Autos 503 de 2015, 445 y 664 de 2017, de la misma Corporación; por los que con efectos erga omnes, ordenó a TELECOM EN LIQUIDACIÓN, adoptar una política de reubicación laboral para proteger los intereses de las personas que al momento de su desvinculación estaban en situación de vulnerabilidad con respecto a sus familias por tener menores a su cargo, o personas de la tercera edad, o hijos con disminuciones físicas, síquicas y sensoriales.

II. ANTECEDENTES EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. Pretensiones y argumentos de la activa

Los accionantes 1 por vía del medio de control de reparación directa, promovieron demanda contra la Nación – Rama Judicial, pretendiendo se declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados, por error judicial en Auto de Seguimiento No. 111 de 2019, al tener por satisfecho el amparo tutelar conferido

demanda contra la Nación – Rama Judicial, pretendiendo se declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados, por error judicial en Auto de Seguimiento No. 111 de 2019, al tener por satisfecho el amparo tutelar conferido mediante Sentencia SU - 377 de 2014, o pérdida de oportunidad al frustrar una

1 CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA, MARIA REDONDO CANDEZANO, SONIA MILENA BUENO REDONDO, AURORA MARCELA BUENO REDONDO, INDIRA JOHANA BUENO REDONDO, CARLOS RAMON BUENO REDONDO.Exp:110013336033202100337 -01

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expectativa legítima de un derecho cierto y, en consecuencia, se le condene al pago de perjuicios morales y perjuicios materiales 2.

En fundamento de sus reclamaciones, realiza reseña fáctica, de la que destaca, en criterio de esta Sala, conjugado el debate que se suscita en esta instancia los siguientes hechos:

Carlos Augusto Bueno Garc ía presto sus servicios con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, y era uno de los beneficiarios de las sentencias SU-388 de 2005 y SU -389 de 2005, que dieron aplicación a la Ley 790 de 2002 y su decreto reglamentario 190 de 2002 y confirieron protección a los ex trabajadores de TELECOM, que acreditaban condición de padres o madres cabeza de familia o prepensionados.

Así como de la Sentencia SU-377 de 2014, en la que la Corte Constitucional, identificó tres tipos de solicitudes relacionadas con ex trabajadores de TELECOM, a saber, (i) las

Así como de la Sentencia SU-377 de 2014, en la que la Corte Constitucional, identificó tres tipos de solicitudes relacionadas con ex trabajadores de TELECOM, a saber, (i) las referidas al plan de pensión anticipada que ofreció TELECOM a sus trabajadores; (ii) las que alegaban violación a las garantías del fuero sindical como consecuencia del despido al momento de la liquidación de TELECOM; y (iii) las que aducían presunta desvinculación de trabajadores amparados por el retén social, esto es, padres y madres cabeza de familia y prepensionados . Procediendo la Alta Corporación Judicial a conferir amparo constitucional a quienes tuvieran la condición de padres o madres cabeza de familia al momento de proferirse sentencia, y ordenó el pago d e la indemnización de que trata el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, y la adopción de un plan de reubicación de las madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM.

Además del Auto 503 de 2015, en el que la Corte Constitucional, se pronunció frente a su orden de adoptar una política de reubicación laboral y precisó de la misma:

“se justificaba, entre otras, en la necesidad de proteger los intereses de las personas que al momento de su desvinculación estaban en situación de vulnerabilidad con respecto a sus familias por tener menores a su cargo, o personas de la tercera edad, o hi jos con disminuciones físicas, síquicas y sensoriales, a quienes debía prestárseles especial atención (arts. 44, 46 y 47 CP). Por ende, para identificar los beneficiarios de la orden trigésima de la sentencia en cuestión, lo relevante es observar si la persona reclamante hacía parte del retén

(arts. 44, 46 y 47 CP). Por ende, para identificar los beneficiarios de la orden trigésima de la sentencia en cuestión, lo relevante es observar si la persona reclamante hacía parte del retén social al momento de su desvinculación, pues fue en ese instante que se vulneraron sus derechos constitucionales si no se atendió su especial situación que determinaba que fueran personas sujetas a protección reforzada”.

Con Auto 664 de 20173, la Corte Constitucional declaró cumplida a cabalidad, respecto de todos sus beneficiarios, la orden dictada en el numeral vigésimo noveno de la parte resolutiva de la Sentencia SU-377 de 2014 y emitió nuevas órdenes, para la sa tisfacción de la sentencia de unificación.

En tanto que mediante el reprochado Auto 111 de 13 de marzo de 2019, el máximo Tribunal Constitucional, continuando con la función de verificación del cumplimiento a las determinaciones adoptadas en el Auto 664 d e 2017, frente a la orden trigésima de la Sentencia SU-377 de 2014, dispuso:

2 Daño moral: el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pa ra cada uno. Daño material en la modalidad de daño emergente: por la suma de ($ 19.294.673), actualizada al momento de proferirse sentencia. 3 “PRIMERO. - DECLARAR cumplida a cabalidad, respecto de todos sus beneficiarios, la orden dictada en el numeral vi gésimo noveno de la parte resolutiva de la Sentencia SU -377 de 2014. SEGUNDO.- ORDENAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y al Consorcio a cargo de la administración d el PAR

resolutiva de la Sentencia SU -377 de 2014. SEGUNDO.- ORDENAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y al Consorcio a cargo de la administración d el PAR de TELECOM que en el término máximo de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el (i) plan de reubicación de las madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, (ii) el listado de cargos disponibles, (iii) l a metodología estudio de equivalencia de empleos y (iv) el orden de prioridad diseñado por PAR TELECOM , realizar una oferta de empleos dirigida a cada una d e las 860 personas beneficiarlas de la orden impartida en la sentencia inicial, e incluir en él con prioridad a los señores Wilson José Daza Daza (T -2546795), Diana Patricia Demoya (T - 2546795), Myriam García Londoño (T -2546795), Antonio Javier Espinosa Guzmán (T -2546795), Olga Ruth Gañán Parra (T2531642) y José Eduardo Peña Armenta (T -2531642). Ese plan busca que en un plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique esta providencia, el mayor número posible de madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM tengan un d erecho preferencial a ingresar a un empleo con funciones, tareas y responsabilida des SIMILARES O EQUIVALENTES a las que tenían en la hoy liquidada TELECOM, a elección de los beneficiarios, considerando las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 sobre congelación de las pla ntas de personal de las

entidades estatales. Ello no o bsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado concurso, ser nombradas provisionalidad o, cuando sea convocado el concurso de méritos, present ar las pru ebas correspondientes para ser vinculadas. Este plan se aplicará con la previa actualización de la oferta de empleos disponibles, para posteriormente realizar ofertas p or grupos de conformidad con el “ORDEN DE PRIORIDAD”, aplicando la “METODOLOGÍA DE EQUIV ALENCIAS, iniciando con el grupo uno, y así sucesivamente hasta agotar la oferta de empleos existente, fijando a cada persona un plazo máximo para tomar la decisión de aceptación y rechazo de la o ferta del empleo similar al que tenía en la suprimida Teleco m. Para el cumplimiento de lo aquí previsto, MINTIC y PAR TELECOM gestionarán conjuntamente la colaboración de la Comisión Nacio nal del Servicio Civil -CNSC y del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, para que estas entidades, en el marc o de sus competencias constitucionales y legales, apoyen las gestiones necesarias en relación con la determinación de los empleos vacantes y brinde n apoyo técnico para la implementación del plan de reubicación. TERCERO. - El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM presentarán informes cuatrimestrales a la Corte Constitucional sobre los avances de este plan. ”Exp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 3 de 20

“PRIMERO. - DECLARAR cumplida la orden dictada en el numeral trigésimo de la parte

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 3 de 20

“PRIMERO. - DECLARAR cumplida la orden dictada en el numeral trigésimo de la parte resolutiva de la Sentencia SU-377 de 2014, modulada mediante el numeral resolutivo 2° del Auto 664 de 2017, por las razones consignadas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. - EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM y a las posibles entidades receptoras, para que respecto de las madres y los padres cabeza de familia desvinculados de TELECOM que estén aún en proceso de nombramiento y/o posesión, lleven a cabo las gestiones que están en el marco de sus competencias para facilitar dentro de un término razonable, la vinculación al cargo que les fue ofrecido, siempre que no existan impedimentos materiales o legales para ello.

TERCERO. - CESAR el seguimiento y trámite de verificación de las órdenes impartidas en la Sentencia SU-377 de 2014, en los términos expuestos en la parte motiva de este auto.

CUARTO. - ADVERTIR a los juzgados de origen en los que se adelantaron las acciones de tutela que integran los expedientes revisados en la sentencia SU -377 de 2014, para que, al momento de avocar y resolver los procesos de incidente de desacato respectivos, tengan en cuenta lo decidido en la presente providencia, así como aquello que se consignó en su ratio decidendi.

QUINTO. - Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, NOTIFICAR por

cuenta lo decidido en la presente providencia, así como aquello que se consignó en su ratio decidendi.

QUINTO. - Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, NOTIFICAR por Estado la presente decisión y COMUNICAR lo aquí decidido al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM”.

Decisión que quedó en firme el 10 de junio de 2019, cuando la misma Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 276 de 29 de mayo de 2019 resolvió los recursos de súplica y solicitudes de nulidad presentados por algunos accionantes, contra el Auto 111 de 13 de marzo de 2019, de manera negativa a las mismas.

Asimismo, aduce la activa, en fundamentación del invocado error jurisdiccional:

Con Auto 111 de 13 de marzo de 2019, se dispuso de las órdenes impartidas en la Sentencia SU-377 de 2014 y reiteradas en el Auto 664 de 2017, que eran complejas y difíciles de cumplir y dio por terminado su seguimiento, comportando que se extinguieran los dere chos reconocidos mediante la sentencia de unificación, entre otros, el señor Carlos Augusto Bueno García , mediante una providencia que no tenía la fuerza argumentativa para ello, y que compromete la obligación indemnizatoria de la accionada, porque infligi ó a la víctima directa, perjuicios, al privarla de ser reintegrada al servicio público, por el auto que determinó cumplida la orden de la Corte Constitucional, sin estarlo.

III. SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

público, por el auto que determinó cumplida la orden de la Corte Constitucional, sin estarlo.

III. SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, por no encontrar configurado el daño antijurídico alegado ni probado error de hecho o de derecho y por el contrario evidenciar que la providencia motivó en debida forma su decisión de cesar la verificación del cumplimiento de la sentencia de unificación, sustentándola con la realidad del proceso y las normas aplicables a la especial situación generada con la liquidación de TELECOM y finiquita que la Corte Constitucional en el Auto 111 de 19 de marzo de 2019, al dar por cumplida la orden trigésima de la Sentencia SU -377 de 12 de junio de 2014, modulada por el Auto 664 de 06 de diciembre de 2017, no incurrió en error judicial o pérdida de oportunidad, por cuanto los argumentos que sustentaron la decisión no se muestran caprichosos, arbitrarios ni subjetivos, por el contrario, son el resultado de un análisis ponderado entre lo materialmente posible y lo que hicieron las autoridades concernidas para darl e cumplimiento a la orden de tutela. Agregó que la decisión judicial corresponde a una interpretación plausible de las normas y de los hechos ventilados para resolver la controversia y en consecuencia asume como un valido entendimiento jurídico del caso.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La activa depreca la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar,

y de los hechos ventilados para resolver la controversia y en consecuencia asume como un valido entendimiento jurídico del caso.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La activa depreca la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de su demanda, por razón a que ignoró las pruebasExp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 4 de 20

aportadas al proceso para acreditar la existencia de l error judicial y pérdida de oportunidad, específicamente los siguientes medios de convicción, en cuanto en tesis de la activa recurrente, reseñan conforme sigue:

1. Las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005, decisiones con efectos erga omnes que ordenaban que a los trabajadores se les reconociera el derecho especialmente por tener condición de pre pensionados, estar en condición de discapacidad, ser padres y padres cabeza de familia.

1. El Auto 503 de 2015, por medio del cual la Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que “la orden de adoptar una política de reubicación laboral se justificaba, entre otras, en la necesidad de proteger los intereses de las personas que al momento de su desvinculación estaban en situación de vulnerabilidad con respecto a sus familias por tener menores a su cargo, o personas de la tercera edad, o hijos con disminuciones físicas, síquicas y sensoriales”.

1. El Auto 445 de 24 de agosto de 2017, que asumió la competencia para verificar el cumplimiento de dichas ordenes, con la finalidad de que no se hiciera nugatoria

síquicas y sensoriales”.

1. El Auto 445 de 24 de agosto de 2017, que asumió la competencia para verificar el cumplimiento de dichas ordenes, con la finalidad de que no se hiciera nugatoria la protección otorgada en su momento a los tutelantes ya que, en criterio de dicha sala, estas circunstancias iban en desmedro de la legít ima aspiración de los accionantes en alcanzar la protección de sus derechos, advertido que en Auto 664 de 2017, emitió unas órdenes concretas respecto de la orden trigésima de la sentencia de unificación.

Sostiene el recurrente que las referidas omisiones en la valoración probatoria impidieron al A Quo de la reparación directa, verificar que en el Auto 111 de 2019, la Corte Constitucional, configuró un daño antijurídico, por cuanto desconoció su propia sentencia, mediante un auto de verificación de cumpli miento que cambió las órdenes tutelares impartidas con anterioridad y privó a los aquí accionantes del goce de su derecho reconocido judicialmente sin posibilidad de ejercer su defensa, configurando en ello, una pérdida de oportunidad.

Por lo tanto, concluyó que la providencia acusada de error asume como lesiva, por razón a que los derechos fundamentales reconocidos fueron revocados por un auto sin entidad suficiente para modificar la decisión adoptada en una sentencia de unificación, transformando el am paro y constituyéndose la fuente del daño al no hacer efectivo su derecho al reintegro, reconocido por la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-377 de 2014, que encontraba para entonces debidamente ejecutoriada.

V. TRÁMITE PROCESAL EN SEGU NDA INSTANCIA

derecho al reintegro, reconocido por la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-377 de 2014, que encontraba para entonces debidamente ejecutoriada.

V. TRÁMITE PROCESAL EN SEGU NDA INSTANCIA

5.1. Con proveído del 2 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación promovido por la activa contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

5.2. Subsiguientemente a la ejecutoria de la precitada decisión, no mediando solicitud probatoria y en secuencia de ello, no procediendo, dar traslado para alegar de conclusión, en virtud del numeral 5) del precitado artículo 247 del actual CPACA, el expediente ingresó al Despacho para proferir sentencia, sin que el Agente del Ministerio público hubiera rendido concepto.

5.3. Asimismo, se advierte que la apoderada de la Rama Judicial presentó pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la activa, precisando que en el presente asunto no están debidamente estructurados los elementos que tanto la ley como la jurisprudencia han decantado para que se configure el error jurisdiccio nal, por lo tanto, solicitó que se confirme la providencia proferida en primera instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1ASPECTOS DE EFICACIA Y VALIDEZExp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 5 de 20

6.1ASPECTOS DE EFICACIA Y VALIDEZExp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 5 de 20

6.1.1Se reitera la competencia de esta Corporación para conocer del recurso que nos ocupa, contrastado que se trata de apelación de sentencia proferida en medio de control de reparación directa, contra entidad de derecho público, a saber, la NaciónRama Judicial.

Conjugado, además, que conforme al artículo 153 del vigente Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA:

“(…) Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”. (Suspensivos y subrayado fuera de texto).

6.1.2Encuentran satisfechos los requisitos de sustentación clara, suficiente y pertinente de los recursos de apelación, en contraste con la sentencia que es objeto de este. Reiterado que el recurso de alzada promovido por la activa tiene fundamento normativo en los incisos 3º y 4º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso - CGP, en cuanto disponen que, tratándose de la apelación de una sentencia, el recurrente debe precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la deci sión y para su sustentación será suficiente que el apelante exprese las

sentencia, el recurrente debe precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la deci sión y para su sustentación será suficiente que el apelante exprese las razones de su inconformidad con la providencia objeto de alzada.

Premisa a la que agrega, el artículo 320 del mismo estatuto procesal que prescribe:

“(…) El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(…)”

Habiendo precisado el Consejo de Estado en el reseñado contexto normativo, que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo debe señalar cuales fueron los yerros o desaciertos en que incurrió el juez de primera instancia al resolver la Litis presentada4

6.1.3Destacan cumplidos los presupuestos procesales del medio de control de reparación directa , verificación que se asume en ejercicio del control de legalidad de que trata el artículo 207 del CPACA y numeral 12 del artículo 42 del Código General del Proceso C.G.P., en particular los concernientes a oportunidad de la demanda y legitimación procesal en la causa.

6.1.3.1Comoquiera que la caducidad del medio de control de reparación directa, se rige por el literal i) del numeral 2) del art ículo 164 del C.P.A.C.A, y la contabilización de los dos (2) años que establece la enunciada preceptiva, inicia desde el día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento d el mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que se

dos (2) años que establece la enunciada preceptiva, inicia desde el día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento d el mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia, secuencia en la que destaca, en contraste con el presente asunto, que en los eventos en que el hecho dañoso se predica de provid encia judicial, el término de caducidad empieza a contabilizarse, en principio, a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión que presuntamente contiene el error y que agote la instancia.

Así las cosas, se tiene que, la parte actora invoca error judicial del Auto 111 de 2019, por medio del cual se declaró cumplida la sentencia SU-377 de 2014, el cual quedó en firme el 20 de marzo de 2019, por lo que la parte actora contaba hasta el día 20 de marzo de 2021, para interponer la correspondient e demanda de reparación directa y conjugado que su conteo suspendió: i) en lapso comprendido del 10 de junio de 2021, fecha de radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial al 31 de agosto de 2021, fecha de expedición de la constancia correspondiente (Doc. 002, expediente digital) y ii) entre el 16 de marzo

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 31 de enero de 2019, Rad 66001 -23-31000-2012-0027 (52663) C.P. María Adriana Marín.Exp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS

000-2012-0027 (52663) C.P. María Adriana Marín.Exp:110013336033202100337 -01

Dte: CARLOS AUGUSTO BUENO GARCIA y OTROS Sentencia Segunda Instancia Página 6 de 20

y el 30 de junio de 2020 conjugado el no conteo de los términos procesales, establecido en el Decreto Legislativo No. 564 de 2020 5 , la demanda radicada el 1 de septiembre de 2021, ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Barranquilla, fue presentada dentro del término legal 6.

6.1.3.2Asimismo y en tamiz de la legitimación en la causa, se tiene que, en medio de control de reparación directa, la procesal por activa, se da con la invocación que hace el accionante de ser la víctima directa o indirecta del daño antijurídico, que pretende le sea indemnizado, y por pasiva, con la imputación que hace el accionante contra la accionada, de ser la entidad pública causante del daño. En tanto que la legitimación material se acredita en curso del proceso y según resulte probada la condición que se alega.

En este orden y decantando en el presente asunto, destaca en acercamiento a la legitimación material, que el aquí demandante, Carlos Augusto Bueno García , era trabajador de Telecom y aduce le eran aplicables los efectos de la sentencia de unificación SU-377 de 2014, que se declaró cumplida con Auto 111 de 2019, por la Corte Constitucional, en su condición de padre cabeza de familia y respecto de la señora Luz María Redondo Candezano, acredita legitimidad en calidad de cónyuge del señor Carlos

Constitucional, en su condición de padre cabeza de familia y respecto de la señora Luz María Redondo Candezano, acredita legitimidad en calidad de cónyuge del señor Carlos Augusto Bueno García conforme al registro civil de matrimonio (Fol. 23, Doc. 02, expediente digital); y de Sonia Milena Bueno Redondo, Aurora Marcela Bueno Redondo, Indira Johana Bueno Redondo y Carlos Ramón Bueno Redondo, la calidad de hijos (Fls. 24 - 27, Doc. 02, expediente digital)

6.1.3.3En cuanto a la legitimación por pasiva, la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , es la entidad la que se atribuye el daño antijurídico como representante de la Corte Constitucional, entidad a la que se le atribuye el daño, por tanto, se encuentra legitimada para ser objeto de demanda.

6.1.4. El proceso encuen tra en estado de proferir sentencia de mérito, comoquiera que, revisada la actuación surtida en primera y segunda instancia, encuentran cumplidas las ritualidades establecidas para el proceso ordinario en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA.

6.2. LÍMITES AL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA

6.2.1. Tratando de apelante único, la alzada debe ser resuelta, con sujeción a los argumentos de inconformidad invocados por el recurrente, y corrobora ello, conjugado que n o asume necesario decisión oficiosa por vía de control de legalidad, ni interpretación comprensiva del recurso; comoquiera que el presente asunto se rige, por el vigente Código de Procedimiento Administrativo y de lo

conjugado que n o asume necesario decisión oficiosa por vía de control de legalidad, ni interpretación comprensiva del recurso; comoquiera que el presente asunto se rige, por el vigente Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, y por remisión de su artículo 306, de manera supletoria o subsidiaria, por el Código General del Proceso - CGP, y conforme al artículo 328 de este último, el tópico se reglamenta así:

5 “Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios controlo presentar demandas la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que Consej o Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales. El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspe nsión términos judiciales ordenada por Consejo Superio r de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o inoperante la caducidad era inferior a treinta (3 0) días, interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.”

6 Término de contabilización de la caducidad de acuerdo a la ejecutoria del Auto 111 del 13 de marzo de 2019 Del 20 de marzo de 2019 al 20 de marzo de 2021.

actuación correspondiente.”

6 Término de contabilización de la caducidad de acuerdo a la ejecutoria del Auto 111 del 13 de marzo de 2019 Del 20 de marzo de 2019 al 20 de marzo de 2021. Suspensión del término de caducidad teniendo en cuenta el Dcto Legislativo 564 de 2020 Entre el 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020 (3 meses y 14 días)

Suspensión por radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Del 9 de junio de 2021 al 30 de agosto de 2021. (Faltando 26 días para la caducidad del medio de control) Reanudación del término de caducidad 1 de septiembre de 2021 y sumando los 26 días restantes, se tiene que el demandante contaba hasta el 27 de noviembre de 2021 para presentar la demanda. Fech