TA CUN - 1100133360362018-00396-01-(27-02-2019)-1

ACCIÓN DE TUTELA – Los asuntos que sean estrictamente dirigidos a lograr el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, deben ser ventilados ante el juez competente, habida consideración que por el carácter de la discusión, el juez de tutela no puede inmiscuirse en un juicio que está reservado a otra autoridad judicial y bajo unas reglas procesales diferentes a las de la acción de tutela Ante esta pretensión, contrario a lo que fuere analizado por el a quo , este juez colegiado considera ab initio que la acción de tutela deviene en improcedente por la existencia de otro medio de defensa judicial, cual es, la acción de cumplimiento , pues como se ha dicho a lo largo de este proveído, el accionante pretende que se dé cumplimiento a la decisión del legislador contenida en el artículo 12 del Decreto Ley 1282 de 1994, que además se encuentra vigente. Así las cosas, los asuntos que sean estrictamente dirigidos a lograr el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, como el planteado por el señor Jaime Hernández Sierra en calidad de representante legal de ACDAC, deben ser ventilados ante el juez competente, habida consideración que por el carácter de la discusión, el juez de tutela no puede inmiscuirse en un juicio que está reservado a otra autoridad judicial y bajo unas reglas procesales diferentes a las de la acción de tutela, con lo cual se evita que a través de este mecanismo se desplacen las acciones dispuestas por el Ordenamiento Jurídico y, por ende, que se desarticule el sistema de competencias y procedimientos propios

través de este mecanismo se desplacen las acciones dispuestas por el Ordenamiento Jurídico y, por ende, que se desarticule el sistema de competencias y procedimientos propios del Estado Constitucional de Derecho. En ese orden de ideas, esta Sala no encuentra acreditada la procedencia de la acción de tutela, para ordenar al Ministerio de Trabajo que dé cumplimiento a la norma vigente contenida en el artículo 12 del Decreto Ley 1282 de 1994, esto es, adelantando las diligencias pertinentes para conformar la Junta Especial de Calificación de Invalidez de Aviadores, pues se insiste, ello debe ser solicitado a través de la acción constitucional de cumplimiento. En ese orden, confrontada la petición objeto de tutela con la respuesta del Ministerio de Trabajo, si bien en principio podría considerarse que es una respuesta de fondo, lo cierto es que de la lectura en detalle de la misma, evidencia la Sala que en primer lugar, el destinatario es una persona diferente al peticionario de la solicitud primigenia, y el objeto que resuelve es una petición radicada el 30 de junio de 2018 y no, la del 28 del mismo mes y año, aunado a que aunque se precise que se enviará copia al capitán Jaime Sierra presidente de ACDAC, lo cierto es que no obra en el expediente prueba que dé cuenta de esta carga, y pese a que el accionante manifieste que recibió el 7 de diciembre de 2018 una copia de un oficio, lo cierto es que ello no satisface el derecho de petición impetrado.

esta carga, y pese a que el accionante manifieste que recibió el 7 de diciembre de 2018 una copia de un oficio, lo cierto es que ello no satisface el derecho de petición impetrado. A la conclusión anterior se arriba, teniendo en cuenta que no solo no se le responde directamente al peticionario y que el objeto de la respuesta es una solicitud diferente a la alega en tutela, sino que el mismo interesado manifiesta que los ocho (8) anexos del escrito que se dice adjuntar no le fueron notificados, es decir, desconoce el contenido de los mismos, aseveraciones que no desvirtúo el accionado, de manera tal, que esta respuesta no puede tenerse como válida ni suficiente a la luz de los presupuestos constitucionales dispuestos para el derecho de petición.

Nota de Relatoría: 1) Frente a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, consultar sentencia de la Corte Constitucional sentencia T-150 del 31 de marzo de 2016, M.P. Dr.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 2) Frente al núcleo esencia del derecho de petición, consultar sentencia de la Corte Constitucional sentencia T048 del 10 de febrero de 2016. 3) Frente al objeto y finalidad de la acción de cumplimiento, consultar sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 1998. 4) Frente a los requisitos que debe cumplir la acción de cumplimiento para su procedencia, consultar sentencia del C.E, 66001-23-33-000-2018Constitucional C-157 de 1998. 4) Frente a los requisitos que debe cumplir la acción de cumplimiento para su procedencia, consultar sentencia del C.E, 66001-23-33-000-201800402-01(ACU) de 7 de febrero de 2019 y 11001-03-15-000-2018-04489-00(AC) de 31 de enero de 2019.2 Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Fuente Formal: Decretos 2591 de 1991 artículo 37; 1983 de 2017; 1557 de 1995 artículo 2; 1346 de 194; 2463 de 2001 y 1352 de 2013;CN artículos 86,23; CPACA artículo 14; Ley 393 de 197 artículos 11,13,8; Decreto Ley 19 de 2012 artículo 142 y 1282 de 194 artículo 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUBSECCIÓN A

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

EXPEDIENTE No. : A.T. 1100133360362018-00396-01

DEMANDANTE : ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES a través de su representante legal JAIME

ALBERTO HERNÁNDEZ SIERRA.

DEMANDADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y COORDINADOR DEL GRUPO

DE MEDICINA LEGAL.

IMPUGNACIÓN – ACCIÓN DE TUTELA

CIVILES a través de su representante legal JAIME

ALBERTO HERNÁNDEZ SIERRA.

DEMANDADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y COORDINADOR DEL GRUPO

DE MEDICINA LEGAL.

IMPUGNACIÓN – ACCIÓN DE TUTELA La Sala decide la impugnación presentada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en adelante ACDAC, contra la sentencia de 18 de diciembre de 2018, mediante la cual el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jaime Alberto Hernández Sierra quien actúa en calidad de representante legal de ACDAC y negó el amparo del derecho de petición. ANTECEDENTES Jaime Alberto Hernández Sierra quien actúa en calidad de representante legal de ACDAC, solicita el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, vida, seguridad social, salud, debido proceso y derecho de petición los cuales considera vulnerados por el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Riesgos Laborales y la Coordinación del Grupo de Medicina Laboral del Ministerio de Trabajo.

Formuló así sus pretensiones:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo3

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Comedidamente solicito disponer la protección de los derechos fundamentales de ACDAC y los aviadores civiles, mediante orden constitucional, para que en el término

Impugnación - Acción de Tutela Comedidamente solicito disponer la protección de los derechos fundamentales de ACDAC y los aviadores civiles, mediante orden constitucional, para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, sin más dilaciones se disponga la recomposición de la Junta Especial de Calificación de Invalidez de los aviadores, de conformidad con las normas especiales que imponen el procedimiento de integración de la JUNTA ESPECIAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE AVIADORES su inmediato funcionamiento y se dé respuesta al derecho de petición presentado por ACDAC el 28 de junio de 2018, con el fin de cumplir el mandato constitucional consignado en la sentencia C-335 de 2016. HECHOS Para sustentar las pretensiones de la acción de tutela, se relata en síntesis que el Ministerio de Trabajo ha entrabado el derecho de los aviadores para ser calificados en su pérdida de capacidad laboral por el único ente idóneo para el efecto, esto es, la Junta Especial de Calificación de Invalidez de los Aviadores. Complementa exponiendo que por conducto del presidente de la República se expidió el Decreto Ley 1282 de 1994, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-335 de 2016, por medio del cual se dispuso la creación de una Junta Especial de Calificación de Invalidez para Aviadores. Expone que en el año 2009 (sic), mediante Resolución n.° 002582 de 3 de noviembre de

sentencia C-335 de 2016, por medio del cual se dispuso la creación de una Junta Especial de Calificación de Invalidez para Aviadores. Expone que en el año 2009 (sic), mediante Resolución n.° 002582 de 3 de noviembre de 1999, el Ministerio de Trabajo dispuso la conformación de la Junta Especial, tarea que se realizó atendiendo las disposiciones del Decreto Ley 1282 de 1994, nombrándose al doctor José del Carmen Trujillo (de la terna enviada por ACDAC), médico experto en medicina de aviación, quien laboró hasta el 2016, año en el cual se retiró debido a su avanzada edad y su condición médica. Pone de presente que desde el 2016, la Junta no se reúne porque los demás miembros no han cumplido con su deber de participar en las reuniones. Cuenta que más de 30 aviadores perdieron su licencia para volar por motivos médicos de acuerdo con las Resoluciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, quienes han solicitado su calificación de invalidez y aguardan un dictamen que no se ha podido efectuar por responsabilidad directa del Ministerio de Trabajo, dado que pretenden unificar el procedimiento de integración de la Junta Especial, a pesar de la existencia de la norma vigente para lo respectivo.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo4

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Comenta que el coordinador del grupo de Medicina Laboral informó que por motivo de la

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo4

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Comenta que el coordinador del grupo de Medicina Laboral informó que por motivo de la demanda de nulidad radicada bajo el n.° 11001032500020130130177600 de 2015, por suspensión provisional de los artículos 5, 6, 8 y 9 del Decreto 1352, no se puede adelantar el proceso de conformación de la Junta de Calificación de Invalidez de Aviadores, para lo cual, indica el actor, que el Ministerio de Trabajo olvida que la suspensión solo hace referencia a las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de Invalidez y no, a la de Aviadores. Pese a lo anterior, manifiesta ACDAC que el 28 de junio de 2018, fueron designados los representantes de la Asociación Sindical (médicos expertos en aviación) en la terna de la que hace referencia el Decreto 1282 de 1994, dirigida al Ministerio de Trabajo, pero que a la fecha de interposición de la acción de tutela, no se había recibido respuesta al respecto. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA La acción de tutela fue repartida el 03 de diciembre de 2018 (f. 432) para conocimiento de primera instancia al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, despacho que dispuso en auto de fecha 4 de diciembre de 2018 (f. 434), admitir la tutela y notificar a la ministra de trabajo, al director de riesgos laborales y al grupo de medicina laboral. Así mismo, requirió a la sociedad accionante para allegara la constancia de radicación de la petición elevada ante el Ministerio

director de riesgos laborales y al grupo de medicina laboral. Así mismo, requirió a la sociedad accionante para allegara la constancia de radicación de la petición elevada ante el Ministerio de Trabajo el 28 de junio de 2018. La notificación fue surtida el 04 de diciembre de 2018, a través de correo electrónico en la direccion de e-mail: notificacionesjudicales@mintrabajo.gov.co; acdac@acdac.or. El 05 de diciembre de 2018 (ff. 440-465) ACDAC dio cumplimiento al requerimiento del Juzgado. CONTESTACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO La asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo mediante memorial radicado el 07 de diciembre de 2018, solicitó declarar el cumplimiento del auto admisorio y exonerar de responsabilidad alguna al Ministerio de Trabajo, dado que no hay obligación de su parte, ni ha vulnerado o puesto en peligro derecho fundamental alguno del accionante. Como argumentos de su contestación, indicó lo siguiente:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo5

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela “Señor Juez, en conclusión el Decreto 1282 de 1994, en su artículo 12 fue reglamentado por el Decreto 1557 de 1995 que reguló la integración y funcionamiento de la respectiva Junta en su artículo 2 señala que la integración y funcionamiento de la junta especial se regiría por las

Decreto 1557 de 1995 que reguló la integración y funcionamiento de la respectiva Junta en su artículo 2 señala que la integración y funcionamiento de la junta especial se regiría por las disposiciones previstas en el Decreto 1346 de 1994, que para entonces regulaba la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, pero el Decreto 1346 de 1994, fue derogado por el Decreto 2463 de 2001. Como el Decreto 2463 de 200 (sic), fue modificado por la Ley 962 de 2005 al fijar en el artículo 52 otros criterios para designar a los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez y luego por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, establece que los miembros de las juntas de calificación de invalidez se realizan por concurso público, realizado por una Universidad y con recursos del Fondo de Riesgos Laborales el Ministerio debe realizar dicho procedimiento mediante concurso mediante una Universidad y con lista de elegibles y aplicar el Decreto 1072 de 2015, que es la norma vigente para todas las juntas de calificación de invalidez. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) pretende con la presente acción de tutela que el Ministerio del Trabajo, pase todo este ordenamiento jurídico y nombre de manera directa, cuando existen normas que determinan la realización de un concurso público, realizado por una Universidad y lista de elegibles, porque desde el Decreto 1557 de 1995, se determinó en el artículo 2 que la integración de la Junta Especial de Aviadores Civiles se realiza conforme al Decreto 1346 de 1994 y con las modificaciones y reformas que sufrió dicho decreto hasta llegar al Decreto 1072 de 2015, que es el decreto actualmente vigente.

al Decreto 1346 de 1994 y con las modificaciones y reformas que sufrió dicho decreto hasta llegar al Decreto 1072 de 2015, que es el decreto actualmente vigente. En relación al oficio o solicitud de fecha 28 de junio de 2018, realizada por el Capitán JAIME HERNANDEZ SIERRA, como presidente de ACDAC y donde presenta tema de médicos expertos en medicina de aviación, para que se elija la persona que actuara en nombre de ACDAC en la Junta Especial de Aviadores Civiles, a lo cual se le dio respuesta mediante oficio radicado número 37960 de 2018, dirigido al Doctor RAMIRO MEJÍA CORREA, miembro de la Junta Especial de Calificación de Invalidez, calle 16 No. 9-64 Oficina 801 de Bogotá, con copia al Capitán Jaime Hernández Sierra, Presidente de ACDAC, dirigido a la Transversal 19 A No. 95-91 de Bogotá D.C. Luego, señor Juez, el Ministerio de Trabajo se encuentra ante una imposibilidad jurídica al exist[ír] un ordenamiento jurídico que establece realizar concurso público y lista de elegibles para designar a los integrantes de las juntas de calificación de invalidez incluida la junta especial de aviadores civiles y existe un fallo del Consejo de Estado que establece una suspensión provisional para el Ministerio realizar nombramientos de Juntas de Calificación de Invalidez y como la solicitud fecha 28 de junio de 2018, realizada por el Capitán JAIME HERNANDEZ SIERRA, donde presenta tema de médicos expertos en medicina de aviación, para que se elija la persona que actuara en nombre de ACDAC en la Junta Especial de Aviadores Civiles, se le dio respuesta mediante

de médicos expertos en medicina de aviación, para que se elija la persona que actuara en nombre de ACDAC en la Junta Especial de Aviadores Civiles, se le dio respuesta mediante oficio radicado número 37960 de 2018, la presente acción de tutela es improcedente y se agradece exonerar al Ministerio de Trabajo de todos los hechos y cargos.” (ff. 467-471, cuad.1). LA SENTENCIA IMPUGNADA El Jugado 36 Administrativo de Bogotá, como primer aspecto abordó la invocada vulneración al derecho de petición, encontrando acreditado que mediante petición de 28 de junio de 2018, el presidente de ACDAC solicitó ante el Ministerio de trabajo el ajuste de la Junta Especial de Calificación de Invalidez, en cumplimiento de los Decretos 1282 y 1392 de 1994, presentando la terna de los médicos para que fueran elegidos por esa entidad.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo6

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela A su vez, indicó el despacho que la demandada allegó al plenario el Oficio n.° 37960 dirigido al señor Ramiro Mejía miembro de la referida Junta de Calificación, con copia al capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de ACDAC, del cual evidenció, se le informó al peticionario que hasta tanto no se resolviera por parte del Consejo de Estado la demanda de

Jaime Hernández Sierra, presidente de ACDAC, del cual evidenció, se le informó al peticionario que hasta tanto no se resolviera por parte del Consejo de Estado la demanda de nulidad dentro del proceso n.° 2013-01776-00, se abstendría de designar nuevos miembros de la integración de las juntas regionales. En ese orden, pese a que no se aportó constancia de notificación del referido oficio, concluyó el juez que el accionante conocía el contenido del mismo, habida cuenta que en escrito de 10 de diciembre de 2018, el representante de ACDAC indicó que el 7 de diciembre de 2018, había recibido una comunicación del Ministerio dirigida al señor Ramiro Mejía. Por lo anterior, aunque advirtió que la respuesta no fue proferida dentro del término de los 15 días, lo cierto es que en el trámite de la demanda la entidad acreditó haber dado contestación, de manera tal que no se encontró para la fecha del fallo, vulneración al derecho de petición y en consecuencia, negó su amparo. Por otro lado, en cuanto a la pretensión principal de la tutela (conformación de la junta) adujo el despacho de primera instancia, que en el oficio referido en precedencia, el Ministerio precisó entre otras cosas que se “abstendría de designar nuevos miembros para la integración de la Juntas Regionales, Nacional y especial de Calificación de Invalidez y Especial de Calificación de Invalidez” por lo que si la parte actora advierte vulneración de sus derechos con la expedición de dicho acto administrativo, cuenta con otro medio efectivo de defensa.

Especial de Calificación de Invalidez” por lo que si la parte actora advierte vulneración de sus derechos con la expedición de dicho acto administrativo, cuenta con otro medio efectivo de defensa. En tal sentido, puntualizó el juez que en el caso bajo estudio la tutela resultaba improcedente, por cuanto, observó que de encontrarse el accionante en desacuerdo con la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo en Oficio 08SE2018310300000037960 de 2018 u otros pronunciamientos emitidos por la entidad, estos podían ser atacados a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, teniendo las herramientas necesarias para su control de legalidad y constitucionalidad, en la que puede solicitar las medidas cautelares del caso. En conclusión, al existir otro mecanismo judicial eficaz para la protección de derechos fundamentales, declaró improcedente la acción de tutela y negó el amparo del derecho fundamental de petición. (ff. 446-501, cuad. 1).

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo7

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela LA IMPUGNACIÓN La parte accionante solicitó la revocatoria del fallo proferido el 18 de diciembre de 2018, por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por las siguientes razones:

Impugnación - Acción de Tutela LA IMPUGNACIÓN La parte accionante solicitó la revocatoria del fallo proferido el 18 de diciembre de 2018, por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por las siguientes razones: Indica la parte accionante que el juez de tutela desvió la atención en cuestiones accesorias que no fueron objeto de la solicitud de pronunciamiento y concluyó equivocadamente que la comunicación dirigida por el Ministerio al doctor Carlos Ayala, responde el derecho de petición presentado el 28 de junio de 2018. Precisa que ve con extrañeza como el fallo impugnado no valoró que solo casi 6 meses después de la solicitud expresa del sindicato, el 7 de diciembre de 2018 y con ocasión de la acción constitucional se recibió una copia que tenía como destinatario una entidad distinta a ACDAC, máxime cuando se anuncian 8 anexos que no se adjuntan. En ese orden, reitera que su derecho de petición se encuentra sin responder, por lo que no comparte el argumento de hecho superado traído por el a quo. De otro lado, precisa que se utiliza un aparte descontextualizado de la sentencia T-094 de 2013, que señala los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la procedibilidad de la acción, para definir erradamente que ACDAC no cumple con las disposiciones, apreciación que no corresponde a la realidad pues existe un grupo de más de 30 aviadores que se encuentran desprotegidos ante la imposibilidad de acceder a la Junta de Calificación de Invalidez. Aduce que acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho implicaría la muerte jurídica de

encuentran desprotegidos ante la imposibilidad de acceder a la Junta de Calificación de Invalidez. Aduce que acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho implicaría la muerte jurídica de la Junta de Calificación, pues esta no funcionaría hasta tanto se resuelva la acción impetrada, sometiendo a un limbo a quienes requieren de los servicios de este ente. Asevera que no es cierto que exista una imposibilidad jurídica de recomponer la junta, dado que el decreto ley que consagra su conformación aún está vigente, e incluso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia de 2016. En ese orden, indica que la sentencia impugnada desconoció por completo el juicioso análisis efectuado en el escrito introductorio sobre las razones por las cuales el Ministerio de

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo8

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Trabajo incurrió en extralimitación y usurpación de funciones con motivo de la negativa a recomponer la Junta Especial de Calificación de Invalidez. (ff. 505-510, cuad. 1). CONSIDERACIONES COMPETENCIA Esta Sala es competente para conocer de la presente acción en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de lo normado en el Decreto 1983 de 2017.

DE LA ACCIÓN DE TUTELA

COMPETENCIA Esta Sala es competente para conocer de la presente acción en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de lo normado en el Decreto 1983 de 2017. DE LA ACCIÓN DE TUTELA La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo dirigido a proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados en la ley y procede, sólo, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala, determinar (i) si la acción de tutela es procedente para ordenar al Ministerio de Trabajo que disponga la recomposición de la Junta Especial de Calificación de Invalidez para Aviadores, creada mediante Decreto Ley 1282 de 1994, o por el contrario, tal como lo determinó el a quo, la presente demanda se torna improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial y (ii) si existe o no vulneración de derechos fundamentales susceptibles de protección por este medio. REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Sobre la naturaleza subsidiaria de la acción, la Corte Constitucional reiteró en sentencia T-150 del 31 de marzo de 2016, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, lo siguiente: “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia (…) Respecto de dicho mandato esta Corporación ha expresado en innumerables

“El principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia (…) Respecto de dicho mandato esta Corporación ha expresado en innumerables pronunciamientos, que aun cuando la acción de tutela ha sido prevista como un instrumento de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, la propia Carta Política le reconoce a la misma un carácter subsidiario y residual, lo cual significa que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo9

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. (…) Ha destacado la jurisprudencia que la protección de los derechos constitucionales no es un asunto que haya sido reservado exclusivamente a la acción de tutela. En la medida en que la Constitución del 91 le impone a las autoridades de la República la obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades (C.P. art. 2°), se debe entender que los diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley han sido estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de

entender que los diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley han sido estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí que la propia Carta le haya reconocido a la tutela un carácter subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los cuales se constituyen entonces en los instrumentos preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos. (….) El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior. (….)” La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que, por regla general, la tutela no procede ante la existencia de medios ordinarios para debatir las pretensiones formuladas, que no pueden ser desplazados o sustituidos por la acción de tutela. Excepcionalmente, procedería la acción de tutela para ventilar este tipo de discusiones cuando se evidencia que se ha interpuesto para evitar un perjuicio irremediable.

que no pueden ser desplazados o sustituidos por la acción de tutela. Excepcionalmente, procedería la acción de tutela para ventilar este tipo de discusiones cuando se evidencia que se ha interpuesto para evitar un perjuicio irremediable. Ha precisado la Corte Constitucional que la procedencia de la acción de tutela está sujeta a dos condiciones, la primera de ellas, cuando se presenta como mecanismo principal, ha de verificarse la inexistencia de otro medio judicial de defensa de los derechos que se alegan conculcados, de lo contrario, cobra relevancia el carácter subsidiario del mecanismo constitucional. Como segunda condición, que existiendo otro medio de defensa judicial, éste no resulte idóneo para el caso concreto, evento que permite la procedencia de la tutela como vía principal para el amparo de derechos fundamentales. EL DERECHO DE PETICIÓN El derecho de petición es un derecho constitucional fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA 11001333603620180039601

Demandante: ACDAC; Demandado: Ministerio de Trabajo10

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Impugnación - Acción de Tutela Sobre el tema, la Corte Constitucional, en sentencia T048 del 10 de febrero de 2016 1,

Exp. No. A.T. 11001333603620180039601 Imp