TA CUN - 110013342047202100068-01-(21-04-2021)

ACCIÓN DE TUTELA – Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas / DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN – Ordenó a la UARIV formular una respuesta de fondo al derecho de petición presentado por la señora (…) el 11 de febrero de 2021, señalando el turno y/o indicando la fecha precisa de pago asignando un turno y/o fecha en el cual se debe realizar el pago o los respectivos desembolsos / INDEMNIZACIÓN ADMINISITRATIVA – El pago de la indemnización debe atender el procedimiento y el turno respectivo, sin que ello pueda vulnerar el derecho a la igualdad de la demás personas que estén a la espera de los mismos desembolsos, fase de entrega de la indemnización, en esta oportunidad no es posible realizar el estudio o disponer que la indemnización administrativa sea entregada a la accionante, por cuanto no existe un pronunciamiento previo de fondo de la entidad en dicho sentido, y tampoco la señora informó ni demostró ninguna condición de vulnerabilidad que permitan analizar y emitir una decisión sobre el particular, de la indemnización administrativa.

Problema jurídico: ¿Determinar si la UARIV amenazó y/o vulneró derecho fundamental alguno a la accionante por no responder de fondo y en forma concreta la solicitud que ella hizo mediante derecho de petición, pidiendo señalar una f echa cierta del pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida?

Extracto: “(…) La Sala precisa que dentro del expediente se logró establecer, de conformidad con los documentos obrantes y los hechos que no han sido objeto de controversia, que la señora (…) se encuentra inscrita en el Registro Único de

Extracto: “(…) La Sala precisa que dentro del expediente se logró establecer, de conformidad con los documentos obrantes y los hechos que no han sido objeto de controversia, que la señora (…) se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas de la UARIV, y presentó derecho de petición el 11 de febrero de 2021 solicitando información sobre la fecha cierta de pago de su indemnización administrativa. (…) La UARIV mediante la Resolución No. 04102019-37998 del 29 de agosto de 2019 (…) reconoció el pago de la indemnizació n por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a favor de la señora Luz Angélica Cubillo s Dimaté y su grupo familiar. (…) A través del oficio identificado con el No. 20217206145121 del 16 de marzo de 2021, la entidad informó a la accionante que a ella le fue aplicado el método técnico de priorización en el cual se concluyó que no es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria y resulta imposible dar fecha cierta del pago de la indemnización. (…) el plazo de que disponía la UARIV para responder de fondo el derecho de petición presentado por la señora (…) venció el 13 de marzo de 2021, de conformidad con lo dispue sto en el artículo 5º del Decreto 491 de 2020 (30 días), no obstante, y comoquiera q ue se evidencia que hasta el momento no se ha acreditado una respuesta de fondo al mismo por parte de la entidad, se hace preciso en esta instancia confirmar el amparo del derecho de petición solicitado por la accionante, pues a la fecha d e expedición de esta providencia se encuentra superado el término legalmente concedido a la

mismo por parte de la entidad, se hace preciso en esta instancia confirmar el amparo del derecho de petición solicitado por la accionante, pues a la fecha d e expedición de esta providencia se encuentra superado el término legalmente concedido a la autoridad para contestar la petición presentada por la accionante. (…) Lo a nterior con la precisión de que en esta instancia no le es dado a esta Corporación efectuar pronunciamiento alguno respecto del estado de vulnerabilidad alegado, y sin perjuicio del exhorto que se hace mediante la presente providencia para que la UARIV realice un análisis juicioso de la situación de la peticionante de conformidad con los parámetros jurisprudenciales y en observancia de su condición de sujeto de especial protección constitucional, si la hubiere. (…) La UARIV en la Resolución No. 04102019-37998 del 29 de agosto de 2019 en donde reconoció a la parte accionante la indemnización administrativa, explicó que con el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la medida de indemnización administrativa se debía aplicar el “método técnico de priorización” (artículo 2º), ta l como se indicó en el informe de tutela. La Dirección de la UARIV expidió la Resolución No. 1049 de 2019 por medio de la cual adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, y se creó el métodotécnico de priorización (…) Por ello, con el fin de lograr la entrega materi al de la indemnización administrativa reconocida a la accionante que se encuentra en etapa o fase de entrega, la UARIV debe señalar el turno para el pago de la mis ma, establecido con el procedimiento “Método Técnico de Priorización” con e l cual

indemnización administrativa reconocida a la accionante que se encuentra en etapa o fase de entrega, la UARIV debe señalar el turno para el pago de la mis ma, establecido con el procedimiento “Método Técnico de Priorización” con e l cual cuenta la entidad, conforme los artículos 16 y 17 de la Resolución No. 1049 de 2019. (…) Advierte la Sala que la señora (…) en calidad de víctima de la violencia y del desplazamiento forzado, a quien le fue reconocida la indemnización administrativa y sin que se encuentre dentro de los criterios de priorización como lo determinó la UARIV, “tiene derecho a que su entrega no se postergue indefinidamente” (…) En este sentido se pronunció en reciente oportunidad el Consejo de Estado, al señalar en sentencia de tutela emitida el 18 de febrero de 2021 con ponencia del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez (…) corresponde a la entidad fijar una fecha precisa para la entrega de la prestación correspondiente, para que se cumpla con su entrega material dentro de un término preciso atendiendo a las circu nstancias específicas de la accionante conforme el método técnico de priorización descrito en la Resolución 1049 de 2019. (…) En el presente asunto el pago de la indemnización debe atender el procedimiento y el turno respectivo, sin que ello pueda v ulnerar el derecho a la igualdad de la demás personas que estén a la espera de los mismos desembolsos (fase de entrega de la indemnización). (…) En ese orden de ideas, se debe confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de marzo de 2021 que ordenó a la UARIV responder de forma clara y precisa la petición radicada por

desembolsos (fase de entrega de la indemnización). (…) En ese orden de ideas, se debe confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de marzo de 2021 que ordenó a la UARIV responder de forma clara y precisa la petición radicada por la accionante, asignando un turno y/o fecha en el cual se debe realizar el pago o los respectivos desembolsos por concepto de la indemnización administrativa. (…) Por último, aclara la Sala que en esta oportunidad no es posible realizar el estudio o disponer que la indemnización administrativa sea entregada a la accionante, por cuanto no existe un pronunciamiento previo de fondo de la entidad en dicho sentido, y tampoco la señora (…) informó ni dem ostró ninguna condición de vulnerabilidad que permitan analizar y emitir una decisión sobre el particular. (…) En consecuencia, la UARIV debe formular una respuesta de fondo al derecho de petición presentado por la señora (…) el 11 de febrero de 2021, esto es, señalando el turno y/o indicando la fecha precisa de pago de la indemnización administrativa, como bien lo dispuso el juzgado de primera instancia. (…)”.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la presente acción, consultar: Corte Constitucional, Sentencias C-510 de 2004. T-142 de 2017; Consejo de Est ado, sentencia de tutela 18 de febrero de 2021, Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez.

FUENTE FORMAL: Constitución Nacional; Decreto 2591 de 1991; Decreto 306 de 1992; Decreto 1069 de 2015; Decreto 1983 de 2017; Ley 1448 de 2 011; Ley 1755

FUENTE FORMAL: Constitución Nacional; Decreto 2591 de 1991; Decreto 306 de 1992; Decreto 1069 de 2015; Decreto 1983 de 2017; Ley 1448 de 2 011; Ley 1755 de 2015; Decreto 491 de 2020; CPACA; Ley 2080 de 2021; Decreto 333 de 2021.República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E”

Magistrado ponente: Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Expediente: A.T. 1100133-42-047-2021-00068-01

Accionante: Luz Angélica Cubillos Dimaté Accionada: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa ración Integral a las Víctimas

Impugnación - Acción de tutela

Decide la Sala la impugnación 1 interpuesta por la entidad accionada en contra del fallo de tutela proferido el 19 de marzo de 2021 por el Ju zgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual decidió co nceder el amparo al derecho fundamental de petición invocado por la accionante.

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, la ciudadana Luz Angélica Cubillos Dimaté en nombre propio, pr esentó acción de tutela con el fin de que se ordene a la Unidad Administrat iva Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UAR IV, que profiera

ciudadana Luz Angélica Cubillos Dimaté en nombre propio, pr esentó acción de tutela con el fin de que se ordene a la Unidad Administrat iva Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UAR IV, que profiera respuesta a la petición presentada por ella a fin de obten er una fecha cierta sobre el pago y entrega de la indemnización administrativa.

1. Petición

La actora formuló la acción de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad, de mane ra concreta realiza la siguiente solicitud2:

1 Recibida por correo electrónico, según reparto del 16 de abril de 2 021. Expediente tramitado de forma electrónica que se encuentra en la plataforma SAMAI. 2 Escrito de tutela, páginas 1 y 2.A.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01 “Ordenar UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGR AL A LAS VÍCTIMAS. Contestar el DERECHO DE PETICIÓN de fondo.

Ordenar a UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS contestar el derecho de petición manifestando una fecha cierta en la cual serán emitidas y entregadas mis cartas de cheque.

Se cumpla con lo estipulado en la Resolución que me asignó esta entidad y se me asigne una fecha exacta de pago. Se tenga en cuenta que desde que se me notifico del acto administrativo y se aplique el Auto 331 de 20 19 de la Honorable Corte Constitucional.”.

2. Hechos

En el acápite de hechos 3 , se señala en síntesis que la señora Luz Angélica

del acto administrativo y se aplique el Auto 331 de 20 19 de la Honorable Corte Constitucional.”.

2. Hechos

En el acápite de hechos 3 , se señala en síntesis que la señora Luz Angélica Cubillos Dimaté radicó una petición en la entidad accion ada el día 11 de febrero del año 2021, para solicitar que se le indique una fecha cierta de pago de la indemnización administrativa que a ella le fue reconocida.

Agregó que la UARIV por medio del acto administrativo Resolución No. 0410201937998 del 29 de agosto de 2019, le reconoció el pago de dichos recursos, en calidad de víctima de desplazamiento forzado.

Finalmente, afirma que a la fecha la entidad no ha dado respuesta a la mencionada petición.

3. Trámite procesal de primera instancia

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuaren ta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá 4, el cual mediante auto del 15 de marzo de 2021 admitió la acción y ordenó notificar a la UARIV5.

4. Autoridad accionada

La UARIV presentó informe6 para señalar que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV-, y presentó derecho de petición solicitando el pago de la indemnización administrativa por e l hecho victimizante de desplazamiento forzado, solicitud que fue atendida mediante el oficio identificado con el radicado No. 20217204793371 del 1º de marzo de 2021, respuesta que fue ampliada con el oficio distinguido con el número 20217206145121 del 16 de marzo

3 Op. Cit., página 1.

con el radicado No. 20217204793371 del 1º de marzo de 2021, respuesta que fue ampliada con el oficio distinguido con el número 20217206145121 del 16 de marzo

3 Op. Cit., página 1. 4 Según acta de reparto del 12 de marzo de 2021. 5 Ver documento de auto admisorio de la tutela. 6 Ver documento radicado el 17 de marzo de 2021.A.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01 de 2021, en donde se explicó porque para la entidad es im posible señalar una fecha cierta y/o pagar la indemnización administrativa.

Agregó que para realizar el pago de los recursos se debe atender el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y el debido proceso administrativo.

Por lo anterior, manifestó que se configuró la figura del hecho superado, por haber dado respuesta de forma y de fondo a lo solicitado por la accionante.

5. La sentencia impugnada

El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió fallo de tutela el 19 de marzo de 2021, en el cual se con cedió el amparo solicitado por la accionante.

Consideró que la UARIV el 17 de marzo de 2021 dio respuesta de forma parcial a la petición que elevó la accionante el 11 de febrero de l año 2021, pero se limitó a indicar que no cuenta con la disponibilidad presupuestal, siendo imposible señalar una fecha cierta de pago.

Luego, no se atienden los parámetros que establece la Corte Constitucional para que se garantice el debido proceso de la parte accionante, tampoco se indicó una

una fecha cierta de pago.

Luego, no se atienden los parámetros que establece la Corte Constitucional para que se garantice el debido proceso de la parte accionante, tampoco se indicó una fecha cierta de pago y plazo aproximado para la entrega de dicha indemnización.

Lo anterior, para concluir que la entidad no ha resuelto de fondo la petición elevada por la accionante en relación con la fecha cierta de l pago de la indemnización administrativa.

6. La impugnación

La UARIV presentó la impugnación 7 en contra del fallo de tutela de primera instancia, solicitando se revoque la sentencia, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el informe de tutela.

Manifestó que en este caso no se puede omitir el proceso administrativo establecido en la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019 , para reconocer y hacer la entrega de dichos recursos.

7 Mediante memorial allegado el 24 de marzo de 2021.A.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01

Explicó que las víctimas no pueden acceder a una entrega antici pada de los recursos sin cumplir con las etapas administrativas, esa situación pone en riesgo el sostenimiento del sistema y causando simultáneamente un des gaste a la administración de justicia.

II. Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico

Para la Sala, el problema jurídico a resolver consiste en dete rminar si la UARIV amenazó y/o vulneró derecho fundamental alguno a la accionan te Luz Angélica Cubillos Dimaté por no responder de fondo y en forma concreta l a solicitud que ella hizo mediante derecho de petición, pidiendo señalar una fecha cierta del pago

amenazó y/o vulneró derecho fundamental alguno a la accionan te Luz Angélica Cubillos Dimaté por no responder de fondo y en forma concreta l a solicitud que ella hizo mediante derecho de petición, pidiendo señalar una fecha cierta del pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela, (ii) características esenciales del derecho de petición, iii) particularidades del derecho de petición elevado por la población desplazada, iv) derecho a la igualdad y v) caso concreto.

2. Panorama general de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que toda persona tiene la acción de tutela para reclamar ante los Jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos result en vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública.

La norma en cita también indica que la acción solo procederá cuando el afectad o no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que a quella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3. Características esenciales del derecho de petición

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C onstitución Política se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formula r ante las autoridades públicas o particulares, solicitudes respetuosas para obtener información o realizarA.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01 una consulta o pedir copias de documentos no sujetos a reserva, además de obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

una consulta o pedir copias de documentos no sujetos a reserva, además de obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

Con relación al contenido y alcance de dicho derecho, la Corte Constitucional 8 explicó que es un derecho fundamental y que su contenido ese ncial comprende varios elementos, a saber: la posibilidad de acudir ante la administración para elevar solicitudes y recibir respuestas que deben ser oportunas, de fondo y comunicadas al peticionario. En sentencia C-510 de 2004, la Corte expresó:

“i) es un derecho fundamental determinante para la efect ividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha preci sado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin q ue estas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad e ntre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndo se de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.”

Así mismo, la Corte Constitucional indicó que se entiende respu esta eficaz a un derecho de petición cuando:

lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.”

Así mismo, la Corte Constitucional indicó que se entiende respu esta eficaz a un derecho de petición cuando:

“i.) es suficiente, cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; ii.) es efectiva, si soluciona el caso que se plantea [y iii.) es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo pregu ntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”.

Por consiguiente, este derecho se perfecciona cuando la persona obtiene por parte de la autoridad una respuesta de fondo, clara, oportu na y en un tiempo razonable a su petición.

De otro lado, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 señala los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, advirtiendo qu e toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Este término fue modificado provisionalmente por el artículo 5 del Decreto 591 de 2020, así:

8 Ver Sentencia C-510 de 2004.A.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01 “Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen d urante la vigencia de la

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen d urante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalad os en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse d entro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia a l interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialme nte previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones rela tivas a la efectividad de otros derechos fundamentales ” (Subrayado ausente en el texto original).

Así las cosas, para la Sala es claro que, comoquiera que la e mergencia sanitaria continúa vigente por virtud de lo dispuesto en la Resoluc ión No. 222 expedida el

original).

Así las cosas, para la Sala es claro que, comoquiera que la e mergencia sanitaria continúa vigente por virtud de lo dispuesto en la Resoluc ión No. 222 expedida el 25 de febrero de 2021 por el Ministerio de Salud y Protección Social, se tiene que salvo norma en contrario, el plazo general que tienen las autoridades para resolver peticiones es de treinta (30) días.

Es decir, si la autoridad correspondiente no atiende en dicho tiempo las solicitudes relacionadas por los ciudadanos, desconoce el plazo señalado e n la ley, razón por la cual se considera vulnerado el derecho de petición de la persona afectada.

4. Particularidades del derecho de petición elevado por la población desplazada

Como ya se dijo, conforme las previsiones del artículo 6° del D ecreto 2591 de 1991, la acción de tutela resulta improcedente en los caso s en que existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que la acción se ut ilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, aclarando que lo s medios de defensa ordinarios deben otorgar una protección eficaz y completa, de lo contrario es posible pedir el amparo constitucional como mecanismo eficaz e i dóneo para protección de los derechos fundamentales.A.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01

De modo particular, en relación con los criterios y requisitos pa ra la resolución del derecho de petición elevado por la población en situación de desplazamiento, se dijo en la sentencia T-142 de 2017:

De modo particular, en relación con los criterios y requisitos pa ra la resolución del derecho de petición elevado por la población en situación de desplazamiento, se dijo en la sentencia T-142 de 2017:

“4. El deber de dar respuesta oportuna, eficaz y de fondo, a las pet iciones elevadas por la población desplazada

4.1 La jurisprudencia constitucional ha resaltado la obligación de las autoridades ante quienes se elevan solicitudes respetuosas, de atender las mismas en forma oportuna, eficaz y de fondo []. Asimismo, ha determinado que esta obligación cobra mayor trascendencia en aquellas entidades responsables de atender y reparar a las víctimas de desplazamiento forzado[].

4.2 En relación con las peticiones de ayuda que eleva la p oblación desplazada, la sentencia T-025 de 2004 [] estableció que las autoridades competentes tienen el deber de: i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle a la víctima de desplazamiento forzado dentr o del término de quince (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cum ple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayud a; iv) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilida d presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los recur sos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar

adelantar los trámites necesarios para obtener los recur sos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fun damentales de las personas en situación de desplazamiento forzado[].

4.3 En igual sentido, esta Corporación ha sostenido que el derecho de petición de personas que se encuentran en condición de desplazamient o tiene una protección reforzada, por tanto el manejo de la información, su registro y control resultan de vital importancia, dado que las autoridades competente s deben tener pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, trámit e y respuesta, así como de su comunicación efectiva a la persona desplazada[]. La atención adecuada a los derechos de petición de la población desplazada hace par te del mínimo de protección constitucional que debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues integra el derecho a ser reconocido, escuchado y atendido por el Estado, lo cual es inherente al principio de la dignidad humana, y por tal motivo, debe ser amparado con el fin de obtener por parte de las autoridades una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, con base en un estudio sustentado del requerimiento, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición[]. (…)

6. Reglas jurisprudenciales definidas para la entrega de la indemniza ción administrativa[]

acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición[]. (…)

6. Reglas jurisprudenciales definidas para la entrega de la indemniza ción administrativa[]

6.1 Dentro de las medidas previstas en la Ley 1448 de 201 1, para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de desplazam iento forzado, el artículo 25 de la precitada cuerpo normativo, estableció que la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, reha bilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual , colectiva, material, moral y simbólica, las cuales se implementarán de acuerdo con la vulneración de sus derechos y las características del hecho victimizante.

Sin embargo, también precisó que las medidas de asistencia como la ayuda humanitaria no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación, por lo que losA.T. 11001-33-42-047-2021-00068-01 gastos que se generen por la prestación de servicios de asist encia, de ninguna forma pueden ser descontados de la indemnización admin istrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.

En cuanto a la indemnización por vía administrativa, el Decreto Reglamentario 4800 de 2011 [] modificó el programa de reparación individual para la s víctimas creado mediante el Decreto 1290 de 2008, fijando en su artícu lo 155 un régimen de transición para este tipo solicitudes de reparación anter iores a la expedición del Decreto 4800 de 2011[].

6.2 De dicho régimen de transición es preciso resaltar qu e las solicitudes de

transición para este tipo solicitudes de reparación anter iores a la expedición del Decreto 4800 de 2011[].

6.2 De dicho régimen de transición es preciso resaltar qu e las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del Decreto 4800 de 201 1 no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrá n como solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y deberá segu irse el procedimiento establecido en este último decreto para la inclusión de solicitantes en el registro. Si el o los solicitantes ya se encuentran inscritos en el Re gistro Único de Población Desplazada (en adelante RUPD), se seguirán los procedim ientos establecidos en el Decreto 4800 de 2011 para la entrega de la indemnización administrativa.

Para las solicitudes de indemnización administrativa presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4800 de 2011, el título VII relativo a las medidas de reparación integral, en el ca pítulo III, entre los artículos 146 a 162, define los aspectos de la indemnización por vía administrativa, entre los cuales se pueden destacar el monto a pagar por los diferentes daños que se pueden causar a las víctimas []. En cuanto a la distribución de la indemnización en el artículo 150 se indican los porcentajes en que la misma s e debe realizar, teniendo en cuenta los familiares y el cónyuge o compañero permanente de la víctima[].

6.3 De esta forma, la persona que pretenda reclamar l a reparación administrativa por cumplir con la calidad de víctima, que se describe en e l inciso 2° del