TA CUN - 11001334305820160013401-(Fecha)

MEDIO DE CONTROL – Reparación directa / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Por daños derivados de supuesta privación injusta de la libertad (…) para esta Sala pese a que se probó la detención no existe prueba dentro del plenario de una falla en el servicio que resulte imputable al entidad, por el contrario se considera que el actuar de ésta se ajustó a derecho pues, nótese que, dentro del proceso penal se tenía una declaración que daba cuenta de la presunta participación de los demandantes en el punible, y esta circunstancia fue, sin lugar a dudas, la que llevó a que la Fiscalía considerara que existían serios indicios en contra de los demandantes, ya que, como se indicó, el referido Téllez Mateus había aceptado su participación en el hecho y había declarado que los hermanos Bareño Martínez habían participado en la comisión del delito pues coordinaban y adquirían los alimentos del secuestrado y lo trasportaron. Y fueron precisamente esas declaraciones con base en las cuales la Fiscalía apoyó la medida de aseguramiento, pues tanto en primera como en segunda instancia, el ente acusador consideró que eran suficientes para pensar que tanto Pedro Guillermo como Jesús Arnulfo Bareño Martínez habían participado en el secuestro extorsivo del señor Marín Diaz. Además, no puede perderse de vista que la declaratoria de preclusión de la investigación obedeció a que fue imposible verificar los señalamientos de Téllez con otros medios de prueba, y no porque los señores Pedro y Jesús no lo hubieran cometido como lo aduce el apelante, pues

que la declaratoria de preclusión de la investigación obedeció a que fue imposible verificar los señalamientos de Téllez con otros medios de prueba, y no porque los señores Pedro y Jesús no lo hubieran cometido como lo aduce el apelante, pues eso nunca quedó establecido. (…) para la Sala es certero afirmar que la privación de la libertad de la cual fueron objeto los demandantes, no adquiere el carácter de injusta, en tanto fue el actuar de un tercero lo que permitió edificar sospecha sobre sus conductas, y lo que hizo necesario que el ente investigador adoptara las medidas correspondientes para esclarecer tales sospechas; esto permitiría, en criterio de esta Corporación, evidenciar un hecho de un tercero en el origen del daño, que rompe el nexo de causalidad en el presente asunto y que fuerzan a concluir, que deben ser negadas las pretensiones de la demanda, pues sin necesidad de estudiar la conducta de las víctimas, acá es evidente, se reitera, que las declaraciones del autor del punible fueron las que ocasionaron que se iniciaran las indagaciones pertinentes para determinar la participación de los demandantes en los hechos materia de investigación. (…) NOTA DE RELATORÍA : Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños derivados de la privación injusta de la libertad, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación proferida el 15 de agosto de 2018, radicado No. 46947. Corte Constitucional, sentencia SU-072/2018.

FUENTE FORMAL: Constitución Política (Art. 90); Ley 270 de 1996 (Art. 68).2

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

FUENTE FORMAL: Constitución Política (Art. 90); Ley 270 de 1996 (Art. 68).2

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

MAGISTRADA PONENTE: OLGA CECILIA HENAO MARÍN

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020)

Expediente: Exp. No. 11001334305820160013401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA

(Apelación Sentencia) -OralidadDecide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el fallo proferido por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera el 8 de febrero de 2019, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. LA DEMANDA 1.1. PRETENSIONES Los demandantes en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare lo siguiente: “Primera: Se declare que la Nación – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, son (sic) responsables patrimonialmente, por el DAÑO ESPECIAL, ocasionado con la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los señores PEDRO GUILLERMO BAREÑO y JESUS

NACION, son (sic) responsables patrimonialmente, por el DAÑO ESPECIAL, ocasionado con la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los señores PEDRO GUILLERMO BAREÑO y JESUS

ARNULFO BAREÑO MARTINEZ.

SEGUNDA: Que consecuencialmente, se declare que LA NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, igualmente son responsables

(sic) patrimonialmente, por el DAÑO ESPECIAL, ocasionado al núcleo familiar primario de los señores PEDRO GUILLERMO BAREÑO y JESUS ARNULFO BAREÑO MARTINEZ, integrado por la totalidad de los demandantes, consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los hermanos BAREÑO MARTINEZ, conforme la estimación razonada de los perjuicios.3

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de responsabilidad, se condene al demandado LA NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION , al pago de los daños Morales y materiales ocasionados a los demandantes, conforme la estimación individual de perjuicios obrante al capito (sic) V y VI, de la demanda, realizada para cada demandado (sic).

(…)” 1.2. HECHOS Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes: 1. 2.1. La demandada inició acción penal para determinar los autores

cada demandado (sic). (…)” 1.2. HECHOS Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes: 1. 2.1. La demandada inició acción penal para determinar los autores responsables del secuestro del señor Eljer Marín Dian ocurrido el 8 de diciembre de 2004. 1.2.2. La Fiscal Primera Especializada adscrita a la Unidad Nacional contra el secuestro y la extorsión ordenó la captura de los señores Pedro Guillermo y Jesús Arnulfo Bareño Martínez, como presuntos responsables del delito de secuestro. Esa captura se materializó el 16 de febrero de 2013. 1.2.3. La referida fiscalía vinculó mediante indagatoria a los presuntos responsables del punible y el 20 de febrero de 2013 impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación. 1.2.4. La Fiscalía 43 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del 18 de abril de 2013 confirmó la anterior decisión. 1.2.5. Mediante resolución del 20 de febrero de 2014, la Fiscalía 1ª Especializada, adscrita a la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión procedió a calificar el mérito del sumario y resolvió precluir la investigación.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA La Fiscalía General de la Nación se opuso a todas las pretensiones de la demanda e indicó que la privación de la libertad había tenido fundamento en las pruebas valoradas bajo las reglas de la sana critica y que la decisión adoptada

La Fiscalía General de la Nación se opuso a todas las pretensiones de la demanda e indicó que la privación de la libertad había tenido fundamento en las pruebas valoradas bajo las reglas de la sana critica y que la decisión adoptada finamente no desvirtuaba o deslegitimaba la medida de aseguramiento de detención preventiva. Concluyó señalando que la actuación de la entidad se había limitado a cumplir su función constitucional y legal.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación El Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 8 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia (…)” Adujo el juez de primera instancia que para la Fiscalía era razonable inferir que los acá demandantes estaban estrechamente relacionados con la empresa criminal orquestada para cometer el secuestro, porque los señalamientos directos de uno de los socios de la empresa criminal así lo indicaban, además dicho socio había aceptado la participación en los hechos y bajo juramento señaló como estaba organizada la empresa criminal y precisó que Pedro Guillermo había sido uno de los cerebros de la operación y Jesús Arnulfo había contribuido económicamente para llevar a cabo el plan.

señaló como estaba organizada la empresa criminal y precisó que Pedro Guillermo había sido uno de los cerebros de la operación y Jesús Arnulfo había contribuido económicamente para llevar a cabo el plan. Adujo el juzgador de primera que, además, la Fiscalía contaba con otras pruebas como el reconocimiento en filas que hizo el mismo testigo de los hermanos Bareño Martínez, la carta escrita por la esposa de Jesús Arnulfo al señor Téllez ofreciéndole la consignación de un dinero. Por lo anterior, consideró que la privación no podía ser imputada a la entidad por cuanto al decretar la medida había cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en la ley penal. En lo que respectaba a la señora Alix Marlen Ariza, demandante, consideró el juez de primera que su actuación era dolosa desde el punto de vista civil, por unas visitas que había hecho en la cárcel y la carta que había enviado que tenia como finalidad interferir en el curso de la investigación.

4. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante en su recurso de apelación además de reiterar su libelo demandatorio en torno a la responsabilidad de la entidad, indicó que se había hecho una indebida valoración de las pruebas para determinar existencia de dolo por parte de la víctima pues el mismo órgano investigador desconocía si existía ofrecimiento y si el mismo iba encaminado a realizar algún ofrecimiento al procesado Téllez.

Señaló que el juez de primera instancia le había dado trascendencia a la transliteración de la fiscalía en la decisión de preclusión, pero nunca se cuestionó si era cierta. Indicó que no se había hecho un juicio de razonabilidad para darle credibilidad a

transliteración de la fiscalía en la decisión de preclusión, pero nunca se cuestionó si era cierta. Indicó que no se había hecho un juicio de razonabilidad para darle credibilidad a la supuesta versión entregada por Téllez.5

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación Precisó que no existía prueba de un supuesto dolo de la víctima sin valorar ni tener en cuenta las versiones allegadas por el señor Téllez.

5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El presente medio de control fue radicado en esta Corporación el día 20 de septiembre de 2019 y mediante providencia de 25 de septiembre del mismo año, se admitió el recurso de apelación impetrado1.

Posteriormente, a través de auto de 15 de octubre de 2019, se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión y subsiguientemente y por igual término al Ministerio Público para que emitiera su concepto: 5.1. La parte actora2 reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación. 5.2. La Fiscalía General de la Nación en su escrito de alegatos 3 adujo que se debía confirmar la decisión por cuanto la actuación de la entidad se había surtido de conformidad con la legislación vigente. Indicó que la actuación de la entidad se encontraba enmarcada en el hecho de un tercero, pues el desarrollo de sus funciones devino con el informe de Policía y la denuncia realizada en indagatoria por el señor Téllez 5.3. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

tercero, pues el desarrollo de sus funciones devino con el informe de Policía y la denuncia realizada en indagatoria por el señor Téllez 5.3. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

6. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

6.1. PRESUPUESTOS PROCESALES

6.1.1. PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Encuentra la Sala, que es procedente el medio de control de reparación directa previsto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que se persigue la indemnización de los perjuicios del orden material e inmaterial causados a los demandantes como consecuencia de la presunta privación injusta de la libertad de la que fueron objeto los señores Pedro Guillermo y Jesús Arnulfo Bareño Martínez. 6.1.2. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL El literal I) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla que el medio de 1 fl. 341 a 342 c. principal 2 fl. 161 a 171 c. principal 3 fl. 172 a 178 c. principal6

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación control de reparación directa “deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que compruebe la

años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que compruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la hecha de su ocurrencia (…)” En cuanto a la contabilización del término de Caducidad para los casos de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha expuesto: “Al respecto es menester tener en cuenta que el tenor del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo la acción de reparación directa “caducada al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del dia siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra cosa” Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial absolutoria, como lo ha precisado esta corporación” De lo anterior, observa la Sala que mediante resolución del 20 de febrero de 2014 se precluyó la investigación de los acá demandantes, por lo que la parte actora contaba, en principio, hasta el 21 de febrero de 2016 , para incoar el presente medio de control. No obstante, se evidencia que el día 8 de febrero de 2016 se presentó solicitud de conciliación, es decir, suspendió el término faltando 14 días para que operara el

medio de control. No obstante, se evidencia que el día 8 de febrero de 2016 se presentó solicitud de conciliación, es decir, suspendió el término faltando 14 días para que operara el fenómeno jurídico de caducidad, declarándose fallido el 3 de marzo de 2016. Por lo tanto, añadiendo a esta última fecha el término que falta para que operara el fenómeno de la caducidad (14 días), la parte actora tenía finalmente hasta el 15 de marzo de 2016 para presentar la demanda, y como la misma se radicó el 3 de marzo de 2016, se concluye que se hizo dentro del término legalmente establecido. 6.1.3. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA A su turno ha sido clasificada en legitimación de hecho y material, la primera de ellas referida al interés conveniente y proporcionado del que se da muestra al inicio del proceso, la segunda objeto de prueba y que le otorgará al actor la posibilidad de salir avante en las pretensiones solicitadas, previo análisis de otras condiciones.7

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación Sobre este punto ha expuesto el H. Consejo de Estado: “(…) Varios y reiterados han sido los pronunciamientos de la Sección Tercera tendientes a diferenciar los dos aspectos medulares de la figura de la legitimación en la causa. Así ha dicho que en la reparación directa, la legitimación en la causa está dada por la condición de damnificado del demandante, hablándose de legitimación de hecho, originada en la simple

la legitimación en la causa. Así ha dicho que en la reparación directa, la legitimación en la causa está dada por la condición de damnificado del demandante, hablándose de legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C.

C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio, en contraste con el presupuesto de sentencia favorable de las pretensiones que constituye la legitimación material, la cual se desprende de la prueba efectiva de la condición de damnificado, que le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la favorabilidad de las pretensiones. Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del C. C. A, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa (…)”4 6.1.3.1. Legitimación en la causa por activa 6.1.3.1.1 Los señores PEDRO GUILLERNO y JESUS ARNULFO BAREÑO MARTINEZ se encuentra legitimados en la causa por activa como víctimas directas de la presunta privación injusta de la libertad, lo anterior de conformidad con la investigación que se adelantó en su contra. 6.1.3.1.2. Las señoras DANY ESPERANZA ARIZA PUENTES y ALEXI MARLEN ARIZA ARIZA se encuentran legitimadas en la causa por activa en

con la investigación que se adelantó en su contra. 6.1.3.1.2. Las señoras DANY ESPERANZA ARIZA PUENTES y ALEXI MARLEN ARIZA ARIZA se encuentran legitimadas en la causa por activa en calidad de cónyuges de las víctimas directas, de acuerdo con registro civil de matrimonio obrante a folio 99 c.1 y acta de matrimonio que reposa a folio 102 del c.1. 6.1.3.1.3. De igual forma se tiene que DIEGO ANDRES y MARIA ALEJANDRA BAREÑO ARIZA se encuentran legitimados en la causa por activa en calidad de hijos del señor Pedro Guillermo Bareño, de lo que da cuenta sus registros civiles de nacimiento obrantes a folios 100 y 101 c.1 6.1.3.1.4. Finalmente, se tiene que LESLY LIZATH y EDWIN ARNULFO BAREÑO ARIZA se encuentran legitimados en la causa por activa en calidad de hijos del señor Jesús Arnulfo Bareño, como consta en sus registros civiles de nacimiento obrantes a folios 103 y 104 c.1 6.1.3.2. Legitimación en la causa por pasiva 4 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez - Bogotá, D.C. 10 De Agosto De 2005 - Radicación Número: 44001-23-31-000-199403444-01(13444)8

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

03444-01(13444)8

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación La NACION - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , se acredita su comparecencia al proceso teniendo en cuenta que conoció la investigación penal adelantada en contra del demandante y además porque impuso la medida de aseguramiento en contra de los demandantes.

7.1. COMPETENCIA DEL SUPERIOR EN LA APELACIÓN DE SENTENCIAS De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces Administrativos. “Articulo 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANICA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.” Así mismo, se tiene que la competencia en relación con los daños antijurídicos que le fueran imputables al Estado, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, antes de la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 la determinaba el artículo 73 de la ley 270 de 1996, que indicaba:

que le fueran imputables al Estado, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, antes de la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 la determinaba el artículo 73 de la ley 270 de 1996, que indicaba: ARTICULO 73. COMPETENCIA. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. Así pues, mediante auto del 9 de septiembre del 2008 la sala plena del Consejo de Estado indicó que de conformidad con el artículo 73 de la mencionada ley, la competencia para conocer de las reparaciones directas derivadas de los distintos títulos de imputación jurídica relacionados con el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, serían de conocimiento de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, sin importar la cuantía, es decir, un criterio netamente funcional. Ahora bien, la sala resalta que el artículo 73 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia, fue derogado por el artículo 309 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conllevando tal situación que el indicado auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena del Consejo de Estado, perdiera aplicabilidad con el entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011. Siendo así, el nuevo estatuto administrativo procesal en el

situación que el indicado auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena del Consejo de Estado, perdiera aplicabilidad con el entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011. Siendo así, el nuevo estatuto administrativo procesal en el numeral 6 del artículo 155, determinó que la competencia de los medios de control provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales ya no se9

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación tendría en cuenta el criterio funcional –como ocurría en aplicación de la ley 270 de 1996-, sino que la competencia la determinaría la cuantía, esto es, –en el caso de los juzgadosque los procesos de reparación directa, inclusive de aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En conclusión, no cabe duda que esta corporación es competente en segunda instancia para resolver los aspectos controvertidos por la parte actora en la apelación dirigida contra la sentencia del ocho (08) de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Bogotá. De otro lado, como la sentencia de primera instancia solo fue apelada por la parte actora, se dará aplicación al artículo 328 del Código General del Proceso sin perjuicio del examen oficioso sobre los hechos constitutivos de las excepciones, según lo dispone el artículo 187 del CPACA5. 7.2 PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO Conforme a la decisión de primera instancia y el recurso de apelación de la parte

perjuicio del examen oficioso sobre los hechos constitutivos de las excepciones, según lo dispone el artículo 187 del CPACA5. 7.2 PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO Conforme a la decisión de primera instancia y el recurso de apelación de la parte actora, la Sala deberá establecer si la privación de la libertad de la que fueron objeto los señores PEDRO GUILLERMO y JESUS ARNULFO BAREÑO MARTINEZ tuvo el carácter de injusta, y en consecuencia se les causó a ellos y a su núcleo familiar un daño antijurídico que deba ser reparado, si se encuentra probada la responsabilidad de la demandada; o si por el contrario se evidencia un eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal. Para desarrollar el problema jurídico planteado, la Sala primero hará el siguiente estudio: i) Hechos Probados y, ii) Régimen Jurídico aplicable 8. 1. HECHOS PROBADOS De acuerdo con las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación respecto a la situación fáctica, se tiene lo siguiente (fl. 3 a 67 c.1) 8.1.1. El 8 de diciembre de 2004, cuando el señor Eljer Marín Diaz salió de su trabajo en San Andresito, en la ciudad de Bogotá, fue interceptado y privado ilícitamente de su libertad con la participación de dos presuntos agentes de la policía en un falso reten y dos civiles quienes le suministraron una sustancia que le ocasionó la pérdida de conocimiento. 8.1.2. Desde el 9 de diciembre de 2004, los secuestradores exigían a los padres

policía en un falso reten y dos civiles quienes le suministraron una sustancia que le ocasionó la pérdida de conocimiento. 8.1.2. Desde el 9 de diciembre de 2004, los secuestradores exigían a los padres del señor Marín la suma de cuatro millones de dólares y en una primera 5 Artículo 187. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…).10

Expediente: Exp. No. 110013343058201600213401

Demandante: Pedro Guillermo Bareño Martínez y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación negociación se logró entregar la suma de $120.000.000 sin que a cambio se obtuviera la libertad, y solo hasta el 15 de febrero de 2005, en un operativo ejecutado por el Gaula se logró el rescate. 8.1.3. Mediante resolución se dispuso vincular a los señores Pedro Guillermo y Jesús Arnulfo Bareño Martínez a través de indagatoria, para lo cual se expidieron las órdenes de captura respectivas la cual se hizo efectiva el 16 de febrero de

2013.

Jesús Arnulfo Bareño Martínez a través de indagatoria, para lo cual se expidieron las órdenes de captura respectivas la cual se hizo efectiva el 16 de febrero de 2013. 8.1.4. A través de resolución de fecha 20 de febrero de 2013, se les resolvió la situación jurídica, imponiéndoseles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de secuestro extorsivo agravado. En dicha oportunidad, la Fiscalía Primera delegada especializada indicó (fl. 2 a 16 c.1): “(…) Estas circunstancias fácticas son palmarias e inequívocas en demostrar, sin duda alguna la vida jurídica del hecho criminal que se describen en el acápite de la calificación jurídica provisional de este interlocutorio, las propias injuradas de los señores SALVADOR VELANDIA, MARIA DE CARMEN ALVAREZ, ALBA LUZ VELANDIA, diligencia de exposición rendida por el menor JHON FREDY GALINDO ALVAREZ y las diferentes salidas procesales bien como indagatoria o declaración vertidas por RAFAEL TELLEZ MATEUS, quienes al confesar su participación en dicho ilícito indican las circunstancias y pormenores del plagio, siendo estas coincidentes con lo narrado por la víctima, así como los informes suscritos por el intendente EDUAR GALINDO HOMES. (…) En cuanto al especto subjetivo o de la responsabilidad de los sindicados, tenemos que contra los acá implicados concurren en primer lugar los señalamientos directos que hace RAFAEL ANTONIO TELLEZ MARIN al

(…) En cuanto al especto subjetivo o de la responsabilidad de los sindicados, tenemos que contra los acá implicados concurren en primer lugar los señalamientos directos que hace RAFAEL ANTONIO TELLEZ MARIN al situarlos en el teatro de los acontecimientos, como las personas que se encargaban de organizar, planear, contactar los policiales y financiar la ejecución del ilícito, ya que debe analizarse en este estadio procesal emergen indicios en contra de los incriminados que llevan a establecer su presunta participación en el plagio de MARIN DIAZ. Sin que pueda desconocerse que dichas manifestaciones las viene haciendo el señor TELLEZ MARIN desde el año 2005, fecha en que aún no había sido vinculado a esta investigación y decide enviar una carta al presidente de la Republica de ese entonces Dr. ALVARO URIBE VELEZ, dando cuenta de la participación de los señores BAREÑO MARTINEZ dentro de dicho plagio. (…) Es por ello, que la suscrita operadora judicial, da plena credibilidad a lo manifestado por RAFAEL ANTONIO TELLEZ MATEUS, quien en forma directa igualmente participo en el desarrollo de los hechos, escenario en el cual identifico a los hermanos PEDRO GUILLERMO BAREÑO MARTINEZ y JESUS ARNULFO BAREÑO MARTINEZ, quien cumplió un papel determinante para la perpetración del plagio, por cuanto resulta11

Expediente: Exp. No. 11001334