TA CUN - 11001334306220200007001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrada Ponente: Clara Cecilia Suárez Vargas

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Medio de control: Reparación directa Asunto: Conscripto Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del circuito de Bogotá, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1 La parte actora solicita se acceda a las pretensiones que se transcriben a continuación2: “1.1. Declarar que LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, es administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones que padece el señor JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES, ocasionadas durante la prestación de su servicio militar obligatorio. 1.2. Declarar que LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable de los

1.2. Declarar que LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable de los 1 Folios 2-4, 01DemandaYAnexos.2 Se transcribe incluyendo errores.Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional perjuicios materiales e inmateriales causados, por los hechos a que se contrae esta demanda, a los señores JUAN CAMILO CASTANEDA CORTES, JUAN ELICEO CASTAÑEDA, MARTHA CECILIA CORTES PRIETO, JORGE ENRIQUE CORTES y MONICA ALEXANDRA CORTES, a quienes represento legalmente. 1.3. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a indemnizar los perjuicios morales, por daño a la salud y materiales a mis poderdantes las siguientes sumas de dinero: -Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de $10.654.045,09 M/Cte para JUAN CAMILO CASTANEDA CORTES. -Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, la suma de $86.743.257,49 M/Cte para JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES - Perjuicios morales la cantidad de 240 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,

distribuidos de la siguiente manera:

$86.743.257,49 M/Cte para JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES - Perjuicios morales la cantidad de 240 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, distribuidos de la siguiente manera: Para JUAN CAMILO CASTANEDA CORTES, JUAN ELICEO CASTANEDA y MARTHA CECILIA CORTES PRIETO, la cantidad de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos respectivamente. Para JORGE ENRIQUE CORTES y MONICA ALEXANDRA CORTES, la cantidad de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos respectivamente. -Perjuicio por daño a la salud de 60 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES. 1.4. Solicito que la condena respectiva se actualice de conformidad con lo previsto en el art. 192 del C.P.A.C.A y se reconozcan los intereses legales más la corrección monetaria desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso. 1.5. Que como consecuencia de la primera declaración se condene en costas y agencias en derecho a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL de conformidad con el Artículo 188 del C.P.A.C.A., Artículo 366 del Código General del Proceso y lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura”.

1.2. Hechos3 Los hechos en que se fundamenta se transcriben así4: “2.1. El Soldado Regular JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES (…) fue incorporado al Ejército Nacional a prestar su servicio militar obligatorio como Soldado Regular en la fecha mayo 01 de 2017 hasta octubre 31 de 2018, adscrito al Batallón de Infantería de Selva No. 45 ‘GR. PROPERO PINZÓN’, ubicado en el departamento de Guainía. 2.2. En cumplimiento a los exámenes médicos previos al acuartelamiento mi poderdante ingresó al Ejército Nacional gozando de excelentes condiciones de salud y fue declarado apto para la prestación el servicio militar obligatorio. 3 Folios.4 Se transcribe incluyendo errores. 2Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2.3. En la fecha marzo 19 de 2018, aproximadamente a las 15:25 horas, en el Municipio de San Felipe - Guainía, el Soldado Regular JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES se encontraba bajo órdenes de su comandante de escuadra Cabo Segundo Velásquez Álvarez Jesús, sub oficial al que le ordenaron organizar una patrulla.

El Cabo Segundo Velásquez dando cumplimiento, le ordena al Soldado Regular CASTAÑEDA CORTES conducir la motocicleta de marca AKT, cilindraje 180 CC, destinada al transporte administrativo. Al iniciar el movimiento táctico de desplazamiento para la salida de la unidad militar, la motocicleta en la que se encontraba el Soldado Regular CASTAÑEDA CORTES se le pega la guaya del acelerador y para evitar que el

destinada al transporte administrativo. Al iniciar el movimiento táctico de desplazamiento para la salida de la unidad militar, la motocicleta en la que se encontraba el Soldado Regular CASTAÑEDA CORTES se le pega la guaya del acelerador y para evitar que el automotor alcanzara una mayor velocidad, reaccionó dirigiendo la motocicleta hacia una de las garitas de la salida, chocándose contra ella y sufriendo un golpe en la rodilla izquierda, siendo atendido por el enfermero de combate. 2.4. El Soldado Regular JUAN CAMILO CASTANEDA CORTES, fue atendido en el puesto de salud del corregimiento de San Felipe, siendo valorado por el médico de turno y posteriormente evacuado en vuelo comercial al municipio de Inirida - Guainía. 2.5. En la fecha marzo 20 de 2018, Soldado Regular JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES, fue atendido en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo con sede en Inírida, en donde es diagnosticado con fractura de la diafisis de la tibia y fractura de peroné de miembro inferior izquierdo, según reporte de rayos X. 2.6. Por lo anterior el Soldado Regular JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTES, fue remitido al Hospital Militar Central de Bogotá, siendo atendido en marzo 21 de 2018 por la especialidad de ortopedia, siendo diagnosticado con "S822 - Fractura de la diafisis de la tibia", recibió manejo ortopédico y terapia física. 2.7. En la octubre 31 de 2018, el Director de Personal del Ejército Nacional mediante Orden Administrativa de Personal No. 2065, autorizó el desacuartelamiento del Soldado Regular CASTANEDA CORTES por haber cumplido con el tiempo de servicio militar obligatorio.

Orden Administrativa de Personal No. 2065, autorizó el desacuartelamiento del Soldado Regular CASTANEDA CORTES por haber cumplido con el tiempo de servicio militar obligatorio. 2.8. En la febrero 27 de 2019, la Dirección de Sanidad Militar expidió solicitud de conceptos médicos por las especialidades de: -ORTOPEDIA, con diagnóstico de fractura de tibia y tobillo izquierdo. -ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS, con diagnóstico de hemorragia de vías digestivas altas. -OFTALMOLOGIA con diagnóstico de trauma ocular (…)”.

2. Contestación de la demanda5

El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda por ausencia de requisitos legales y probatorios que permitan establecer la responsabilidad del Estado. Al tiempo, señaló que el servicio militar no puede ser considerado un daño en sí mismo y que no todos los daños sufridos durante el periodo de conscripción pueden ser atribuidos directamente a la Administración, pues en cada caso debe analizarse si la responsabilidad del Estado está comprometida, especialmente cuando la causa del mismo tuvo origen en la falta de cuidado personal del conscripto. 5 Archivo electrónico “08Memorial05Octubre2020ContestaciónDemanda”. 3Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sobre el punto, precisó que sería un contrasentido que la Constitución autorizara la incorporación obligatoria de jóvenes para el servicio militar obligatorio de acuerdo con las necesidades del servicio (artículo 216 ibidem y la Ley 48 de 1993), para que el mismo

Sobre el punto, precisó que sería un contrasentido que la Constitución autorizara la incorporación obligatoria de jóvenes para el servicio militar obligatorio de acuerdo con las necesidades del servicio (artículo 216 ibidem y la Ley 48 de 1993), para que el mismo Estado se viera compelido a soportar condenas por altas indemnizaciones de carácter judicial y prestacional en estos casos. Expuso que de llegar a presentarse un evento que comprometa la responsabilidad estatal es necesario resaltar que a la luz del artículo 90 superior, la existencia de un daño antijurídico implica que aquella persona respecto de quien sobrevino no tenga el deber jurídico o la carga de soportarlo, bien sea porque existió existe una falla por parte de la entidad o porque la víctima ha sido expuesta a una situación de riesgo excepcional. En ese sentido manifestó que, en el presente asunto, el Ejército Nacional no contribuyó en absoluto a la ocurrencia del daño pues, por el contrario, el incidente tuvo lugar en una circunstancia excepcional como resultado de un evento accidental que no pudo ser anticipado por la Institución. En esa misma línea, sostuvo que no sólo es claro que la lesión no es imputable a la Entidad, sino que, ni siquiera, se ha cuantificado cual es la pérdida de la capacidad laboral que supuestamente sufre el señor Juan Camilo Castañeda Cortes; de donde, en su sentir, el daño no resulta ser resarcible, pues la demanda está basada únicamente en simples especulaciones sin respaldo. Indicó que, en torno a la inexistencia de imputabilidad, existen en el ámbito legal una serie de conductas que implican la tolerancia de un riesgo, siempre y cuando no interfieran con las funciones de otra persona, causen daños intolerables o contrarios a la ley, como

Indicó que, en torno a la inexistencia de imputabilidad, existen en el ámbito legal una serie de conductas que implican la tolerancia de un riesgo, siempre y cuando no interfieran con las funciones de otra persona, causen daños intolerables o contrarios a la ley, como aparentemente sostiene la parte demandante. Al respecto, manifestó que de ninguna forma el estado de salud con el que se licenció el demandante, le impide conseguir trabajo o desempeñarse en diferentes campos, esto en la medida en que no sólo recibió toda la atención médica que se hizo necesaria, sino que, en todo caso, no se presenta una afección en los niveles que constituyan impediente real en la vida civil. De otra parte señaló que aun cuando la parte demandante aportó la historia clínica del señor Juan Camilo Castañeda Cortés y que esta constituye un indicio de que la lesión sufrida por él haya ocurrido presuntamente en la prestación del servicio militar, no resulta suficiente de cara a demostrar plenamente que la actividad que desarrollaba el soldado 4Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional fuera producto de: a) una acción, omisión o extralimitación de la administración o, b) de un rompimiento del equilibrio de la igualdad de las cargas públicas frente a sus compañeros o incremento del riesgo en su persona.

Finalmente, propuso como excepciones lo que denominó: (i) ausencia de material probatorio que permita endilgar responsabilidad a la demandada, (ii) daño no imputable al Estado y (iii) ausencia de material probatorio – Inexistencia de acervo probatorio frente a la causa determinante.

3. La sentencia de primera instancia6

probatorio que permita endilgar responsabilidad a la demandada, (ii) daño no imputable al Estado y (iii) ausencia de material probatorio – Inexistencia de acervo probatorio frente a la causa determinante.

3. La sentencia de primera instancia6

Mediante fallo de 24 de noviembre de 2022, el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que en el presente asunto el daño antijurídico en reclamación le era imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Expuso que a partir de la historia clínica, el informativo administrativo por lesiones y la Junta Médica Laboral era posible establecer que las lesiones padecidas por el señor Juan Camilo Castañeda Cortés tenían relación directa con el servicio militar obligatorio, específicamente cuando se encontraba desarrollando un desplazamiento, sin que para el efecto, se haya acreditado la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad. Precisó que a la entidad demandada le correspondía velar por la integridad del joven conscripto, así como también por su estado de salud, garantizando su reincorporación a la vida civil en las condiciones físicas y psíquicas en las que fue admitido al ingresar al servicio militar obligatorio. Igualmente, manifestó que si bien es cierto los miembros de los cuerpos armados asumen un riesgo al ingresar a la Institución, ello no implica que estén obligados a asumir todo tipo de situaciones, pues si el riesgo no proviene de la actividad militar como tal, tienen derecho a recibir una indemnización que repare el perjuicio sufrido en la medida en que la teoría de asunción del riesgo es aplicable cuando la persona entra voluntariamente a la

de situaciones, pues si el riesgo no proviene de la actividad militar como tal, tienen derecho a recibir una indemnización que repare el perjuicio sufrido en la medida en que la teoría de asunción del riesgo es aplicable cuando la persona entra voluntariamente a la Fuerza y no con ocasión del cumplimiento de un deber legal. Con fundamento en los anteriores razonamientos, el a quo resolvió7: 6 Archivo electrónico “48Fallo”.7 Se transcribe incluyendo errores. 5Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional “(…) PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por la secuela adquirida por el señor JUAN CAMILO CASTAÑEDA CORTÉS durante la prestación de su servicio militar, conforme las consideraciones expuestas precedentemente SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral a favor de los demandantes una suma equivalente en pesos a los salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V), que se relacionan a continuación: TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL al pago de las costas en favor de los demandantes, lo cual incluye los gastos procesales y las agencias en derecho las cuales se tasan en $3.080.000, de conformidad con la parte considerativa de la providencia.

procesales y las agencias en derecho las cuales se tasan en $3.080.000, de conformidad con la parte considerativa de la providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones precedentes (…)”.

4. El recurso de apelación 4.1. Parte demandante8

La parte demandante solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a la totalidad de los perjuicios solicitados en la demanda, habida cuenta que el a quo no tuvo en cuenta los parámetros fijados en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, con ponencia de Olga Mélida Valle de De la Hoz en el proceso seguido bajo el radicado No. 31172. Señaló que en consideración a la disminución de la capacidad laboral del señor Juan Camilo Castañeda Cortés, dictaminada en el acta de Junta Médico Laboral No. 123216 de 17 de febrero de 2022, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales, era equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima Directa y sus padres y, a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para sus hermanos. 8 Archivo electrónico “50Memorial28Nov2022ApelaciónDte”. 6Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Igualmente, añadió que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales, el informe administrativo por lesiones y lo dictaminado por la Junta Médico Laboral del área de

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Igualmente, añadió que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales, el informe administrativo por lesiones y lo dictaminado por la Junta Médico Laboral del área de Sanidad del Ejército Nacional a la víctima directa le correspondía por concepto de daño a la salud a equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, manifestó que aun cuando el fallador de primera instancia negó las pretensiones en lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, al joven conscripto tenía derecho a su reconocimiento. 4.2. Parte demandada9 La parte demandada solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda. Para el efecto, indicó que en el presente asunto el daño en reclamación no le era atribuible a la Institución en la medida en que no se acreditó la existencia de una falla en el servicio de la cual se hubiere derivado la enfermedad profesional que padeció el señor Juan Camilo Castañeda Cortés, pues si bien obra en el expediente el acta de Junta Medica Laboral No. 123216 de fecha 17 de febrero de 2022, emitida por la Dirección de Sanidad, también es cierto que en el literal E se estableció que no había “lugar a fijar índices de lesión” y se dejó anotación de que el accionante podía “continuar desempeñándose en actividades de la vida civil de acuerdo a su perfil ocupacional”. En igual sentido, precisó que no se aportó prueba que permitiera inferir que la causa de la enfermedad fuera consecuencia de una negligencia por parte del Ejército Nacional y, por

su perfil ocupacional”. En igual sentido, precisó que no se aportó prueba que permitiera inferir que la causa de la enfermedad fuera consecuencia de una negligencia por parte del Ejército Nacional y, por tanto, en su sentir, las pretensiones se fundamentaron en meras especulaciones y conjeturas de la parte demandante. Por otro lado, sostuvo que en particular, los hechos estuvieron revestidos por una causa extraña como lo son la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la entidad no tuvo o injerencia alguna en el resultado, razón por la cual no era dable endilgarle responsabilidad al Ejército Nacional. Además enfatizó que aunque el señor Juan Camilo Castañeda Cortes estaba vinculado a la Institución castrense como soldado regular y que ello le imponía la obligación a la demandada de velar por su integridad y salud, garantizando su reincorporación a la vida civil en las condiciones físicas y psíquicas en las que fue admitido, lo cierto es que la 9 Archivo electrónico “51Memorial1Dic2022ApelaciónEjército”. 7Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional entidad cumplió con sus obligaciones, pues después de los acontecimientos, el Ejército Nacional prestó la atención médica requerida para el caso, lo que permitió la recuperación del directo lesionado, sin que se haya demostrado que el joven haya padecido una lesión de tal magnitud que le imposibilitara el normal desarrollo de las actividades cotidianas o de carácter laboral.

En cuanto al reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda indicó que de proceder los mismos, al señor Juan Camilo Castañeda Cortés le correspondería el

de carácter laboral. En cuanto al reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda indicó que de proceder los mismos, al señor Juan Camilo Castañeda Cortés le correspondería el reconocimiento de la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la disminución de la capacidad laboral, la cual fue tasada por la Junta Medica Labora en el diez por ciento (10%).

5. El trámite de segunda instancia El expediente fue radicado en esta Corporación el 5 de junio de 2023 10 y mediante providencia de 12 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación conforme lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 - modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202111-.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La jurisdicción, competencia y medio de control procedente Esta Corporación es competente para decidir el asunto por tratarse los recursos de apelación presentados contra la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del circuito de Bogotá , en un proceso que tiene vocación de doble instancia, de conformidad con el artículo 153 y el numeral 6º del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico De conformidad con los recursos de apelación, la controversia se circunscribe a determinar si la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable por las lesiones que sufrió el señor Juan Camilo 10 Archivo 00001, Samai.11 Archivo 00004, Samai.

determinar si la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable por las lesiones que sufrió el señor Juan Camilo 10 Archivo 00001, Samai.11 Archivo 00004, Samai. 8Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Castañeda Cortés mientras se encontraba prestando su servicio militar obligatorio, en hechos que tuvieron lugar el 19 de marzo de 2018.

Seguidamente, deberá determinarse si la condena impuesta se encuentra ajustada a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado respecto del reconocimiento de perjuicios. Para el efecto, se procederá a verificar daño e imputación con base en las pruebas válidamente allegadas y las reglas jurisprudenciales que tiene establecido la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3. Responsabilidad del Estado por daños ocasionados a quienes prestan servicio militar obligatorio El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Los elementos que configuran esa responsabilidad son: (i) un daño antijurídico, (ii) la imputabilidad de este al Estado y (iii) el nexo de causalidad entre los anteriores; requisitos que se entran a estudiar a continuación.

Tratándose de eventos donde se le atribuye al Estado un daño antijurídico causado a una persona que presta servicio militar obligatorio, la Sección Tercera del Consejo de Estado

continuación. Tratándose de eventos donde se le atribuye al Estado un daño antijurídico causado a una persona que presta servicio militar obligatorio, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que la imputación de este puede ser de naturaleza objetiva – por medio de títulos como el daño especial o el riesgo excepcional – y por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso, se encuentre acreditada la misma12 Para llegar a dicha conclusión, el Alto Tribunal ha diferenciado la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a quienes prestan servicio militar obligatorio y respecto de los soldados y policías voluntarios o profesionales. En el primero caso, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no nace relación de carácter laboral alguna, en tanto que en el segundo (los 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de octubre de 2019. M.P. María Adriana Marín. Rad. 05001-23-31-000-2008-00969-01(50595).. 9Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional profesionales), aquél surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor.

Con respecto a las personas que ingresan de forma voluntaria a la fuerza pública y la afectación de sus derechos a la vida y a la integridad personal que pueden sufrir durante

posesión del servidor. Con respecto a las personas que ingresan de forma voluntaria a la fuerza pública y la afectación de sus derechos a la vida y a la integridad personal que pueden sufrir durante el cumplimiento de las operaciones o misiones encomendadas constitucional, legal o reglamentariamente, tales como el acaecimiento de su deceso o la ocurrencia de lesiones, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido13: “La afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la Fuerza Pública; de allí que cuando el riesgo se concreta, al Estado en principio no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen como consecuencia del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se haya visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hayan visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada”14.

visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hayan visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada”14. Ahora bien, a diferencia del soldado o policía profesional, que se enlista en forma voluntaria a las filas de la fuerza pública con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional; el soldado o auxiliar de policía bachiller, el soldado regular, el soldado campesino o quien ingresa a las filas de la fuerza pública 15 a prestar su servicio militar obligatorio, su vinculación a la institución corresponde a la imposición de una carga o gravamen especial, que tiene como fin el bien colectivo. En el marco de esa situación, el conscripto no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan sólo le reconoce algunas prestaciones, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco asimilarse al régimen a for fait previsto por la normatividad para los miembros profesionales de la fuerza pública. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de

2018. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 73001-23-31-000-2008-00287-01(43410).14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de

2011. M.P. Gladys Agudelo Ordóñez. Rad. 66001-23-31-000-1998-00241-01(18429).15 Está integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, siendo estas, el Ejército Nacional de Colombia, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana.

10Proceso: 11001334306220200007001

Demandante: Juan Camilo Castañeda Cortés y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sobre el punto, en providencia del 14 de marzo de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró16: “Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala: (…) demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la