TA CUN - 2001-04039-(17-09-2004)

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – Incorporación a planta de personal. Prestaciones / QUINQUENIO – Requisitos Por decreto distrital 608 de 20 de septiembre de 1996, se dispuso la incorporación a la planta de personal de la secretaría de educación, del personal administrativo, nombrado antes del año 1993, en establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, pertenecientes al Fondo Educativo Regional De Bogotá Como lo indicaron las normas que han regulado la materia, el personal docente y administrativo que continua vinculado a colegios nacionales o nacionalizados, pero en plantas de personal de la nación, tiene derecho a las prestaciones económicas reguladas para los empleados del orden nacional y, el personal que se incorporó a las plantas de personal de las entidades seccionales o locales, tiene derecho a las prerrogativas señaladas para los servidores de esas entidades territoriales, obviamente, desde la fecha en que esa incorporación se efectuó, no desde su vinculación al servicio de la educación, cuando era nacional, es decir, el cómputo para tener derecho al nuevo régimen debe realizarse a partir del momento en que se adquirió la calidad de servidor distrital, para el caso en estudio. La demandante laboró en el distrito capital hasta el 31 de diciembre de 1997, de suerte que de ninguna manera completó los requisitos para acceder al quinquenio alegado, razón para concluir que la decisión administrativa cuestionada se ajustó a derecho, lo que permite sostener que conserva su presunción de legalidad.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION “C”

alegado, razón para concluir que la decisión administrativa cuestionada se ajustó a derecho, lo que permite sostener que conserva su presunción de legalidad.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION “C”

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO JOSE ARCINIEGAS A.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil cuatro(2004)

JUICIO No. 2001-04039

DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

ACREENCIAS LABORALES

ACTOR: MARIA ANTONIA VILLANUEVA

MARIA ANTONIA VILLANUEVA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda con las siguientes PETICIONES: “A.- DECLARATIVAS.“Que son nulas las Resoluciones Nos. 1742 del 23 de mayo de 2000 y la 5702 del 20 de diciembre de 2.000 , emanadas de la demandada y por medio de las cuales se niega al (a) demandante el reconocimiento y pago de algunas prestaciones tales como QUINQUENIOS, PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, diferencias de PRIMAS DE NAVIDAD, PRIMA SEMESTRAL y de VACACIONES, por sus servicios a la Entidad demandada, correspondientes a los años de 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997. “B.- CONDENAS “1ª. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene el reconocimiento y pago de las indicadas prestaciones, así; “1o. – QUINQUENIOS;

“B.- CONDENAS “1ª. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene el reconocimiento y pago de las indicadas prestaciones, así; “1o. – QUINQUENIOS; “ Se le adeuda uno (1) el correspondiente al lapso de 1990 a 1995, el cual se le debe reconocer y pagar en suma equivalente al 28% del total del sueldo devengado en 1995, esto es: sueldo $294.259 28% $ 82.392. “2o. – PRIMA DE ANTIGUEDAD; “Se le debe la correspondiente a los años de 1993 a 1997, pagadera mensualmente en un porcentaje equivalente al 7.5% de la asignación básica mensual de cada año, por tanto es la equivalente a 60 meses, esto es $794.336. “3o. – PRIMAS DE NAVIDAD: “ Se le debe la correspondiente a los años de 1993 a 1997, a razón de un sueldo por año, teniendo en cuenta para tal fin todos los factores salariales percibidos en cada año, siendo por tanto un total de cinco (5), o sea $ 2.281.675. “4o. – PRIMA SEMESTRAL: “Se le debe la correspondiente a los años de 1993 a 1997, y la cual equivale a 39 días de salario y le debía cancelar el quince del mes de junio de cada año; se le

adeudan por tanto cinco (5) primas, esto es $ 2.281.675. “5o. – PRIMA DE VACACIONES: “ Se le deben las diferencias correspondientes a los años de 1993 a 1997; según las normas aplicables, se debe liquidar y pagar a razón de 20 días hábiles de vacaciones por cada año por tener más de 15 años de labores para 1993; por tanto y al haberle pagado tan solo las equivalentes a 15 días hábiles, se le adeudan cinco (5) días hábiles por año, esto es $ 147.098. “2ª. – Que la Entidad demandada está obligada a dar cumplimiento a la Sentencia dentro del término señalado por el art. 176 del C.C.A.“3ª.– Condenar a la demandada a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término legal, deberá reconocer y pagar al (a) demandante, los intereses comerciales y moratorios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A.” Las anteriores pretensiones se fundamentaron en los siguientes HECHOS: La demandante fue vinculada por la Secretaría de Educación del Distrito Capital para el cargo de Auxiliar de Servicios Generales III-C, en forma interrumpida laboró en el mismo cargo y con base en el mismo nombramiento. Como consecuencia de los servicios prestados en la forma indicada, la demandante se hizo acreedora a todos los beneficios salariales y prestacionales ordenados en los acuerdos del Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de la misma ciudad y las leyes del orden nacional, esto es al pago de quinquenios, las primas de antigüedad, la prima semestral, la prima de vacaciones y la prima de navidad…

ordenados en los acuerdos del Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de la misma ciudad y las leyes del orden nacional, esto es al pago de quinquenios, las primas de antigüedad, la prima semestral, la prima de vacaciones y la prima de navidad… Con fundamento en los acuerdos del Concejo Distrital y la ALCALDIA MAYOR DE ESTACIUDAD, el Sindicato de empleados de la Secretaría de Educación del Distrito “SINEMPLEASEDI” desde el 21 de septiembre de 1994, estuvo reclamando y concertando con la Secretaría de Educación, para el personal administrativo, el pago de las prestaciones tales como: QUINQUENIOS, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA SEMESTRAL… La reclamación aludida en la 1ª . de las peticiones condenatorias, y a que hago alusión en el hecho anterior, se concreta y analiza de la siguiente manera:.. Ante esta anomalía por parte de la Entidad demandada, el demandante opto por demandar a través de apoderado a la Secretaría de Educación, como en efecto se hizo mediante petición radicada en la demanda el día 10 de agosto de1999, petición que fue decidida por medio de la Resolución No. 1742 del 23 de mayo de 2000, negando todas las PRESTACIONES y demás BENEFICIOS DEPRECADOS, esto es, los indicados en la PETICION PRIMERA

DE LAS CONDENAS.

Contra el acto administrativo indicado, se interpuso el recurso de

BENEFICIOS DEPRECADOS, esto es, los indicados en la PETICION PRIMERA

DE LAS CONDENAS.

Contra el acto administrativo indicado, se interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto por medio de la resolución No. 5702 del 20 de diciembre de 2000, confirmando el primer acto, habiendo quedado agotada la vía gubernativa en esta forma, y por tales razones se acude a la presente acción”.

En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes: CONSTITUCIONALES  Artículos: 2, 5, 11, 13, 16, 23, 29 y 53.LEGALES  Decreto 796 de 1974.  Decreto 991 de 1974.  Decreto 1924 de 1977.  Decreto 272 de 1978.  Decreto 691 de 1978.  Decreto 2080 de 1986.  Ley 91 de 1989, artículo 15  Ley 4 de 1992, artículo 2. DISTRITALES  Acuerdo 11 de 1989.  Acuerdo 33 de 1991.  Acuerdo 14 de 1977.  Acuerdo 37 de 1975.  Acuerdo 6 de 1986.  Acuerdo 86 de 1967. Los conceptos de violación fueron leídos y considerados en los folios 100 a 104 de este expediente, así : Los actos acusados son violatorios de los preceptos constitucionales anotados, por cuanto es deber esencial del Estado velar por la vida, honra y bienes de todas las personas, como elementos básicos de la sociedad, y toda vez que con ellos está atentando contra uno de los más preciados valores del ser humano, la vida,

por cuanto es deber esencial del Estado velar por la vida, honra y bienes de todas las personas, como elementos básicos de la sociedad, y toda vez que con ellos está atentando contra uno de los más preciados valores del ser humano, la vida, ya que, precisamente la gran gama de normas, que protegen a las personas, tienen como fin último velar por su existencia, y por la decidía de la Entidad demandada, priva al demandante de esos sagrados derechos, cuando más los necesita, en la vejez. La demanda fue contestada oportunamente, como se lee en los folios 126 a 130, argumentando que se opone a que sean acogidas las peticiones de la demanda, por carecer de razonamientos legales de derecho, toda vez que la Resolución 1742 del 23 de mayo de 2000, por medio de la cual se negó a la demandante, el reconocimiento, liquidación y pago de algunas prestaciones sociales, así como de la Resolución 5702 del 20 de diciembre de 2000, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra, confirmándola en todas sus partes, fueron proferidas en cumplimiento de mandatos constitucionales y de conformidad con las leyes vigentes y, propuso las excepciones de EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LA

ACCION Y EXCEPCION GENERICA.

La Entidad demandada no presentó alegato de conclusión (fl. 148). La parte actora no formuló alegato de conclusión (fl.148). El Ministerio Público guardó silencio (fl.148).Cumplido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad procesal, se decide mediante las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S:

El Ministerio Público guardó silencio (fl.148).Cumplido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad procesal, se decide mediante las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: En el presente proceso se controvierte la legalidad de los siguientes actos administrativos:  La resolución 1742 de 23 de mayo de 2000, por la cual la Secretaría de Educación de Bogotá, resolvió la solicitud de reconocimiento y pago del quinquenio, prima de antigüedad, diferencias salariales, diferencias de la prima de navidad y de vacaciones de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 (fls. 5 a 6).  La resolución 5702 de 20 de diciembre de 2000, en donde la Secretaría de Educación de Bogotá, resolvió el recurso presentado en contra de la respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago del quinquenio, prima de antigüedad, diferencias salariales, diferencias de la prima de navidad y de vacaciones, de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, para algunos funcionarios de la planta de personal de la Secretaría de Educación del Distrito Capital (fls. 8 a 10). Previo a cualquier pronunciamiento de fondo, y toda vez que la parte accionada presentó dentro del término de ley como medios exceptivos los de caducidad de la acción y genérica, considera pertinente la Sala referirse a estos en los siguientes términos: No resulta probada la excepción de caducidad de la acción, contra la Resolución No. 5702 del 20 de diciembre de 2000, proferida por la Secretaría de Educación de

términos: No resulta probada la excepción de caducidad de la acción, contra la Resolución No. 5702 del 20 de diciembre de 2000, proferida por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., y notificada el 25 de enero de 2001 (fls. 8 a 11), toda vez que, la demanda fue presentada el 18 de marzo de 2001, antes de cumplirse los cuatro meses de caducidad de la acción consagrados en el artículo 136 del C.C.A. En relación con la excepción genérica propuesta por la Entidad demandada por ser una excepción que tienen relación directa con el fondo del asunto planteado, se mirará cuando se entre a estudiar el mismo. La inconformidad de la demandante, radica en que la entidad accionada no le ha pagado las prestaciones sociales, tales como, quinquenios, prima de antigüedad, prima de navidad, prima semestral y prima de vacaciones, a las cuales tiene derecho por ser empleada del Distrito Capital, con fundamento en los acuerdos colectivos celebrados con ese organismo, desde que fue incorporada con otro personal a las plantas de los colegios Distritales.De los elementos de juicio del proceso, se desprende lo siguiente:  Que la peticionaria prestó sus servicios a la Secretaría de Educación a partir del 15 de febrero de 1970, como ayudante de la administración II-2, de la Sección de Servicios Generales y, a partir del 23 de mayo de 1980, fue reincorporada en la planta de personal administrativo dependiente del FER, en el cargo de auxiliar de servicios generales 6035 (fls. 6 y 7 cuaderno dos).  Por Decreto 608 de 20 de septiembre de 1996, fue incorporada a la

reincorporada en la planta de personal administrativo dependiente del FER, en el cargo de auxiliar de servicios generales 6035 (fls. 6 y 7 cuaderno dos).  Por Decreto 608 de 20 de septiembre de 1996, fue incorporada a la planta de personal de la Secretaría de Educación y homologada a Auxiliar de Servicios Generales III-C, donde laboró hasta el 31 de diciembre de 1997 cuando se le aceptó la renuncia (cuaderno dos).  Que la peticionaria a través de su apoderado judicial, presentó el 10 de agosto de 1999 escrito de petición, buscando que se le reconociera y pagara quinquenios, primas de antigüedad, las diferencias de primas de navidad y primas semestral y de vacaciones, de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 (fls. 2 a 4).  Que a través de la Resolución 1742 de 23 de mayo de 2000, la demandada dio respuesta a la petición de 10 de agosto de 1999, propuesta por la impetrante (fls. 5 y 6).  Que por medio de la Resolución 5702 de 20 de diciembre de 2000, la demandada resolvió el recurso de reposición propuesto por la accionante, en contra de la Resolución anterior, que daba respuesta a la solicitud de reconocimiento de quinquenio, prima de antigüedad, diferencias salariales, diferencias de prima navidad y de vacaciones de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 (fls. 8 a 10).

diferencias de prima navidad y de vacaciones de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 (fls. 8 a 10).  Que mediante la Resolución 3699 de 23 de noviembre de 1999, se reconoció y ordenó el pago de unas diferencias salariales a la demandante, entre otros, respecto a la prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, subsidio de transporte y subsidio de alimentación (fls. 101 a 124, cuaderno tres).  Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Decreto distrital 796 de 8 de julio de 1974, reglamentó el artículo 22 del Decreto 1396 de 1973, estableció el pago del quinquenio y auxilios universitarios para los empleados o trabajadores distritales (fls. 277 a 279).  Que el Decreto 991 de 31 de julio de 1974, fue expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para determinar las normas generales que rigen las relaciones del Distrito Capital, para entonces Distrito Especial (fls. 242 a 276).  Que las Resoluciones 5053 de 22 de noviembre de 1994, 2370 de 17 de agosto de 1995 y 4602 de 11 de diciembre de 1995, expedidas por laSecretaría de Educación de Bogotá, ordenaron el reconocimiento y pago del

quinquenio al personal administrativo transferido al F.E.R (cuaderno cuatro).  Las Actas 3 de 20 de abril y 4 de 26 de abril de 1995, en donde se acordó con la Secretaría de Bogotá que las prestaciones sociales y demás derechos del personal de servicios generales y administrativos que fue transferido al F.E.R., gozaran de las mismas condiciones que las del personal antiguo de la planta S.E.D., sin solución de continuidad (fls. 14 a 16).  El Acta 6 de 21 de septiembre de 1994, en donde se acordó pagar los quinquenios liquidados, de acuerdo a las leyes vigentes (fls. 12 y 13). En el asunto materia de estudio se observa que la demandante, durante el tiempo que estuvo vinculada al servicio público, ostentó la calidad de empleada del sector Nacional y del sector distrital, en cuanto se determinó su incorporación a diferentes plantas de personal, bien nacionales o bien distritales, según la reglamentación sobre la administración de la educación. Está demostrado que la accionante se desempeñó como auxiliar de servicios generales en centros educativos nacionalizados. Por decreto 694 de 20 de mayo de 1980, se incorporó a la planta de personal administrativo de educación primaria, dependiente del Fondo Educativo Regional de Bogotá (fl. 25 cuaderno dos). El 20 de septiembre de 1996, mediante el Decreto distrital 608, se dispuso su incorporación a los cargos de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Capital (fl. 108 cuaderno dos).

dos). El 20 de septiembre de 1996, mediante el Decreto distrital 608, se dispuso su incorporación a los cargos de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Capital (fl. 108 cuaderno dos). La Sala observa que en materia de educación, la normatividad ha variado de acuerdo a la situación económica y social del país. En una época era de origen territorial, pero por la carencia de recursos financieros, la Nación asumió su costo –ley 43 de 1975-,de esta manera, por varios años la educación se mantuvo como un servicio público a cargo de la Nación. Con la reforma constitucional de 1991, se abrió la posibilidad que las entidades territoriales volvieran a asumir el manejo y la administración de este servicio, con ayuda de la Nación, a través de la figura de las transferencias de recursos, conocidas como situado fiscal. Para el desarrollo de ese principio constitucional se expidieron las leyes 60 de 1993 y la 115 de 1994, por las cuales, entre otros temas, se previó la creación de plantas de personal docente y administrativo en los departamentos y municipios, disposiciones reglamentadas por el decreto 1140 de 1995. Con fundamento en las normas mencionadas, el Consejo de Bogotá expidió el Acuerdo 7 de 11 de junio de 1996, por el cual se adicionó la planta de personal dela Secretaría de Educación Distrital, con cargos de docentes, directivos y administrativos. Así, por Decreto distrital 608 de 20 de septiembre de 1996, se dispuso la incorporación a la planta de personal de la Secretaría de Educación, del personal

administrativos. Así, por Decreto distrital 608 de 20 de septiembre de 1996, se dispuso la incorporación a la planta de personal de la Secretaría de Educación, del personal administrativo, nombrado antes del año 1993, en establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, pertenecientes al Fondo Educativo Regional de Bogotá (fls. 27 a 70). Por Resolución 3699 de 23 de noviembre de 1999, la Secretaría de Educación Distrital, reconoció y pago acreencias laborales al personal administrativo homologado del Fondo Educativo Regional, desde el 20 de septiembre de 1996 a 31 de diciembre de 1998, consistentes en prima de antigüedad, prima de navidad, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, prima de vacaciones y prima de servicios (fls. 101 a 124, cuaderno tres ). La Sala observa que antes de la expedición de las Resoluciones 1742 de 23 de mayo de 2000 y 5702 de 20 de diciembre de 2000, acusadas en este proceso, se emitió la mencionada Resolución 3699 de 23 de noviembre de 1999. En este orden de ideas, se tiene que la entidad acusada expresamente negó el reconocimiento del quinquenio exigido por la demandante y los demás interesados, en cuanto se consideró que la parte actora no cumplía los requisitos para ostentar ese derecho, toda vez que desde cuando fue incorporada a la planta de personal del Distrito Capital, 20 de septiembre de 1996, fecha a partir de la cual tenía derecho a las prestaciones previstas en la entidad territorial, no habían

para ostentar ese derecho, toda vez que desde cuando fue incorporada a la planta de personal del Distrito Capital, 20 de septiembre de 1996, fecha a partir de la cual tenía derecho a las prestaciones previstas en la entidad territorial, no habían transcurrido los cinco (5) años de servicio en el Distrito, que dan lugar a esa remuneración especial, ese tiempo se completaba el 20 de septiembre de 2001. En efecto, como lo indicaron las normas que han regulado la materia, el personal docente y administrativo que continua vinculado a colegios nacionales o nacionalizados, pero en plantas de personal de la Nación, tiene derecho a las prestaciones económicas reguladas para los empleados del orden Nacional y, el personal que se incorporó a las plantas de personal de las entidades seccionales o locales, tiene derecho a las prerrogativas señaladas para los servidores de esas entidades territoriales, obviamente, desde la fecha en que esa incorporación se efectuó, no desde su vinculación al servicio de la educación, cuando era Nacional, es decir, el cómputo para tener derecho al nuevo régimen debe realizarse a partir del momento en que se adquirió la calidad de servidor distrital, para el caso en estudio. En el asunto examinado, se tiene que la demandante laboró en el Distrito Capital hasta el 31 de diciembre de 1997, de suerte que de ninguna manera completó los requisitos para acceder al quinquenio alegado, razón para concluir que la decisión administrativa cuestionada se ajustó a derecho, lo que permite sostener que conserva su presunción de legalidad.En relación con los demás derechos económicos laborales reclamados, se

administrativa cuestionada se ajustó a derecho, lo que permite sostener que conserva su presunción de legalidad.En relación con los demás derechos económicos laborales reclamados, se considera que fueron reconocidos en la resolución 3699 de 23 de noviembre de 1999, decisión que no fue cuestionada dentro de los términos legales, por lo cual mantiene su validez y debe ser acogida en este proceso para determinar que las exigencias de la demandante no tienen vocación de prosperidad. Además, como se indicó, la solicitud de reconocimiento de las mencionadas prestaciones para los años anteriores al 20 de septiembre de 1996, no tienen ningún sustento jurídico, por cuanto, la Nación debió hacer los respectivos pagos, hasta cuando el personal adquirió la naturaleza de territorial, momento a partir del cual cambió el régimen salarial y prestacional, según se analizó en consideración anterior. Adicionalmente, se tiene que la demandante reclamó el reconocimiento y pago de sus acreencias salariales y prestaciones sociales el 10 de agosto de 1999, negadas por el acto acusado, interrumpiendo la prescripción de su supuesto derecho por el término de tres años anteriores a esta petición, esto es, quedando prescritas las prestaciones y acreencias salariales causadas antes del 10 de agosto de 1996, según los artículos 151 del C.P.T., y 41 del Decreto 3135 de 1968 En consecuencia, la Sala estima que la demandante no demostró que los actos acusados estén incursos en causal de nulidad que implique declarar su nulidad, motivo por el cual las pretensiones de la demanda deberán negarse en la parte resolutiva de esta providencia.

acusados estén incursos en causal de nulidad que implique declarar su nulidad, motivo por el cual las pretensiones de la demanda deberán negarse en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SECCION SEGUNDA, Sub-Sección D, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO.- Desestímase la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo manifestado en la parte motiva. SEGUNDO.- Deniéganse las pretensiones de las demanda Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. Una vez en firme esta sentencia, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso si lo hubiere y archívese el expediente dejando las constancias del caso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Aprobado en Acta No.

ANTONIO JOSE ARCINIEGAS A.

ILVAR NELSON AREVALO P. AMPARO OVIEDO PINTO.