TA CUN - 2013-00357-01-(27-08-2015)

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRIMA DE

SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –Municipio de Soacha / RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS DOCENTE – Decreto 1042 de 1978, Ley 91 de 1989 – Mediante sentencia la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad parcial del Decreto 1042 de 1978 dejo definido que dicha Prima de Servicios solo era aplicable a servidores públicos del Orden nacional y no podía ser extensivo tal beneficio a los del orden territorial, ni al personal Docente toda vez que estos tienen su propio régimen salarial por lo tanto la parte actora no tiene derecho a que el Departamento le reconozca y pague la prima de servicios – Confirma fallo de primera instancia que negó pretensiones PROBLEMA JURÍDICO Conforme a la relación fáctica y lo pretendido por el recurrente en esta contención debe definirse si fue acertada la decisión del A quo, por medio del cual accedió al reconocimiento y pago de la prima de servicios establecida en el Decreto 1042 de 1978 y la Ley 91 de 1989, a la parte actora. De otro lado, El Gobierno Nacional mediante las Leyes expedidas por el Congreso de la Republica, que le dieron facultades para modificar la nomenclatura y remuneración de los empleados del Sector público y los decretos de asignación salarial de los docentes, señalo los factores salariales que debían

Congreso de la Republica, que le dieron facultades para modificar la nomenclatura y remuneración de los empleados del Sector público y los decretos de asignación salarial de los docentes, señalo los factores salariales que debían percibir los educadores sin mencionar la prima de servicio objeto del debate en el asunto de la referencia. Señala la parte accionante que desde el año de 1989 con la expedición de la Ley 91 de 1989, en el parágrafo 2 del artículo 15, se le otorgó la competencia a La Nación como entidad nominadora de continuar cancelando la prima de servicio a partir de la fecha de expedición de la mencionada Ley. Con ocasión a esa afirmación considera la Sala realizar un estudio al contexto del texto de la norma citada, la cual preceptúa: “A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1o de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. Del texto trascrito, estima pertinente este Tribunal señalar que la Ley 91 de 1989

de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. Del texto trascrito, estima pertinente este Tribunal señalar que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales de losservidores públicos nacionales, al personal docente y no al régimen salarial, obsérvese que en el numeral primero, inciso segundo el legislador señalo como normas aplicables a los empleados públicos los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, los cuales no prevén ningún aspecto relacionado con el régimen salarial, solo hacen mención a las prestaciones sociales de los empleados públicos. En consecuencia de las normas transcritas en precedencia, queda claro para la Sala que tanto la Ley 60 de 1993, como la Ley 115 de 1994, hacen remisión, para los efectos prestacionales, a la Ley 91 de 1989, ley aplicable a los docentes del orden nacional. Finalmente, y dentro del estudió normativo que realiza la Sala, se observa que con la expedición de la Ley 715 de 2001, el Congreso de la República derogó la Ley 60 de 1993 y concedió la facultad al Gobierno Nacional para que expidiera un nuevo régimen de carrera docente que fuera acorde con la distribución de competencias y recursos y que consagrara requisitos de ingreso, salarios y prestaciones sociales propios. Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002, reglamentación que en relación a los salarios y prestaciones en su artículo 46 preceptúo:

prestaciones sociales propios. Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002, reglamentación que en relación a los salarios y prestaciones en su artículo 46 preceptúo: “El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en o en período de prueba, lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan. (el aparte resaltado fue declarado inexequible por la sentencia C-1169 de 2004). El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979.” De la norma citada, se desprende que el nuevo estatuto de profesionalización docente, establece escala para conforme al grado y nivel del escalafón nacional docente, para los educadores estatales, a través de una lista única nacional de salarios, por lo cual, es preciso señalar que no es posible emplear los conceptos propios de los empleados públicos del nivel nacional. Así mismo, se tiene que el Decreto 1042 de 1978, introdujo en sus artículos 42 y 58, la prima de servicios como factor salarial y que tal beneficio era aplicable para los empleados que cobijara mencionado decreto, razón por la cual se observa

Así mismo, se tiene que el Decreto 1042 de 1978, introdujo en sus artículos 42 y 58, la prima de servicios como factor salarial y que tal beneficio era aplicable para los empleados que cobijara mencionado decreto, razón por la cual se observa que de conformidad el artículo 1º, tal beneficio solo era consagrado para los “(…) ministerios, departamentos, administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional. (…)”, calidad que no ostentan los ahora accionantes, toda vez que la vinculación de los actores es de carácter departamental.Finalmente para la Sala de decisión es necesario señalar que, con el advenimiento de la sentencia C - 402 de 2.013, en la cual se examinó la exequibilidad sobre esa materia frente al Decreto 1042 de 1978, dejó definido que la misma era sólo aplicable a los servidores públicos del orden nacional y no podía ser extensivo tal beneficio a los del orden territorial, ni al personal docente, toda vez que estos tienen su propio régimen salarial, quedando así demostrado que la parte actora no tiene derecho a que el Departamento de Cundinamarca, le reconozca y pague la prima por servicios. De otra parte, el H. Consejo de Estado, en sentencia de Tutela del 26 de febrero de 2015, Radicado No. 11001-03-15-000-2014-02304-01, con Ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño, dispuso: “Ahora bien, resulta del caso precisar que, para la fecha en que se profirió la providencias cuestionadas en el ejercicio de la presente acción de tutela, 24 de

Consejera Martha Teresa Briceño, dispuso: “Ahora bien, resulta del caso precisar que, para la fecha en que se profirió la providencias cuestionadas en el ejercicio de la presente acción de tutela, 24 de octubre del 2013 y 15 de julio del 2014, ya se había dictado la sentencia mediante la que la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad parcial del Decreto 1042 de 1978, y, por ende, debieron tener en cuenta la pauta en relación con la interpretación que definitivamente debe darse al aparte contenido en el referido artículo, hecha consistir en la declaratoria de exequibilidad de la expresión “del orden nacional”, por constituir un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada constitucional y al que deben acogerse los jueces”. En consecuencia de lo anterior, este Tribunal acogerá los postulados expuestos por la Jurisprudencia Constitucional y desarrollados por el H. Consejo de Estado, razón por la cual se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Bogotá, el veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).

Magistrado Ponente: JOSÉ MARÍA ARMENTA FUENTES

Expediente: No. 2013-00357-01

Demandante: CARMEN ELENA MORENO QUIJANO

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –

Magistrado Ponente: JOSÉ MARÍA ARMENTA FUENTES

Expediente: No. 2013-00357-01

Demandante: CARMEN ELENA MORENO QUIJANO

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –

MUNICIPIO DE SOACHA Controversia: Prima de ServiciosAPELACIÓN DE SENTENCIA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Bogotá, el veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES La parte actora, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el Artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó:

“Que se declare la nulidad del ACTO ADMINISTRATIVO y/o ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA de que trata el Oficio N° SEM 061 de fecha 13de marzo de 2013 y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordene que el MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, reconozca, liquide y pague la PRIMA DE SERVICIOS a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Artículo 115 de la Ley 115 de 1994 y Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Las condenas se harán por las sumas a que asciendan los cálculos aritméticos que determinen el valor equivalente a quince días de

1994 y Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Las condenas se harán por las sumas a que asciendan los cálculos aritméticos que determinen el valor equivalente a quince días de sueldo devengado por el actor durante todo el tiempo de prestación del servicio como docente en el MUNICIPIO DE SOACHA según lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Artículo 115 de la Ley 115 de 1994 y Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Sobre dichos valores deberán efectuarse todos y cada uno de los reajustes a que haya lugar de conformidad con la Ley. Solcito que los conceptos que sean declarados se indexen en la forma establecida en el artículo 187 del C.P.A.C.A.” Como normas violadas señala el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el Decreto Ley 1042 de 1.978 y demás normas aplicables. Relación fáctica El apoderado de la parte demandante sustentó la demanda basándose en los siguientes hechos:

“3.1. Mi poderdante prestó y actualmente presta sus servicios en el MUNICIPIO DE SOACHA. 3.2. El MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA debió reconocer y pagar a la parte actora, de manera oficiosa, la PRIMA DE SERVICIOS a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 115 de 1994 y Ley 812 de 2003. 3.3. El MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA tiene a su cargo

SERVICIOS a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 115 de 1994 y Ley 812 de 2003. 3.3. El MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA tiene a su cargo la obligación -de plazo vencidode reconocer, liquidar y pagar al poderdante, la PRIMA DE SERVICIOS a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 115 de 1994 y Ley 812 de 2003.3.4. Mi poderdante surtió el trámite de AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA (DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR) ante el MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA , conforme a derecho. La Entidad negó el reconocimiento y pago del derecho mediante el Oficio No. SEM 061 de fecha 13 de Marzo de 2013.” La entidad accionada contestó la demanda argumentando que “La demandante solicita el reconocimiento de la prima de servicios, como factor salarial adeudado, bajo una interpretación propia del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la Ley 115 de 1994 y la Ley 812 de 2003, normas que transcribe sin que en ellas se advierta la existencia del derecho y reconocimiento de la prima de servicios. En tal sentido, la normatividad propuesta carece de fundamento

jurídico, en el sentido de no consagrar el derecho que se reclama…” LA SENTENCIA RECURRIDA El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Bogotá, mediante fallo de veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015) , negó las suplicas de la demanda, al considerar que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no crea la prima de servicios, solo indica quien debe continuar pagándola, para quienes ya la venían percibiendo antes de su entrada en vigencia, y no obra prueba en el expediente de que la accionante como docente territorial le hubiese sido reconocida la prima de servicios ni antes ni después de la expedición de la Ley 91 de 1989. De otra parte, tampoco es posible aplicarle el Decreto 1042 de 1978, pues éste la excluye de su aplicación, toda vez que los docentes tienen normas propias y especiales. LA APELACIÓN En su debida oportunidad la parte demandante interpone recurso de apelación en contra de la decisión tomada por el juez de primera instancia, solicitando sea revocada y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, argumentando que no obstante el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, sólo hizo mención a los docentes nacionales y nacionalizados para efectos del pago de la prima de servicios, aun cuando se le denominó prestación, pese a ser un factor de salario como se indicó líneas atrás, es claro que no interesa para efectos de su reconocimiento y pago la distinción entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, dado que todos los docentes gozan del mismo régimen salarial especial. PROBLEMA JURÍDICO Conforme a la relación fáctica y lo pretendido por el recurrente en esta

docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, dado que todos los docentes gozan del mismo régimen salarial especial. PROBLEMA JURÍDICO Conforme a la relación fáctica y lo pretendido por el recurrente en esta contención debe definirse si fue acertada la decisión del A quo, por medio del cual accedió al reconocimiento y pago de la prima de servicios establecida en el Decreto 1042 de 1978 y la Ley 91 de 1989, a la parte actora. CONSIDERACIONES Agotadas las distintas actuaciones propias de la segunda instancia y sin que se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, procede el juzgador colectivo a realizar el estudio de las diversas piezas del expediente y los argumentos del apelante, a la luz de las normas legalespertinentes, para a partir de allí, adoptar la decisión que en derecho y justicia corresponda. Ahora bien, siendo esta la oportunidad para resolver en segunda instancia de fondo el problema jurídico planteado, es pertinente para la Sala realizar un estudio al régimen salarial y prestacional de los docentes, y para ello es necesario remitirse a los antecedentes ubicados en la Ley 5ª de 1978, por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de personal ( Ley que ha perdido vigencia por sustracción de materia, al agotarse el objeto o la finalidad que estaba llamada a cumplir) . Basado en la normatividad señalada el ejecutivo expidió el Decreto 715 de 1978, por medio del cual se fijaron las asignaciones básicas correspondientes a las

materia, al agotarse el objeto o la finalidad que estaba llamada a cumplir) . Basado en la normatividad señalada el ejecutivo expidió el Decreto 715 de 1978, por medio del cual se fijaron las asignaciones básicas correspondientes a las categorías de empleo del magisterio. De otro lado, El Gobierno Nacional mediante las Leyes expedidas por el Congreso de la Republica, que le dieron facultades para modificar la nomenclatura y remuneración de los empleados del Sector público1 y los decretos de asignación salarial de los docentes 2, señalo los factores salariales que debían percibir los educadores sin mencionar la prima de servicio objeto del debate en el asunto de la referencia. Señala la parte accionante que desde el año de 1989 con la expedición de la Ley 91 de 1989, en el parágrafo 2 del artículo 15, se le otorgó la competencia a La Nación como entidad nominadora de continuar cancelando la prima de servicio a partir de la fecha de expedición de la mencionada Ley. Con ocasión a esa afirmación considera la Sala realizar un estudio al contexto del texto de la norma citada, la cual preceptúa: “A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1o de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. 1 Leyes 80 de 1981, 57 de 1982, 52 de 1983, 01 de 1985, 76 de 1986 y 77 de 1988 2 Decretos Nos. 386 de 1980, 329 de 1981, 269 de 1982, 294 de 1983, 456 de 1984, 134 de 1985, 111 de 1986, 1999 de 1987 y 44 de 1989(Subrayado fuera de texto). (…) Parágrafo 2º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989; primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones. (…)”. Del texto trascrito, estima pertinente este Tribunal señalar que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales de los servidores públicos nacionales, al personal docente y no al régimen salarial,

(…)”. Del texto trascrito, estima pertinente este Tribunal señalar que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales de los servidores públicos nacionales, al personal docente y no al régimen salarial, obsérvese que en el numeral primero, inciso segundo el legislador señalo como normas aplicables a los empleados públicos los Decretos 3135 de 1968 3, 1848 de 19694 y 1045 de 19785, los cuales no prevén ningún aspecto relacionado con el régimen salarial, solo hacen mención a las prestaciones sociales de los empleados públicos. Posteriormente, el Legislativo expidió la Ley 60 de 19936, norma que regula el régimen prestacional y salarial del personal docente, la cual en su artículo 6º, consagró: “Artículo 6° administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. (…) El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal, será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen

de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal, será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (…) El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán calidad de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto – 3 Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales” 4 Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968” 5 Decreto 1045 de 1978 “ Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional” 6 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposicionesLey 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con Ley 4ª de 1992. (subrayado fuera de texto). (…)”. De igual forma el artículo 115 de la Ley 115 de 19947, establece en relación al régimen especial de los educadores, lo siguiente:

con Ley 4ª de 1992. (subrayado fuera de texto). (…)”. De igual forma el artículo 115 de la Ley 115 de 19947, establece en relación al régimen especial de los educadores, lo siguiente: “El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores.” En consecuencia de las normas transcritas en precedencia, queda claro para la Sala que tanto la Ley 60 de 1993, como la Ley 115 de 1994, hacen remisión, para los efectos prestacionales, a la Ley 91 de 1989, ley aplicable a los docentes del orden nacional. Finalmente, y dentro del estudió normativo que realiza la Sala, se observa que con la expedición de la Ley 715 de 2001, el Congreso de la República derogó la Ley 60 de 1993 y concedió la facultad al Gobierno Nacional para que expidiera un nuevo régimen de carrera docente que fuera acorde con la distribución de competencias y recursos y que consagrara requisitos de ingreso, salarios y prestaciones sociales propios. Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 20028, reglamentación que en relación a los salarios y prestaciones en su artículo 46 preceptúo:

prestaciones sociales propios. Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 20028, reglamentación que en relación a los salarios y prestaciones en su artículo 46 preceptúo: “El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en o en período de prueba, lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan. (el aparte resaltado fue declarado inexequible por la sentencia C-1169 de 2004). 7 Por la cual se expide la ley general de educación 8 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización DocenteEl salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979.” De la norma citada, se desprende que el nuevo estatuto de profesionalización docente, establece escala para conforme al grado y nivel del escalafón nacional docente, para los educadores estatales, a través de una lista única nacional de salarios, por lo cual, es preciso señalar que no es posible emplear los conceptos propios de los empleados públicos del nivel nacional. Así mismo, se tiene que el Decreto 1042 de 1978, introdujo en sus artículos

única nacional de salarios, por lo cual, es preciso señalar que no es posible emplear los conceptos propios de los empleados públicos del nivel nacional. Así mismo, se tiene que el Decreto 1042 de 1978, introdujo en sus artículos 42 y 58, la prima de servicios como factor salarial y que tal beneficio era aplicable para los empleados que cobijara mencionado decreto, razón por la cual se observa que de conformidad el artículo 1º, tal beneficio solo era consagrado para los “(…) ministerios, departamentos, administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional. (…)”, calidad que no ostentan los ahora accionantes, toda vez que la vinculación de los actores es de carácter departamental (Fl. 47 Numeral 2). Finalmente para la Sala de decisión es necesario señalar que , con el advenimiento de la sentencia C - 402 de 2.013, en la cual se examinó la exequibilidad sobre esa materia frente al Decreto 1042 de 1978, dejó definido que la misma era sólo aplicable a los servidores públicos del orden nacional y no podía ser extensivo tal beneficio a los del orden territorial, ni al personal docente, toda vez que estos tienen su propio régimen salarial, quedando así demostrado que la parte actora no tiene derecho a que el Departamento de Cundinamarca, le reconozca y pague la prima por servicios. De otra parte, el H. Consejo de Estado, en sentencia de Tutela del 26 de febrero de 2015, Radicado No. 11001-03-15-000-2014-02304-01, con Ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño, dispuso: “Ahora bien, resulta del caso precisar que, para la fecha en que se

febrero de 2015, Radicado No. 11001-03-15-000-2014-02304-01, con Ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño, dispuso: “Ahora bien, resulta del caso precisar que, para la fecha en que se profirió la providencias cuestionadas en el ejercicio de la presente acción de tutela, 24 de octubre del 2013 y 15 de julio del 2014, ya se había dictado la sentencia mediante la que la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad parcial del Decreto 1042 de 1978, y, por ende, debieron tener en cuenta la pauta en relación con la interpretación que definitivamente debe darse al aparte contenido en el referido artículo, hecha consistir en la declaratoria de exequibilidad de la expresión “del orden nacional”, por constituir un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada constitucional y al que deben acogerse los jueces”. En consecuencia de lo anterior, este Tribunal acogerá los postulados expuestos por la Jurisprudencia Constitucional y desarrollados por el H. Consejo de Estado, razón por la cual se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Bogotá, el veintisiete (27) de enero de dos milquince (2015), por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Bogotá, el veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Discutido y aprobado como consta en actas.

JOSÉ MARÍA ARMENTA FUENTES

MAGISTRADO

NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES

MAGISTRADO

CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO MAGISTRADA Estas firmas corresponden al expediente 2014-00357-01