TA CUN - 25000-23-15-000-2024-00130-00-(11-03-2024)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN C

SALA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA

Bogotá, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

REFERENCIAS

ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO

ACCIONADO: JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DE L CIRCUITO

DE BOGOTÁ VINCULADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - PGN RADICADO: 250002315000202400130-00

ASUNTO: FALLO PRIMERA INSTANCIA – TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL

====================================

La Sala de Subsección decide en primera instancia la acción de tutela de la referencia interpuesta contra el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, en adelante Juzgado 60.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA ACCIÓN.

Lourdes María Díaz Monsalvo promovió acción de tutela. Persigue la protección de su derecho fundamental al debido proceso , y como consecuencia, se revoque la decisión contenida en la providencia de fecha 23 de noviembre de 2023, por la cual el Juzgado 60 declaró la falta de competencia , se exhorte al Juez a respetar los procedimientos establecidos, procurar la no revictimización y juzgar con perspectiva de género.FALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

falta de competencia , se exhorte al Juez a respetar los procedimientos establecidos, procurar la no revictimización y juzgar con perspectiva de género.FALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[2]

Afirmó que el 30 de marzo de 2023 radicó demanda de reparación directa contra la PGN, que fue repartida al Juzgado 60 –Sección Tercera-, admitida el 25 de mayo de 2023, sin ninguna observación.

El 25 de agosto de 2023, la PGN contestó la demanda de reparación y propuso las excepciones de inepta demanda y de caducidad de la acción.

Luego reformó la demanda para incluir hechos posteriores al retiro de la demanda nte como exfuncionaria de la Procuraduría , que fue admitida el 26 de octubre del mismo año y notificada por estado, sin que haya registro de contestación de esta por parte de la PGN.

Por auto de 23 de noviembre de 2023, el Juzgado 60 declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso a la Oficina de Apoyo para su reparto entre los Juzgados Administrativos de la Sección Segunda para que sea tramitado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Decisión contra la que interpuso recurso de reposición el 30 de noviembre de 2023, que fue negado por impro cedente el 2 de febrero de 2024. E n la misma fecha el proceso fue finalizado en la “Consulta de Procesos”.

I.2. OPOSICIÓN.

por impro cedente el 2 de febrero de 2024. E n la misma fecha el proceso fue finalizado en la “Consulta de Procesos”.

I.2. OPOSICIÓN.

La PGN se opuso a la tutela. Dijo que el Consejo de Estado, a través de la sentencia de 31 de julio de 2012 –Radicado 2009-01328-01–, reiteró la tesis de la mayoría de las secciones sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando estas resulten violatorias de derechos constitucionales fundamentales, relacionados con el debido proceso, derecho a la defensa o con el acceso a la administración de justicia, por ser garantías esenciales de un proceso de tal naturaleza. Adicionalmente, debe cumplir los requisitos generales de procedencia.

Señaló entonces, frente al caso concreto, que la accionante acudió en sede de tutela para reponer una providencia que no puso fin al proceso, que fue expedida sin vulneración a las garantías fundamentales, desconocimiento de normas de rango legal o con falta absoluta de competencia, como si se tratara de otra instancia, sin tener en cuenta que la decisión de remisión del expediente por competencia no fue arbitraria ni caprichosa, por el cont rario, fue estructurada con sólidos criterios jurídicos de respaldo. Una vía de hecho no se configura por el simple desacuerdo con lasFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[3] interpretaciones y conclusiones a las que llegue el juzgador de instancia.

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[3] interpretaciones y conclusiones a las que llegue el juzgador de instancia.

En conclusión, la solicitud de amparo se interpuso para revivir un debate que ya se agotó y obtener una opinión diversa a la que ya emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo; por tanto, solicitó desestimar las pretensiones de la acción constitucional al no evidenciarse una vulneración a los derechos fundamentales que depreca Lourdes María Díaz Montalvo.

El Juzgado 60 guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LO QUE SE DEBATE Y PROBLEMA JURÍDICO.

1.1. Tesis de la Tutelante. Consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso , toda vez que, en el trámite de un proceso ordinario de reparación directa, el Juzgado 60 declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados de la Sección Segunda en el entendido que se trataba de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral; contra tal determinación declaró improcedente el recurso de reposición , en lugar de resolver la excepción previa propuesta por la PGN, como lo ordena el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

1.2. Tesis de la Procuraduría General de la Nación . No se dan los presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial y lo pretendido es revivir un debate que ya se agotó.

1.2. Tesis de la Procuraduría General de la Nación . No se dan los presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial y lo pretendido es revivir un debate que ya se agotó.

1.3. Formulación del pro blema jurídico y tesis general de la Sala. Con base en los antecedentes expuestos, la Sala de Decisión debe resolver el siguiente problema jurídico:

✓ Se dan los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial proferida por el Juzgado 60, que declaró la falta de competencia y ordenó su remisión a otro despacho judicial.

A juicio de la Sala, no se cumple el requisito de procedencia general de relevancia constitucional y, por ende, no hay lugar a estudiar el fondo del asunto.FALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[4]

Ahora bien, con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, se analizará n los siguientes aspectos: i) tutela contra providencia judicial, y ii) el caso concreto.

II.2. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

El artículo 86 de la Constitución Política pregona que la acción de tutela procede por la acción u omisión de cualquier autoridad, condición que también incluye a los jueces, por su función de administrar justicia.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241

condición que también incluye a los jueces, por su función de administrar justicia.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241 Constitucional, profirió la sentencia C -590 de 2005 , que declaró inexequible la expresión “ni acción” que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 , al sostener que no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inheren te a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdi cción en la estructura del poder público, sin que ello se oponga a que en supuestos sumamente excepcionales proceda la acción de tutela contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Bajo este derrotero , la Corte entendió que la acción de tutela solo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad y diferenció entre “requisitos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto”.

En este orden, señaló que los requisitos generales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.FALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[5] d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (Destacado de la Sala)

Pero una vez verificado el cumplimiento integral de los requisitos generales, la procedencia del amparo contra una decisión judicial depende de que la misma haya incurrido en al menos una de las siguientes causales específicas:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido;

que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido;

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales;

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

1. Violación directa de la Constitución.

Tales criterios se han mantenido, dando a la acción de tutela contra decisiones judiciales un carácter eminentemente excepcional. Esto se debe a que el recurso de amparo contra tales determinacionesFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

decisiones judiciales un carácter eminentemente excepcional. Esto se debe a que el recurso de amparo contra tales determinacionesFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[6] implica una tensión entre los derechos fundamentales de la persona y los principios de seguridad jurídica (cosa juzgada) y autonomía judicial, y, por otro lado, la acción de tutela podría implicar que el riesgo de extender el poder del juez de tutela hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en el proceso.

Sin embargo, la Corte precisó que la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas situaciones en que la decisi ón de la a utoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan a una decisión incompatible con la Constituci ón y, ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga relevancia constitucional (SU 573 de 2019).

Es así que en la citada sentencia de unificación , señaló que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela

utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.

Dispuso que un asunto carece de re levancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones a los derechos y deberes constitucionales ; o cuando (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “ que no representen un interés general”.

Por su parte, el Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional se deben tener en cuenta dos presupuestos: i) que el actor cumpla con su carga argumentativa de justificar de manera suficie nte dicha relevancia, sin que baste solamente aducir la vulneración de derechos fundamentales , y ii) que la acción no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el que fue proferida la providencia, dado que este mecanismo especial no está c onstituido para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial1.

1 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial1.

1 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.FALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[7]

II.3. CASO CONCRETO

En el presente asunto y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional, a juicio de la Sala, la presente tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Para la tutelante, el Juzgado 60 vulneró el derecho al debido proceso con las decisiones adoptadas en las providencias calendadas: (i) 23 de noviembre de 2023, que declaró la falta de competencia para conocer de la demanda de reparación directa promovida en contra de la PGN, y ordenó remitir el proceso a la Oficina de Apoyo para su reparto entre los Juzgados Administrativos de la Sección Segunda, y (ii) 2 de febrero de 2024 , que negó por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la demandante.

Sostuvo que la acción constitucional es procedente por cumplir con los requisitos generales y específicos. Además, el juez accionado no motivó la decisión, vulneró la Constitución al no resolver las excepciones propuestas y quitarle arbitrariamente la posibilidad de apelar, desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido en

los requisitos generales y específicos. Además, el juez accionado no motivó la decisión, vulneró la Constitución al no resolver las excepciones propuestas y quitarle arbitrariamente la posibilidad de apelar, desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido en la sentencia de 7 de febrero de 2018 , con el cual explicó que la reparación directa es la vía adecuada, pues los actos de acoso no se concretaron en actos administrativos, y no se cuestiona la legalidad del acto administrativo que admite la renuncia , pues fue solicitada como única opción de protección luego de tantos meses donde soportó incluso amenazas.

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

1. Que se declare vulnerado el derecho fundamental al debido proceso,

2. Se revoque la decisión, de 23 de noviembre de 2023, que declaró la falta de competencia.

3. Se exhorte al Juez a respetar los procedimientos establecidos y procurar la no revictimización, que brinde al proceso todo el trámite correspondiente, aunque ya haya decidido a quién darle razón.

4. Se exhorte al Juez a juzgar con perspectiva de género, pues si bien los hechos de la reparación y el error de lectura aquí se dan como contexto, en el marco de la reparación directa el enfoque de género; asunto fundamental para la materialización de las garantías de un Estado Social de Derecho. El hecho de que, para el Juez, recibir amenazas solamente desdibuje la motivación del acto que admite una renuncia, es alarmante yFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

motivación del acto que admite una renuncia, es alarmante yFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[8] desdibuja los avances jurisprudenciales de abuso psicológico y la lucha contra la violencia de género.

Pues bien, la Sala considera que este caso no es constitucionalmente relevante debido a que versa sobre un asunto estrictamente procesal-legal, pues el debate propuesto supone un error del Juzgado porque era su deber dar trámite a las excepciones propuestas por la contraparte, pero, en su lugar, declaró la falta de competencia con vulneración del principio de la doble instancia, toda vez que no le dio oportunidad para presentar el recurso de apelación , de haber sido declaradas las excepciones propuestas.

Revisado el escrito introductorio, la señora Díaz Monsalvo pretende de esta Sala de Decisión de Tutela realizar un nuevo estudio de los argumentos procesales contenidos en la providencia dictada el 23 de noviembre de 2023 por el Juzgado 60 en el proceso ordinario de reparación directa ; es decir, solicita un análisis de las razones inferidas por el juez contencioso, con las cuales concluyó que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral , situación que c omportaría reabrir el debate ya estudiado y en consecuencia una instancia adicional a la del proceso ordinario.

Lo anterior resulta evidente con tan solo revisar el fundamento de la accionante tanto en el recurso de reposición presentado contra la

debate ya estudiado y en consecuencia una instancia adicional a la del proceso ordinario.

Lo anterior resulta evidente con tan solo revisar el fundamento de la accionante tanto en el recurso de reposición presentado contra la anterior providencia como el que ahora trae para sustentar el amparo constitucional, al hacer afirmaciones subjetivas e involucrarlas con el sentido de la providencia proferida, que ahora pretende se a revocada. Se reitera que , por regla general, esta acción constitucional no fue concebida para examinar las razones jurídico procesales por las cuales un juez ordinario adoptó una decisión o medida en el marco de un proceso judicial.

No obstante, no está por demás referir que cuando se reparta el expediente a un juzgado perteneciente a la Sección Segunda, será este quien defina si, en efecto, considera que la demanda es susceptible de tramitar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácte r laboral o , corresponde a una reparación directa y en ese escenario proponga un conflicto negativo de competencia, que permitirá en esa instancia revisar las pretensiones de la demanda y demás argumentos que se requieran para resolver a quién debe atribuírsele la competencia. Instancia en la que podrá, de ser el caso, incorporarse la perspectiva o enfoque de género. Significa que el caso está activo en la Rama Judicial y se adelanta de conformidad con las normas procesales, dentro de ellasFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[9]

AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[9] el trámite para definir el Despacho competente para asumirlo , circunstancia que reafirma la improcedencia de la acción de tutela.

Por otro lado, no se avizora que la decisión del juez vaya en contra del principio de la doble instancia, pues, si bien antes de entrar en vigencia la Ley 2080 de 2021 , el auto que decidía sobre las excepciones previas era apelable (numeral 6º del artículo 180), hoy solo es pasible del recurso de reposición conforme el artículo 242 del CPACA, que si bien se adujo por la tutelante fue declarado improcedente mediante providencia del 2 de febrero de 2024, no se pudo conocer en esta instancia toda vez que no fue aportada por la interesada y tampoco se tuvo acceso por el aplicativo SAMAI por haber sido registrada como “clasificada”.

En conclusión, el presente mecanismo constitucional será declarado improcedente por cuanto no reviste relevancia constitucional , aunado a que, aún queda otro medio idóneo para revisar la decisión, que, si bien no está en manos de la accionante, de resultar tan evidente como se plantea, será el superior funcional del juez contencioso el que lo defina , dentro del p rocedimiento e instancia prevista para ello en el inciso cuarto del artículo 158 del CPACA.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- Reconocer personería al profesional del Derecho Carlos Yamid Mustafá Durán, identificado con cédula de ciudadanía 13.511.867 de Bucaramanga y T.P. 123.757 del C.S. de la J., para representar a la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO.– Notificar a los interesados por el medio más expedito.

CUARTO.– De no ser impugnada la presente providencia remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en losFALLO 1ª INSTANCIA AT 250002315000202400130-00

LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO Vs. JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

[10] términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Para lo cual, la Secretaría del Tribunal deberá atender los lineamientos del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, “Por medio del cual se regula la remisión de expedientes de tutela a la Corte Constitucional para el trámite de su eventual revisión”.

El proyecto de esta providencia fue aprobado en Sala Virtual de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

a la Corte Constitucional para el trámite de su eventual revisión”.

El proyecto de esta providencia fue aprobado en Sala Virtual de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

(Firmado electrónicamente en SAMAI)

FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA

(firmado electrónicamente en SAMAI)

LUIS NORBERTO CERMEÑO

(firmado electrónicamente en SAMAI)

ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

Rocío