TA CUN - 25000-23-41-000-2017-01928-00-(21-10-2021)

MEDIO DE CONTROL – Protección de los derechos e intereses colectivos / LA SALUBRIDAD Y LA SEGURIDAD PÚBLICAS – Como derechos colectivos protegidos / EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA – Protección de este interés colectivo / EL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA – En su dimensión de derecho colectivo / LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS – Prerrogativas de los consumidores y usuarios / VACUNA CONTRA EL PAPILOMA HUMANO – Inclusión en el PAI / ACCIÓN POPULAR – Improcedente para proteger derechos subjetivos Problema jurídico: “Determinar si los derechos colectivos a la salubridad pública, acceso a servicios públicos, su prestación eficiente y oportuna y el dere cho de los consumidores y/o usuarios fueron por vulnerados o amenazados por el Ministerio de Salud y Protección Social al permitir la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano como quiera que según los demandantes, generó diversas reacciones y afectó la vida y la salud de las menores de edad que recibieron el compuesto. Ahora bien, previo a resolver el anterior problema jurídico deben abordarse los siguientes problemas asociados: i) Si la vulneración de los derechos arriba señalados está acreditada en las pruebas allegadas al proceso, o por el contrario no existe material probatorio que permita concluir que la entidad llamada a este juicio popular hubiese amenazado o generado algún tipo de menoscabo en contra de tales intereses ii) Si los derechos colectivos arriba señalados son vulnerados por la entidad demandada al

llamada a este juicio popular hubiese amenazado o generado algún tipo de menoscabo en contra de tales intereses ii) Si los derechos colectivos arriba señalados son vulnerados por la entidad demandada al incluir en el Plan Nacional de Vacunación la vacuna en contra del Virus del Papiloma Humano o por el contrario dicha acción tuvo como propósito beneficiar a la población femenina y disminuir las probabilidades de cáncer de cuello uterino, con ocasión a la normativa nacional e internacional y la orden de un fallo judicial. iii) Si los derechos colectivos arriba señalados son vulnerados pues no se ha garantizado la prestación de los servicios de salud y tratamiento integral a las menores quienes sufrieron de un evento adverso con posterioridad a la aplicación de la vacuna, o por el contario, dicho daño no existe por cuanto existe un protocolo para la atención de los ESAVI re portados por las mismas instituciones prestadoras de salud.”.

Tesis: “(…) 3.4.1.1. La salubridad y la seguridad públicas como derecho colectivo protegido (…) Es decir, la seguridad y la salubridad pública hacen referencia a las condiciones que se requieren para prevenir que se ocasione un daño a la vida, integridad y otros bienes superiores , mientras que la tranquilidad se refiere a la convivencia y ambiente ne cesario para las actividades cotidianas en sociedad, y aun cuando ambos hacen parte de la noción clásica de orden público, lo cierto es que lo que se protege como derecho colectivo en las acciones populares es la seguridad y la salubridad pública y no la tranquilidad como parte del orden público. 3.4.1.2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (…) Por su parte el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo respecto a este interés colectivo

3.4.1.2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (…) Por su parte el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo respecto a este interés colectivo y la manera en que el juez popular podría ordenar su protección, se ha pronunciado en los siguientes términos: “(…)La vulneración de este derecho colectivo entonces se manifiesta cuando se lesione el interés subjetivo de la comunidad a que le presten servicios públicos de manera eficiente y oportuna. Para ello se hace necesario una acción o una omisión frente al requerimiento de la comunidad de convertirse en usuaria del respectivo servicio; también acciones precisas pueden atentar contra los atributos de eficie ncia y oportunidad que deben caracterizar a los servicios públicos. Para evitar efectivas lesiones a este derecho o interés colectivo, el juez de la acción popular ordenará prestar el servicio determinado a quienes detenten esta expectativa, o impondrá al gunas medidas o requerimientos que redunden en eficiencia y oportunidad y consecuentemente en un mejor estado de cosas para los usuarios” (…) 3.4.1.3. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública (…) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, en su dimensión de derecho colectivo, ha sido consagrado en el literal h) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y en palabras del Consejo de Estado, hace referencia a que el conglomerado social tenga la posibilidad de acudir a instalaciones, edificaciones, organizaciones que gestionen la salud y la salubridad pública, es decir que las promuevan o que colaboren con la prevención de enfermedades o epidemias que generen un riesgo para la sanidad. (…)

de acudir a instalaciones, edificaciones, organizaciones que gestionen la salud y la salubridad pública, es decir que las promuevan o que colaboren con la prevención de enfermedades o epidemias que generen un riesgo para la sanidad. (…) 3.4.1.4. Los derechos de los consumidores y usuarios. (…) En desarrollo de lo anterior el legislador a través de la Ley 1480 de 2011 estableció el Estatuto del Consumidor, cuerpo normativo según el cual, los consumidores y usuarios tienen, entre otras, las siguientes prerrogativas: i) derecho a recibir productos de calidad, esto es, recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado; ii) derecho a la seguridad e indemnidad , es decir que productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores; iii) derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos; iv) derecho a recibir protección contra la publ icidad engañosa; v) derecho a reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado, vii)

oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado, vii) derecho de elegir libremente los bienes y servicios que requieran los consumidores, viii) Derecho a organizarse y asociarse para proteger sus derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen, así como a obtener respuesta a sus peticiones. Por ende, el desconocimiento de dichas garantías por parte del proveedor de un producto o servicio desencadenaría en una vulneración al interés colectivo contenido en el literal n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y por ende la prosperidad de un juicio popular.(…) En resumen, con estos medios se acredita lo siguiente: i) Que la vacuna del Virus del Papiloma Humano fue incluida en el programa de Programa Ampliado de Vacunación, no por capricho del Ministerio de Salud y Protección Social, sino por recomendación de diversos Organismos Internacionales, como una estrategia segu ra y costo efectiva para la reducción del cáncer de cuello uterino, además de la directriz emitida por el Honorable Consejo de Estado a través de la cual ordenó que dicha actividad de prevención debía ser prestada gratuitamente. ii) El compuesto administ rado a la población femenina, contrario a lo afirmado por el actor popular, fue el denominado GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6. 11. 16. 18, con Registro Sanitario No. INVIMA 2006M-0006714

popular, fue el denominado GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6. 11. 16. 18, con Registro Sanitario No. INVIMA 2006M-0006714 con titular MERCK & CO. INC. , decis ión que fue adoptada por el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones CNPI por mayoría de votos, luego de analizar la evidencia científica de sus beneficios para la salubridad pública, el estudio de costo efectividad elaborado por la Universidad Nacional de Colombia iii) La Nación, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, emitió los lineamientos del programa de vacunación, en los cuales específica, la población objeto del programa, la periodicidad de las dosis, las estrategias para cumpl ir el propósito, las responsabilidades de los entes participantes y lo correspondiente a la notificación y manejo de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización. iv) Desde el momento de la inclusión de la vacuna del Virus del Papiloma Humano al PAI existe un protocolo para la atención de los posibles eventos adversos que pudiesen ser generados por la aplicación del compuesto, que incluye, la notificación del caso, la atención a través de los profesionales de la salud de las IPS, el an álisis de los exámenes ordenados y la historia clínica y finalmente su clasificación. v) De los 1277 casos reportados ante el Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILArelacionados ante el Evento Supuestamente Atribuirle a Vacunación e Inmunizació n ESAVI con la Vacuna contra el VPH, todos han sido estudiados y clasificados y de aquellos que han sido llevados al COMITÉ NACIONAL DE PRÁCTICAS EN INMUNIZACIONES

ESAVI con la Vacuna contra el VPH, todos han sido estudiados y clasificados y de aquellos que han sido llevados al COMITÉ NACIONAL DE PRÁCTICAS EN INMUNIZACIONES (CNPI), fueron determinados como COINCIDENTES pero NO RELACIONADOS CON LA VACUNA, por lo que no existe evidencia que acredite que el compuesto aplicado a la población infantil femenina cause un deterioro a su salud. vi) Contrario a lo enervado por el actor popular en las pretensiones y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sustentó sus peticiones, las entidades territoriales (municipios y departamentos), el Ministerio de Salud y Protección Social, las Insti tuciones Prestadores de Salud, las Empresas Promotoras de Salud, el Instituto Nacional de Salud, intervienen en el protocolo establecido para los Eventos Supuestamente Atribuirle a Vacunación e Inmunización ESAVI con la Vacuna contra el VPH , sin que se hay a acreditado al interior del proceso que no se garantiza la prestación del servicio de salud a las menores que han manifestado padecer algún evento adverso. Así las cosas, la Sala evidencia que no le asiste la razón a la parte demandante en cuanto a la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad y la seguridad públicos, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, no solo por cuanto el actor popular no aportó ningún medio probatorio que permitiera dilucidar que la aplicación de la vacuna contra el VPH amenazaba o vulneraba dichos intereses, toda vez que la existencia de los ESAVI, no es suficiente para

medio probatorio que permitiera dilucidar que la aplicación de la vacuna contra el VPH amenazaba o vulneraba dichos intereses, toda vez que la existencia de los ESAVI, no es suficiente para llegar a tal conclusión, máxime cuando el reporte de padecimientos como induración, dolor local,reducción en el uso del brazo, reacciones sistémicas, son los esperados y previsibles, y que de ninguna manera ponen en riesgo la salud de las mujeres y niños y los casos graves -que incluyen los decesos enunciados en el libelo -, que han sido puestos en conocimiento de las autoridades, fueron clasificados por el mismo Instituto Nacional de Salud y el Comité Nacional de Inmunización, como coincidentes NO relacionados a la vacuna , es deci r que no guardan relación de causalidad alguna con la inoculación de la vacuna sino que coincidieron en su aplicación pero que no fue con ocasión de ella que se generaron las afectaciones, por el contrario, el Ministerio de Salud y la Protección Social acreditó con las documentales anexadas junto con la contestación del libelo, que la inclusión de dicho compuesto al Programa de Vacunación con el propósito de disminuir las tasas de contagio de una enfermedad de alto costo y peligrosidad que afecta de manera grave a la población femenina, es decir en pro y defensa de la salubridad pública. (…) Para ello es menester recordar que un derecho colectivo implica que se comprometan los derechos de la comunidad, en donde el radio de acción traspasa la esfera de lo individual o subjetivo, dentro de los cuales se encuentran los que comprenden intereses difusos, que son aquellos que unen a unos interesados indeterminados, por una misma situación de facto (como por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, la seguridad y salubridad pública), los cuales se caracterizan por recaer

unos interesados indeterminados, por una misma situación de facto (como por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, la seguridad y salubridad pública), los cuales se caracterizan por recaer sobre sujetos indeterminados o indeterminables, pero que hacen parte de un grupo que se relaciona entre sí por un factor común; intereses individuales homogéneos , que existen entre determinados interesados derivados de una misma situación de facto, (como por ejemplo derechos de los consumidores y los usuarios), pero que también pertenecen a cada sujeto de forma individual, es decir, su reclamación o afectación puede ser solicitada por sí mismo, o por el grupo o colectividad que sufre esas trasgresiones; y los intereses colectivos en sentido estricto, que son aquellos que surgen a partir de una misma relación jurídica (como los derechos de las comunidades) y que además se pueden determinar los suje tos que se encuentran unidos en esa relación. De este modo, los derechos colectivos no pretenden la supremacía de intereses subjetivos, ni persiguen una reparación, y por ello son considerados como tales si no vulneran la Constitución ni van en contra de la finalidad pública o colectiva que se predica de estos, es decir, buscan proteger la comunidad en su conjunto y no los derechos e intereses particulares de algunos cuantos. (…) En ese orden de ideas, si bien en la demanda el actor popular señaló que esta tenía como propósito la salvaguarda de los derechos colectivos a la salubridad y la seguridad públicos, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad p ública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios, sustentó el medio de control en la afirmación genérica que no se había

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios, sustentó el medio de control en la afirmación genérica que no se había prestado servicio de salud a las menores y que a demás, a su juicio, no se requería acreditar el nexo de causalidad entre la aplicación de las vacunas y el daño, para reclamar una indemnización, reconociendo entonces que su objetivo no es otro que la protección de prerrogativas subjetivas considera lesionadas por el Ministerio de Protección Social. En virtud de ello, teniendo en cuenta que los intereses cuya salvaguarda se reclama no tienen la naturaleza de colectivos, pues aun cuando el actor popular asegure que son diversas menores de edad a quienes se les causó daño y que por ende tienen derecho a la cancelación de unos perjuicios, su titularidad es subjetiva e individual y no difusa , por ende, la acción popular definitivamente no es la procedente para lograr ese cometido, por lo que se advierte al act or popular que en caso de conocer un caso en específico en el cual se hubiese negado la prestación del servicio de salud, o la demora en la entrega de medicamentos, y relacionados interponga lacorrespondiente acción de tutela o de reparación directa, cuyo propósito es precisamente la protección de las garantías fundamentales, como lo es derecho a la salud, el de la primera y la petición de perjuicios materiales e inmateriales, el de la segunda. (…) En conclusión, los actores populares no demostraron la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad y la seguridad públicos, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios, toda vez que:

la salubridad y la seguridad públicos, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios, toda vez que: i) La inclusión de la vacuna del Virus del Papiloma Humano en el PAI obedeció no solo a una orden emitida por el Honorable Consejo de Estado, a través de un fallo popular, sino a una estrategia costo efecti va adoptada por el Ministerio de Salud y Protección a fin de evitar la propagación y contagio del cáncer de cuello uterino, que afecta a la población femenina. Por lo que dicha actividad de prevención no puede ser considerada como una violación a los derechos colectivos sino todo lo contrario, fue emprendida para su protección y garantía. ii) No se acreditó que el compuesto aplicado a las menores de edad les hubiere causado algún deterioro a su salud o integridad, pues los ESAVI reportados, o se identificaron como leves y esperados o clasificados como coincidentes y no relacionados. iii) Desde el momento de la inclusión de la vacuna del Virus del Papiloma Human o, existe un protocolo para el manejo de los ESAVI, su notificación y clasificación, en el cual intervienen el ente Ministerial, el Instituto Nacional de Salud, los entes territoriales y el Comité de Inmunizaciones. iv) No se acreditó la obligatoriedad de la firma del consentimiento informado por parte de las menores o sus padres para la vacunación en contra del Virus del Papiloma Humano. (…)” Nota de relatoría: 1) Frente a la legitimación, consultar providencia del Consejo de Estado del 30

menores o sus padres para la vacunación en contra del Virus del Papiloma Humano. (…)” Nota de relatoría: 1) Frente a la legitimación, consultar providencia del Consejo de Estado del 30 de enero de 2013, Exp. 25000 -23-26-000-2010-00395-01 (42610), C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth. 2) Frente al concepto de seguridad y salubridad públicas, consultar sentencia del Consejo de Estado del 15 de julio de 2004, Exp. AP 1834, C.P. Dr. German Rodríguez Villamizar. 3) Frente al derecho de acceso a los servicios públicos y la manera en que el juez popular podría ordenar su protección, así como frente al alcance del derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública , consultar sentencia del Consejo de Estado del 19 de abril de 2007, Exp. 54001 -23-31-000-2003-00266-01 (AP), C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 4) Frente a la salubridad públic a y su conexidad con la infraestructura, consultar sentencia del Consejo de Estado del 14 de noviembre de 2002, Exp. AP-533, C.P. Dra. Ligia López Díaz. 5) Frente a los derechos de los consumidores y usuarios como derechos colectivos, consultar sentencias de la Corte Constitucional C-1141 de 2000, C-749 de 2009 y C-909 de 2012. 6) Frente a la carga de la prueba en la acción popular, consultar sentencias del Consejo de Estado del 30 de junio de 2011, Exp. 50001-23-31-000-2004-00640-01, y del 22 de agosto de 2013, Exp. 25000a la carga de la prueba en la acción popular, consultar sentencias del Consejo de Estado del 30 de junio de 2011, Exp. 50001-23-31-000-2004-00640-01, y del 22 de agosto de 2013, Exp. 2500023-24-000-2010-00-779-01 (AP), C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 7) Frente a los derechos subjetivos y su protección mediante tutela, consultar sentencia del Consejo de Estado del 14 de septiembre de 2001, Exp. 25000-23-25-000-2001-0321-01, C.P. Dra. Ligia López Díaz. 8) Frente al alcance de la acción popular, consultar sentencias de la Corte Constitucio nal SU-067 de 1993, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz y del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2001, Exp. 2500023-24-000-1999-0033-01 (ap-125), C.P. Dra. María Elena Giraldo GómezLos presupuestos sustanciales que se deben verificar para la prosperidad de la Acción Popular, consultar sentencias del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2006, Exp. 15001-23-31-000-200303879-01 (AP), C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 16 de febrero de 2017, Exp. 11001 3336035 20130049001, y del 13 de agosto de 2015, Exp.: 2008-00038-01, M.P. Dr. Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. 2) Frente al alcance del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos

de 2015, Exp.: 2008-00038-01, M.P. Dr. Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. 2) Frente al alcance del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consultar sentencia del Consejo de Estado del 7 de abril de 2011, Exp. 63001-23-31-000-2004-00688-01 (AP), C.P. Marco Antonio Velilla. 3) Frente a que la actividad constructora y de enajenación de viviendas, se encuentra sujeta a riguroso control, inspección y vigilancia, particularmente por los derechos que son connaturales e interdependientes de la vivienda digna, tales como la vida, integridad físic a, seguridad personal, salud y propiedad, consultar sentencias del Consejo de Estado del 14 de febrero de 2002, Exp. 25000-23-24-0001999-0004-01, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 1 de junio de 2017, Exp. 25000-23-25-000-2005-02118-00, M.P. Dr. Felipe Alirio Solarte Maya, del 18 de octubre de 2016, Exp. 25000 -23-15-000-2002-03046-02, M.P. Dr. Fredy Ibarra Martínez, del 24 de mayo de 2018 y Exp. 25000 -23-15-000-2004-01050-00, M.P. Dr. - Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

Ibarra Martínez, del 24 de mayo de 2018 y Exp. 25000 -23-15-000-2004-01050-00, M.P. Dr. - Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

Fuente formal: Ley 472/1998 artículos 16, 15, 12, 4, 30, 2; CPACA artículo 152;CN artículos 88, 2, 365, 78; CST artículo 430; Ley 1480/2011; Acuerdo 117/1998 artículo 5TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN B

SENTENCIA Nº2021-10-192 AP

Bogotá, D.C., Veintiuno (21) de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN: 250002341000 2017 001928 00

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: CARLOS MARIO DÁVILA SUÁREZ Y OTRO

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD

TEMAS: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAACCESO A

LA INFR AESTRUCTURA QUE GARANTICE LA

SALUBRIDAD PÚBLICA – VACUNA DEL VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANA

ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Vista la constancia Secretarial que antecede, procede la Sala a pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, señalando previamente que se ha efectuado el control de legalidad y no se observa causal de nulidad que invalide

Vista la constancia Secretarial que antecede, procede la Sala a pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, señalando previamente que se ha efectuado el control de legalidad y no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, así mismo que la decisión se adoptará teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Resumen de la demanda (Fls. 1 a 21 CP):

Alejandro Acosta Gutiérrez y Carlos Mario Dávila Suarez , en nombre propio, interponen acción popular en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección, con el fin de amparar los derechos colectivos a la salubridad y laExp. 250002341000 2017 001928 00

Demandante: Carlos Mario Dávila Suárez y Otro

Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social

Acción Popular

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seguridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios, con el objeto de que se proteja a las menores de edad a quienes les administraron la vacuna del Virus del Papiloma Humano – VPH, como quiera que se desarrollaron efectos secundarios y enfermedades que no han sido debidamente atendidas ni se han adoptado medidas fuertes ni de protección en favor de las afectadas y por el contrario se sigue causando un perjuicio irremediable a su salud.

Como hechos relevantes expone en la demanda:

1. El Congreso de Colombia, por iniciativa del Gobierno Nacional – Ministerio

contrario se sigue causando un perjuicio irremediable a su salud.

Como hechos relevantes expone en la demanda:

1. El Congreso de Colombia, por iniciativa del Gobierno Nacional – Ministerio de Saludexpidió la Ley 1626 de 2013, por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a la población colombiana objeto de la misma.

2. Desde el año 2013 hasta la fecha de la radicación del medio de control la entidad demandada ha aplicado las vacunas Gardasil y Cervarix a menores de edad.

3. A la aplicación de la segunda dosis de la mencionada vacuna , como desarrollo de la política pública creada por la Ley 1626 de 2013, las menores de edad que con anterioridad a este evento gozaban de buen estado de salud y que recibieron el compuesto, desarrollaron paraplejia, sincopes, lupus, entre otras enfermedades, que h an ocasionado incluso la muerte y un daño irreversible a la salud.

4. En Carmen de Bolívar han sido más de 3000 las niñas vacunadas, sin consentimiento informado por parte de sus representantes legales.

5. Hasta el momento no se están adoptando medidas fuertes en favor de las afectadas, ni está cumpliendo con su debe r de proteger especialmente a quienes por su condición económica se encuentran en debilidad manifiesta.

Como pretensiones solicitaron: Primero: DECLARAR que el Ministerio de Salud y Protección Social ha vulnerado los derechos colectivos enunciados en el acápite respectivo por el hecho de haber suministrado y estar suministrando la vacuna contra el VPH a las menores de edad afectadas en el país.

Segundo: Ordenar a la entidad accionada adoptar las medidas necesarias de

suministrado y estar suministrando la vacuna contra el VPH a las menores de edad afectadas en el país.

Segundo: Ordenar a la entidad accionada adoptar las medidas necesarias de atención inmediata e integral en salud a las menores afectadas por la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (en adelante VPH), nombrando un grupo deExp. 250002341000 2017 001928 00

Demandante: Carlos Mario Dávila Suárez y Otro

Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social

Acción Popular

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expertos médicos especialistas en inmunología e infectología, a fin de que puedan dar un diagnóstico adecuado sobre las enfermedades colaterales producidas por los efectos de dicha vacuna.

Tercero: Ordenar a la entidad demandada , suministrar oportunamente de tratamientos médicos, farmacológicos, terapé utico, exámenes de laboratorio incluidos y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que permitan establecer las causas de las enfermedades que afectan a las menores de edad con ocasión de la aplicación de la vacuna del VPH.

Cuarto: Ordenar a la entidad demandada establecer una política de salud pública para la creación de un grupo de análisis de los eventos adversos de la vacuna contra el VPH.

Quinto: Ordenar a la entidad demandada, c esar la administración de la vacuna contra el VPH a las niñas colombianas toda vez que se ha demostrado que tiene efectos adversos en la salud de las menores a las que se les aplica.

Como sustento a sus pretensiones, refiere únicamente que: “ (…) No es necesario probar que hay un nexo causal entre la vacuna y los daños y efectos colaterales

efectos adversos en la salud de las menores a las que se les aplica. Como sustento a sus pretensiones, refiere únicamente que: “ (…) No es necesario probar que hay un nexo causal entre la vacuna y los daños y efectos colaterales causados por la misma en las niñas a las que se la aplicaron, solamente con una serie de indicios se puede acceder a la indemnización y al respectivo tratamiento. Teniendo en cuenta que en Colombia no se habla de uno o dos casos, sino que son miles, se hace menester, por parte del Ministerio tomar las medidas aquí solicitadas para evitar un daño mayor” 1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Ministerio de Salud y Protección Social (Fls. 72 a 107):

La entidad manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda y planteó como excepciones la improcedencia de la acción , como quiera que el actor popular no probó que la entidad demandada hubiera vulnerado o amenazado los intereses colectivos señalados en el libelo y la inexistencia del daño contingente, peligro, amenaza o agravio respecto de los derechos invocados, por cuanto las acciones desplegadas por el ente Ministerial siempre han tenido como propósito la protección de la infancia femenina y evitar el desarrollo del cáncer uterino con el suministro de la vacuna contra el Virus