TA CUN - 25000-23-41-000-2020-00580-00-(24-09-2020)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

-SECCIÓN PRIMERA-

-SUBSECCIÓN ³Á-

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO

Expediente No.: 25000-23-41-000-2020-00580-00

Solicitante: VIRGILIO ALFONSO SEQUEDA MARTÍNEZ

Entidad: JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ _____________________________________________________________

RECURSO DE INSISTENCIA

ASUNTO: FALLO

Resuelve la Sala el recurso de insistencia invocado por el señor Virgilio Alfonso Sequeda Martínez, enviado por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

Mediante petición remitida vía correo electrónico el día diecisiete (17) de agosto de 2020, el señor Virgilio Alfonso Sequeda Martínez le solicitó al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., la información que se indicará más adelante.

La Secretaria del Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante correo electrónico remitido al peticionario el díaEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez

de Bogotá D.C., mediante correo electrónico remitido al peticionario el díaEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

2 primero (1º) de septiembre de 2020 , dio respuesta a la petición frente a la cual, ese mismo día, el peticionario presentó recurso de insistencia, tal como se indicará en el caso concreto.

Mediante correo electrónico remitido el ocho (8) de septiembre de 2020, la Secretaria del Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., remitió el recurso de insistencia presentado por el peticionario de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de Insistencia elevado por el señor Virgilio Alfonso Sequeda Martínez de conformidad con el numeral 7º del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

1.1. Disposiciones Constitucionales:

ƒ El artículo 15, establece:

³TodaV laV peUVona Wiene deUecho a VX inWimidad peUVonal \ familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos y datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la liberad y demás garantías consagradas en la Constitución.

ƒ El artículo 23, consagra:

³Toda peUVona Wiene deUecho a pUeVenWaU peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicioEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

3 ante organizaciones privadas para garantizar los derech os fXndamenWaleV (Negrillas fuera de texto).

ƒ El artículo 74, dispone: ³Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El SecUeWo pUofeVional eV inYiolablé (Negrillas fuera de texto).

1.2. Disposiciones legales.

ƒ La Ley 57 de 1985 ³PoU la cXal Ve oUdena la pXblicidad de los actos y docXmenWoV oficialeV, preceptúa:

³AUWtcXlo 12. Información especial y particular. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos

³AUWtcXlo 12. Información especial y particular. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constituci ón o la le\, o no hagan Uelaciyn a la defenVa o VegXUidad nacional

³Artículo 20. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones.

Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este aUWtcXló

x Del recurso de Insistencia ± Ley 1755 de 2015

El Capítulo II de la Le\ 1755 de 2015 ³ Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativó, diVSone:

Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de

expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a losEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00

Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

4 estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización d e la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos.

Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o p or personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos

documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras p iezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.

Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual deci dirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrump irá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las re ciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto e n atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar cr iterios

oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto e n atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar cr iterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.EXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00

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Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Las disposiciones previamente citadas deben tenerse en cuenta para resolver el presente asunto, en tanto que el recurso de insistencia fue interpuesto por el señor Virgilio Alfonso Sequeda Martínez en vigencia de ley 1755 de 20151, y fue solicitado ante la negativa de entregar la información por parte del Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.; Despacho que remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el recurso de insistencia para que decida sobre la denegación de la información.

1.3. Derecho de acceso a documentos públicos

El derecho de acceso a los documentos públicos, no es absoluto ni ilimitado, pues los funcionarios están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta pueda atentar contra secretos protegidos por la Constitución o la Ley; los concernientes a la defensa y seguridad nacional, y aquellos cuyo contenido vulnere el derecho a la intimidad.

documentos cuya consulta pueda atentar contra secretos protegidos por la Constitución o la Ley; los concernientes a la defensa y seguridad nacional, y aquellos cuyo contenido vulnere el derecho a la intimidad.

Desde la sentencia del 14 de julio de 1992, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón, la Corte Constitucional ha precisado:

³A. El acceso a los documentos públicos, un derecho fundamental

Los hechos materia de decisión en este caso giran en torno al alcance del artículo 74 de la Constitución Nacional, el cual consagra el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo en los casos que establezca la ley. Por ello es importante analizar, en primer lugar el contenido material del término "documento público" para efectos de aplicar dicha norma.

Desde el punto de vista del procedimiento, el documento es básicamente un medio de prueba. El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías,

1 Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.(30 de junio de 2015)EXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

6 talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Pueden ser públicos o privados.

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Pueden ser públicos o privados.

El documento público, de acuerdo con la definición del mismo Código, es aquél otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Se denomina INSTRUMENTO PÚBLICO cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario; se denomina ESCRITURA PUBLICA cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. El documento privado es, por exclusión, todo el que no reúna los requisitos para ser público.

Se concluye entonces que desde y para la perspectiva procesal, el término "documento público" se define de acuerdo a la persona que lo produce (funcionario público), y será público en la medida en que se produzca con las formalidades legales. Tiene, por supuesto, un mayor valor probatorio que el documento privado. Es, por tanto, una perspectiva orgánica: el carácter público del documento lo determina la persona u órgano donde se origina. El ámbito de producci ón del documento -sujeto productor y calidad del mismoes lo que define y determina, en últimas, su naturaleza pública.

Por su parte, el Derecho Administrativo amplía el contenido del término. Para el Código Contencioso Administrativo, por ejemplo, el derecho de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, hace parte del derecho constitucional de petición. El concepto de documento público se desarrolla, pues, alred edor, ya no de la persona que lo produce (funcionario público) sino de

de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, hace parte del derecho constitucional de petición. El concepto de documento público se desarrolla, pues, alred edor, ya no de la persona que lo produce (funcionario público) sino de la dependencia que lo posee, produce o controla. En realidad, las normas de derecho administrativo no definen el término "documento público". Se ocupan primordialmente de regular el acceso de los ciudadanos a esos documentos oficiales y, si bien admiten que algunos puedan ser reservados, procura qu e esta circunstancia sea excepcional. El énfasis es en su utilidad, no en su origen; en el organismo que lo produce o posee en ra zón a sus funciones o servicios, no en la calidad del funcionario que lo genera. En el marco del derecho administrativo, lo que cuenta no es tanto definir el concepto de documento público, sino regular el acceso de los ciudadanos a él, para garantizar su efectividad.

(«)PoU ~lWimo, la Le\ 57 de 1985, regula la publicidad de los actos y documentos oficiales, pero no define "documento público". Sin embargo, una interpretación sistemática de la misma ley permite concluir que para ella, documento público es todo documento que repose en las oficinas públicas, entendiendo por éstas las que expresamente están enumeradas en su propio texto.

Por supuesto, ella misma contempla algunos casos en los que esos documentos, a pesar de reposar en las oficinas públicas, estánEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

7 sometidos a reserva, condición ésta que nunca podrá existir por más

Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

7 sometidos a reserva, condición ésta que nunca podrá existir por más de treinta años. En otras palabras, esta ley define el concepto de acuerdo al lugar donde se encuentre el documento, pues, su ubicación más que su producción o contenido es lo que determina el carácter público del documento.

Puesto que en los términos del artículo 74 de la Carta la noción de documento público no se circunscribe, como se ve, al concepto restringido que consagre cualquiera de las ram as del ordenamiento y, de consiguiente, no cuenta tanto el carácter del sujeto o entidad que lo produce o la forma misma de su producción sino el hecho objetivo de que no contenga datos que por expresa disposición de la ley deban ser mantenidos en reserva, la noción cobija, por ejemplo, expedientes, informe s, estudios, cuentas, estadísticas, directivas, instrucciones , circulares, notas y respuestas provenientes de entidades públicas acerca de la interpretación del derecho o descripción de procedimientos administrativos, pareceres u opiniones, previsiones y decisiones que revistan forma escrita, registros sonoros o visuales, bancos de datos no personales, etc.

A lo anterior, se agrega el acceso a otros documentos cuyo carácter de públicos está determinado por la conducta manifiesta de sus titulares o por la costumbre, sin que sea requisito indispensable la presencia o consentimiento de la administración pública. Siempre, eso sí, que no sea contra la ley o derecho ajeno . (NegUillaV no originales)

Como control de la gestión pública, la Corte Constitucional manifestó en

presencia o consentimiento de la administración pública. Siempre, eso sí, que no sea contra la ley o derecho ajeno . (NegUillaV no originales)

Como control de la gestión pública, la Corte Constitucional manifestó en sentencia C-872 de septiembre 30 de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, lo siguiente:

³El foUWalecimienWo de Xna democUacia conVWiWXcional gXaUda Xna estrecha relación con la garantía del derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. La publicidad de la información permite que la persona pueda controlar la gestión pública en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance en los objetivos planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, entre otros. En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los individuos los medios para que acceda a los archivos y documentos en los cuales se plasma, día a dta, la acWiYidad eVWaWal.

En sentencia T-928 del 24 de septiembre de 2009, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, frente al derecho de acceso a la información, la Corte precisó:EXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

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³La confidencialidad de loV docXmenWoV p~blicoV en Xn EVWado DemocUiWico

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³La confidencialidad de loV docXmenWoV p~blicoV en Xn EVWado DemocUiWico no puede ser absoluta, como quiera que la regla gene ral es el principio de publicidad en la actuación de las autoridades y la excepció n es la reserva; por consiguiente, el operador jurídico no sólo debe valor ar que una norma de rango legal autorice la reserva del documento, sino cuáles derechos, principios y valores constitucionales están afectados con la r estricción, ya que en algunas ocasiones deberán prevalecer los derecho s, valores y principios que inspiran la confidencialidad de la infor mación, y en otros, lo que se le oponen. Así las cosas, ponderados los intereses en juego, puede que la reserva de un documento prevalezca ante derecho s como a la información; pero debe ceder frente a otros como los derechos a la defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales, pr ima facie, tienen ma\oU impoUWancia en laV VociedadeV democUiWicaV modeUnaV.

La sentencia T-511 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, el Alto Tribunal de lo Constitucional en relación con las reglas aplicables al alcance del derecho de acceso a la información pública señaló las siguientes:

x Se trata de un derecho cuya titularidad es universal, pues puede ser ejercido por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. x Como obligación correlativa al derecho de acceder a la i nformación pública, las autoridades tienen que entregar, a quien lo solicite, la información que tenga carácter público. Las informacione s

x Como obligación correlativa al derecho de acceder a la i nformación pública, las autoridades tienen que entregar, a quien lo solicite, la información que tenga carácter público. Las informacione s suministradas deben ser claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas. La información solicitada debe ser suministrada de manera fácil de entender. Este derecho comprende la expedición de copias. x Los documentos públicos no se limitan a aquellos que son producidos por órganos públicos, sino que se extiende a aquellos documentos que reposan en las entidades públicas, los producidos por las e ntidades públicas y documentos privados que por ley, declaración for mal de sus titulares o conducta concluyente, se entienden públicos. x La información personal reservada que está contenida e n documentos públicos, no puede ser revelada. Respecto de documentos públicos que contengan información personal privada y semi-privada, el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas o judiciale s (según el caso) y dentro de los procedimientos (administrativos o jud iciales) respectivos. Sólo los documentos públicos que contengan inf ormación personal pública puede ser objeto de libre acceso. x Están obligados a suministrar información las autoridades públicas, pero también los particulares que prestan servicios públicos o cumplen funciones públicas cuando sea información de interés públi co. La jurisprudencia constitucional no ha descartado su procedencia respecto de organismos internacionales. x Las normas que limitan el derecho de acceso a la inform ación deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitació n debe estar adecuadamente motivada. A este respecto la Corte ha se ñalado que

de organismos internacionales. x Las normas que limitan el derecho de acceso a la inform ación deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitació n debe estar adecuadamente motivada. A este respecto la Corte ha se ñalado que existe una clara obligación del servidor público de mot ivar la decisión que niega el acceso a información pública y tal motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. En particular debeEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

9 indicar expresamente la norma en la cual se funda la r eserva, por esta vía el asunto puede ser sometido a controles disciplin arios, administrativos e incluso judiciales. Los límites del derecho de acceso a la información pública debe estar fijados en la ley, p or lo tanto no son admisibles las reservas que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos. No son a dmisibles las normas genéricas o vagas en materia de restricción del der echo de acceso a la información porque pueden convertirse en una especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que discrecionalmente consideren adecuado. La ley debe establecer con claridad y precisión (i) el tipo de inform ación que puede ser objeto de reserva, (ii) las condiciones en las cuales di cha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridade s que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. Los límites al derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente legí timos si

aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. Los límites al derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente legí timos si tienen la finalidad de proteger derechos fundamentale s o bienes constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, (ii) el orden público, (iii) la salud pública y (iv) los derechos funda mentales y si además resultan idóneos (adecuados para proteger la fi nalidad constitucionalmente legítima) y necesarios para tal finalidad, es decir, las medidas que establecen una excepción a la publicidad de la información pública deben ser objeto de un juicio de proporcionali dad. Así, por ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas (1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las investi gaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario ; (4) con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales. x La reserva puede operar respecto del contenido de un docu mento público pero no respecto de su existencia. x La reserva debe ser temporal. Su plazo debe ser razon able y proporcional al bien jurídico constitucional que la misma busca proteger. Vencido dicho término debe levantarse. x La reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control int ra o interorgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públ icas de q ue da cuenta la información reservada.

x La reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control int ra o interorgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públ icas de q ue da cuenta la información reservada. x La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucion al pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha info rmación se inserta. x Existe una obligación estatal de producir información so bre su gestión necesaria para permitir el control ciudadano, al igual que de mantener la información disponible y en buen estado para que pueda ser consultada. x Durante el periodo amparado por la reserv a la información debe ser adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior publicidad. La pérdida o deterioro de los documentos en los que reposa esta información puede dar lugar a graves sanciones di sciplinarias e incluso penales y por ello las entidades que custodian la información así como los organismos de control deben asegurarse que dicha infoUmaciyn Ve encXenWUe adecXadamenWe pUoWegida.

4. El derecho de acceso a la información según el Derecho InternacionalEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00

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Conforme al denominado Bloque de Constitucionalidad, el Estado Colombiano se ha adherido a las normas de derecho internacional sobre el derecho a la información, que han regulado el acceso a los documentos públicos y la improcedencia ante la reserva de los mismos y es así, como la Ley 16 de 1972, mediante la cual se aprobó la Convención Americana sobre

derecho a la información, que han regulado el acceso a los documentos públicos y la improcedencia ante la reserva de los mismos y es así, como la Ley 16 de 1972, mediante la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", en su artículo 13 preceptúa: ³Artículo 13. Libertad de Pensamientos y Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y d e expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraci ón de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no p uede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de ensere s y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio naci onal, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por ningún motivo, inclXViYe loV de Ua]a, coloU, Ueligiyn, idioma X oUigen nacional

(Subrayas no originales).

5. Caso concreto

En el caso objeto de estudio, el señor Virgilio Alfonso Sequeda Martínez le solicitó al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial deEXP: No. 25000-23-41-000-2020-00580-00 Virgilio Alfonso Sequeda Martínez Recurso de insistencia

11 Bogotá D.C., mediante petición remitida vía correo electrónico el día diecisiete (17) de agosto de 2020, le fuera entregada la siguiente información:

³El suscrito, acudo a usted con todo respeto, a fin de solicitarle se sirva informarme con fines judiciales, sí la Policía Nacional de Colombia tiene en las cuentas judiciales de su despacho, títulos remanentes de dineros u otros bienes y de ser positiva la respuesta, con qué número de depósito judicial se distinguen o número de identific