TA CUN - 25000231500020200284300-(04-02-2021)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado ponente: Néstor Javier Calvo Chaves.

Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

I. ASUNTO

Agotadas las etapas previas establecidas por el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011 y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 1 ibidem, mismo que fue adicionado por el artículo 44 de la Ley 2080 de 2021, y de acuerdo a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sala Plena N° 006 del 1° de febrero de 2020, la Sala de la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación procede a dictar fallo de única instancia dentro del presente proceso de control inmediato de legalidad del Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020, proferido por la Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

II. ANTECEDENTES

Por motivo de la pandemia SARS -CoV-2 (COVID -19), el Gobierno Nacional , mediante Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Est ado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el

Por motivo de la pandemia SARS -CoV-2 (COVID -19), el Gobierno Nacional , mediante Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Est ado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de dicho decreto.

En razón de dicha declaratoria y en atención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, la Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para su control inmediato de legalidad, el Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ARTICULO 1

DEL DECRETO 678 DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19”.Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación, el control inmediato de legalidad del decreto municipal en comento le fue asignado para su sustanciación y proyección al Despacho del Magistrado Ponente, el cual resolvió admitir ese medio de control, a través de auto del 4 de noviembre de 2020, ordenando imprimirle el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011.

de control, a través de auto del 4 de noviembre de 2020, ordenando imprimirle el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011.

Una vez agotadas las etapas establecidas por el procedimiento especial del control inmediato de legalidad y de acuerdo a lo consignado en constancia secretarial del 9 de diciembre de 2020 1, se encuentra que dentro del término de publicación previsto por el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, como se especificará más adelante, no se presentaron intervenciones para defender o impugnar la legalidad del Decreto municipal N° 74 del 9 de octubre de 2020, proferido por la Alcaldía Municipal de Apulo - Cundinamarca. De otra parte, el Agente del Ministerio Público rindió concepto; tal y como se relacionará a continuación.

III. INTERVENCIONES

Como fue referido en precedencia y según reposa en constancia secretarial del 9 de diciembre de 2020, dentro del presente proceso no se presentó la intervención de ningún ciudadano para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo bajo estudio.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En síntesis, e l Agente del Ministerio Público sostuvo, en primer lugar, que el acto administrativo objeto de análisis sí resulta susceptible de control inmediato de legalidad, puesto que consiste en una aplicación concreta y específica del artículo 1 del Decreto l egislativo 678 de 2020 , puesto que lo establecido en ese acto municipal se trata de medi das de carácter general , dictadas por la Alcaldesa del Municipio de Apulo en ejercicio de sus funciones administrativas presupuestales y

1 del Decreto l egislativo 678 de 2020 , puesto que lo establecido en ese acto municipal se trata de medi das de carácter general , dictadas por la Alcaldesa del Municipio de Apulo en ejercicio de sus funciones administrativas presupuestales y

1 Al respecto, cabe anotar que en la aludida constancia secretarial electrónica se consignó: “(M)e permito informar al despacho del Magistrado Néstor Javier Calvo Chaves que de conformidad con lo indicado en los numerales 2 y 5 del artículo 185 del CPACA, se encuentra vencido los términos de publicación del aviso y el concedido al Ministerio Público; así mismo, se indica que no hay intervención de la ciudadanía frente al siguiente control de legalidad.

Expediente: 2020-02843

Objeto de control: Decreto N° 74 de 9 de octubre de 2020

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo - Cundinamarca”.Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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como desarrollo expreso, específico y concreto de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción para gobernar.

Precisado lo anterior, destacó que en el presente asunto debería dilucidarse si la norma municipal objeto del actual control judicial excepcional materialmente responde a los parámetros establecidos en el artículo 1 del Decreto legislativo 678

Precisado lo anterior, destacó que en el presente asunto debería dilucidarse si la norma municipal objeto del actual control judicial excepcional materialmente responde a los parámetros establecidos en el artículo 1 del Decreto legislativo 678 de 2020 , es decir, que i) se trat e del ejercicio presupuestal consistente en la reorientación de rentas de destinación específica; ii) esa reorientación presupuestal esté dirigida a financiar gastos de funcionamiento de la entidad territorial; iii) dichas rentas no pueden ser rent as de destinación específica determinadas por la Constitución (v.gr. gasto público social, especialmente el proveniente del Sistema General de Participaciones); iv) esa potestad presupuestal de reorientación de rentas de destinación específica solamente puede ser ejercida por los gobernadores y los alcaldes; v) antes de darle aplicación al artículo ibidem , los gobernadores y alcaldes deben aplicar las normas presupuestales ordinarias vigentes sobre la materia; y vi) el término para el ejercicio de la reorientación de rentas de destinación específica se debe ejercer hasta el 31 de diciembre de 2021.

Con sustento en lo anterior , manifestó que el acto objeto de control cumple con dichos parámetros porque hace un ejercicio presupuestal consistente en la reorientación de rentas de destinación específica no establecidas en la Constitución Política, dirigidas a financiar gastos de funcionamiento del m unicipio de Apulo, el cual fue expedido por su alcaldesa el 9 de octubre de 2020, ante la imposibilidad de aplicar las normas presupuestales ordinarias vigentes sobre la materia, porque ese municipio tuvo una disminución del 30% de ingresos propios, con la consecuente

cual fue expedido por su alcaldesa el 9 de octubre de 2020, ante la imposibilidad de aplicar las normas presupuestales ordinarias vigentes sobre la materia, porque ese municipio tuvo una disminución del 30% de ingresos propios, con la consecuente falta de liquidez para financiar el presupuesto de gastos , en lo correspondiente a gastos de funcionamiento.

Por todo lo previamente expuesto , el Agente del Ministerio Público solicitó que el Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020 se declare ajustado a lo prescrito en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se expidió en debida forma, en desarrollo de lo prescrito en el Decreto legislativo 678 de 2020.

V. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico. Realizadas las anteriores precisiones, la Sala debe destacar que el problema jurídico a resolver en el sub examine, se circunscribe en dilucidar,Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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en primer lugar, si el acto administrativo objeto de estudio cumple con los presupuestos establecidos por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 la Ley 1437 de 2011 para ser objeto de control inmediato de legalidad y, en segundo lugar, en caso de cumplir con dichos requi sitos, se deberá determinar si este acto se encuentra ajustado o no a la ley.

1437 de 2011 para ser objeto de control inmediato de legalidad y, en segundo lugar, en caso de cumplir con dichos requi sitos, se deberá determinar si este acto se encuentra ajustado o no a la ley.

2. Fundamento normativo. Conforme a lo dispuesto en el capítulo 6 del título VII de la Constitución Política son tres (3) los tipos de estados de excepción previstos en el orde namiento jurídico para conjurar aquellas situaciones que alteren o perturben en forma grave la soberanía, el orden público, económico, social y ecológico del país, y los cuales se categorizaron en: i) Estado de Guerra Exterior

(artículo 212 constitucional) , ii) Estado de Conmoción Interior (artículo 213 constitucional) y iii) Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (artículo 215 constitucional).

Anteriores estados de excepción con base en los cuales y en razón de la necesidad de afrontar de mane ra inmediata y eficiente las causas que los originan, la Constitución Política autoriza al Presidente de la República el uso facultades extraordinarias y temporales para expedir decretos legislativos para así conjurar ese estado de cosas excepcional, con l a advertencia que el uso de esa potestad se encuentra sujeta a una serie de condicionamientos respecto a cada uno de los estados de excepción.

Ahora bien, frente a lo previamente expuesto y en relación con la connotación de un estado de excepción, la Cort e Constitucional en se ntencia C-179 de 1994 tuvo la oportunidad de precisar2:

(E)l derecho es siempre compatible con un cierto grado de desobediencia y no puede ser de otro modo. Pero cuando ese grado de desobediencia, permisible

oportunidad de precisar2:

(E)l derecho es siempre compatible con un cierto grado de desobediencia y no puede ser de otro modo. Pero cuando ese grado de desobediencia, permisible e inevitable, es traspuesto, la convivencia se torna difícil y hasta imposible, especialmente cuando son las normas reguladoras de conductas sin las cuales la coexistencia no es pensable, las que están comprometidas. Cuando tal ocurre, el desorden se ha sustituído al orden. ¿Cuándo exactamente ocurre tal fenómeno? No es posible determinarlo con entera certeza. Pueden surgir discrepancias. Es, entonces, cuando se requiere el criterio autorizado y prevalente del órgano de la comunidad que ha de verificar, con fuerza vinculante, que el fenómeno se ha producido o su advenimiento es inminente. Justamente, para esas situaciones se han creado los Estados de excepción.

2 Corte Constitucional. Sentencia No. C-179/94. Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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Los Estados de excepción o de turbación del orden exigen, entonces, normas que se adecuen a la nueva situación. Se trata, de normas generalmente más drásticas, vale decir, de un poder disuasivo mayor y más restrictivas de la

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Los Estados de excepción o de turbación del orden exigen, entonces, normas que se adecuen a la nueva situación. Se trata, de normas generalmente más drásticas, vale decir, de un poder disuasivo mayor y más restrictivas de la libertad jurídica.

No obstante su naturaleza restrictiva, dentro de un Estado de derecho las normas de excepción han de mantener el sello que a éste le es inherente, a saber: 1. el gobernante, no obstante su mayor poder discrecional, está sujeto a control en todos los actos que, dentro de la nueva situación realice, y 2. la restricción de las libertades y derechos fundamentales ha de tener como propósito esencial la preservación de esos mismos bienes, que de ninguna manera pueden ser destruídos sino provisoriamente limitados, con el propósito de que la obediencia al derecho se restaure y las libertades y derechos recobren la vigencia plena de que gozan en tiempo de normalidad. Es lo que pudiéramos llamar la paradoja de los estados de ex cepción: las libertades públicas y los derechos fundamentales se restringen, en beneficio de esos mismos bienes. Esa circunstancia brinda un insustituíble criterio de control de los actos del gobernante investido de poderes excepcionales, y es ése el criterio que ha de guiar a la Corte en el examen de constitucionalidad de la presente ley estatutaria. Prescindir de ese criterio, conduce a trocar el Estado de derecho en una forma de organización política que lo contradice y desnaturaliza.

En ese orden de ideas, una vez relacionado grosso modo el contexto de un estado de excepción, es del caso señalar que al derivar el presente asunto por la

una forma de organización política que lo contradice y desnaturaliza.

En ese orden de ideas, una vez relacionado grosso modo el contexto de un estado de excepción, es del caso señalar que al derivar el presente asunto por la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), en razón de la pandemia por el COVID-19, tal y como se analizará más adelante, es pertinente reseñar que el artículo 215 de la Constitución Política establece sobre ese estado de excepción las siguientes precisiones:

Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

Ahora bien, resulta oportuno destacar que e n atención a lo establecido en el literal e) del artículo 152 3 de la Constitución Política, el Congreso de la República, a efectos de regular lo concerniente a los estados de excepción, expidió la Ley estatutaria 137 de 19944, en virtud de la cual determinó en su artículo 20 que aquellos actos o medidas de carácter general que sean dictados en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de un decreto legislativo serían objeto de control inmediato de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, la norma en comento establece:

Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean

control inmediato de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, la norma en comento establece:

Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

3 Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: (…) e) Estados de excepción. (…) 4 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”.Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

Inciso 3º inexequible

Frente al artículo previamente transcrito, cabe destacar que, a excepción de su inciso tercero, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-179 de 1994, con sustento en los siguientes argumentos5:

Frente al artículo previamente transcrito, cabe destacar que, a excepción de su inciso tercero, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-179 de 1994, con sustento en los siguientes argumentos5:

(E)n los incisos primero y segundo del artículo que se revisa, se consagra el control automático de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República durante los estados de excepción, el cual será ejercido por l a jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con la competencia que allí se fija. Estas disposiciones no atentan contra la Ley Suprema y, por el contrario, encajan dentro de lo contemplado en el artículo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la ley.

Dicho control constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales.

No ocurre lo mismo con el inciso 3o., el cual debe juzgarse junto con el inciso 2o. del artículo 56 de la misma ley que, dispone "Así mismo, y mientras se adopta la decisión definitiva, podrá la Corte Constitucional en pleno y dentro de los diez días sigui entes a la fecha en que avocó su conocimiento, suspender, aún de oficio, los efectos de un decreto expedido durante los estados de

adopta la decisión definitiva, podrá la Corte Constitucional en pleno y dentro de los diez días sigui entes a la fecha en que avocó su conocimiento, suspender, aún de oficio, los efectos de un decreto expedido durante los estados de excepción, siempre que contenga una manifiesta violación de la Constitución".

Tanto el inciso 3o. del artículo 20 como el inciso 2o. del artículo 56 del proyecto de ley estatutaria que se estudia, resultan inexequibles por los mismos motivos que se expusieron al estudiar el artículo 19 del presente proyecto de ley, que consagra la figura de la suspensión provisional de los decretos legislativos. Por tanto, no hay lugar a rebatir el argumento de los intervinientes, pues de todas formas el inciso 3o. será retirado del ordenamiento jurídico.

Así las cosas, el artículo 20 del proyecto de ley que se revisa, es exequible salvo el inciso tercero, el cual será declarado inexequible. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Posteriormente y en similar sentido al referido artículo 20 de la Ley 137 de 1994, es del caso señalar que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se estableció el control inmediato de legalidad como uno de los medios de control a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, indicándose para esos efectos que el

5 Corte Constitucional. Sentencia No. C -179/94. Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZRadicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

noventa y cuatro (1994). Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZRadicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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mismo procedería frente a aquellas medidas generales dictadas en ejercicio de la función admi nistrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, estableciéndose expresamente en dicha disposición lo siguiente:

Artículo 136. C ontrol inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde s e expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

De esta manera, conforme a las anteriores disposiciones normativas, de entrada logra extraerse que el control inmediato de legalidad se encuentra supeditado a que

judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

De esta manera, conforme a las anteriores disposiciones normativas, de entrada logra extraerse que el control inmediato de legalidad se encuentra supeditado a que la medida objeto de control sea: i) de carácter general, ii) dictada en ejercicio de la función administrativa y iii) en desarrollo de un decreto legislativo dictado durante un estado de excepción. Así mismo, resulta pertinente destacar que el Consejo de Estado en forma reiterativa y mayoritaria ha mantenido una postura en torno a la naturaleza y las características del control inmediato de legalidad, destacando sobre ese aspecto, de acuerdo a reciente pronunciamiento, las siguientes precisiones6:

Esta Corporación 7 ha definido como características del control inm ediato de legalidad las siguientes:

1. Es un verdadero proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 19948 otorgó competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades públicas nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que l a providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial.

2. Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general para desarrollar los decretos legislativos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Número 1º, Consejera

Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veinte (2020).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Número 1º, Consejera

Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veinte (2020).

Expediente: 11001-03-15-000-2020-00944-00. 7 Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, exp.2002-0949-01, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, exp. 2003-047201, M.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, exp. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, exp. 2009-0732-00, M.P. Enrique Gil Botero. 8 "Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia".Radicación N°: 25000-23-15-000-2020-02843-00.

Medio de control: Inmediato de legalidad.

Objeto de control: Decreto N° 74 del 9 de octubre de 2020.

Autoridad: Alcaldía Municipal de Apulo – Cundinamarca.

Asunto: Sentencia.

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expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, la autoridad pública de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.

ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.

3. Es autónomo, porque es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalida4. d del decreto que declara el Estado de Excepción y de los decretos le gislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo.

4. Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Es de aclarar, que aunque en principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta, que debido a la complejidad y extensión del ordenamiento jurídico, el control inmediato de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso.

5. La Sala Plena del Consejo de Estado 9 ha dicho además, que el control es compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por

sentencia con la que culmina el proceso.

5. La Sala Plena del Consejo de Estado 9 ha dicho además, que el control es compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por lnconstitucionalidad, según sea el caso. De modo que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, puede demandarse posteriormente en Nulidad Simple o en Nulidad por lnconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad.

6. Es un control participativo, pues, los ciu