TA CUN - 25899-33-33-002-2024-00096-01-(30-05-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA - SUB-SECCIÓN “B”

Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

MAGISTRADA PONENTE: MERY CECILIA MORENO AMAYA

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA.

ACCIONANTE: EDUAR YESID IDROBO HOYOS.

ACCIONADO: CAJA HONOR – CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA

MILITAR Y DE POLICÍASALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

EXPEDIENTE: 25899-33-33-002-2024-00096 - 01

IMPUGNACIÓN DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA

La Sala decide la impugnación propuesta por el apoderado judicial de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor -, contra el fallo de tutela proferido el 14 de mayo de 2024 por el Juzgado 02 Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá , por medio del cual se amparó el derecho fundamental de educación del señor Eduar Yesid Idrobo Hoyos.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

El señor Eduar Yesid Idrobo Hoyos , actuando en nombre propio interpuso acción de tutela contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor1 y la Institución Educativa Salina Zipaquirá S.A.S. 2, para obtener la protección de su derecho fundamental a la educación.

El accionante formuló los siguientes pedimentos:

“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y

derecho fundamental a la educación.

El accionante formuló los siguientes pedimentos:

“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a favor mío lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la Educación.

SEGUNDO: Ordenar a la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR desembolsar los recursos de mis ahorros de Cesantías a la institución educativa SALINA ZIPAQUIRA SAS, para poder dar inicio a mis clases.

TERCERO: Ordenar a SALINA ZIPAQUIRA SAS, el acceso inmediato al inicio de mis clases del Técnico Laboral Por Competencias en INSPECT OR DE

TRANSITO.” (sic)

A efectos de que se acceda a sus pretensiones narró los siguientes:

1 En adelante CAJA HONOR 2 En adelante SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 2

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

2. HECHOS

Señaló que el 01 de abril de la presente anualidad bajo el radicado 21 -01-20240401040480 solicitó a CAJA HONOR como policía activo , el retiro parcial de sus cesantías por un valor de $ 6.240.080 M/Cte. con el fin de llevar a cabo el curso de Técnico Laboral por Competencias en Inspector de Tránsito en la Institución

Educativa SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

cesantías por un valor de $ 6.240.080 M/Cte. con el fin de llevar a cabo el curso de Técnico Laboral por Competencias en Inspector de Tránsito en la Institución

Educativa SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Sostuvo que mediante radicado 378-01-20240412010324 del 21 de abril del año en curso, CAJA HONOR dio respuesta al retiro solicitado indicando que la solicitud fue anulada debido a la imposibilidad de haberlo contactado , por ende, debía realizar nuevamente la radicación de la documentación para el respectivo retiro.

Ante esto, advirtió que el 18 de abril de 2024 radicó por segunda vez y con el lleno de requisitos la solicitud de retiro parcial de cesantías para poder adelantar el programa académico ofrecido por la Institución Educativa SAL INA ZIPAQUIRÁ S.A.S.; no obstante, a la fecha no ha recibido respuesta alguna.

ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Por acta de reparto del 03 de mayo de 2024, se asignó la acción constitucional al Juzgado 02 Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, quien por auto del 04 de mayo admitió la acción de tutela y ordenó notificar por el medio más expedito a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAJA HONOR – y la Institución Educativa SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S., para que en el término de dos días rindieran informe sobre los hechos que originaron el mecanismo constitucional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA – CAJA

HONOR.

informe sobre los hechos que originaron el mecanismo constitucional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA – CAJA

HONOR.

Diana María Ospina Herrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAJA HONOR, manifestó que el grupo de Verificación e Identificación, Seguridad Documental y Prevención de la entidad al efectuar el análisis de la documentación radicada por el accionante para el retiro parcial de sus cesantías, determinó la improcedencia del trámite debido a que no fue posible culminar el proceso de verificación telefónica. Lo cu al fue informado al señor Eduar Idrobo.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 3

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

Frente a la segunda solicitud radicada, manifestó que también fue declarada inconsistente mediante oficio 378-01-202404290121149 del 29 de abril de 2024, en virtud que la orden de pago presentada no cumplía con los requisitos estipulados

por SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Advirtió que, en virtud de la presente acción constitucional la entidad procedió a verificar nuevamente la documentación aportada, encontrándose en este momento el proceso en verificación. Además de lo anterior, resaltó que la Circular externa 027 de 202 0 emitida por la Superfinanciera y de conformidad con los lineamientos

verificar nuevamente la documentación aportada, encontrándose en este momento el proceso en verificación. Además de lo anterior, resaltó que la Circular externa 027 de 202 0 emitida por la Superfinanciera y de conformidad con los lineamientos definidos dentro de las políticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, es un deber el conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los clientes.

Ante esto, sostuvo que las novedades presentadas que generaron improcedencia con la Institución Educativa SALINAS ZIPAQUIRÁ S.A.S. fueron comunicadas al accionante, mediante el oficio 378-01-20240506012744 del 06 de mayo de 2024.

En consecuencia, se opuso a las pretensiones de la acción constitucional en razón a que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno; por tanto, solicitó declarar la improcedencia de ésta.

2.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

En representación de la Institución Educativa Salina Zipaquirá S.A.S., María Magdalena Rodríguez Villamil indicó que el señor Eduar Yesid Idrobo Hoyos se encuentra con una prematricula en curso, la cual está pendiente de pagó para poder iniciar su formación.

Resaltó que como institución educativa están autorizados para radicar trámites con cualquier fondo de cesantías a nivel naciona l sin trazabilidad, llamadas telefónicas de confirmación u otros trámites como exige CAJA HONOR, ya que cumplen con la normatividad de licencia de funcionamiento (Ley 115 de 1994) así como el registro

de confirmación u otros trámites como exige CAJA HONOR, ya que cumplen con la normatividad de licencia de funcionamiento (Ley 115 de 1994) así como el registro de programas en el Ministerio de Educación Nacional par a proveer enseñanza de educación técnica laboral por competencias.

Respecto a la pretensión tercera, manifestó que el señor Eduard Idrobo no ha iniciado clases es por la falta de pago, ya que si bien cuenta con una prematricula en curso ésta no se ha hec ho efectiva. Por tanto, se encuentra pendiente elExpediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 4

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

desembolso por parte del fondo CAJA HONOR para que el accionante pueda ingresar a su curso.

Bajo ese contexto, resaltó que la orden emitida por la institución educativa cuenta con el lleno de los requisit os exigidos por CAJA HONOR; por lo tanto, lo indicado por el fondo es errado ya que la naturaleza de la institución es desarrollar su objeto que es proveer educación técnica laboral.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo (02) Administrativo del Circuito de Zipaquirá , decidió en primera instancia:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la educación, del señor EDUAR YESID IDROBO HOYOS, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA HONOR - CAJA PROMOTORA DE

EDUAR YESID IDROBO HOYOS, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA HONOR - CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA, que dentro del término improrrogable de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, realice el pago y desembolso de la orden matrícula del señor EDUAR YESID

IDROBO HOYOS identificado con la cédula de ciudadanía No 1.067.905.108, en la institución educativa SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

TERCERO: ADVERTIR a la entidad accionada que de no cumplir con el presente fallo se harán acreedores a las sanciones contempladas en el decreto 2591 de 1991.

(…)”

Indicó que CAJA HONOR no cuenta con un sustento jurídico o de fondo que respalde su negativa de no autorizar el desembolso y pago de la orden d e matrícula del accionante, además de no tener autorización para negar el pago de unas prestaciones sociales cuyo derecho es irrenunciable.

Advirtió que si bien SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S., cuenta con un bloqueo preventivo a nivel interno en la CAJA HONOR esto no es óbice para realizar el pago de las cesantías; por lo tanto, con el fin de prevenir un daño irremediable en ocasión a la pérdida de clases por la demora injustificada en el pago de la matrícula protegió el derecho fundamental a la educación.

4. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja

el derecho fundamental a la educación.

4. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Pol icía – CAJA HONOR, impugnó el fallo de primera instancia y en su escrito indicó que mediante el radicado 21 -01-Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 5

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

20240515059793 del 15 de mayo de 2024 se realizó el desembolso a favor de la Institución Educativa Salina Zipaquirá S.A.S., por un valor de $ 5.875.000 los cuales fueron consignados directamente al señor Eduard Yesid Idrobo Hoyos. Sostuvo que si bien se realizó el desembolso el a-quo desconoció las políticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, el cual, ha sido definido por la Superfinanciera como el mecanismo que le permite a las enti dades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir al ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos. Resaltó que el fallo de primera instancia desconoció la improcedencia del trámite, ya que la Oficina de Gestión del Riesgo de la entidad real izó un bloqueo a la Institución Educativa SALINAS ZIPAQQUIRÁ S.A.S., en aplicación a los lineamientos definidos por la Superfinanciera en la Circular Externa 027 de 2020.

Institución Educativa SALINAS ZIPAQQUIRÁ S.A.S., en aplicación a los lineamientos definidos por la Superfinanciera en la Circular Externa 027 de 2020. Por lo tanto, el origen del bloqueo y/o procedencia del mismo no tenían por qué ser objeto de estudio por parte del despacho; toda vez que, no tenía la faculta en indicar que éste no generaba impedimento para efectuar el desembolso. Advirtió que en el presente fallo se presentó un defecto factico por la apreciación indebida de las pruebas aportadas, ya que el a – quo se limitó a indicar que la devolución parcial de las cesantías debía realizarse en virtud del radicado 21 -0120240327039801 del 27 de marzo de 2024, el cual pertenece al señor Juan Felipe Garzón Prieto, quien también había solicitado el retiro de sus prestaciones económicas bajo el supuesto de estudiar en la misma institución. Para finalizar, adujo que CAJA HONOR no se encontraba legitimada para profundizar o justificar el motivo que genera e l reporte de la Institución Educativa, por lo que la decisión incrementa los riesgos operacionales de la entidad.

5. TRÁMITE PROCESAL

El expediente ingresó al Tribunal para su trámite el 22 de mayo de 2024, siendo repartido en la misma fecha y puesto en conocimiento del despacho de l a Magistrada Sustanciadora el 23 del mismo mes y año.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1983 de

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1983 de 2017.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 6

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

2. DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Según como lo ha expuesto la Corte Constitucional en fallos reiterados, la tutela es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales Constitucionales, cuando en el caso concreto de una persona, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, tales derechos resultan vulnerados o amenazados sin que exista otro medio de defensa judicial o, aun existiendo, si la tutela es usada como medio transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable.

Se trata de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito, consiste en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener una oportuna resolución, la protección directa e inmediata del Est ado, a efectos de que se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales.

De esta manera se da cumplimiento a uno de los fines esenciales del Estado consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

derechos fundamentales.

De esta manera se da cumplimiento a uno de los fines esenciales del Estado consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

En este orden de ideas, tenemos que la subsidiariedad e inmediatez son principios rectores de este mecanismo; el primero, porque sólo resulta procedente instaurar la acción cuando el afect ado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que busque evitar un perjuicio irremediable; y el segundo, puesto que no se trata de un proceso en sentido estricto sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guard a de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.

Así, para la viabilidad y prosperidad de la acción de tutela se hace necesario que en cabeza de una persona se lesione o amenace un derecho fundamental con la acción u omisión de una autoridad o de un particular, y que para la protección del mismo no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por consiguiente, cuando el juez de tutela deba dec idir en relación con la efectiva vulneración o amenaza de un derecho fundamental, habrá de verificar previamente si existe o no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto. Si no se dispone de dicho medio, deberá darse curso al procedimiento deExpediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 7

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

tutela. Por el contrario, si existe medio de defensa judicial, deberá considerar, frente a las circunstancias del caso, su eficacia para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues esta condición será la que lo faculte como j uez constitucional para decidir de manera transitoria sobre el asunto puesto en su conocimiento.

3. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAJA HONOR, vulneró el derecho fundamental a la educación del señor Eduar Yesid Idrobo Hoyos al no permitir el retiro parcial de sus cesantías para acceder a un curso técnico en la Institución Educativa SALINA ZIPAQUIRA S.A.S.

Para ello, se deberá analizar si el CAJA HONOR puede utilizar el SARLAFT3 para impedir dicho retiro, con el fin de prevenir la pérdida o daño que puede sufrir por el riesgo a ser utilizados sus recursos como instrumento para el lavado de activos.

En tal caso de llegar a ser negativo el análisis, se deberá estudiar si en el presente caso se presentó la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón, a que CAJA HONOR realizó el pago de lo solicitado.

4. MARCO FUNDAMENTAL

Previo a resolver el anterior problema jurídico, la Sala considera necesario traer las siguientes apreciaciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, a efecto de entrar a resolver el planteamiento objeto de la presente Litis.

Previo a resolver el anterior problema jurídico, la Sala considera necesario traer las siguientes apreciaciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, a efecto de entrar a resolver el planteamiento objeto de la presente Litis.

4.1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y LA PERMANENCIA

EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

La Constitución Política, en el artículo 67, dispuso que la educación es un derecho y, a la vez, un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

El derecho a la educación fue establecido por el constituyente dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, por tener un carácter prestacional. Sin embargo, la Corte Constitucional , lo ha catalogado, desde sus inicios, como un derecho fundamental al estar íntimamente relacionado con diversos principios constitucionales de carácter esencial para las personas, tales como su p ropio desarrollo y crecimiento individual, cultural, intelectual e incluso, físico.

3 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 8

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

Al respecto el Alto Tribunal Constitucional ha señalado:

“[E]s indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su nú cleo esencial, comporta un factor de

Al respecto el Alto Tribunal Constitucional ha señalado:

“[E]s indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su nú cleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5, 13, 67, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona.”4

En síntesis, la fundamentalidad del derecho a la educación se da en razón de varios argumentos como son: “(i) su entidad como herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución debido a que potencia la igualdad material y de oportunidades, (ii) constituye un instrumento que permite la proyección social del ser humano, (iii) es un elemento dignificador de la persona humana, (iv) representa un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, (v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y

que permite la proyección social del ser humano, (iii) es un elemento dignificador de la persona humana, (iv) representa un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, (v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y (vi) significa un valioso medio para el desarrollo de la comunidad en general.”5

Debe señalarse también, que el Estado debe adoptar todos los medios que estén a su alcance para realizar los fines que persigue tal derecho, pues, de no hacerlo se amenazarían, además del derecho a la educación, todos aquellos con los que se encuentra íntimamente relacionado.

Al respecto, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, ha reconocido el mandato de progresividad6 de los derechos, el cual:

“impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia

4 Corte Constitucional, sentencia T-202 del 28 de febrero 28 de 2000, MP. Fabio Morón Díaz. 5 Sentencia T -787 de 2006, reiterada, entre otras, por la sentencia T -308 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 6 “El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C -1165 de 2000, C-1489 de 2000,

Sierra Porto. 6 “El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C -1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C -981 de 2004, C -038 de 2004, T -1318 de 2005 y T -043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General Nro. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del PIDESC”.(Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 9

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar.

(…)

El mandato de progresividad, en los términos recién descritos, incorpora los principios de razonab ilidad, de acuerdo con el cual no se pueden adoptar medidas que restrinjan en alguna medida los derechos constitucionales, si no obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los subprincipios de id oneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos

obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los subprincipios de id oneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos fundamentales alcancen la mayor efectividad posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes”.7

En conclusión, al ser el derecho a la educ ación un derecho fundamental en razón de la íntima relación que tiene con diversos derechos fundamentales de la esencia del individuo, se debe establecer por parte del Estado y de la sociedad, diversas acciones afirmativas que conlleven su realización. En caso de adoptarse medidas que lo limiten, éstas, deben cumplir con los postulados de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

En virtud de lo anterior, es deber del Estado garantizar, no solo el acceso al sistema educativo, sino también su permanencia en el mismo, pues así lo determina el artículo 67 Superior.

4.2 EL AUXILIO DE CESANTÍAS, LOS CASOS QUE DETERMINA LA LEY PARA

EL RETIRO PARCIAL Y EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN

LA SENTENCIA C--584 DE 1999. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

La normativa aplicable al auxilio de cesantías y sus intereses, se encuentra el Artículo 279 del Código Sustantivo del Trabajo que señala: “todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año”.

La Corte Constitucional , ha sostenido que dicha prestación, responde a la

Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año”.

La Corte Constitucional , ha sostenido que dicha prestación, responde a la orientación social para el desarrollo de las relaciones entre el empleado y el trabajador. Sobre este particular, la sentencia T -661 de 1997 8 sostiene que, esta prestación, se establece como “un mecanismo que busca, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que en enfrentan los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda.”

7 Corte Constitucional, sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 8 M.P. Carlos Gaviria Díaz.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 10

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

En este sentido, la jurisprudencia constitucio nal ha establecido que el auxilio de cesantía es un derecho irrenunciable debido a su carácter remuneratorio y a su naturaleza de retribución a la labor subordinada propia del contrato laboral. 9

Asimismo, uno de los beneficios de los que disfruta el trabajador, es que, mientras tenga vigente su contrato laboral, puede realizar retiros parciales del dinero que se le consigna al fondo por concepto de auxilio de cesantías, pues, aun cuando la naturaleza principal de esta prestación es ayudar a quien term inó una relación

tenga vigente su contrato laboral, puede realizar retiros parciales del dinero que se le consigna al fondo por concepto de auxilio de cesantías, pues, aun cuando la naturaleza principal de esta prestación es ayudar a quien term inó una relación laboral, la ley permite acceder con dicha prestación a determinados bienes y servicios como (i) la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador y ; (ii) el pago de matrículas del t rabajador, cónyuge, compañero(o) permanente y sus hijos, por concepto de estudios de educación superior en institución reconocida por el Estado.10

De lo expuesto, se puede concluir, que el auxilio de cesantías es una prestación que no sólo beneficia al tra bajador, sino, a todo el núcleo familiar, en cuanto comporta una ayuda económica que procura, en lo que concierte a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.

5. LO PROBADO

En atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por la Sala de decisión, tenemos:

1. El 01 de abril de la presente anualidad el señor Eduard Yesid Idrobo Hoyos, suscribió contrato de servicio educativo con la Institución Educativa SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S. para llevar a cabo el programa académico Técnico Laboral por Competencias en Inspector de Tránsito por un valor total de $ 6.240.000

M/Cte. Misma fecha en la cual suscribió su matrícula.

2. Bajo la orden de pago N.º 01 -04-2024-78-050924 del 01 de abril del año en

M/Cte. Misma fecha en la cual suscribió su matrícula.

2. Bajo la orden de pago N.º 01 -04-2024-78-050924 del 01 de abril del año en curso, SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S expidió el recibo de matrícula por un valor de $ 6.240.080 M/Cte, con fecha límite para el 18 de abril de 2024.

9 Corte Constitucional, sentencia C-310 del 3 de mayo de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 10 Artículos 256 del Código Sustantivo del Trabajo y Artículo 102 de la Ley 50 de 1990.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 11

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

f

3. Por petición remitida el 01 de abril de 2024 bajo el radicado 21 -0120240401040480, el señor Eduar Yesid Idrobo Hoyos solicitó a CAJA HONOR el retiro parcial de sus cesantías para poder pagar el curso prenombrado.

4. Bajo e radicado 378 -01-20240403009246 del 03 de abril de 2024, CAJA HONOR le indicó al accionante que la solicitud presentó inconsistencias razón por la cual no era posible el desembolso.Expediente No.25899-33-33-002-2024-00096-01 12

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

Accionante: EDUAR YESID IDROBO HOYOS

Accionada: CAJA HONOR – SALINA ZIPAQUIRÁ S.A.S.

Acción de Tutela – Fallo

5. Mediante correo de la misma fecha, el accionante solicitó aclaración de la respuesta, en razón que en el lapso del 01 al 03 de abril del año en curso no recibió ninguna llamada por parte de CAJA HONOR.

6. El 12 de abril de 2024, bajo el radica