TA CUN - 37155-(04-09-1998)

INDE4NIZACION POR R1r1R0 DEL SERVICIO ,L Incompatibilidad / PENSION DE JTJBILACION -Incompatibilidad (E)

gEPUBLICA DE COLOMBIA

Relatoría TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION D

Santafé de Bogotá, D.C., novecientos noventa y ocho. Tribunal Administrativo de Cundinamarca 11 SET. cuatro de septiembre de mil

MAGISTRADO PONENTE: Dr. FILEMON JIMENEZ OCHOA

PROCESO N°

37.155 ACTOR

MARIA FLORISANA HIGUERA ROBLES

DEMANDADO CAMARA DE REPRESENTANTES

CONTROVERSIA LIQUIDACION DE INDEMNIZACION

MARIA FLORISANA HIGUERA ROBLES identificada con la C. de C. N° 41.160.092 de Bogotá, por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda a la CAMARA DE REPRESENTANTES, en solicitud de lo siguiente: LA DEMANDA La actora formula las siguientes PRETENSIONES "PRIMERA: Que es nulo el acto administrativo contenido en el oficio de fecha 30 de agosto de 1994 proferido por la H. Cámara de Representantes y por medio del cual se resuelve negativamente la solicitud formulada por el señor" LUIS JORGE AVILA y otros" para que la mencionada entidad les hiciera el pago de sueldos y demás emolumentos dejados de devengar por el recorte del período legal y cuyo pago fue ordenado por el artículo 7 del Decreto 1076 de 1.992.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se

sueldos y demás emolumentos dejados de devengar por el recorte del período legal y cuyo pago fue ordenado por el artículo 7 del Decreto 1076 de 1.992.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Nación - Cámara de Representantes a pagar a mi mandante " la asignación básica, primas de navidad, antigüedad, técnica, servicios y a las bonificaciones de quinquenio y vacaciones que venían devengando, lo cual será liquidado de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 82 de 1978, Leyes 55 de 1987 y 77 de 1988 hasta el 19 de julio de 1994..." (artículo 7, Decreto 1076 de 1992).PROCESO N° 37.155 2

TERCERA: Que para los efectos de reconocimiento y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES no existe solución de continuidad." HECHOS La actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: 1.- Como es sabido por el mes de julio de 1992 el Congreso de la República optó por reestructurar la planta del personal subalterno que estaba al servicio de las Cámaras Legislativas, con el propósito de adecuar el funcionamiento de las corporaciones legislativas a las nuevas exigencias de la Carta Política. 2.- Pero resulta que al intentar llevar a cabo la tarea de movilización de personal, se encontró con el inconveniente, aparentemente insalvable ya que por disposición de la ley la mayor parte del personal mencionado era inamovible en virtud a que el Artículo 30 de la Ley 52 de 1978 expresamente disponía: "Los empleados del Congreso permanecerán en sus cargos durante el período

por disposición de la ley la mayor parte del personal mencionado era inamovible en virtud a que el Artículo 30 de la Ley 52 de 1978 expresamente disponía: "Los empleados del Congreso permanecerán en sus cargos durante el período Constitucional de la Cámara en que hubiesen sido nombrados pero podrán ser removidos por justa causa o mala conducta debidamente comprobadas". Como el período Constitucional de los empleados del Congreso se había iniciado el 20 de julio de 1990 y debía terminar el 19 de julio de 1994 y no antes, la proyectada reestructuración no podía tener cabida sino a partir del 19 de julio de 1994. 3.- Ante el inconveniente anterior, se pensó entonces que el recorte de período Constitucional que se había hecho a los Parlamentarios (por disposición del Artículo 10. Transitorio de la C.N.) también podía acobijar a los empleados del Congreso y que en consecuencia podrían igualmente ser destituidos, pero esto no era así. Para despejar las dudas el Gobierno Nacional, resolvió consultar previamente a la Sala de consulta del Consejo de Estado si a la norma a la que se aludió, por analogía era aplicable también a los empleados del Congreso y el H. Consejo formuló la siguiente respuesta: "Se consulta a esta honorable sala si los empleados del Congreso puedan continuar en sus cargos hasta cuando terminen los cuatro años correspondientes al período Constitucional de la Cámara en que fueron nombrados? o , se debe entender que también para ellos se disminuyó el período hasta el 30 de noviembre M año en curso?" y al respecto la Sala de Consulta del Consejo de Estado se manifestó en los siguientes términos:

nombrados? o , se debe entender que también para ellos se disminuyó el período hasta el 30 de noviembre M año en curso?" y al respecto la Sala de Consulta del Consejo de Estado se manifestó en los siguientes términos: "El artículo 30. De la ley 52 de 1978 se encuentra vigente, en consecuencia, los empleados del CongresoPROCESO N° 37.155 3 tienen derecho a permanecer en él hasta el 19 de julio de 1994 e inclusive cuando termine el actual período constitucional de la misma corporación". (Tomado del concepto emitido por la Sala de Consulta del H. Consejo de Estado. Página. 6 Anexo). 4.- Ahora bien, ante los inconvenientes de orden legal y constitucional que el gobierno nacional encontró para entrar a modificar la planta de personal del congreso de la República resolvió entonces presentar a la aprobación del Congreso un proyecto de ley que establecía el "régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y la fuerza pública" y en este proyecto que más tarde se convirtió en la ley 4a• De 1992 se incluyó un Artículo que con relación al problema en comento, dispuso: "El gobierno nacional establecerá por una sola vez el plan de retiro compensado de los empleados del Congreso Nacional, el cual debe comprender, indemnizaciones por pago de salarios y/o pensiones de jubilación" (Art. 18, ley 4a./92). Por medio de la norma transcrita se adoptó pues un sistema de retiro compensado para poder separar los empleados de las Cámaras sin que se vulneren los derechos que ellos habían adquirido y que estaban

Por medio de la norma transcrita se adoptó pues un sistema de retiro compensado para poder separar los empleados de las Cámaras sin que se vulneren los derechos que ellos habían adquirido y que estaban amparados por el Artículo 31 de la Ley 52 de 1978. Dicho sistema denominado por la Ley (4a./92) "PLAN DE RETIRO COMPENSADO" consistía en reconocer una indemnización adecuada (Artículo 58 C.N. Inc. 30.) en forma tal que el daño sufrido por el recorte del período constitucional fuese reparado en dinero en forma equivalente. Para esto era preciso tener en cuenta fundamentalmente dos factores a saber: EL

SALARIO O SUELDOS y las PRESTACIONES

SOCIALES. Veamos: 1EL SALARIO O SUELDO: El sueldo, asignación o salario es "toda remuneración en dinero o en especies que periódicamente reciba un empleado o trabajador y que implique retribución de servicios".

Ahora bien según lo dispone el Decreto 1545 de 1978 el sueldo o asignación está: aPor la asignación básica mensual; bLos gastos de representación cLa bonificación por servicios dEl auxilio de transporte eEl auxilio de alimentación fLa prima técnica gLa prima de servicios hLos incrementos por antigüedad iLos viáticos percibidos por funcionarios en comisión de servicios. Así pues el conjunto de todos los anteriores factores se denomina asignación o sueldo.PROCESO N° 37.155 4

2LAS PRESTACIONES SOCIALES: (Artículo 48

C.N.) ahora bien aparte de la asignación o sueldos, el

denomina asignación o sueldo.PROCESO N° 37.155 4

2LAS PRESTACIONES SOCIALES: (Artículo 48

C.N.) ahora bien aparte de la asignación o sueldos, el empleado o trabajador tiene derecho con carácter de IRRENUNCIABLE (Artículo 53 de la C.N. y 14 del C. L.) a las PRESTACIONES SOCIALES estas fueron definidas por la ley 6. De 1945 en su artículo 17, así: "Las Prestaciones Sociales son": a) El AUXILIO DE CESANTIA a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio. b) PENSION VITALICIA DE JUBILACION cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta años de edad, después de veinte años de servicio continuo o discontinuo (hoy ley 100 de 23 de Dic./93, Artículo 100.), c) PENSION DE INVALIDEZ, el empleado u obrero que haya perdido la capacidad de trabajo para toda ocupación u oficio mientras dure la incapacidad. d) Seguro por Muerte del empleado u obrero. e) AUXILIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL CONTRAIDA por el empleado u obrero en el desempeño de sus funciones. f) ASISTENCIA MEDICA, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos en que haya lugar. g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero De lo anterior se infiere sin lugar a la menor duda que para que la INDEMNIZACION que fue ordenada por la ley 4• (Art. 18) de 1992 en favor de aquellos empleados que fueron retirados antes del vencimiento del período Constitucional, para que esa indemnización,

para que la INDEMNIZACION que fue ordenada por la ley 4• (Art. 18) de 1992 en favor de aquellos empleados que fueron retirados antes del vencimiento del período Constitucional, para que esa indemnización, repito, sea justa y equitativa (ver Art. 58 Inc. 31. C.N.) y para que no fuesen vulnerados los derechos adquiridos de los empleados de la H. Cámara de Representantes a debido pagarle a los empleados los dos factores a que ha hecho referencia, a saber: a) SALARIOS que iban a dejar de devengar, y b) PRESTACIONES SOCIALES, no solo las ya causadas sino las que se causarán hasta el final del período Constitucional (19 de julio de 1994). 5.- Con el fin de desarrollarlo ordenado por el Artículo 18 de la Ley 4• De 1992 el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1076 de 1992, el cual reglamentó así el pago de la INDEMNIZACION por concepto de sueldos y prestaciones: A) SUELDOS 0 ASIGNACIONES:PROCESO N° 37.155 5 Por medio del artículo 70 se dispuso: "Los empleados públicos quienes en desarrollo del presente Decreto sean retirados del cargo, tendrán derecho a la ASIGNACION BASICA MENSUAL, prima de navidad, antigüedad y técnica, servicios, bonificaciones de servicios y las bonificaciones de quinquenio y vacacionales que venían devengando, lo cual será liquidado de conformidad con los artículos 6, 7 y 8 de la ley 52 de 1978 y 77 de 1988 hasta el 19 de julio de 1994.. B) PRESTACIONES SOCIALES: En cuanto al reconocimiento y pago de las

7 y 8 de la ley 52 de 1978 y 77 de 1988 hasta el 19 de julio de 1994.. B) PRESTACIONES SOCIALES: En cuanto al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales" el mencionado decreto en su Artículo 311 estableció: "Los empleados públicos al servicio del Congreso que a la terminación del período tuvieren un tiempo de servicio igual o superior a los 19 años continuos con esta corporación, tendrán derecho a la pensión de jubilación, cualquiera que sea la edad". Es ostensiblemente claro que cuando a un empleado se le despide irregularmente del cargo, como en el presente caso en que se le disminuyó el periodo Constitucional, el patrono (Estado o particular) debe pagarle antes del despido, no solamente los sueldos que le adeude sino igualmente las prestaciones sociales a que atrás hice alusión. Esto es sabido por todos, tanto patronos como trabajadores y es ley en Colombia. 6No obstante lo anterior, mi patrocinado fue retirado del cargo que venía ocupando en la H. Cámara de Representantes, sin que antes esta entidad le pagase "La asignación Básica", "primas de navidad, antigüedad, técnica, servicios, bonificación de servicios y las bonificaciones de quinquenio y vacaciones que venían devengando "pago este que debía hacer "HASTA EL 19 DE JULIO DE 1994" según lo ordenado en el Artículo 7° del Decreto 1076 de

1992. La H. Cámara de Representantes le reconoció parte de las llamadas prestaciones sociales (Cesantías, pensión de jubilación, etc.) pero no lo correspondiente a "sueldos, primas, y bonificaciones".

1992. La H. Cámara de Representantes le reconoció parte de las llamadas prestaciones sociales (Cesantías, pensión de jubilación, etc.) pero no lo correspondiente a "sueldos, primas, y bonificaciones".

Téngase en cuenta que cuando la justicia contencioso administrativa ordena reintegrar a un empleado al cargo que venía ocupando por haber sido separado en forma ilegal por la entidad Nominadora, como consecuencia de tal declaratoria, se condena a dicha entidad a pagar: a) Los sueldos, primas y demás bonificaciones dejadas de percibir; b) Las Prestaciones Sociales y estas sin solución de continuidad luego es absolutamente claro que la H. Cámara hizo a mi mandante un pago parcial pues existen las constancias de que le pagó la pensiónPROCESO N° 37.155 6 de jubilación por cuanto acreditó los requisitos para gozar de tal beneficio (que es irrenunciable, Art. 53 C.N.) pero no le pago todos los factores salariales a que tenía absoluto derecho.

7. Ante la circunstancia anterior y teniendo en cuenta que a otros empleados del Congreso de la República que fueron retirados de sus cargos en desarrollo también de lo ordenado por el Decreto 1076/92, teniendo en cuenta repito que a ellos se les pagó no solamente la pensión (a quienes tenían derecho) sino también, "La asignación básica, primas de navidad, antigüedad, técnica, etc."

(Art. 70 Decreto 1076) mi mandante resolvió otorgarme poder para que adelantara las diligencias extrajudiciales y judiciales que fuesen del caso a fin de obtener el reconocimiento y pago de lo dejado de devengar. 8En desarrollo del mandato recibido yo, a nombre y representación

las diligencias extrajudiciales y judiciales que fuesen del caso a fin de obtener el reconocimiento y pago de lo dejado de devengar. 8En desarrollo del mandato recibido yo, a nombre y representación de mi patrocinado solicité a la Cámara de Representantes: "PRIMERO: Que como lo ordena el Artículo 70 del Decreto 1076/92 se le pague a mi patrocinado los sueldos, primas, de navidad, de antigüedad, la prima técnica, la prima de servicios, la bonificación de quinquenio y vacaciones" que debería haber devengado durante el lapso de tiempo comprendido entre el 20 de julio de 1992 y el 19 de julio de 1994, suma ésta que la mencionada corporación legislativa hasta la fecha le adeuda al demandante, (se anexa copia del memorial) 9A lo anterior, la H. Cámara de Representantes dió respuesta negativa en los siguientes términos: "Sin desconocer el excelente trabajo que implica la formulación de la reclamación tenemos que concluir que no es posible acceder a los pedimentos por las siguientes razones:

a) LA ADMINISTRACION SOLO PUEDE LLEVAR A

CABO AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTA

EXPRESAMENTE FACULTADA."

H. H. Magistrados: No le asiste razón a la H. Cámara de Representantes para, en el caso subjudice, llegar a hacer la anterior afirmación tanto el artículo 113 de la Ley 21 de 1992 como el artículo 70 del Decreto No. 1076 de 1992 no solamente facultaban a la Cámara de Representantes para reconocer y pagar la indemnización por despido a aquellos empleados a los cuales retirarse valiéndose del "Plan de retiro compensado" sino que forzosa y

1076 de 1992 no solamente facultaban a la Cámara de Representantes para reconocer y pagar la indemnización por despido a aquellos empleados a los cuales retirarse valiéndose del "Plan de retiro compensado" sino que forzosa y obligatoriamente debía hacerlo pues, es preciso recordar que dichos empleados, según el Artículo 30 de Ley 52 de 1978, eran funcionarios de período (19901994) y por lo tanto tenían el carácter de INAMOVIBLES y si el congreso pretenden separarlos del cargo, debía necesariamente indemnizarlos pagándoles todos los sueldos y prestaciones sociales que por tal causa dejaron de devengar desde la fecha de separación del cargo hasta el final de período, esto es, hasta el 19 de julio de 1994; así lo sostuvo el H. Consejo de Estado, en el concepto emitido sobre el particular y calendado el 19 de febrero de 1992 y que como prueba se anexa a esta demanda. b) QUE LA ADMINISTRACION ESTA EN LA OBLIGACIONPROCESO N° 37.155 7

PERENTORIA DE CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS DISPOSICIONES

VIGENTES SEAN O NO SEAN DE SU AGRADO.

La H. Cámara de Representantes estaba efectivamente "en la obligación perentoria de cumplir estrictamente lo ordenado por el artículo 113 de la Ley 21 de 1992 que "eran las disposiciones vigentes" al momento en que mi mandante fue separado del cargo, así no fueran de su agrado. De lo contrario está cometiendo un abuso por "omisión".

c) QUE LAS NORMAS QUE REGULARON EL RETIRO

COMPENSADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NO SOLO NO

AUTORIZARON EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS

está cometiendo un abuso por "omisión".

c) QUE LAS NORMAS QUE REGULARON EL RETIRO

COMPENSADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NO SOLO NO

AUTORIZARON EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS

QUE OPTARON POR LA PENSION DE JUBILACION SINO QUE

ESTABLECIERON UNA EXPRESA INCOMPATIBILIDAD ENTRE UNA Y OTRA.

Es cierto que el artículo 80. DeI Decreto 1076 de 26 de junio de 1992 estableció una inexplicable incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la indemnización "por retiro compensado". Pero es más cierto que aún que posteriormente, en DICIEMBRE 30 de 1992 por medio del artículo 113 de la ley 21 de 1992 (6 meses después) se derogó el mencionado artículo 811. Del Decreto No. 1076 de 1992 que al efecto dispuso: "Artículo 113.- Los empleados del Congreso Nacional (Senado - Cámara) que a la promulgación del Decreto 1976 de 1992 tenían derecho adquirido a la pensión de jubilación, en concordancia con las disposiciones legales por la edad y tiempo de servicios, RECIBIRAN SU CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION DE que trata el Artículo 18 de la Ley 41. De 1992 SIN INCOMPATIBILIDAD ALGUNA (art. 113 Ley 21/92) luego es meridianamente claro que esta última norma acabó con la "EXPRESA INCOMPATIBILIDAD" de que habla la H. Cámara de Representantes! Es pues el caso de aplicar el artículo 20 de la Ley 153 de 1887 que para el caso dispone: "Artículo 20. La ley posterior prevalece sobre la ley

habla la H. Cámara de Representantes! Es pues el caso de aplicar el artículo 20 de la Ley 153 de 1887 que para el caso dispone: "Artículo 20. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que alguna ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistan al hecho que se juzga, se aplicará la Ley posterior". De lo anterior se infiere que como mi mandante fue separado del cargo cuando estaba rigiendo el artículo 113 de la Ley 21 de 1992, tiene un derecho adquirido que lo capacita para solicitar que en su favor se le dé aplicación a dicha norma legal que en consecuencia se le pague la INDEMNIZACION por despido del cargo y que fue ordenada por el artículo 7° del Decreto 1076 de 1992.PROCESO N° 37.155 8

D).- QUE EL ARGUMENTO DE QUE EL ARTICULO No. 113 DE LA LEY 21 de 1992 derogo esta PROHIBICION NO ES VALIDO PARA EL CASO

QUE NOS OCUPA POR DOS RAZONES:

A) LA NORMA FUE DECLARADA INEXEQUIBLE Y POR LO

MISMO NO EXISTE JURIDICAMENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD".

Es cierto que el artículo 113 de la Ley 21 de 1992 fue declarada inexequible pero mucho después de efectuado por el Congreso Nacional (Senado - Cámara) el "Plan de retiro Compensado". Lo importante y decisivo no es la fecha de cuando, por mi conducto, "se presenta la solicitud", como lo afirma la Cámara, no lo que es indispensable tener en cuenta es si el artículo 113 de la Ley 21 de 1992 ESTABA VIGENTE en la época en que el Congreso Nacional

fecha de cuando, por mi conducto, "se presenta la solicitud", como lo afirma la Cámara, no lo que es indispensable tener en cuenta es si el artículo 113 de la Ley 21 de 1992 ESTABA VIGENTE en la época en que el Congreso Nacional adelantó el mencionado "Plan de Retiro Compensado" que fue la razón para que mi mandante fuera separado de su cargo. La norma legal que establecía incompatibilidad entre el reconocimiento de la pensión de jubilación y la indemnización (artículo 80. Decreto No. 1076/92) tuvo vigencia a partir del 26 de julio de 1992 pero solamente hasta el 8 de noviembre del mismo año, pues en esta última fecha fue derogado por una disposición legal posterior y de superior categoría o jerarquía (art. 113 ley 21 de 1992) a partir pues del 8 de noviembre de 1992 no existió incompatibilidad alguna entre pensión de jubilación e indemnización por retiro del cargo. Bajo el imperio o mandato del artículo 113 se ejecutó todo el "Plan de Retiro Compensado" (Véase certificación expedida por el H. Senado, calendada el día 21 de julio de 1993, of. No. 181) El artículo 113 en comento tuvo vigencia y aplicabilidad durante nueve (9) meses y fue declarado inexequible por cuanto la Corte Constitucional entendió que ese artículo no podía ir incluido en la Ley de presupuesto (Ley 21/92) puesto esto era contrario a lo dispuesto por el artículo 158 de la Carta Política que establece que "Todo proyecto debe referirse a una misma materia..." (Sent. C337 de 19 de agosto de 1993, página 12). De todas maneras cuando el artículo 113 fue declarado inexequible

artículo 158 de la Carta Política que establece que "Todo proyecto debe referirse a una misma materia..." (Sent. C337 de 19 de agosto de 1993, página 12). De todas maneras cuando el artículo 113 fue declarado inexequible ya hacia nueve (9) meses que mi mandante era titular de un derecho adquirido y consolidado y de todos es sabido que las sentencias de inconstitucionalidad o inexequibilidad jamás TIENEN EFECTOS RETROACTIVOS, sus determinaciones solo tienen eficacia hacia el futuro. En otras palabras, la aplicabilidad de la sentencia solo comenzó a partir del 19 de agosto de 1993 cuando ya se habían hecho todos los retiros compensados y el derecho de mi mandante, que es un derecho adquirido (art. 58 de la C) nació cuando fue separado del cargo sin el pago de la indemnización previa. En reciente fallo del H. Tribunal Superior de Santafé de Bogotá al referirse al tema anterior y en relación con el reconocimiento y pago de las indemnizaciones ordenadas por el Decreto No. 1076 de 1992 y el Art. 113 de la Ley 21 de 1992, trazó las siguientes pautas jurídicas tradicionales: "La situación planteada por el apoderado de la ejecutada, hace referencia a que la norma que sirvió de fundamento para proferir el acto que fue declarado inexequible y es entonces cuando conviene recordar que un fallo de ocho de octubre de 1985, el H. ConsejoPROCESO N° 37.155 9 de Estado, dijo: "Previamente se anota que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y algunos del Consejo de Estado, han predicado que los efectos de la sentencia de inexequibilidad son hacia el futuro, o sea a partir de la

9 de Estado, dijo: "Previamente se anota que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y algunos del Consejo de Estado, han predicado que los efectos de la sentencia de inexequibilidad son hacia el futuro, o sea a partir de la expedición del fallo respectivo, dado que desde entonces la Ley acusada se hace inejecutable. Cuestión diferente es lo de saber si al declararse inexequible una Ley o un Decreto con esta jerarquía, tal estatuto legal queda afectado por la inejecutabilidad que proviene de la inexequibilidad, desde cuando fue expedido toda vez que la inexequibilidad, se predica ante la existencia del vicio de inconstitucionalidad, con el cual nace el estatuto sometido a control. "Algunas solitarias providencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han reconocido los efectos ab initio de las sentencias de inexequibilidad, sobre la base de que el acto jurídico controlado por razón de su inconstitucionalidad debe respetarse los derechos adquiridos, excepción hecha de los casos concretos que hayan quedado cubiertos por el principio de la cosa juzgada. Además, algunas respetables doctrinas sostienen que si la Ley invalidada por el control jurisdiccional causa lesión grave y grosera a las garantías esenciales consagradas en favor de los ciudadanos en la Carta Fundamental, los efectos de la invalidez deben retrotraerse al momento de su expedición. O sea: a) Si de la aplicación de la Ley declarada inexequible durante el tiempo que se presumió Constitucional han surgido derechos subjetivos consolidados, ESTOS

DEBEN RESPETARSE, y

expedición. O sea: a) Si de la aplicación de la Ley declarada inexequible durante el tiempo que se presumió Constitucional han surgido derechos subjetivos consolidados, ESTOS DEBEN RESPETARSE, y b) Al contrario, si de la aplicación de esa ley declarada inexequible durante el mismo tiempo se causarán daños. O estos son inminentes, la declaratoria de inexequibilidad puede producir efectos retroactivos sobre tales situaciones jurídicas, siempre que por vía de excepción se hayan ejercitado en oportunidad las defensas correspondientes." No puede perderse de vista que la suma de cuya ejecución se trate en este proceso, fue reconocida con fundamento en una disposición legal igualmente revestida de presunción de constitucionalidad hasta tanto, fue declarada inexequible, lo que significa, que al no decir la sentencia de la Corte Constitucional otra

cosa LOS DERECHOS INDIVIDUALES YPROCESO N° 37.155 10

CONCRETOS RECONOCIDOS DURANTE SU VIGENCIA mediante actos administrativos, no resultan afectados por esa declaración posterior. Vale la pena citar al tratadista GERARDO MONROY CABRA, cuando en relación con este aspecto dice: "La declaratoria de inexequibilidad no equivale a la derogación de la Ley. La inexequibilidad, SOLO PRODUCE EFECTOS HACIA EL FUTURO, RESPETANDO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, situaciones jurídicas concretas creadas y decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas con autoridad a la declaratoria de inexequibilidad." Por su parte el tratadista Dr. LUIS CARLOS SACHICA, sobre el mismo aspecto ha dicho lo siguiente:

situaciones jurídicas concretas creadas y decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas con autoridad a la declaratoria de inexequibilidad." Por su parte el tratadista Dr. LUIS CARLOS SACHICA, sobre el mismo aspecto ha dicho lo siguiente: "La disposición declarada inconstitucional deja de formar parte del orden jurídico, pierde toda la aplicabilidad, sin que pueda ser revivida no por el Legislador, la administración, ni los jueces. Obviamente sus efectos cumplidos antes de la sentencia, son intocables, están garantizados por ser efectos producidos bajo la vigencia de la Ley, cuando estaba amparado por una presunción de constitucionalidad, y por razones de seguridad jurídica. Una solución distinta, podría llevar a dejar todo pacto de actividades sociales sin regulación alguna, con caóticas consecuencias y también a la inaceptable conclusión de la invalidez de situaciones creadas al amparo de una norma constitucional lo cual sería injusto. (Sentencia Tribunal Superior de Bogotá del 31 de mayo de 1994, página 5). De lo anterior se infiere que no le asiste razón alguna a la H. Cámara de Representantes, cuando dice que no debe tenerse encuentra la solicitud de pago de indemnización hecha por mi mandante pro cuanto es extemporánea, pues fue hecha, según ella, después de derogado el mencionado artículo 113 de la Ley 21 de 1992.

100. Es un hecho que a muchos de los empleados que fueron retirados del servicio en desarrollo del plan de retiro compensado consagrado en el artículo 11. Del Decreto 1076 de 1992 y que en la fecha del retiro o durante el transcurso del período Constitucional 1990 - 1994 cumplían con los requisitos que

retirados del servicio en desarrollo del plan de retiro compensado consagrado en el artículo 11. Del Decreto 1076 de 1992 y que en la fecha del retiro o durante el transcurso del período Constitucional 1990 - 1994 cumplían con los requisitos que la ley estableció para ADQUIRIR LA PENSION DE JUBILACION. Esta se les reconoció y ordenó pagar pero además de la pensión se les pagó tmbién la indemnización por retiro anticipado de que trata el artículo 70. Del Decreto antes citado. Esta afirmación no es gratuita, y lo demuestro, por ejemplo, con unaPROCESO N° 37.155 11 certificación expedida por el H. Senado de la República y que textualmente dice: "En atención a su solicitud radicada en este despacho el pasado 15 de julio, le presentamos la relación de funcionarios del H. Senado de la República, que fueron retirados del servicio con derecho a pensión de jubilación y que ADEMAS SE ACOGIERON AL PLAN DE INDEMNIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 DE LA LEY 21 DE 1992" (Véase fotocopia oficio anexo). Luego a tenor de lo anterior, a mi patrocinado ha debido el Congreso Nacional pagarle también "La indemnización, de conformidad con el artículo 113 de la ley 21 de 1992". No existe razón alguna valedera para que la H. Cámara se niegue a pagar a mi mandante los sueldos, primas y demás bonificaciones dejados de percibir por haberlo separado del cargo antes de la terminación del período. En la H. Cámara a los pensionados se les dictó resolución reconociéndoles la indemnización pero como no se apropió la partida para el

dejados de percibir por haberlo separado del cargo antes de la terminación del período. En la H. Cámara a los pensionados se les dictó resolución reconociéndoles la indemnización pero como no se apropió la partida para el pago correspondiente, los empleados han acudido a la justicia laboral en donde, por vía ejecutiva, han hecho efectivos sus derechos." NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION En el libelo cita el demandante como normas violadas la Constitución Política en sus arts. 2, 13, 25, 53 y 58, la Ley 52 de 1978 art. 3o y el Decreto 1076 de 1992 art. 70 Se cumple el requisito de la expresión del concepto de violación, al cual se hará referencia en las consideraciones. EL PROCESO A.ENTIDAD DEMANDADA Se demanda a la Nación - Cámara de Representantes. Se notificó por AVISO el auto admisorio de la demanda y de su adición al Ministro de Gobierno y al Presidente de la Cámara de Representantes (folios 48, 50, 79 y 80).PROCESO N° 37.155 12 La entidad demandada por intermedio de apoderada, contestó la demanda en tiempo, haciendo referencia a los hechos, oponiéndose a las pretensiones, argumentando las razones de su defensa y proponiendo las excepciones que denominó "el concepto