TA CUN - 38515-(29-01-1998)

ASIGNACION DE RETIRO -Pago retroactivo del reajuste

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA

SUB-SECCION "D"

Santafé de Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: DRA. MARTA DEL CARMEN JARRIN CERON

REFERENCIA:

Expediente No. 38.515

ACTOS NACIONALES

DEMANDANTE: JULIAN MONCAYO LOPEZ

DEMANDADA: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL El señor JULIAN MONCAYO LOPEZ, identificado con la C.C. N° 32.147 de Bogotá, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., en demanda presentada el 13 de julio de 1995, dentro del término de caducidad, solicita a esta Corporación se hagan las siguientes, DECL4R4CIONES Y CONDENAS: "1. Que es nulo el acto administrativo número 0660 del 16-03 de 1995 preferido por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, por medio del cual se negó el reajuste retroactivo del sueldo originado en el artículo 11 de la Ley 4 de 1992. ao cEXPEDIENTE A'° 38.515 2 "2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ese H. Tribunal, condene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, a cancelar a mi mandante los

"2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ese H. Tribunal, condene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, a cancelar a mi mandante los reajustes correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y los seis (6) primeros días de JULIO de 1992, así como el respectivo reajuste de la prima semestral. "3. Que dichas sumas sean actualizadas con base en el índice de precio al consumidor, junto con los intereses comerciales corrientes o moratorios a que haya lugar, desde la fecha en que debió realizarse el pago. "4. Que se ordene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin a este proceso dentro del término señalado en el artículo 176 del C. C.A. "5. Que se ordene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL pagar los costos del proceso." La demanda se fundamenta en los siguientes: HECHOS: "1El 18 de mayo de 1992 se expidió la ley 48 mediante la cual se señalan las 'Normas', objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fe/ación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e y f de la Constitución Política.

para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e y f de la Constitución Política. "2Por medio del decreto 872 de 2 de junio de 1992 se dispuso, en el parágrafo del artículo 2, que los Ministros del despacho que se posesionaran a partir de su vigencia devengarían mensualmente por concepto de asignación básica la suma de $648.000.00 MIt y por concepto de gastos de representación la suma de $1'l 52.000.00 MIt. "3Con fundamento en el decreto 921 del 2 de junio de 1992, se fijaron los sueldos para el personal de Oficiales de la Policía Nacional, (art 14 y 15).EXPEDIENTE N0 38.515 3 "4El 7 de julio se posesionó un nuevo Ministro del despacho, por lo cual, se ajustó de manera inmediata su asignación en los términos del parágrafo del artículo 20 del Decreto 872 de 1992. "5El artículo 11 de la ley 41 de 1992, dispuso, en concordancia con el 4 de la misma, que el Gobierno Nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a su sanción debía hacer los aumentos a los Miembros de la Fuerza Pública, con efectos a partir del primero (10) de enero de 1992. "6Con fundamento en lo anterior, solicitó a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, la cancelación del reajuste, entre el primero (10) de enero y 7

enero de 1992. "6Con fundamento en lo anterior, solicitó a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, la cancelación del reajuste, entre el primero (10) de enero y 7 de julio de 1992, fecha esta a partir de la cual se le hizo el aumento salarial. 7La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, mediante acto demandado, le negó la petición, con el argumento de que los (sic) 'Los reajustes señalados en el parágrafo del artículo 21 del decreto 872 del 2 de junio de 1992, se encontraban sometidos a una condición cierta, la cual se vino a cumplir el 07-07-92, considerándose por lo tanto que el derecho a ese nuevo ingreso se generó (sic) se generó a partir de esa fecha, y no de otra, para concluir que se considera que los reajustes previstos en el parágrafo del artículo 20 del Decreto 872192 deben efectuarse a partir del 7 d julio de 1992." NORMAS VIOLADAS E CONCEPTO DE LA VIOLACION Como normas violadas, el accionante cita las siguientes: il CONSTITUCIONALES: • Artículos 53 y 58.

S LEGALES: • Ley 48de 1992-arts. 41y11, • Decreto 872 de 1992 - parágrafo del art. 21 ,EXPEDIENTE No 38.515 4 • Decreto 921 de 1992 - arts. 14y 15.

El Concepto de violación se estructuró en la demanda de la siguiente manera:

1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pretendía

• Decreto 921 de 1992 - arts. 14y 15.

El Concepto de violación se estructuró en la demanda de la siguiente manera:

1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pretendía a través de su gerente que, el accionante renunciara al beneficio establecido en la ley 48 de 1992.

2. El régimen salarial de la Policía Nacional está regido por las disposiciones contenidas en la mencionada ley 48 de 1992, que señala los criterios y objetivos que debe tener en cuanta el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y presta cional de los empleados públicos.

3. Las decisiones administrativas que creen situaciones jurídicas individuales que reconozcan o nieguen derechos originario en la ley 48 de 1992, por una incorrecto interpretación de sus disposiciones, deben ser anuladas.

4. El acto demandado que negó la solicitud del demandante se fundamentó en un concepto de la oficina jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el cual fue confirmado por la oficina jurídica del Ministerio de Defensa, en el sentido de que los reajustes salariales establecidos en los Decretos 334 y 335 de 1992, en concordancia con el Decreto 872 del mismo año, fueron reconocidos en su totalidad y no hay nada pendiente.

5. La entidad impugnada manifestó que los reajustes autorizados por el parágrafo del art. 21 del Decreto 872 de 1992 eran condicionales, y que esta condición solo se cumpliría hasta el 7 de julio del mismo año.

Además, se tiene que esta norma citada solo se limita a

por el parágrafo del art. 21 del Decreto 872 de 1992 eran condicionales, y que esta condición solo se cumpliría hasta el 7 de julio del mismo año. Además, se tiene que esta norma citada solo se limita a señalar la cuantía correspondiente a ¡os Ministros del Despacho, indicando que tales asignaciones únicamente se aplicarán a estos funcionarios, cuando a partir de su vigencia se produzca la posesión de ¡os Ministros.EXPEDIENTE N0 38.515 5

6. El Decreto 921 de 1992 determinó que el sueldo para el personal de Oficiales de la Policía Nacional mencionados en los artículos 14 y 15, sería igual en el caso de los Coroneles y, equivalentes a los porcentajes en ellos señalados, de lo que devenguen en todo el tiempo los Ministros del Despacho.

7. Los artículos 4 y 11 de la Ley 41 de 1992 produce efectos fiscales a partir del 10 de enero de 1992, toda vez que las asignaciones del personal al servicio del Estado son señaladas para el año correspondiente, y no constituyen un aumento, ni un reajuste ni la modificación de porcentajes, sino que integran la fijación de la asignación de los oficiales para un tiempo determinado.

De otro lado, la parte actora presentó sus alegatos de conclusión en escrito que obra a folios 61 a 63 en el que solicita se acceda a las súplicas de la demanda toda vez que la ley 41 de 1992, en sus arts. 4°y 11 señalan que el Gobierno dentro de los 10 primeros días del mes de enero de cada año, deberá modificar el sistema salarial correspondiente a

súplicas de la demanda toda vez que la ley 41 de 1992, en sus arts. 4°y 11 señalan que el Gobierno dentro de los 10 primeros días del mes de enero de cada año, deberá modificar el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en los literales a), b) y d) del art. 10. ARGUMENTOS DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POIJCIA NACIONAL Una vez notificado el auto admisorio de la demanda (fi. 24), el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, constituyó apoderado (fi. 44), quien contestó la misma fuera del término de fijación en lista. De otra parte, la entidad accionada presentó sus alegatos de conclusión en escrito que obra a folios 64 a 66 en el que solicita seEXPEDIENTEN° 38.515 6 desestimen las súplicas de la demanda y, se remite a la sentencia de 11 de octubre de 1996, Magistrado Ponente doctor Luis Rafael Vergara, expediente 38.908. ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora 51 en lo Judicial ante ésta Corporación en su Concepto N° 76 de 11 de junio de 1997 (fis. 69 a 80) solicita se denieguen las súplicas de la demanda al remitirse a ¡a sentencia de 30 de abril de 1997, expediente 95-37.876, actor: Pedro Antonio Herrerta Miranda, Magistrado Ponente doctor 1/var Nelson Arévalo Perico. Surtido el trámite de rigor y no habiendo causal de nulidad que invalide ¡o actuado, se decide sobre el fondo de ¡a presente ¡itis, mediante las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Surtido el trámite de rigor y no habiendo causal de nulidad que invalide ¡o actuado, se decide sobre el fondo de ¡a presente ¡itis, mediante las siguientes, CONSIDERACIONES: la.- El objeto de la presente controversia es la legalidad del acto administrativo contenido en el Oficio N° 660 de 16 de marzo de 1995, por el cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de ¡a Policía Nacional negó al actor el pago retroactivo del reajuste anual de su asignación de retiro correspondiente al lapso comprendido entre el 1 de enero ye! 7 de julio de 1992 (fi. 2). 2a.- El demandante estima que el acto acusado está incurso en causal de nulidad por falsa motivación, en cuanto no ordenó el reajuste de su asignación de retiro para el año de 1992, a partir de enero sinoEXPEDIENTE No 38.515 7 desde julio, conforme a lo dispuesto por el decreto 872 de 1992, en concordancia con el decreto 921 del mismo año.. En el escrito de la demanda, el impugnante manifiesta que el decreto 921 de 2 de junio de 1992 'introdujo una disminución porcentual de los factores de liquidación de los sueldos de retiro de los oficiales de grado General a Coronel y sus equivalentes... ", lo que en su criterio constituye "una inusual medida contraria a la Constitución y a la ley... Pero agrega que, a pesar de lo indicado, hubo un aumento en la base de la liquidación de las asignaciones de los oficiales que dependen de las asignaciones de los ministros. Finalmente, concluye que la remuneración

Pero agrega que, a pesar de lo indicado, hubo un aumento en la base de la liquidación de las asignaciones de los oficiales que dependen de las asignaciones de los ministros. Finalmente, concluye que la remuneración fijada para los ministros a partir de julio de 1992, debió tomarse como base para determinar al aumento de las de los oficiales retirados pero en forma retroactiva desde enero de ese año. 3a.- En el proceso está demostrado que el accionante para la época de los hechos tenía el carácter Coronel retirado de la Policía Nacional y, que como tal, percibía asignación de retiro que le cancelaba la Caja de Sueldos de Retiro respectiva (fi. 58). 4a.- En relación con las asignaciones de retiro de los miembros de la Policía Nacional se tiene que, para el caso en estudio el parágrafo 10 M artículo 104 del Decreto 2338 de 1971, dispuso que ellas serían iguales al 95% de todos los haberes recibidos por los miembros en actividad, lo que equivale a decir que, para determinar dichas asignaciones era necesario establecer la remuneración del personal activo, en cada grado sobre la cual debía aplicarse el porcentaje señalado. 5a.- Sobre el tema materia de examen, se tiene que el decreto 335 de 24 de febrero de 1992, fijó los sueldos para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y otros empleados públicos en actividad. El artículo 20 del citado decreto prescribió:EXPEDIENTE N` 38.515 8 "Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los Grados de General y Almirante percibirán una asignación mensual por todo concepto

"Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los Grados de General y Almirante percibirán una asignación mensual por todo concepto igual a la que en todo tiempo devenguen los Ministros de! Despacho Ejecutivo, los Mayores Generales y Vicealmirantes percibirán el noventa por ciento (90%); los Brigadieres Generales y Contraalmirantes el ochenta y cinco por ciento (85%) y los Coroneles y Capitanes de Navío el setenta por ciento (70%) de dicha asignación, distribuidas por cada grado así: el cuarenta por ciento (40%) como sueldo básico y el sesenta por ciento (60%) como primas." 6a.- Según la norma transcrita, es claro que la remuneración de los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dependía de la de los Ministros del Despacho. Precisamente, el 2 de junio de 1992, el Presidente de la República expidió e! decreto 872 que, fijó la remuneración, entre otros funcionarios de la Rama Ejecutiva, de los Ministros del Despacho, así en el artículo 2o previó: "Artículo 2°. A partir de¡ 10 de enero de 1992, la remuneración mensual de los Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, será de trescientos veintiséis mil doscientos treinta y dos pesos ($326.232.00) moneda corriente, por concepto de asignación básica y quinientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos ($579,968.00) moneda corriente, por concepto de gastos de representación.

($326.232.00) moneda corriente, por concepto de asignación básica y quinientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos ($579,968.00) moneda corriente, por concepto de gastos de representación. "PARA GRAFO. Los Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo que se posesionen a partir de la vigencia del presente decreto, devengarán mensualmente por concepto de asignación básica la suma de seiscientos cuarenta y ocho mil pesos ($648.000. oo)moneda corriente y por concepto de gastos de representación la suma de un millón ciento cincuenta y dos mil pesos ($1 '152.000. oo) moneda corriente." 7a.- En la misma fecha mencionada, 2 de junio de 1992, el Presidente de la República expidió el decreto 921, por el cual dictó normas en materia salarial para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y otros empleados públicos. Así en los artículos 14y 15, textualmente se prescribió .•EXPEDIENTE N° 38.515 9 "Artículo 14. Los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de general y almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuidas así: el treinta y uno por ciento (31%) como sueldo básico y el sesenta y nueve por ciento (69%) como prima de alto mando, la cual no tendrá carácter salarial para ningún efecto"

todo tiempo, distribuidas así: el treinta y uno por ciento (31%) como sueldo básico y el sesenta y nueve por ciento (69%) como prima de alto mando, la cual no tendrá carácter salarial para ningún efecto" "Artículo 15. Los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de mayor general y vicealmirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual, equivalente al setenta por ciento (70%) de la que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación; los brigadieres generales y contraalmirantes el sesenta y cuatro (64%); los coroneles y capitales de navío el cincuenta y dos por ciento (52916) de dicho salario, distribuido por cada grado así: el treinta y uno por ciento (319/5) como sueldo básico y el sesenta y nueve por ciento (69%) como primas. "PARA GRAFO. La prima especial de servicios y la prima de alto mando a que pueden tener derecho los generales y almirantes, no se tendrá en cuenta para la determinación de las asignaciones de que trata este artículo o la remuneración de otro empleo de las ramas del poder público, organismo o institución del Estado." A su turno, el artículo 16 ibídem dispuso: "Artículo 16. Los porcentajes a que se refieren los artículos 14 y 15 del presente decreto, se aplicarán cuando se produzca una modificación en la remuneración de los Ministros del Despacho, hasta que esto ocurra se continuarán aplicando los señalados en el artículo 20 del Decreto - ley 335 de 1992." 8a.- De las normas señaladas, se deduce claramente que la

de los Ministros del Despacho, hasta que esto ocurra se continuarán aplicando los señalados en el artículo 20 del Decreto - ley 335 de 1992." 8a.- De las normas señaladas, se deduce claramente que la remuneración de los miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ha dependido de la fijada para los Ministros del Despacho y que, por lo mismo, esa base se ha aplicado a los miembros retirados de dichos organismos, conforme a las previsiones legales. 9a.- El asunto controvertido consiste en determinar si el reajuste salarial fijado para los Ministros del Despacho, a partir del 2 de junio deEXPEDIENTE No 38.515 10 1992, debió tomarse como base para liquidar la asignación de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, desde el mes de enero de 1992, como incremento retroactivo o desde julio, como lo determinó la entidad demandada. lOa.- Para la Sala es claro que los decretos 335 y 921 de 1992, establecieron los porcentajes de la asignación mensual de los miembros activos de los organismos mencionados, sobre la que en todo tiempo reciban los Ministros de! Despacho. Así, según las disposiciones del decreto 921 de 1992, ellos variarían cuando se modificara la remuneración de los ministros, mientras tanto, debían aplicarse los señalados en e! decreto 335 de ese año, que en efecto, eran superiores. De manera que, bajo cualquiera de los dos regímenes, la liquidación debía efectuarse sobre la asignación mensual vigente para los Ministros del Despacho.

señalados en e! decreto 335 de ese año, que en efecto, eran superiores. De manera que, bajo cualquiera de los dos regímenes, la liquidación debía efectuarse sobre la asignación mensual vigente para los Ministros del Despacho. ha.- En consecuencia, también los reajustes de las asignaciones de los miembros retirados de las fuerzas militares y de policía, debían liquidarse sobre las mismas bases, aplicando los respectivos porcentajes, según el grado al que pertenecieran. 12a.- De manera que, para la época de los hechos, al realizar la determinación de las asignaciones mensuales de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y, por extensión, del personal de oficiales retirados de esos organismos, era necesario aplicar las disposiciones de los decretos 872 y 921, expedidos el 2 de junio de

1992. El primero, que señaló el incremento salarial de los Ministros del Despacho y, el segundo, que fijó los nuevos porcentajes que debían tenerse en cuenta para liquidar las asignaciones cuando se presentara modificación de la remuneración, a partir del 2 de junio de 1992.EXPEDIENTE N° 38.515 11 13a• El demandante considera que con el acto demandado se infringió el artículo 11 de la Ley 48 de 1992 porque los aumentos de cada año deben ser retroactivos a partir del 11 de enero de 1992.

Sobre este aspecto es necesario analizar el artículo 11 mencionado que a la letra dijo: 'Artículo 11. El Gobierno Nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a la sanción de la presente Ley, en ejercicio de las autorizaciones previstas en el artículo 40.,

mencionado que a la letra dijo: 'Artículo 11. El Gobierno Nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a la sanción de la presente Ley, en ejercicio de las autorizaciones previstas en el artículo 40., hará los aumentos respectivos con efectos a partir del primero (1°.) de enero de 1992." La Sala estima que la disposición transcrita previó que a partir de la sanción de la ley -18 de mayo de 1992el Gobierno Nacional debía disponer los aumentos salariales respectivos a partir del 10 de enero de 1992, conforme a las autorizaciones previstas en el artículo 41 de la misma ley. Esta orden impartida por el legislador se cumplió el 2 de junio de 1992, en relación con los ministros del Despacho y, por extensión, a los miembros activos y retirados de las fuerzas militares y de policía, al expedir el Presidente de la República el Decreto 872. Esta norma dispuso un incremento salarial a partir de! 10 de enero de 1992 que, es claro que tuvo carácter retroactivo porque ella se profirió el 2 de junio de ese año (art. 20), dentro de los 10 días siguientes a la sanción de la Ley 4a de 1992.

W. Sin ninguna duda, el Gobierno Nacional desarrolló el artículo 11 ibidem con las previsiones del artículo 20 del citado Decreto 872 de

1992. Distinto es lo establecido en el parágrafo de! artículo 20 del decreto citado; en este aparte se determinó, en forma precisa un reajuste salarial, que devengarían los Ministros del Despacho, a partir del 2 de junio deEXPEDIENTE N 0 38.515 12

citado; en este aparte se determinó, en forma precisa un reajuste salarial, que devengarían los Ministros del Despacho, a partir del 2 de junio deEXPEDIENTE N 0 38.515 12

1992. En este aspecto, cabe advertir que la norma señala la fecha de su vigencia, sin que pueda el intérprete afirmar que se refiere a otra.

151. La Sala considera que el aumento en los salarios de los Ministros del Despacho fijado en el parágrafo del artículo 20 del Decreto 872 de 1992, no era necesario que se hiciera retroactivo desde el 10 de enero de 1992 porque esa obligación ya había sido ejecutada en el artículo 20 idem. No obstante, si el Presidente de la República desconoció alguna norma superior al disponer que lo devengarían a partir del 2 de junio de 1992, no existe prueba en el expediente que esa norma hubiera sido anulada o suspendida conforme a la ley.

Así las cosas, para la época de los hechos el parágrafo estudiado estaba vigente y constituyó el fundamento de la decisión acusada que, la aplicó en debida forma. 16°. De otra parte, el artículo 40 de la ley 41 de 1992, prescribe: "Artículo 0. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 20 el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 10 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. "Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

empleados enumerados en el artículo 10 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. "Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados. "Los aumentos que decrete el Gobierno Nacional conforme a este artículo, producirá efectos fiscales a partir de/primero de enero del año respectivo. "Parágrafo. Ningún funcionario a nivel nacional de la Administración Central, con excepción del Presidente de la República, del Cuerpo Diplomático colombiano acreditado en el exterior y del personal del Ministerio de Defensa destinado en comisión en el exterior, tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional." En verdad el inciso tercero transcrito prevé que los aumentos que ordene el Gobierno Nacional tendrán efectos fiscales a partir del 10 deEXPEDIENTE N o 38.515 13 enero del año respectivo, pero debe tenerse en cuenta que también se refiere a aquellos aumentos señalados "conforme a este artículo"; es decir, armonizando toda la norma a aquellos que se dispongan dentro de los diez primeros días del mes de enero de cada año. De donde se infiere que, los demás aumentos que establezca el Gobierno en otras fechas, deben regir desde la fecha que, para el efecto, disponga en forma precisa cada decreto. 1 71.- En conclusión, la Sala estima que el reajuste salarial ordenado por el parágrafo, del artículo 2o del decreto 872 de 1992 para los Ministros de! Despacho, rigió a partir de la vigencia de ese decreto -2 de junio-; circunstancia aplicable en iguales condiciones a los empleados

ordenado por el parágrafo, del artículo 2o del decreto 872 de 1992 para los Ministros de! Despacho, rigió a partir de la vigencia de ese decreto -2 de junio-; circunstancia aplicable en iguales condiciones a los empleados públicos sometidos a dicha remuneración, como los miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que, a su vez, sirvió de base para fijar las asignaciones del personal retirado de dichas fuerzas.

188. Finalmente, examinadas las normas citadas, no se encontró disposición alguna que ordenara el reajuste retroactivo para las asignaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, todo lo contrario, ellas prevén que los incrementos de estos funcionarios, debían realizarse cuando se presentara la modificación de la remuneración de los Ministros del Despacho. 19~.- De todo lo anterior, se deduce que el acto acusado se expidió conforme a las normas superiores vigentes porque resolvió no acceder a la petición del demandante de reajustar la asignación de retiro, con base en el parágrafo del artículo 21 del Decreto 872 de 1992, desde enero de ese año, como incremento retroactivo.

Dejando vigente el reconocimiento que se determinó el 7 de julio de 1992, sobre el reajuste efectuado a partir de esa fecha, sin hacerlo retroactivo, toda vez que, como se indicó, no existe norma que dispongaEXPEDIENTE N° 38.515 14 que esa remuneración debía aplicarse para los miembros activos o retirados de las fuerzas militares, desde enero de 1992. De manera que, los argumentos planteados por la parte actora no

que esa remuneración debía aplicarse para los miembros activos o retirados de las fuerzas militares, desde enero de 1992. De manera que, los argumentos planteados por la parte actora no fueron demostrados y, por lo mismo, no lograron desvirtuar su presunción de legalidad, motivo suficiente para que las pretensiones de la demanda sean denegadas. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección D, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F4LLA: PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Se reconoce a la doctora NANCY MAZUERA URREGO como apoderada de la entidad demandada en los términos y para los fines del poder conferido en sustitución (fi. 86).

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previa devolución de los valores consignados para gastos del proceso, excepto los ya causados.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase. Aprobado en sesión de la fecha según acta N°05

MARÍA DEL CARMEN JARRIN CERONEXPEDIENTEN° 38.515 15

FILEMON JIMENEZ OCHOA NEVARDO A. REYES RODRIGUEZ