TA CUN - 44676-(16-09-1999)

SUPRESION DE CARGO - Empleado del Distrito Capital / SUPRESION DE CARGO - Empleado de la Secretaría de Transito y Transporte de Santafé de Bogotá / EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Improcedencia / FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Improcedencia / FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA / DESVIACION DE PODER - Falta de prueba / REORGANIZA..- ClON INTERNA DEL PERSONAL DEL DISTRITO CAPITAL - Competencia / SUPRESION

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "D"

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis (16) de ePt.mbrek mil novecientos noventa y nueve.

MAGISTRADO PONENTE: Dr. FILEMON JIM

44.676

JALVER LOPEZ GONZALEZ

DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE

BOGOTA

CONTROVERSIA SUPRESION DEL CARGO JALVER LOPEZ GONZALEZ, identificado con C. C. No. 17.644.311 de Florencia (Caquetá), por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda al DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, en solicitud de lo siguiente: LA DEMANDA El actor formula las siguientes

PRETENSIONES

1Que se declare la nulidad parcial del Decreto No. 069 del 5 de febrero de 1997, proferido por el Señor Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D.

C. , específicamente su artículo 2 en la parte referente a la supresión, a partir del

febrero de 1997, proferido por el Señor Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D.

C. , específicamente su artículo 2 en la parte referente a la supresión, a partir del 1 de abril de 1997, del cargo que desempeñaba mi mandante de AGENTE DE TRANSITO CATEGORIA - IV - A correspondiente a la Planta Global de Empleos

de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá D.C. y que aparece publicado y relacionado en la página 27 del Decreto 069/97.

PROCESO N° :

ACTOR :

DEMANDADO : OCHOA 1 IT 1199DE CARGOS DEL DISTRITO CAPITAL - Competencia / SUPRESION DE CARGOS DEL DISTRITO CAPITAL - No requiere acuerdo previo del Concejo / SUPRESION DE ENTIDAD - Competencia / ACTO DE SUPRESION DE CARGOS - No requiere motivación / INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGO / VIOLACION DEL DERECHO AL TRABAJO - Inexistencia / RETIRO DEL SERVICIO POR SUPRESION DE CARGO - Inexistencia de despidos masivos / RAZON DE CONVENIENCIA - No es causal de anulación de acto administrativo / SUPRESION DE CARGOS EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - Competen cia / INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGO - Opci6n inmodificable / ACTO DE SUPRESION DE CARGOS - No requiere motivaci6n / OFICIO DE COMUNICACION - No es acto administrativoPROCESO N° 44.676 2 2-Que se declare la nulidad de la comunicación de supresión del cargo de mi mandante, fechada 20 de Marzo de 1997, entregada por el jefe de

• No es acto administrativoPROCESO N° 44.676 2 2-Que se declare la nulidad de la comunicación de supresión del cargo de mi mandante, fechada 20 de Marzo de 1997, entregada por el jefe de División de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte de

Santa Fe de Bogotá D.C. 3Que se declare igualmente que mi mandante tiene derecho a que la entidad Demandada lo reintegre, al cargo que venía desempeñando, o a otro de igual o superior jerarquía en el Distrito Capital a partir del 1 de abril de 1997. 4Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Demandado, a reintegrar a mi mandante, al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, a partir del 1 de abril de 1997. 5Que se condene al Demandado, a pagarle a mi mandante, todos los sueldos, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, quinquenios, prima técnica, y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, desde la fecha del ilegal retiro del cargo, hasta cuando sea efectivamente reintegrado. 6Que se declare y ordene, que para todos los efectos legales, no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados por mi mandante, desde su ilegal desvinculación, hasta cuando se efectúe su reintegro. 7Que en el evento de fallarse favorablemente las anteriores pretensiones, con fundamento en el fallo del Honorable Consejo de Estado - Sala Plena - del 28 de agosto de 1996, expediente S - 638 con ponencia del Dr. Carlos

7Que en el evento de fallarse favorablemente las anteriores pretensiones, con fundamento en el fallo del Honorable Consejo de Estado - Sala Plena - del 28 de agosto de 1996, expediente S - 638 con ponencia del Dr. Carlos

A. Orjuela Gongora, y en el art. 230 de la C.P., comedidamente solicito, que no se ordene el reintegro de las sumas que a título de salario haya podido recibir mi mandante desde el 1 de abril de 1997.

8Ordenar al Demandado a que sobre las sumas que resulte condenado, reconozca y pague a mi mandante los ajustes de las mismas conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Banco de la República. (Art. 178 del C. C. A.). 9Condenar al Distrito Capital a pagar a favor de mi mandante, intereses comerciales por los primeros 6 meses, contados a partir de la ejecutoria de sentencia y moratorios después del término citado. (Art. 177 del C. C. A. )".PROCESO N° 44.676 3 HECHOS El actor fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: 1Mi mandante laboró en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, hasta el 31 de marzo de 1997. 2.- Mi mandante, fue debidamente inscrito ( a) en el escalafón de la carrera Administrativa. 3.- Mi mandante desempeñó sus cargos con eficiencia, moralidad, responsabilidad y en general cumplió cabalmente con las funciones que le fueron encomendadas. 4.-El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D. C., expidió el Decreto No. 069/97, por el cual suprimió indebidamente de la Planta Global de la

encomendadas. 4.-El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D. C., expidió el Decreto No. 069/97, por el cual suprimió indebidamente de la Planta Global de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá D.C, entre otros, el cargo de mi mandante. 5.-El Demandado le comunicó a mi mandante la supresión de su cargo a partir del 1 de abril de 1997. 6Mi mandante solicitó la revocatoria directa del Decreto No. 069/97, por la cual se le suprimió su cargo, y manifestó claramente su inconformidad con el proceso de desvinculación e indemnización. 7De conformidad con la solicitud especial que mi mandante y otros ex-agentes me hicieron, el suscrito presentó, demanda de Nulidad y Suspención Provisional del Decreto 069197 ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera. 8La última asignación básica de mi mandante es la que figura en el Decreto No. 069/97.PROCESO N° 44.676 4 9Por el domicilio de las partes y porque mi mandante prestó sus últimos servicios en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, esa Honorable Corporación es competente para conocer de la presente acción. 10El Decreto 069/97, fue comunicado a mi mandante y su retiro lo hizo efectivo la administración a partir del 1 de abril de 1997, por lo cual estoy dentro del término para presentar esta demanda.

11. Mi mandante me ha conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción." NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION En el libelo cita el demandante como normas violadas la

dentro del término para presentar esta demanda.

11. Mi mandante me ha conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción." NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION En el libelo cita el demandante como normas violadas la

Constitución Nacional arts. 1,2,4,6, 13, 16, 25, 26, 29, 53, 58, 125, 315 No. 4, 7 y 322; Acuerdo 12/87 arts. 5, 7, 32, 62, 63 y 64; Acuerdo 11/90 art. 2; Ley 105/93 art. 8; Ley 136/94 art. 1; Decreto 265/91 art. 6; Decreto 286/91 art. 1; Decreto Ley No. 1421/93 art. 12 numerales 8, 9, 19, 20 y 21, 35, 38 numerales 1, 3, 6, 9 y 10; Ley 27 de 1992, parágrafo del art. 2, art. 7, 8,y 30; Ley 136 de 1994, art. 11; Ley 105 de 1993, art. 80; el Código Contencioso Administrativo, art. 84 y demás normas concordantes. Se cumple con la expresión del concepto de violación al cual se hará referencia en las consideraciones.

EL PROCESO A.- ENTIDAD DEMANDADA Se demanda al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ.PROCESO N° 44.676 5

Se notificó personalmente el auto admisorio de la demanda al Alcalde Mayor Santafé de Bogotá (folios 100 vuelto). La entidad demandada dentro del término de fijación en lista y por

Se notificó personalmente el auto admisorio de la demanda al Alcalde Mayor Santafé de Bogotá (folios 100 vuelto). La entidad demandada dentro del término de fijación en lista y por intermedio de apoderado, contestó la demanda, haciendo referencia a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo excepciones (folios 110 a 114 del expediente). B.- ALEGATOS DE LAS PARTES La parte actora presentó alegato de conclusión visible a folio 215. La entidad demandada presentó alegato de conclusión visible a folios 216 y 217del expediente. El Tribunal es competente para el conocimiento de la acción por razón de la naturaleza de la misma, la cuantía y el lugar de la prestación del servicio. Tramitado como esta el procedimiento sin que se observe irregularidad que pueda configurar causal de nulidad procesal, se entra a dictar la sentencia. CONSIDERACIONES Como la entidad accionada al contestar la demanda, dentro del término de fijación en lista, propuso excepciones, procede la Sala, en primer orden, a su análisis y decisión. La parte excepcionante aduce que no hay violación de las normas Constitucionales y legales que se invocan en la demanda; que el actor carece dePROCESO N° 44.676 6 derecho para demandar el reintegro y las demás pretensiones condenatorias; que no esta legitimado en la causa por activa y que hay cobro de lo no debido. En relación con las denominadas excepciones planteadas por el Distrito Capital cabe anotar que tales argumentos no constituyen un verdadero medio exceptivo ante esta jurisdicción y que por el contrario tal disquisición tiene que ver con el fondo o materia de esta controversia, razón por la cual se resolverá

Distrito Capital cabe anotar que tales argumentos no constituyen un verdadero medio exceptivo ante esta jurisdicción y que por el contrario tal disquisición tiene que ver con el fondo o materia de esta controversia, razón por la cual se resolverá al respecto en las consideraciones de esta Sentencia. No obstante lo anterior, es de observar que la legitimación en la causa por activa es la relación que debe existir entre la parte demandante y el interés sustancial del litigio. Así, si el acto impugnado suprime el cargo desempeñado por la accionante, es claro que tal decisión le afecta sus derechos subjetivos y, por tanto, tendrá derecho para reclamar de los jueces un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de dicho acto. Existiendo una relación entre quien formula la demanda y el acto de supresión de su empleo, debe concluirse la existencia de legalidad por parte de la actora para promover la acción impetrada. La legitimación en la causa, por activa o por pasiva, nada tiene que ver con que el acto hubiese sido proferido conforme a derecho o que al demandante se le haya pagado una indemnización por derechos de carrera administrativa. La excepción perentoria de cobro de lo no debido no guarda relación con las pretensiones de la demanda, ni encaja dentro de la naturaleza y objetivos de los procesos declarativos, como lo es el contencioso subjetivo o de restablecimiento del derecho, donde debe decidirse sobre la legalidad de un acto administrativo y no sobre el pago de obligaciones dinerarias. Como no prosperan las excepciones planteadas por la entidad demandada, pasa la Sala al estudio de las pretensiones de la demanda.PROCESO N° 44.676 7 1.- Se trata de examinar a la luz del ataque que se formula en la

Como no prosperan las excepciones planteadas por la entidad demandada, pasa la Sala al estudio de las pretensiones de la demanda.PROCESO N° 44.676 7 1.- Se trata de examinar a la luz del ataque que se formula en la demanda, de la normatividad aplicable y del acervo probatorio militante en el proceso si el Decreto No. 069 del 5 de febrero de 1997 art. 2, expedido por el Alcalde de Santafé de Bogotá, D. C., que suprimió el cargo de AGENTE DE TRANSITO CATEGORIA - IV - A de la Planta Global de Empleos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá y el Oficio sin número de fecha 20 de marzo de 1997, proferido por el Jefe de División Desarrollo de Personal de la misma entidad, se ajustan o no a derecho, a efecto de decidir sobre las demás pretensiones de la demanda. 2.- De la prueba documentaría incorporada al proceso se establece que el actor se encontraba laborando al servicio de la entidad demandada, en calidad de empleado de carrera, en el cargo de Agente de Transito IV - A, desde el 15 de mayo de 1996 hasta el 31 de marzo de 1997 cuando fue desvinculado mediante el acto acusado - Decreto 069/97 por supresión de la planta global de empleos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá por traslado de funciones a la Policía Nacional (folio 7). El demandante fué vinculado a la entidad accionada en periodo de prueba, mediante Resolución N° 0756 del 15 de mayo de 1996, en el cargo de Agente de Tránsito IV - A, de la planta globalizada de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

prueba, mediante Resolución N° 0756 del 15 de mayo de 1996, en el cargo de Agente de Tránsito IV - A, de la planta globalizada de la Secretaría de Tránsito y Transporte. A folio 52 del cuaderno segundo figura que el actor se encontraba inscrito en carrera administrativa, según anotación en el registro, folio 137 y número de orden 6194 de fecha 29 de noviembre de 1996. Mediante Oficio radicado el 4 de abril de 1997, el accionante manifiesta que opta por la indemnización consagrada en el Decreto 1223 de 1993, la cual fué reconocida por la Resolución N° 5936 del 13 de mayo de 1997 (folio 51 y 52).PROCESO N° 44.676 8 3.- De lo manifestado en la demanda, especialmente en el concepto de violación se desprende que la parte actora considera que el Decreto 069 del 5 de febrero de 1997, emanado por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá es contrario al ordenamiento jurídico porque se violaron entre otros los principios Constitucionales de estabilidad en el empleo y de carrera de los empleos del Distrito. Hace referencia a las atribuciones del Alcalde para suprimir cargos de la administración y, a la correspondiente a los Concejos y la manera de determinar la Administración. Así mismo, enfatiza en la violación del Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá. Insiste en la violación de las normas de carrera administrativa como fuero de estabilidad, las consecuencias que la misma genera (prelación o indemnización) relacionando tal disposición con la situación del actor y los derechos violados con la expedición del acto acusado.

Insiste en la violación de las normas de carrera administrativa como fuero de estabilidad, las consecuencias que la misma genera (prelación o indemnización) relacionando tal disposición con la situación del actor y los derechos violados con la expedición del acto acusado. La parte actora formula los cargos de violación de la Ley e incompetencia, los que hace consistir en que el Alcalde Mayor procedió a suprimir unos cargos sin que cumpliera los requisitos de Ley y sin que se lograra terminar con los problemas de tránsito de Santafé de Bogotá; que si el propósito de la remoción de los Agentes de Tránsito era moralizar la Administración, el sistema de carrera administrativa contiene los procedimientos y mecanismos legales para ello, sin sacrificar el bienestar de toda la comunidad; que se vulneró el derecho al trabajo y a la estabilidad pues no puede la Administración con los argumentos de la reestructuración desconocer principios orientadores de la Carrera Administrativa; que el Decreto Ley 1421 de 1993 en su art. 126 en lo relacionado con los derechos de carrera de los servidores del Distrito Capital, se remite a la Ley 27 de 1992, la cual a su vez, indica que las disposiciones aplicables, en materia de carrera administrativa son las consagradas en el Acuerdo 12 de 1987; que la única norma que estableció el retiro de funcionarios de carrera por supresión de cargos es la Ley 27 de 1992 y esta no se aplica a los funcionarios del Distrito Capital por mandato expreso del parágrafo del art. 2 y del art. 30 de la citada Ley; que una vez precisada la norma aplicable a los funcionarios del Distrito, esto es el Acuerdo 12 de 1987, cabe señalar que el actor no tuvo 3PROCESO N° 44.676 9

citada Ley; que una vez precisada la norma aplicable a los funcionarios del Distrito, esto es el Acuerdo 12 de 1987, cabe señalar que el actor no tuvo 3PROCESO N° 44.676 9 calificaciones deficientes en el último año, ni tampoco se encontraba en periodo de prueba, por lo que no se podía retirar del servicio bajo la figura de la supresión del cargo, ya que esta no se encontraba contemplada en la Ley de Carrera Administrativa como causal de retiro. Así mismo el accionante arguye que las facultades para crear, suprimir y fusionar cargos que tienen los Alcaldes, deben estar previamente respaldadas por los Acuerdos que para tal efecto dicten los Concejos y en el caso de la Secretaría de Tránsito nunca fueron dadas por dicho organismo, para suprimir empleos y menos para suprimir cargos de la estructura administrativa que fue lo que hizo el Decreto acusado; que se desconoció el Acuerdo 11 de 1990, porque las funciones que tenían los Agentes retirados fueron asignadas a la Policía, desconociendo que las facultades para suprimir los cargos vencieron el 10 de mayo de 1991; que se vulneró igualmente el art. 315 numeral 6 de la C. N., al suprimirse los cargos de la Sección de Control Zonal de la Unidad de Vigilancia y al pasar sus funciones a la Policía Nacional sin que se hubiere prestado una iniciativa el Concejo y sin que existiera acuerdo que lo autorizara, que esta misma restricción aparece en el Decreto 1421 de 1993 art. 38; es decir que la facultad para determinar la estructura administrativa y para la creación de empleos está en cabeza de los Concejos y solo excepcionalmente y mediante autorización al

restricción aparece en el Decreto 1421 de 1993 art. 38; es decir que la facultad para determinar la estructura administrativa y para la creación de empleos está en cabeza de los Concejos y solo excepcionalmente y mediante autorización al Alcalde, éste puede ejercer funciones que por Ley le corresponden al Concejo. Que con la norma acusada no se suprimieron empleos sino cargos, procede el libelista a realizar la diferencia entre estos dos términos, la cual una vez establecida ratifica que la creación de empleos debe someterse a los cargos que estén fijados por la estructura orgánica o administrativa y en nuestro caso el Alcalde debió respetar ésta la cual se encuentra consagrada en el Decreto N° 265 y 286 de 1991, por lo tanto no se podía modificar creando o suprimiendo cargos sin obtener previamente la respectiva autorización; manifiesta que es necesario tener en cuenta que el Alcalde suprimió tanto cargos vacantes como provistos, lo que ratifica que actuó sin facultad; que el cumplimiento del Decreto acusado dió como resultado la supresión de 1.718 cargos y el retiro de 1.573 Agentes de Tránsito, acto administrativo que consagró nuevas obligaciones presupuestales, pues hubo necesidad de indemnizarlos; que las cosas en derecho se deshacen como se hacen por lo que no es viable que la creación y estructura de laPROCESO N° 44.676 lo Secretaría de Tránsito fuera establecida mediante Decretos expedidos por el Alcalde pero en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo 11 de 1990 y 7 años después se modifique la estructura suprimiendo cargos sin previa

lo Secretaría de Tránsito fuera establecida mediante Decretos expedidos por el Alcalde pero en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo 11 de 1990 y 7 años después se modifique la estructura suprimiendo cargos sin previa autorización del Concejo; que el numeral 3 del art. 97 de la Ley 136 de 1994 les prohibió a los Alcaldes realizar retiros masivos, lo que solamente se puede hacer con autorización legal o de Acuerdos y en el presente caso de un retiro masivo de 1.573 funcionarios; adicionalmente enumera normas de orden Constitucional y solicita así mismo que se tenga en cuenta el fallo de la H. Corte Constitucional C023/94, expediente D-353 del 27 de enero de 1994, Magistrado Ponente Dr.

VLADIMIRO NARANJO MESA.

Invoca adicionalmente la falsa motivación, la desviación de atribuciones del funcionario que expidió el acto como causales de nulidad de los actos acusados y finalmente, en la adición de la demanda que los actos impugnados quebrantaron lo establecido en el art. 8 de la Ley 105 de 1993, pues la Policía Nacional no estaba preparada para asumir las funciones de Policía de Tránsito y que la Ley 136 de 1994 establece que son funciones de los Concejos disponer lo referente a la Policía en sus distintos ramos, es decir que el Alcalde desconoció tal norma pues sin autorización del referido organismo suprimió las funciones que cumplía la Policía de Tránsito del Distrito Capital y sin la misma autorización, trasladó aquellas funciones de Policía de Tránsito Distrital a la Policía Nacional que es un ente de carácter Nacional y no Distrital.

funciones que cumplía la Policía de Tránsito del Distrito Capital y sin la misma autorización, trasladó aquellas funciones de Policía de Tránsito Distrital a la Policía Nacional que es un ente de carácter Nacional y no Distrital. 4.- La entidad demandada, por su parte sostiene, que el Decreto 069 de 1997 fue dictado en ejercicio y desarrollo de claras y precisas facultades que le fueron conferidas al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá por el Decreto Ley 1421 de 1993, el cual a su vez fue dictado con base en las atribuciones que le confirió el Presidente de la República el art. 41 transitorio de la Constitución Política de Colombia y por la Ley 27 de 1992 por motivos de interés general y del buen servicio. Señala que la entidad no ha desaparecido , que sigue funcionando con varios funcionarios públicos que cumplen con eficiencia y eficacia susPROCESO N° 44.676 11 labores, mientras que el control del tránsito vehicular se ocupa la Policía Nacional. Aduce que los derechos que el actor tenía por estar inscrito en carrera no le fueron violados, ya que se le dio la opción de la indemnización.

Para resolver se considera: 5.- Los actos administrativos gozan de la doble prerrogativa de la presunción de legalidad y de ser expedidos por motivos del buen servicio; estas presunciones pueden ser desvirtuadas pero quien pretenda hacerlo tiene a su cargo en forma total la obligación de probar y de una manera fehaciente que el acto no se ajusta a derecho o que fue proferido por razones distintas o ajenas a la noción del buen servicio público.

De lo expresado en el concepto de violación y una vez estudiados

acto no se ajusta a derecho o que fue proferido por razones distintas o ajenas a la noción del buen servicio público. De lo expresado en el concepto de violación y una vez estudiados los pliegos endilgados contra el acto acusado, procede la Sala a considerarlos de la siguiente manera: Del material probatorio allegado al expediente se tiene que el último cargo desempeñado por el actor fue el de Agente de Tránsito IVA de la Planta Global de la SU de Santafé de Bogotá y que estaba inscrito en carrera administrativa. (folio 3 del expediente) Argumenta el actor que la supresión de cargos en la Secretaría de Tránsito no tuvo como objetivo mejorar el servicio público de tránsito, sino otros diferentes, como el argumento de moralizar a la Administración, lo cual en su sentir constituye una desviación de poder. Esta aseveración no aparece acreditada en el proceso. En efecto, la prueba documental recaudada en el expediente, no demuestra que el acto acusado tuvo como objetivo evadir los procedimieñtos de desvinculación de los funcionarios de carrera por razones de corrupción o deshonestidad.PROCESO N° 44.676 12 En consecuencia, el cargo de desvío de poder no tiene asidero alguno. 6.- La Sala para decidir habrá de tener en cuenta la reiterada jurisprudencia que sobre situaciones similares han sido proferidas por el Tribunal, donde se ha sostenido: "Con relación a la normatividad aplicable a los empleados del Distrito Capital, debe observarse lo siguiente: El Acuerdo 12 de 1987 es aplicable a los funcionarios escalafonados M Distrito en todo aquello que la Ley 27 de 1992 no regule expresamente, pues

Capital, debe observarse lo siguiente: El Acuerdo 12 de 1987 es aplicable a los funcionarios escalafonados M Distrito en todo aquello que la Ley 27 de 1992 no regule expresamente, pues así lo estableció la misma ley y el artículo 126 del Decreto 1421 de 1993. La Ley 27 de 1992 en el parágrafo del artículo 21 dispuso: "Los empleados del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el Acuerdo 12 de 1987, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá y todas las normas reglamentarias del mismo en todo aquello que esta ley modifique o regule expresamente". (subraya la Sala) Dentro de esta perspectiva jurídica, debe decirse que las normas aplicables a los empleados de carrera distritales son las de la Ley 27 de 1992 y el Acuerdo 12 de 1987, en aquellos aspectos que no haya sido modificados o regulados expresamente por la referida ley. Así las cosas, si el Acuerdo 12 de 1987 no consagra, dentro de las causales de retiro de los funcionarios de carrera, la supresión de cargos (art. 64 Acuerdo 12 de 1987) tal causal se encuentra expresamente prevista en la ley 27 de 1992, en consecuencia, le era aplicable al demandante. La Ley 27 de 1992 y el Acuerdo 12 de 1987 es la normatividad aplicable a los empleados de carrera en el Distrito Capital. Y si la mencionada leyPROCESO N° 44.676 13 previó en el artículo 80 de la ley 27 de 1992, la causal de retiro de supresión del empleo, con indemnización, el acto acusado se encuentra ajustado a derecho."

previó en el artículo 80 de la ley 27 de 1992, la causal de retiro de supresión del empleo, con indemnización, el acto acusado se encuentra ajustado a derecho." 7.- En lo relacionado con el cargo de incompetencia que se plantea en la demanda, la Sala dirá lo siguiente: De conformidad con el artículo 315, numeral 7 de la Constitución Política y el numeral 9° del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, al Alcalde Mayor del Distrito Capital, le corresponde la facultad de reorganizar internamente el personal que presta sus servicios en las dependencias Distritales creando, suprimiendo y fusionando empleos de manera autónoma, por lo que debe presumirse que la Alcaldía Mayor al expedir el Decreto acusado, lo hizo con sujeción a los Acuerdos dictados por el Cabildo Distrital. Se trata de una facultad autónoma del Alcalde Mayor, la cual debe ser ejercida de conformidad con aquellos acuerdos del Concejo que se hubiesen proferido en materias como escalas de remuneración, calificación, y categonzación de empleos, presupuesto o determinación de la estructura administrativa del Distrito. Así las cosas, el Alcalde Mayor no puede crear empleos que superen las apropiaciones fijadas para gastos de funcionamiento en el presupuesto aprobado en la respectiva vigencia fiscal, pues tal atribución debe ejercerse "con arreglo a los Acuerdos correspondientes" La autonomía radica en que para su ejercicio, el burgomaestre del Distrito Capital, no requiere de Acuerdo o autorización previa del Concejo que avale la creación, supresión o fusión de empleos, pues ese no es el sentido de la norma Constitucional en cita. De conformidad con el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 1421 de

la creación, supresión o fusión de empleos, pues ese no es el sentido de la norma Constitucional en cita. De conformidad con el numeral 8 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 al Concejo Distrital le corresponde "determinar la estructura general de la administración central..."PROCESO N° 44.676 14 Igualmente, el artículo 55 del Decreto 1421 de 1993, prescribe: "Corresponde al Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor crear, suprimir y fusionar Secretarías, Departamentos Administrativos, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales..." A su turno, al Alcalde Mayor se le han atribuido no sólo las funciones de "crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central (numeral 9 del art. 38 del Decreto 1421/93) como antes lo señalamos, sino la de "suprimir o fusionar las entidades distntales de conformidad con los Acuerdos del Concejo", tal como lo prescribe el numeral 10 del Estatuto Orgánico que fijó el régimen especial al Distrito Capital. En la misma dirección, el artículo 315 de la Carta Política, incluyo dentro de las funciones de los Alcaldes la siguiente: "Suprimir o fusionar entidades y dependencias Municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos" (subraya la Sala) El régimen político y administrativo del Distrito Capital no sólo es el fijado en leyes especiales, sino el señalado para los Municipios de una manera general (artículo 322 de la Carta Política). De lo anterior, se concluye: 1).- El acto acusado no contiene una modificación a la estructura general de la Administración Central del Distrito Capital, sino una supresión de

general (artículo 322 de la Carta Política). De lo anterior, se concluye: 1).- El acto acusado no contiene una modificación a la estructura general de la Administración Central del Distrito Capital, sino una supresión de empleos en la Secretaría de Tránsito y Transporte. 2).- El Decreto acusado de lo que trata es de una supresión de empleos en una dependencia de la Administración Central del Distrito, lo cual hace parte de la órbita de competencia del Alcalde Mayor como se ha explicado.PROCESO N° 44.676 15 3).- La Secretaria de Tránsito del Distrito Capital no ha sido suprimida, o al menos en el expediente no existe prueba de ello. 4).- La supresión de todos los empleos de una dependencia no conlleva una modificación de la estructura general de