TA CUN - 583-(07-09-2000)

DOCUMENTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALESReserva / LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE - Reserva / RECURSO DE INSISTENCIA Las empresas industriales y comerciales, por lo general, desarrollan actividades de esa naturaleza y, excepcionalmente, funciones administrativas, en los casos expresamente señalados en la ley. y, por consiguiente, tratándose del ejercicio de actividades industriales y comerciales, dichas empresas están sometidas al régimen de derecho privado y les resultan aplicables las normas del código de comercio que establecen la reserva de los papeles del comerciante y en especial el artículo 61 que la consagra al preceptuar que “ los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la constitución política y mediante orden de autoridad competente…..” Sin embargo para efectos de dilucidar si un documento de una empresa industrial y comercial del estado está sometida a reserva, resulta necesario establecer si esta emana del ejercicio de la actividad industrial y comercial que la respectiva entidad desarrolla o si, por el contrario, se produce en ejercicio de las funciones administrativas encomendadas excepcionalmente por el legislador, pues, tratándose de lo primero, como ya se anotó, el documento tiene el carácter de reservado, mientras que si corresponde a lo segundo, por regla general, no tiene, dado que en esta caso, en principio adquiere el carácter de documento público y, por ende, de no reservado, salvo las excepciones establecidas en la constitución o por la ley o que haga relación a la defensa o seguridad nacional.

dado que en esta caso, en principio adquiere el carácter de documento público y, por ende, de no reservado, salvo las excepciones establecidas en la constitución o por la ley o que haga relación a la defensa o seguridad nacional. De modo que la información solicitada por el representante legal de la firma jaramillo pérez y asesores ltda, es reservada, por tratarse de información que se encuentra plasmada en documentos que se catalogan como derivados de la actividad del comerciante y, por tanto, reservados, según el artículo 61 del código del comercio y teniendo en cuenta que dentro del expediente administrativo el solicitante no demuestra actuar en nombre y representación de la firma teleocsa ltda, ni de calidad de usuario de las series 8246,8247 y 8646 de las localidades de puente piedra y la punta de los Municipios De Madrid Y Tenjo, así como tampoco demuestra de acuerdo con la dirección y los teléfonos que aparecen en el escrito de derecho de petición de la firma jaramillo perez y consultores asociados ltda, ser usuarios de las mencionadas series telefónicas, tal como lo expresa la resolución por medio de la cual no se accedió a las certificaciones solicitadas. La Constitución política de l99l consagró el derecho constitucional fundamental al acceso de los documentos en la siguiente forma: l. Documentos Privados. El derecho a la intimidad personal y familiar está garantizado por el artículo 15 de la Carta, estableciendo la inviolabilidad de estos documentos; distinguiendo dos situaciones:a) Correspondencia y comunicación privada. Esta clase de documentos son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados previo el cumplimiento de las siguientes formalidades: l) Orden judicial

documentos; distinguiendo dos situaciones:a) Correspondencia y comunicación privada. Esta clase de documentos son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados previo el cumplimiento de las siguientes formalidades: l) Orden judicial 2) En los casos que establezca la ley. 3) Con las formalidades legales b) Libros de contabilidad y demás documentos privados. Estos documentos también son inviolables. Sin embargo en los términos que señale la ley podrá ordenarse su presentación, en los siguientes casos: l) Para efectos tributarios. 2) Para efectos judiciales. 3) En la inspección, vigilancia o intervención del Estado. Documentos Públicos. La Constitución contempla varias situaciones, a saber: a) Acceso Genérico. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley, preceptúa el artículo 74. b) Acceso Específico. Dos disposiciones constitucionales regulan el acceso a los documentos e información oficiales. l. Oposición de los Partidos y Movimientos Políticos. Los partidos y movimientos políticos que no participen en el gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas, para lo cual se les garantiza el derecho de acceso a la información y la documentación oficiales, salvo las restricciones legales.(artículo ll2).

2. Acceso de los Organismos de Control. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna (artículo 284).

Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna (artículo 284). Interpretando sistemáticamente los artículos anteriores y la ley 57 de 1985 tenemos que los casos de excepción y en los cuales a las autoridades les está vedado permitir el acceso o expedir copias o fotocopias de los documentos están previstos en el artículo 12 de la citada ley, a saber: l. Cuando los documentos tengan el carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

2. Cuando hagan relación a la defensa o seguridad nacional.

Se debe destacar que el acceso a los documentos públicos está consagrado en el artículo 74 de la Constitución y desarrollado en la ley 57 de 1985. La procedibilidad del Recurso de Insistencia, se estructura con el cumplimiento de los siguientes presupuestos:l. En ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la Constitución toda persona puede pedir: a) La consulta de los documentos. b) La expedición de copias o fotocopias de los documentos. c) La consulta y expedición de copias o fotocopias de los documentos. d) La expedición de certificaciones sobre documentos. e) La expedición de certificados sobre hechos que las oficinas públicas tengan conocimiento. Estas son las modalidades especiales del derecho de petición que contempla la ley 57 y solo éstas son las que se tramitan por el procedimiento previsto en esta ley.

2. La petición debe dirigirse a una oficina pública. Las oficinas públicas son las que relaciona el artículo 14 y 27 de la ley 57, a saber: “Para los efectos previstos

ley.

2. La petición debe dirigirse a una oficina pública. Las oficinas públicas son las que relaciona el artículo 14 y 27 de la ley 57, a saber: “Para los efectos previstos en el artículo 12, son oficinas públicas las de Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias y la Unidades Administrativas Especiales; las de las Gobernaciones, Intendencias, Comisarías, Alcaldías y Secretarías de estos despachos, así como las de las demás dependencias administrativas que creen las Asambleas Departamentales, los Concejos Intendenciales o Comisariales y los Concejos Municipales o que se funden con autorización de estas mismas corporaciones; y las de los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las cuales la participación oficial sea superior al cincuenta (50%) por ciento de su capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o municipales y todas las demás respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal. De esta enumeración hacen parte las corporaciones de elección popular.

3. Que la oficina pública niegue la consulta de los documentos o la copia o fotocopia de los mismos o la expedición de los certificados. La decisión negativa está sujeta a las siguientes formalidades: a) En un término máximo de diez (l0) días debe proferirse la decisión. b) Que la providencia sea motivada.

fotocopia de los mismos o la expedición de los certificados. La decisión negativa está sujeta a las siguientes formalidades: a) En un término máximo de diez (l0) días debe proferirse la decisión. b) Que la providencia sea motivada. c) Señalamiento del carácter de reservado del documento. d) Indicación de las disposiciones legales pertinentes. e) Notificación de la decisión al peticionario y al Ministerio Público. Que la persona interesada insistiere en su solicitud ante la oficina pública.

Con las anteriores precisiones jurídicas la Sala entra al análisis del caso subjudice.El acceso a los documentos públicos está consagrado en el artículo 74 de la Constitución que preceptúa: “ Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. El acceso a los documentos públicos es la norma general y la excepción es la reserva documental. La reserva está prevista en el artículo 12 de la ley 57 de 1985, cuyo texto dice: “Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”. En el caso sometido a consideración en esta Sala del Tribunal, se tiene que es cierto que le Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ TELECOM”, de conformidad con el artículo 1º de sus estatutos - aprobados por el Decreto 666 del 5 de abril de 1993 , es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones. Y según el artículo 2º de esos estatutos, tiene como objeto la prestación y explotación de servicios públicos

5 de abril de 1993 , es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones. Y según el artículo 2º de esos estatutos, tiene como objeto la prestación y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior y la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se califican como tales en el territorio nacional y en otros países. De manera que las Empresas Industriales y Comerciales, por lo general, desarrollan actividades de esa naturaleza y, excepcionalmente, funciones administrativas, en los casos expresamente señalados en la ley. Y, por consiguiente, tratándose del ejercicio de Actividades Industriales y Comerciales, dichas empresas están sometidas al régimen de derecho privado y les resultan aplicables las normas del Código de Comercio que establecen la reserva de los papeles del comerciante y en especial el artículo 61 que la consagra al preceptuar que “ los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Política y mediante orden de autoridad competente…..” Sin embargo para efectos de dilucidar si un documento de una Empresa Industrial y Comercial del Estado está sometida a reserva, resulta necesario establecer si esta emana del ejercicio de la actividad industrial y comercial que la respectiva entidad desarrolla o si, por el contrario, se produce en ejercicio de las funciones administrativas encomendadas excepcionalmente por el legislador, pues, tratándose de los primero, como ya se anotó, el documento tiene el carácter de

entidad desarrolla o si, por el contrario, se produce en ejercicio de las funciones administrativas encomendadas excepcionalmente por el legislador, pues, tratándose de los primero, como ya se anotó, el documento tiene el carácter de reservado, mientras que si corresponde a lo segundo, por regla general, no tiene, dado que en esta caso, en principio adquiere el carácter de documento público y, por ende, de no reservado, salvo las excepciones establecidas en la Constitución o por la ley o que haga relación a la defensa o seguridad nacional.De modo que la información solicitada por el Representante Legal de la firma Jaramillo Pérez y Asesores Ltda, es reservada, por tratarse de información que se encuentra plasmada en documentos que se catalogan como derivados de la actividad del comerciante y, por tanto, reservados, según el artículo 61 del Código del Comercio y teniendo en cuenta que dentro del expediente administrativo el solicitante no demuestra actuar en nombre y representación de la firma TELEOCSA LTDA, ni de calidad de usuario de las series 8246,8247 y 8646 de las localidades de Puente Piedra y la Punta de los municipios de Madrid y Tenjo, así como tampoco demuestra de acuerdo con la dirección y los teléfonos que aparecen en el escrito de derecho de petición de la Firma JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, ser usuarios de las mencionadas series telefónicas, tal como lo expresa la resolución por medio de la cual no se accedió a las certificaciones solicitadas. (Auto del 7 de septiembre del 2000. Sección Primera. Subsección B. Ponente Dra.

telefónicas, tal como lo expresa la resolución por medio de la cual no se accedió a las certificaciones solicitadas. (Auto del 7 de septiembre del 2000. Sección Primera. Subsección B. Ponente Dra.

LIGIA OLAYA DE DIAZ. Exp. 583. RECURSO DE INSISTENCIA. EMPRESA

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM)