TA CUN - 8366-(22-05-1997)

PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA /SUSTRACCION DE MATERIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION PRIMERA

Santafé de Bogot,D.C.Mayo veintidós (22) de mil novecientos noventa y siete (1997)_

S.OBS.No..

MAGISTRADA PONENTE: DOCTORA BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO.

EXPEDIENTE No. 8388.

DEMANDANTE GOBERNADORA DE CUNDINAMARCA.

OBSERVACIONES.

Habiéndose surtido el trámite previsto en el Decreto 1333 de 1986, en su articulo 121, decide la Sala la observación formulada por la señora Gobernadora del Cundinamarca, en relación con el Acuerdo número 025 de Enero 15 de 1996, expedido por el Concejo Municipal de SAN ANTONIO DEL

TEQUENDAMA.

ANTECEDENTES:

La señora Gobernadora del Departamento en ejercicio de la atribución que leExp.8366. Hoja No.2. confiere el mandato constitucional previsto en el artículo 305 numeral 10 de la Carta PollIlca, remite a esta Corporación el acto administrativo referido a fin de obtener pronunciamiento sobre su legalidad, toda vez que considera inffinge preceptos superiores con en efecto lo son: El artículo 286 dei Decreto 1333 de abril 25 de 1986 y los artículos 94 y95 del Decreto 0077 de enero 15 de 1987 El concepto de violación correspondiente será sintetizado y analizado en la parte considerativa de esta providencia. A la solicitud se le dió un trámite prevalente y urgente en atención a ¿a materia

1987 El concepto de violación correspondiente será sintetizado y analizado en la parte considerativa de esta providencia. A la solicitud se le dió un trámite prevalente y urgente en atención a ¿a materia sobre la que versa, esto es, asuntos presupuestales. En consecuencia, procede la Sala a emitir su decisión de fondo, previas (as siguientes, CONSIDERACIONES Previo al pronunciamiento de fondo, es de anotar que por disposición del articulo 82 de la Ley 136 de 1994 y los artículos 120 y 121 del Decreto 1333 de 1986, el estudio y conocimiento de la demanda debe limitarse exclusivamente a las normas invocadas y su correspondiente concepto deExp. 8366. Hoja No.3. violación, decisión que tendrá efectos de cosa juzgada sólo en relación con los preceptos constitucIonales y legales confrontados, expuestos por la observante en el libelo demandatono, principio que es reiterado por la característica fundamental de rogada de esta jurisdicción. En el caso en concreto el Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama por medio del acuerdo observado "...aprueba el Presupuesto General para la vigencia fiscal de 1996', cuyas partidas caducan el 31 de Diciembre de 1996. En efecto, de conformidad con el Decreto-Ley 111 de 1996, artículo 89, las apropiaciones son ejecutables dentro del año fiscal correspondiente, de suerte que por disposición especial se agotan una vez expirada la vigencia, pasando a reserva los compromisos legalmente contraídos a 31 de Diciembre pendientes de cumplimiento y las cuentas por pagar con las obligaciones que correspondan a Los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes

a reserva los compromisos legalmente contraídos a 31 de Diciembre pendientes de cumplimiento y las cuentas por pagar con las obligaciones que correspondan a Los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios, norma que en armonía con el articulo 14, cuyo texto se transcribe a continuación, por el cual se consagra dentro de los principios del sistema presupuestal la Anuak1ad", permite a la Sala considerar que cada presupuesto de Rentas y Gastos empieza y fenece en cada vigencia fiscal en concordancia con el artículo 11 clasificatorio de las partes del Presupuesto General que en su literal c) al referirse a las "Disposiciones generales" establece que "regiránExp.8366. Hoja No.4. únicamente para .J añ fi 1aLw[expidan." (S.sbrayas de Sala). 'ARTICULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 10 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, flQflJe mprmr çgjas propaciones d año fiscal que se cierra en esa fecha y los sakbs de apropiación no a1tdoLpor C (1.38189, art.101.". (Subrayas de la Sala). Las anteriores deducciones lógicas fluyen de los textos de las normas mencionadas de donde puede concluirse que el acto aprobatorio del Presupuesto de Rentas y Gastos de un Municipio para vigencias fiscales anteriores a la actual, como en efecto lo es el Acuerdo 025 de Enero 16 de 1996 proferido por e) Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama para el año de 1996, ha perdido su vigencia al encontrarse sus efectos agotados en e) tiempo.

1996 proferido por e) Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama para el año de 1996, ha perdido su vigencia al encontrarse sus efectos agotados en e) tiempo. Consecuentemente nos encontramos frente a la prd)da de fuerza ejecutoria del acto administrativo, en cuestión. Al efecto, el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 66, aplicable al acto oblato de observación, consagra los eventos bajo los cuales tiene ocurrencia el fenómeno jurídico de la pérdida de fuerza ejecutoria del actoExp.366. Hoja No. 5. administrativo, y que la doctrina ha expbcado claramente, veamos: Salvo nomia expresa en contrario, ks actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por ¡a jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutada en los siguientes casos:

111. DESAPARICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL Cuando hablamos de desaparición del acto nos referimos, obviamente, a la desaparición de carácter jurídico, la cual se traduce en La terminación de los efectos del acto correspondiente. Esa desaparición puede producirse por varias causales, que podemos agrupar según la influencia que tenga en ellas la voluntad de la adminlstraclón.

395. A) Desaparición por causales emanadas de la voluntad de la administración. La propia administración, quien por su voluntad da nacimiento al acto, puede también ser la fuente de la terminación de sus efectos. A este respecto, el acto administrativo unilateral puede desaparecer por las siguientes causales; 1 ) Por voluntad expresada en el mismo acto, como cuando

nacimiento al acto, puede también ser la fuente de la terminación de sus efectos. A este respecto, el acto administrativo unilateral puede desaparecer por las siguientes causales; 1 ) Por voluntad expresada en el mismo acto, como cuando e) acto es dictado con un término de vigencia preciso. Por ejemplo, ¡a suspensión de una licencie por cierto tiempo. 21) Por voluntad implícita en el acto en cuanto su duración. como es el caso del acto que prohibe una manifestación programada para cierta fecha. 3k') Por voluntad afectada por una condición resolutorl& çwnucuançjpJa_admlnlsuaclón dicta un acto que MM Y#9~ mientras tenga xÍste.wáa ial ttQçho. situación determinados., caso en el cuaI al desaparecer .1 hecho o situación condicionantes, terminen automádcamentr, 41) Como consecuencia de la via gubernativa, pues ya sabemos que por medio de ella la misma administración puede revocar el acto dictado con anterioridad.

1. Por revocatoria directa, ya que, por medio de ella, tambiénExp.366. Hoja No.6. la administración hace desaparecer sus propios actos. 396. 6) Desaparición por causales extrailas a la voluntad de ¿a administración. No siempre la duración de los electos del acto depende de la voluntad de la administración. Así, los actos administrativos y sus efectos pueden desaparecer también por ¿as siguientes causales: 1 ) Por desaparición del objeto del acto, corno cuando se concede licencla de funcionamiento de un establecimiento comercial y este deja de funcionar.

2Por desapancion ciei sujeio, ya sea ¿a muerie de ia persona

1 ) Por desaparición del objeto del acto, corno cuando se concede licencla de funcionamiento de un establecimiento comercial y este deja de funcionar. 2Por desapancion ciei sujeio, ya sea ¿a muerie de ia persona natural o Ja disolución y liquidación de la persona Jurldlca a las cuales se refiera el acto. Por ejemplo, la administración toma la decisión de llamar a prestar servicio militar a una persona a partir de determinada fecha, pero aquella muere antes de la fecha indicada. Debe tenerse en cuenta, am embargo, que en algunos casos, especialmente cuando se trata de obgaclones económicas emanadas de un acto, la desaparición del sujeto no termina ¿os efectos del acto, pues esas obligaciones pasan a sus herederos. 3) Por anulación del acto por el juez, pues ya sabemos que por via de acción el juez administrativo puede hacer desaparecer los actos de la administración vIciados de Legalidad, como consecuencia de las diversas acciones. El Código Contencioso Administrativo, en sus arts. 66 y 87, incluye algunas de las anteriores y otras causales, como situaciones en que se produce la pérdida de fuerza ejecutorla de los actos administrativos « ROORK3UEZ, Llb&do. Derecho Administrativo. General y Colombiano. Ed. Temis. Págs.239 y 238. Ahora bien, considera la Sala pertinente anotar que aún cuando en el orden nacional se llama Ley de Presupuesto no es en sí un acto de índole legislativa sino un acto administrativo de aquellos denominados acto-condición, de ahí que ¿e sean aplicables los principios propios de los actos administrativos, como enExp.8366. Hoja No.7.

sino un acto administrativo de aquellos denominados acto-condición, de ahí que ¿e sean aplicables los principios propios de los actos administrativos, como enExp.8366. Hoja No.7. efecto lo es la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, No es la ley del presupuesto -agrega la Corteuna de aquellas que tenga carácter de acto legislativo con todos los atributos propios de él. pues ella sólamente se expide para un periodo fiscal (un año), agotado el cual 'la" (sic) dicha ley deja de sobrevMr. Además, no tiene ella la permanencia que en el tiempo requiere toda ley; esta es la razón por la cual de confomildad con el régimen constitucional vigente a partir de la reforma de 1945, la ley anual no puede expeckse sino con sujeción a ciertos y rigurosos y estrictos preceptos señalados en la Carta o regulados en virtud de una ley especial -(a orgánica del presupuestola cual defiere la Constitución. Lo que se dIce de) presupuesto nacional, debe entenderse dicho respecto de los presupuestos departamentales y municipales, aprobados por las asambleas y concejos, cuya formación, expedición y cumplimiento obedecen a normas similares a las ya estudiadas SARRIA EUSTORGIO. Derecho Administrativo. Edjemis. Al encontrarse, entonces que el acto demandado ya surtió sus efectos por hallarse ejecutado el presupuesto en él contenido, de conformidad con el artículo 89 del Decreto-Ley 111 de 1996, ¿a Sala considera que es improcedente proferir pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o no del acto demandado que según la voluntad del legislador agota su vigencia en el

artículo 89 del Decreto-Ley 111 de 1996, ¿a Sala considera que es improcedente proferir pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o no del acto demandado que según la voluntad del legislador agota su vigencia en el lapso previsto para su ejecución, no siendo por lo demás, en este caso, procedente por parte del juzgador modificar dicha voluntad en cuanto a vigencia se refiere. Se concluye entonces que dicha improcedencia genera un fallo Inhibitorio y así habrá de proferirse.Exp.8366. Hoja No.8. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNALADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION PRIMERA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO. INHIBIRSE de pronunciarse sobre la demanda de observaciones contra el Acuerdo número 025 del 15 de Enero de 1996, expedido por el Concejo Municipal de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA. SEGUNDO. Comunlquese la decIsión anterior, a la señora GOBERNADORA DE CUNDINAMARCA, y a los señores PRESIDENTE DEL CONCEJO,

ALCALDE y PERSONERO del MUNICIPIO de SAN ANTONIO DEL

TEQUENDAMA.

TERCERO. Archívese el expediente, una vez ejecutoriada esta ptovidencia, previas las desanotaciones de rigor.

COPIESE, NOT1FIQUESE Y CUMPLASEExp.8366. Hoja No.9.

Discutido y aprobado en sesión de la fecha. ACTA No.061.

DARlO QUIÑONES P1N1LLA BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO

Presidente de la Sala Magistrada

SALVAMENTO DE VOTO

Discutido y aprobado en sesión de la fecha. ACTA No.061.

DARlO QUIÑONES P1N1LLA BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO

Presidente de la Sala Magistrada

SALVAMENTO DE VOTO

OLGA INES NAVARRETE BARRERO ERNESTO REY CANTOR

Magistrada Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO

HER1RERTO REYES VARGAS

MagistradoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION PRIMERA

Santa Fe de Bogotá , D.C. Junio seis y siete (17) de mil novecientos noventa siete (1997).

SALVAMENTO DE VOTO:

Expediente No 8366

Magistrado Ponente : BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO

Demandante: GOBERNADORA DE CUNDINAMARCA

Observaciones. En forma comedida me permito presentar las razones por las cuales me aparté de la decisión adoptada por la mayoría de los componentes de la Sala de Sección. 1) En la providencia de la cual me aparto se concluye que la causal de perdida de vigencia del acto administrativo, lo que conduce a pérdida de fuerza ejecutoría del mismo, conlleva a que desaparezca del mundo jurídico porque no produce efectos. No comparto tal conclusión, pues los fenómenos de derogatoria y de vencimiento del término de vigencia del acto administrativo , no implican que en razón a los mismos los actos administrativos desaparezcan del mundo jurídico , pues tales fenómenos por producir efectos hacia el futuro continúan siendo el sustento normativo de las situaciones en cuya vigencia tuvieron ocurrencia.

que en razón a los mismos los actos administrativos desaparezcan del mundo jurídico , pues tales fenómenos por producir efectos hacia el futuro continúan siendo el sustento normativo de las situaciones en cuya vigencia tuvieron ocurrencia. Por lo tanto amerita un fallo de fondo tales eventos pues el acto produjo y continúa produciendo efectos jurídicos por la razón antes anotada.2 Expediente No 8366 2) En segundo lugar, tal como lo reiteró la Sala Plena del Consejo de Estado (sentencia de febrero 8 de 1996 , Consejero Ponente Doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía ) el hecho de la derogatoria, cuando surge en vida del correspondiente proceso de nulidad dando lugar a la pérdida de vigencia de las normas demandadas , amerita aún pronunciamiento de fondo por virtud de las causas de nulidad alegadas en la demanda. En todo caso se precisa en sentencia aludida que el acto administrativo demandado debe estar vigente al momento de presentación de la demanda, aunque su derogatoria ocurra dentro del trámite procesal no hay sustracción de materia y por ende debe proferirse fallo de fondo. 3) En todo caso, la tesis de la sustracción de materia, aún por quienes por ella propugnan, solo atañe a actos de carácter general Por la tanto los actos de carácter general y aún lo denominados por la doctrina actos condición, tienen un tratamiento diferente frente a la tesis aplicada por la mayoría de la Sala en la providencia de la cual salve mi voto. Atentamente,

OLGA INES NAVARRETE BARRERO

MagistradaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

- SECCION PRIMERAvoto.

Atentamente, OLGA INES NAVARRETE BARRERO MagistradaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. - SECCION PRIMERASALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOCTOR DARlO QUIÑONES PINILLÁ A LA SENTENCIA PROFERIDA EL 22 DE MAYO DE 1997, CON PONENCIA DE LA

MAGISTRADA DOCTORA BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, EN EL PROCESO

NUMERO 8366, DEMANDANTE: GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO.

Con toda consideración para con la mayoría de los miembros de la Sala me permito exponer las razones de mi salvamento de voto. Esas razones tienen que ver con el fallo inhibitorio que se emitió, pues considero que se ha debido dictar sentencia de fondo. Son las siguientes: la . El fallo inhibitorio está sustentado en la pérdida de ejecutoria del acto impugnado por la Señora Gobernadora y aunque se destaca la causal del cumplimiento de la condición resolutoria, lo evidente es que de la parte motiva de la providencia se deduce que, en realidad, la causal que se pretende invocar para adoptar la decisión es la de pérdida de vigencia consagrada en el numeral 5 del artículo 66 del C.C.A.. Y en ese orden de ideas se tiene que, en esencia, la Sala implícitamente acogió la tesis de la sustracción de materia, según la cual no hay lugar a pronunciamiento de fondo en el evento de que llegado el momento de dictar sentencia se advierta que el acto demandado ha sido derogado o revocado, es decir que haya perdido vigencia por las modalidades de la derogación o de la revocación. Y ocurre que no comparto esa tesis de la

momento de dictar sentencia se advierta que el acto demandado ha sido derogado o revocado, es decir que haya perdido vigencia por las modalidades de la derogación o de la revocación. Y ocurre que no comparto esa tesis de la sustracción de materia, pues, de tiempo atrás, como lo venía haciendo esta Sala, he seguido los planteamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contenidos en la sentencia de fecha 14 de enero de 1991 -Expediente S-157; Consejero Ponente, Doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla-, que no acogen dicha tesis. En efecto, en esa providencia el Consejo de Estado expresó lo siguiente: "Estima la Sala que, ante la confusión generalizada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así este sea de2 Expediente No. 8366 carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aun si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de la legalidad que lo protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la

amparado por el principio de la legalidad que lo protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho. Ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad, Y por ello mismo es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos de carácter general, impugnados en el ejercicio de acción pública de nulidad, pues su derogatoria expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el espacio de los efectos que haya generado, ni de la presunción de legalidad que los cubre, la cual se extiende también a los actos de contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo de ella y durante su vigencia. De lo contrario, el juzgamiento de tales actos por la jurisdicción contenciosa resultaría imposible, pues tendría que hacerse, entre otros, a la luz de una norma, la disposición derogada, cuya legalidad no podría controvertirse por el hecho de no tener vigencia en el tiempo. 14 Así, las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una norma ilegal, seguramente serían también ilegales, independientemente de la vigencia de esta última, o, a contrario sensu, serán legales si ella lo es también. Pero, como en uno u otro evento ambas están amparadas por la presunción de legalidad, la cual no podría

seguramente serían también ilegales, independientemente de la vigencia de esta última, o, a contrario sensu, serán legales si ella lo es también. Pero, como en uno u otro evento ambas están amparadas por la presunción de legalidad, la cual no podría ser controvertida en el evento de una norma derogada, el resultado de lo anterior será necesariamente el de imposibilitar el juzgamiento objetivo del acto particular de que se trate. 11 Por ello la Sala opina que, aun a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnen en el ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia.". 2a. La tesis de la sustracción de materia es predicable exclusivamente en relación con los actos de contenido general, pues respecto de los actos de carácter particular y concreto y los actos condición, en forma unánime, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que no opera y, por tanto, en esos eventos la extinción de los mismos no impide un pronunciamiento del juez de lo

particular y concreto y los actos condición, en forma unánime, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que no opera y, por tanto, en esos eventos la extinción de los mismos no impide un pronunciamiento del juez de lo contencioso administrativo. Así se desprende de lo expuesto por el Doctor Carlos Betancur Jaramillo en su obra "Derecho Procesal Administrativo", Cuarta Edición, Señala Editora (páginas 212 y 213), quien, para el efecto, se apoya en3 Expediente No. 8366 lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de 1979 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo -Expediente 518; Consejero Ponente, Doctor Carlos Galindo Pinilla-, en la que esa Corporación expresó lo siguiente: No ocurre lo propio cuando se trata de actos de contenido particular o de actos de condición, violatorios de una norma superior de derecho y generadores de efectos concretos que, eventualmente, causen daño o lesión. En este caso su revocación, con efectos hacia el futuro, no hace inocuo el pronunciamiento judicial de anulación, pues éste retrotrae sus efectos hasta el momento mismo de la génesis del acto para hacerlo desaparecer del ámbito jurídico hasta el punto de crear la ficción o suponer que jamás existió jurídicamente, con lo cual se logra la plenitud de la tutela jurídica que no se obtendría por la vía de la revocación o de la derogación, pues estas modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente. "En el caso de autos el objeto de la pretensión anulatoria son unos actos de elección, vale decir actos condición que, por su propia naturaleza, tienen la virtualidad para

modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente. "En el caso de autos el objeto de la pretensión anulatoria son unos actos de elección, vale decir actos condición que, por su propia naturaleza, tienen la virtualidad para generar directamente efectos jurídicos concretos, por manera que en este proceso no es factible la aplicación de la jurisprudencia sobre la sentencia inhibitoria por sustracción de materia. En tal virtud el Consejo no prohija, ni acoge la fundamentación ni las conclusiones del fallo recurrido y en cambio afirma la necesidad de hacer un pronunciamiento de mérito.". 3a. Si como se afirma en la sentencia de la cual me aparto, el Acuerdo impugnado -el 025 del 15 de Enero de 1996, expedido por el Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama, por el cual se aprueba el Presupuesto General de Rentas y Gastos de ese Municipio para la vigencia fiscal de 1996es un acto condición, la conclusión que surge, conforme a lo anotado anteriormente, es la de que no le resulta aplicable la tesis de la sustracción de materia. 4a. Es cierto que, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, el año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y esto produce dos consecuencias en el presupuesto: la primera que después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha; la segunda, que los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Es decir que armonizando esa disposición con el artículo 89 ibídem, se tiene que, ciertamente, las apropiaciones presupuestales solo pueden ser

saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Es decir que armonizando esa disposición con el artículo 89 ibídem, se tiene que, ciertamente, las apropiaciones presupuestales solo pueden ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva, pues vencido el año fiscal no se pueden comprometer. Pero la circunstancia de que las apropiaciones presupuestales no se puedan comprometer al concluir la4 Expediente No. 8366 respectiva vigencia fiscal, no significa que el acto de presupuesto haya dejado de producir efectos, pues es, precisamente, en virtud de éste y de sus apropiaciones, que se pueden hacer las reservas presupuestales con los compromisos contraídos y con las cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios, previstos en el mismo artículo 89. Y si el acto de presupuesto en esos eventos sigue produciendo efectos aún después del respectivo año fiscal, la conclusión es la de que, no obstante ese vencimiento, el juez de lo contencioso administrativo si puede examinarlo para determinar si está ajustado o no a la Constitución y a la ley. 5a. En el caso de estudio se presenta la situación según la cual en el momento de presentación de la demanda y de su admisión, no había vencido el año fiscal a que se refería el Acuerdo del Presupuesto demandado y, por consiguiente, la alegada pérdida de vigencia se produjo durante el curso del proceso. Esa es una razón adicional que se debe tener en cuenta para emitir sentencia de fondo y no inhibitoria, pues considero que la inhibición si se pueda dar en el evento de que se admita una demanda en momentos en que el acto cuestionado se haya

una razón adicional que se debe tener en cuenta para emitir sentencia de fondo y no inhibitoria, pues considero que la inhibición si se pueda dar en el evento de que se admita una demanda en momentos en que el acto cuestionado se haya extinguido por alguna de las causales contempladas en el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, mas no cuando esa extinción se haya producido en el curso del respectivo proceso. A esta conclusión se llega mediante el desarrollo de los planteamientos expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 1996Expediente S-475; Consejero Ponente, Doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía-. DARlO QUIÑONES PINILLA MA GIS TRADO Santa Fe de Bogotá, 20 de junio de 1997.