TA CUN - 9642991-(26-06-1998)

SUPRESION DE CARGOVI DE CARRERA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA SUB-SECCION "B" 24 JUL. 1998

Santafé de Bogotá D.C., junio veintiséis (26) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Mag. Ponente: Dr. CARLOS A. PINZON BARRETO

Ref: Proceso No. 96-42991. ACTOS DEPARTAMENTALES

Demandante: LUIS ORLANDO FIERRO VELASQUEZ

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - IDATT Controversia: Supresión del Cargo El actor, por medio de apoderado, en ejercicio de la Acción de Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., previos los trámites de un Proceso Ordinario, solicita de esta Corporación se hagan las siguientes: DECLARACIONES PRIMERA.- Que es nulo el Decreto número 01958 de fecha julio 29 de 1996, expedido por la Gobernadora de Cundinamarca, por medio del cual se suprime el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE CUNDINAMARCA y por ende su planta de personal, conllevando la separación absoluta del cargo Teniente de Tránsito Código 1-5 Grado 003 a LUIS ORLANDO FIERRO VELASQUEZ.Proceso No 96-42991 2 SEGUNDA.- Que es nula la resolución No. 00683 de fecha 20 de agosto de 1996 por medio de la cual se reconoce el pago de una indemnización expedida por la Directora Liquidadora del Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca. TERCERA.- A Titulo de restablecimiento del derecho, se

20 de agosto de 1996 por medio de la cual se reconoce el pago de una indemnización expedida por la Directora Liquidadora del Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca. TERCERA.- A Titulo de restablecimiento del derecho, se ordene a la Gobernación de Cundinamarca por intermedio M Gobernador, reintegrar al señor LUIS ORLANDO FIERRO VELASQUEZ al cargo de Teniente de Tránsito Código 1-5 Grado 003 u otro empleo de superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio, por ser un empleado de carrera administrativa con retroactividad al 31 de julio de 1996, fecha de su separación absoluta. CUARTA.- Igualmente, se condene al Departamento de Cundinamarca a reconocer y pagar al actor o a quien sus derechos represente, todos los salarios, primas, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de la separación absoluta del cargo hasta cuando sea reintegrado al que le corresponda dentro de la planta del IDATT Cundinamarca, comprendido el valor de los aumentos decretados con posterioridad al retiro. QUINTA.- Se disponga que para todos los efectos legales no hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios por mi representado, desde cuando fue retirado del cargo hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado. SEXTA.- Las condenas respectivas serán actualizadas en su valor, conforme al art. 178 del C.C.A. y las cantidades correspondientes al valor de los derechos laborales que se liquiden en favor del demandante devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y moratorios después de éste término.

correspondientes al valor de los derechos laborales que se liquiden en favor del demandante devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y moratorios después de éste término. SEPTIMA.- Que se ordene dar cumplimiento al fallo que leProceso No 96-42991 3 de fin al proceso dentro de los términos establecidos en la ley. Como hechos que dieron origen a la presente Acción, se relatan los siguientes: 1.- La Honorable Asamblea de Cundinamarca, mediante Ordenanza 01 del 996, otorgó facultades extraordinarias a la Señora Gobernadora del Departamento de Cundinamarca, para que reorganizara la estructura de la Administración Departamental, Central, Descentralizada y Desconcentrada. 2.- Con base en las facultades otorgadas, mediante ordenanza 01 de 1996, la Gobernadora del Departamento de Cundinamarca expidió el decreto número 01958 de fecha 29 de julio de 1996. "POR MEDIO DEL CUAL SUPRIME EL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL TRANSITO Y

TRANSPORTES DE CUNDINAMARCA Y SE TRASLADAN UNAS FUNCIONES y PROCESOS". 3.- La Gobernadora de Cundinamarca, en la expedición del decreto número 01958 de 1996, desbordó el ámbito de sus atribuciones y facultades, al tenor de lo dispuesto en la ordenanza 01 de 1996, articulo primero y tercero. 4.- El Decreto 01958 de 1996, presenta una errónea motivación, en razón a que los motivos de hecho y derecho que sirvieron de fundamento a la administración departamental para adoptar la decisión de suprimir al IDATT

4.- El Decreto 01958 de 1996, presenta una errónea motivación, en razón a que los motivos de hecho y derecho que sirvieron de fundamento a la administración departamental para adoptar la decisión de suprimir al IDATT CUNDINAMARCA no corresponden a esta. 5.- Para adoptar la decisión de suprimir el IDATT CUNDINAMARCA, la administración Departamental, se abstuvo de solicitar la Dirección y la Coordinación, a la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, como era su obligación de conformidad a lo establecido en el inciso 2 del articulo 39 del decreto 2171 deProceso No 96-42991 1992, por ser el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE, un organismo de Tránsito. 6.- Con la expedición del Decreto 01958 de 1996 la Gobernadora de Cundinamarca no obró en función del buen servicio, sino con motivos contrarios a esta finalidad. Pues con tal decisión, no se cumple con los fines del Estado, se está en contra de la eficiente prestación de los servicios, dejando así incompleta la satisfacción del interés social. 7.- La Gobernadora del Departamento con la expedición del decreto 01958 de 1996 incurrió en desviación de poder, ya que con la supresión del IDATT CUNDINAMARCA no se persigue ningún fin de interés público o social. 8.- Al suprimir el IDATT CUNDINAMARCA y como consecuencia suprimir el Cuerpo Especializado de Tránsito y Transporte del Departamento se violó el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 105 de 1993.

8.- Al suprimir el IDATT CUNDINAMARCA y como consecuencia suprimir el Cuerpo Especializado de Tránsito y Transporte del Departamento se violó el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 105 de 1993. 9.- Con base en el decreto 01958 del 29 de Julio de 1996, aun sin haber sido publicado el día 31 de Julio de 1996 se comunicó al señor LUIS ORLANDO FIERRO VELASQUEZ, que el cargo de Teniente de Tránsito código 1-5 Grado 003 de la planta de personal dependiente del IDATT Cundinamarca fue suprimido mediante el citado decreto. 10.- Igualmente, con base en el decreto 01958 del 29 de Julio de 1996 se expidió la resolución número 000683 de fecha 20 de agosto de 1996 mediante la cual se reconoce el pago de indemnización por la supresión del cargo, por parte de la Directora Liquidadora del IDATT Cundinamarca. 11.- Mi mandante, para la fecha en que le fue suprimido el cargo, devengaba un sueldo básico mensual de $552.240.00 M/CTE, prima de navidad $276.120.00 M/CTE y prima de servicio $276.120.00 M/CTE.Proceso No 96-42991 12.- Con la expedición y publicación del decreto 01958 de 1996 quedó agotada la vía gubernativa toda vez que el mismo no es susceptible de recurso alguno. 13.- El señor LUIS ORLANDO FIERRO VELASQUEZ, me ha conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción". Mediante escrito visible a folio 27 del expediente procedió el libelista a corregir de la demanda, manifestando que en

conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción". Mediante escrito visible a folio 27 del expediente procedió el libelista a corregir de la demanda, manifestando que en cuanto al petitum modifica la primera pretensión en el sentido de solicitar se declare la nulidad del acto administrativo complejo conformado por el Decreto 1958 de 1996, a través del cual se dispuso la supresión del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, y el oficio mediante el cual se notifica al demandante la supresión del empleo. En cuanto a los hechos, los aclara de la siguiente manera: "3.1.- El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Departamento de Cundinamarca fue creado mediante el Decreto Nacional No 2281 de 1955 3.2.- Mediante el Decreto departamental 0722 de 1955, se fijó la sede de la Dirección Departamental de Circulación y Tránsito. 3.3.- Mediante la ordenanza 19 de 1993, se le dio la denominación de Instituto Departamental de Tránsito y Transporte a la Dirección Departamental de Circulación y Tránsito, y se señalaron diversas disposiciones relacionadas con la planta de personal. 3.4.- El Decreto 1958 de 1996, suprimió el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, y dispuso, en su artículo primero, la supresión de la entidad, en su artículoProceso No 96-42991 6 segundo, la liquidación del mismo; el tercero, señaló que una decretada la supresión del Instituto no podrá iniciar nuevas operaciones; el artículo 40 señala el Liquidador del Instituto, el quinto conforma la junta liquidadora, el sexto, señala que

segundo, la liquidación del mismo; el tercero, señaló que una decretada la supresión del Instituto no podrá iniciar nuevas operaciones; el artículo 40 señala el Liquidador del Instituto, el quinto conforma la junta liquidadora, el sexto, señala que (se cita), el artículo séptimo señala que (se transcribe); el artículo 80 señala lo relativo a la normatividad aplicable a las desvinculaciones; el artículo 90 hace relación a la provisión de cargos en la liquidación de la entidad; el décimo a las normas aplicables durante la liquidación; el 11, del traslado de funciones y procesos, y el doce establece la vigencia del decreto. 3.5.- En este orden de ideas, encontramos que no existe norma expresa que haya dispuesto la supresión de los cargos de la planta de personal del Instituto Departamental de Tránsito y transportes de Cundinamarca, por lo que se supone, si nos atenemos a que el Decreto citado en la carta de despido, que se trata de una supresión automática, por lo que el acto administrativo, en cierto modo seria un acto administrativo ficticio. 3.6.- El Tribunal en diferentes salas, ha rechazado las demandas, aduciendo que contra el Decreto 1958 de 1996 sólo procede la acción de nulidad, por tratarse de una norma de carácter general; yo estimo que si bien, se trata de un acto de carácter general, lo evidente es que el oficio mediante el cual se le informa la supresión del cargo hace que ya el decreto citado, se refiera a una situación concreta, como es la supresión del cargo de mi mandante. Hago esta observación, con el objeto de evitar que en un futuro el

mediante el cual se le informa la supresión del cargo hace que ya el decreto citado, se refiera a una situación concreta, como es la supresión del cargo de mi mandante. Hago esta observación, con el objeto de evitar que en un futuro el proceso termine con fallo inhibitorio, o que se considere que el acto administrativo no se refiere a situaciones concretas que toquen derechos de mi poderdante". Como normas violadas se citan las siguientes: Constitución Nacional, artículos 209 inciso 2; Ordenanza 01Proceso No 96-42991 7 de 1996 artículos 1 y 3; Decreto Presidencial 2171 de 1972 artículo 39 numeral 2; C.C.A. artículos 82, 84, 85, 132, 135 a 139 inciso 1°, 206 y SS. CONTESTACION DE LA DEMANDA El ente accionado dio contestación a la demanda instaurada dentro del término legal para ello, mediante escrito de folios 32 a 39 y a la corrección de la misma a través de la documental de folios 55 y 58 (sic). PRUEBAS Mediante auto que obra a folio 60 se decretaron las pruebas y se ordenó tener como tales las documentales que se allegaron con la demanda; se libraron los oficios solicitados en el capítulo de pruebas de la corrección de la misma, numerales 2, 3, 4 y 5 (Folio 28); no se ordenó el oficio a que se refiere el numeral 6, por cuanto los antecedentes del actor, ya habían sido remitidos por la entidad accionada, según comunicación de folio 48. Por la parte accionada tampoco se ordenó el oficio peticionado en

oficio a que se refiere el numeral 6, por cuanto los antecedentes del actor, ya habían sido remitidos por la entidad accionada, según comunicación de folio 48. Por la parte accionada tampoco se ordenó el oficio peticionado en la contestación por cuanto la hoja de vida del demandante ya estaba anexa al expediente, se ordenó tener como prueba las documentales a que se refiere los medios de prueba de la contestación de la corrección de la demanda, folio 58. ALEGATOS DE CONCLUSION La Apoderada de la entidad accionada procedió a descorrer el término para alegar mediante escrito visible a folio 151. El Apoderado de la parte actora guardó silencio durante esta etapa procesal (folio 156). Surtido el trámite correspondiente a la Instancia y no observándose causal alguna de Nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir, previas las siguientes,Proceso No 96-42991 8

CONSIDERACIONES: El actor, por intermedio de apoderado solicita que se declare la nulidad del Decreto No 01958 de julio 29 de 1996, expedido por la Gobernadora de Cundinamarca, por medio del cual se suprimió el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE CUNDINAMARCA y por ende su planta de personal, así como el oficio por medio del cual se le comunicó la supresión del cargo como Teniente de Tránsito Código 1-5 Grado 003. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene el reintegro al mismo cargo o a otro empleo de superior categoría, de

funciones y requisitos afines para su ejercicio, por ser empleado de carrera

declaración y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene el reintegro al mismo cargo o a otro empleo de superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio, por ser empleado de carrera administrativa con retroactividad al 31 de julio de 1996, fecha de la separación absoluta; que se le cancelen los salarios, primas, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de la separación hasta cuando sea reintegrado al que le corresponda dentro de la planta del IDATT Cundinamarca, comprendido el valor de los aumentos decretados con posterioridad al retiro; que se disponga que para todos los efectos legales no hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios; que se actualicen en su valor las condenas conforme al art. 178 del C.C.A. y las cantidades correspondientes al valor de los derechos laborales que se liquiden devenguen intereses comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y moratorios después de éste término. Que se de cumplimiento al fallo que le de fin al proceso dentro de los términos establecidos en la ley. Se encuentra dentro del expediente prueba documental del acto acusado, es decir, el Decreto No 1958 de julio 29 de 1996 (Folio 3) y el oficio 003831 de julio 31 de 1996 (Folio 7). Mediante escrito visible a folio 32 propone la Apoderada de la entidad accionada la excepción de Presunción de Legalidad del acto acusado la cual por tener relación directa con el fondo del asunto planteado se estudiara al momento de decidirse las pretensiones de la demanda. Manifiesta el Representante de la parte actora, que al

acusado la cual por tener relación directa con el fondo del asunto planteado se estudiara al momento de decidirse las pretensiones de la demanda. Manifiesta el Representante de la parte actora, que al momento de la emisión del decreto impugnado se incurrió en las causalesProceso No 96-42991 9 de anulación de los actos administrativos como son la Violación Directa de la Ley, Desviación de Poder y Falsa Motivación. El cargo por Violación Directa de la Ley, lo hace consistir el libelista en el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 209 inciso 2 de la Constitución Nacional, en razón a que los fines del Estado y las autoridades administrativas deben estar coordinadas en función al buen servicio y con la expedición de la norma acusada, el Gobierno Departamental no mejoró la prestación de los servicios en relación con el control del Tránsito y del Transporte dentro del territorio del departamento, por el contrario, lo suprimió, actividad que está encomendada a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal; que se vulneró igualmente lo ordenado en los artículos 1 y 3 de la Ordenanza 01 de 1996, que otorga las facultades a la Gobernadora para suprimir la Entidad del orden departamental, a la cual debía dar estricto cumplimiento lo que no cumplió, al no haber sido propuesto un plan de retiro voluntario que generara el pago de una bonificación, ya que muy por el contrario solo hasta el día 31 de julio de 1996 se les comunicó que los cargos que ejercían había sido suprimidos por medio de un decreto cuyo número no corresponde a esta situación, pues el decreto que suprimió el IDATT es el 01958 del 29 de julio de 1996; alega así mismo el desconocimiento del

ejercían había sido suprimidos por medio de un decreto cuyo número no corresponde a esta situación, pues el decreto que suprimió el IDATT es el 01958 del 29 de julio de 1996; alega así mismo el desconocimiento del numeral 2 del artículo 39 del Decreto Presidencial 2171 de 1992, pues para suprimir el IDATT era necesario contar con la Dirección y Coordinación de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes, que lo que genera omisión a tal exigencia para haber podido expedir la norma que se está demandado y que comportó la supresión del IDATT de Cundinamarca y, como lógica consecuencia, la desvinculación del demandante del cargo que allí venía desempeñando. Del material probatorio allegado al expediente se tiene que el último cargo desempeñado por el actor fue el de Teniente de Tránsito Código 1-5 grado 003, para el cual había sido incorporado mediante la Resolución No 001368 del '29 de diciembre de 1994 según consta en el acta de posesión No 000426 del 30 de diciembre de 1994 (Folio 33 del Cuaderno No 2). El actor se encontraba inscrito en el escalafón de la carreraProceso No 96-42991 10 administrativa por medio de la Resolución No 0105 deI 2 de febrero de 1994 como Agente Código 4-15, grado 17 (Folio 24 del Cuaderno No 2). De conformidad con el Decreto 1958 de julio 29 de 1996 (Folio 3) "Por el cual se suprime y liquida el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, y se trasladan unas funciones y

De conformidad con el Decreto 1958 de julio 29 de 1996 (Folio 3) "Por el cual se suprime y liquida el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, y se trasladan unas funciones y procesos", se procedió a suprimir el cargo del demandante, teniendo en cuenta los siguientes considerandos: "Que, el artículo 4 de la ordenanza número 1 de 1996 otorgó facultades extraordinarias a la señora Gobernadora del departamento, para que reorganice la estructura de la administración departamental central, descentralizada y desconcentrada. Que, los decretos departamentales números 0283 del 16 de febrero y 659 del 29 de marzo de 1996, determinaron la estructura de la administración del nivel central y descentralizado. Que, en desarrollo de lo dispuesto en los decretos citados en el párrafo anterior, se hace necesario suprimir e! Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, como establecimiento público del orden departamental. Que, mediante decreto 2692 de junio de 1991 se creó el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, encargado de la dirección, orientación, coordinación, control y ejecución de las políticas en materia de tránsito y transporte terrestre. Que, es deber del Departamento organizar y mantener el orden en materia de tránsito y transporte, por lo cual se hace necesario continuar ejerciendo dichas funciones que permitan preservar la vida y bienes de la comunidad en el departamento de Cundinamarca. Que, de acuerdo al considerando anterior se hace necesario trasladar las funciones y procesos que viene desarrollando el

necesario continuar ejerciendo dichas funciones que permitan preservar la vida y bienes de la comunidad en el departamento de Cundinamarca. Que, de acuerdo al considerando anterior se hace necesario trasladar las funciones y procesos que viene desarrollando el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes a la Secretaría de Tránsito y Transportes dependiente del despacho del Gobernador (a) de Cundinamarca" Como consecuencia de lo anterior se procedió a comunicarle la decisión al accionante a través del oficio 003831 de julio 31 de 1996 (Folio 7) en donde se le manifiesta que el cargo de Teniente de Tránsito, Código 1-5, Grado 003 de la planta de personal del Instituto de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, el cual era de carrera administrativa fue suprimido por el Decreto Departamental 1958 del 29 de julio de 1996 y queProceso No 96-42991 11 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 1223 de 1993, por estar inscrito en carrera le asistía el derecho de optar por percibir la indemnización de que trata el artículo 1 del Decreto 1223 de 1993 o por el tratamiento preferencial. El demandante por medio del escrito 00171 de agosto 5 de 1996 (Folio 19 del Cuaderno No 2) manifestó que se acogía a recibir la indemnización de que hablaba la comunicación de julio 29 de 1996. Teniendo en cuenta la necesidad de liquidar el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca y para evitar que se vulneraran derechos de carrera al actor, se profirió la resolución No

Teniendo en cuenta la necesidad de liquidar el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca y para evitar que se vulneraran derechos de carrera al actor, se profirió la resolución No 000683 de agosto 20 de 1996 (Folio 9 deI expediente), en donde se ordenó reconocer una indemnización al demandante. Se tiene entonces que al actor se le pagó y reconoció efectivamente la indemnización a que tenía derecho por ser funcionario público perteneciente a la carrera administrativa. Respecto al cargo propuesto, estima la Sala, que la Gobernadora de Cundinamarca al expedir el decreto demandado, desarrolló las facultades extraordinarias otorgadas por la Asamblea Departamental consagradas en la Ordenanza 01 de 1996 artículos 4 y 5, parágrafo numeral 3 con base en las atribuciones constitucional del artículo 300 numeral 7 de la Constitución Política, para reorganizar la estructura de la Administración Departamental Central, Descentralizada y Desconcentrada, es decir que actúo dentro de las facultades legales ya que por encima de cualquier derecho individual prima la necesidad del servicio público, por ende, y de acuerdo a la normatividad citada se hizo necesario la liquidación M Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, no obstante y para evitar perjuicios a sus empleados se les cancelaron las indemnizaciones a que hubo lugar. No existe prueba dentro del expediente por medio de la cual se pueda establecer que el ejercicio de la facultad otorgada a la Gobernadora del Departamento de Cundinamarca mediante la Ordenanza 01 de 1996 no fuera para dar cumplimiento a los objetivos y principios deProceso No 96-42991 12 garantizar un buen servicio, por el contrario existe la presunción legal que

Gobernadora del Departamento de Cundinamarca mediante la Ordenanza 01 de 1996 no fuera para dar cumplimiento a los objetivos y principios deProceso No 96-42991 12 garantizar un buen servicio, por el contrario existe la presunción legal que no fue desvirtuada. A pesar de primar el interés general sobre el particular, no se pueden desconocer derechos que otorga la Carrera Administrativa al demandante, es por ello que se procedió a aplicar el régimen de indemnizaciones o trato preferencial consagrado en el Decreto 1223 de 1993 para los empleados escalafonados en la carrera administrativa, por lo que el demandante decidió optar por la cancelación de una indemnización, lo que hizo en forma voluntaria sin que obre prueba de existencia de presión por parte de la Administración para adoptar tal determinación. La supresión del IDATT de Cundinamarca, fue la consecuencia de las facultades otorgadas a la Gobernadora de Cundinamarca para reorganizar la estructura de administración departamental en donde se consideró conveniente que las funciones por éste ejercidas fueran trasladadas a la secretaría de Tránsito y Transportes del departamento, sin que para ello fuera necesario concepto previo de la Dirección y Coordinación de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, pues lo dispuesto en el numeral 2 artículo 39 del decreto Presidencial 2172 de 1992 hace referencia al manejo del tránsito y transporte del nivel nacional. Respecto a la protección debida a los funcionarios pertenecientes a la Carrera Administrativa, ha dicho la H. Corte Constitucional en sentencia C-527 de noviembre 18 de 1994, Magistrado

tránsito y transporte del nivel nacional. Respecto a la protección debida a los funcionarios pertenecientes a la Carrera Administrativa, ha dicho la H. Corte Constitucional en sentencia C-527 de noviembre 18 de 1994, Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO), que: • .El derecho a la estabilidad y a la promoción según los méritos de los empleados de carrera no impide que la administración, por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo que el estado lo haga, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios ya que éstos deben ceder ante el interés general. Esto ocurre en este caso que era necesario adecuar la estructura de la planta de personal de la Contraloría a las nuevas funciones que le asigna la Constitución. Pero inc/uso en tales casos, el empleadoProceso No 96-42991 13 protegido por la carrera tiene derecho a la reparación del daño causado, puesto que él es titular de unos derechos adquiridos de contenido económico que debió ceder por la prevalencia de/interés general. Así, esta Corporación ha dicho: "Debe observar la Corte que el empleado público de carrera administrativa es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada según el artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no son inmunes al interés público pues

carrera administrativa es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada según el artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no son inmunes al interés público pues el trabajo, como el resto del tríptico económico -del cual forma parte también la propiedad y la empresaestá afectado por una función social, lo cual no implica que la privación de tales derechos pueda llevarse a efecto sin resarcir el perjuicio que sufre su titular en aras del interés público. De allí que, si fuere necesario que el estado, por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera como podría acontecer con la aplicación del artículo transitorio 20 de la Carta, sería también indispensable indemnizado para no romper el principio de igualdad en relación con las cargas públicas (art. 13 C.N.), en cuanto aquél no tendrá obligación de soportar el perjuicio, tal como sucede también con el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno de los casos la licitud de la acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño causado" En ese orden de ideas, la Corte reitera que para determinar la procedencia o no de la indemnización en caso de supresión de cargos públicos es necesario distinguir entre los empleados de libre nombramiento y remoción, y empleados de carrera. Para quienes eran d libre nombramiento y remoción, no es constitucional el establecimiento de indemnizaciones. En efecto, como tales empleados no tienen los derechos propios de quienes están incorporados a la carrera administrativa, y por ello establecer una indemnización

remoción, no es constitucional el establecimiento de indemnizaciones. En efecto, como tales empleados no tienen los derechos propios de quienes están incorporados a la carrera administrativa, y por ello establecer una indemnización implica "reconocer y pagar una compensación sin causa a un funcionario, que dada la naturaleza de su vínculo con la administración, puede, en virtud de la facultad conferida por la ley al nominador, ser desvinculado si que se le reconozcan derechos y prestaciones sociales distintas de aquellas con las que el Estado mediante la ley ampara a esta clase de servidores públicos. Por el contrario, con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay la menor duda de que se ha ocasionado una daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 de la C.P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga específica de la adecuación del estado, que debe ser asumida por toda la sociedad enProceso No 96-42991 14 razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas (C.P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 de la C.P.). Además, las autoridades de la República están obligadas a protegerlos (art. 2o. de la C.P.). Esto armoniza con una de las finalidades del estado Social de derecho: es la vigencia de su orden social justo

la República están obligadas a protegerlos (art. 2o. de la C.P.). Esto armoniza con una de las finalidades del estado Social de derecho: es la vigencia de su orden social just