TA CUN - 9744578-(04-06-1999)

EXPEDIENTE No. 44578

[1 NOTA DE RELATORIA: En esta providencia se trae a colación Sentencias de la Corte Constitucional D-613 de Noviembre 18 de 1994, sobre la indemnización por supresión de cargos y sentencia T-084 de Marzo 2 de 1994, sobre derecho al trabajo y a la seguridad social y Sentencia del Consejo de Estado de Abril 21 de 1989. Exp: 699. Magistrado Ponente: Dr. ALVARO LECOMPTE LUNA, sobre el carácter de acto de mero trámite de los oficios.] f NOTA DE RELATORIA: Frente a asunto similar VER: Sentencias de este Tribunal, Sección Segunda, de abril 16 de 1999, Exp: 97-44417. Magistrado Ponente: Dr. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. Sentencias de abril 23 de 1999 Exp. 97-45992. Exp: 45646, 97-45526, 97-45502, todas con ponencia del Dr. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. Sentencias 44585, de Enero 22 de 1999; de Enero 29 de 1999. Expedientes: 44561, 97-44506, 97-45932, con ponencia del Dr. JOSE HERNEY VICTORIA LOZANO. Sentencia de Abril 16 de 1999 Exp. 97-45047 de Mayo 7 de 1999. Exp. 97-44542, con ponencia del Dr. WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencias de 28 de Mayo de 1999. Expedientes: 9744850, 97-45855, 97-44525, las tres con ponencia del Dr. JOSE HERNEY VICTORIA LOZANO. Sentencia de Mayo 28 de 1999. Expediente: 9745957,

44850, 97-45855, 97-44525, las tres con ponencia del Dr. JOSE HERNEY VICTORIA LOZANO. Sentencia de Mayo 28 de 1999. Expediente: 9745957,

Magistrada Ponente: Dra. MARGARITA HERNANDEZ DE ALBARRACIN.

Sentencias de Julio 30 de 1999. Expedientes: 97-45515 y 97-45527, ambas con ponencia de la Dra. MARGARITA HERNANDEZ DE ALBARRACIN. Sentencias de Enero 22 de 1999. Expediente: 44501 Magistrado Ponente: Dr. JOSE HERNEY VICTORIA. Sentencia de Enero 29 de 1999. Expediente:

44573. Magistrado Ponente: Dr. JOSE HERNEY VICTORIA.]SUPRESION DE CARGO DE CARRERA - Secrtaría de Transito y Trasporte de Santafé de Bogotá / DESVINCULACION POR SUPRESION / FUNCIONAi RIOS DEL DISTRITO CAPITAL - Régimen aplicable / RETIRO DE FUNCI'

NARIOS DE CARRERA - Causales / SUPRESION DE CARGO DEL DISTRITO k CÁITAL -Rgimen aplicable / RETIRO DE FUNCIONARIOS DE CARRERATRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA - SUJBSECCION "A".

Santa Fe de Bogotá D.C., Juñio Cuatro (4) de MWNovecjens Noventa y Nueve (1999).

REFERENCIAS

Magistrado Ponente: Expediente

Actor Demandada

WIU ¡AM GIRALDO GIRALDO

97-44578

GLORIA ESPERANZA GOMEZ DIAl

SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Agotado el trámite del asunto, sin que se observe causal de

Expediente Actor Demandada

WIU ¡AM GIRALDO GIRALDO

97-44578

GLORIA ESPERANZA GOMEZ DIAl

SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Agotado el trámite del asunto, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, el Tribunal procede a dictar sentencia, no sin antes recordar, de manera sucinta, los aspectos fundamentales que se ventilaron en el curso del proceso.

1. DEMANDA La señora GLORIA ESPERANZA GOMEZ DIAZ, por Intermedio de apoderado legalmente constituido, y en ejercicio de la gcción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el articulo 05 del C.C.A., en escrito visible a folios 8 a 22, adicionado con el que obra q folios 24 y 25, solícita que esta Corporación, mediante sentencia, resuelva sobre

las siguientes: 1.1. PRETENSIONES 111 . Que se declare la nulidad parcial del decreto No. 069 dql § de Febrero de 1997, proferido por el señor Alcalde Mayor de Spt4 Fe de Bogotá D.C., específicamente su articulo 2 en la parte r,feente a la supresión, a partir del 1 de Abril de 1997, del cargp que desempeñaba mi mandante de AGENTE DE TA$SITO CATEGORIA -IVA correspondiente a la planta global dQ eipleos de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Santa Fe dq Bqgotá y que aparece publicado y relacionado en la página 22 4el decreto 069/97.Causales / SUPRESION DECARGO DEL DISTRITO - Régimen aplicable

/ DERECHO ADQUIRIDO - Inexistencia / REORGANIZACION INTERNA DEL

que aparece publicado y relacionado en la página 22 4el decreto 069/97.Causales / SUPRESION DECARGO DEL DISTRITO - Régimen aplicable / DERECHO ADQUIRIDO - Inexistencia / REORGANIZACION INTERNA DEL PERSONAL DEL DISTRITO CAPITAL - Competencia del Alcalde 7REORGANIZACION INTERNA DEL DISTRITO CAPITAL - Competencia del Concejo / SUPRESION DE CARGOS - No requiere preexistencia de Acuer do / SECRETARIA DE TRANSITO - Modificación / INSUBSISTENCIAS -- MASIVAS - Diferencia con la supresión de cargos / DESVIACION DE PODER - Improcedencia / VIOLACION DEL DERECHO AL TRABAJO - Inexistencia / OFICIO - Acto no demandable / OFICIO - No es acto administrativoPROCESO No. 97-44578 2 2.- Que se declare la nulidad de la comunicación de supresión del cargo de mi mandante, fechada 20 de Marzo de 1997, entregada por el jefe de División de Desarrollo de Personal de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá D.C. 3.- Que se declare igualmente que mi mandante tiene derecho a que la entidad demandada lo reintegre al cargo que venia desempeñando, o a otro de igual o superior jerarquía en el Distrito Capital a partir dell de Abril de 1997. 4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al demandado a reintegrar a mi mandante al cargo que venia desempeñando, o a otro de igual o superior categoría en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, a partir del 1 de Abril de 1997. 5.- Que se condene al demandado a pagarle a mi mandante tçdos

venia desempeñando, o a otro de igual o superior categoría en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, a partir del 1 de Abril de 1997. 5.- Que se condene al demandado a pagarle a mi mandante tçdos los sueldos, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, quinquenios, prima técnica, y demás emolumentos dpjados de percibir, inherentes a su cargo, desde la fecha del ilega$ retiro del cargo, hasta cuando sea efectivamente reintegrado (sic). 6.- Que se declare y ordene que, para todos los efectos lqgales, no ha existido solución de continuidad en los servicios prestacos por mi mandante, desde su ilegal desvinculación, hasta cuando e #fegúe su reintegro. 7.- Que en el evento de fallarse favorablemente las pnWc>res pretensiones, con fundamento en el fallo del Honorable CpneJq de Estado - Sala Plena - del 28 de Agosto de 1996, expedIept 8q638 con ponencia del Dr. Carlos A. Orjuela Góngora, y en el at. po de la C.P., comedidamente solicito que no se ordene el reinteorg dq las sumas que a titulo de salario haya podido recibir mi mandot4 desde el 1 de Abril de 1997. 8.- Ordenar al demandando a que sobre las sumas que re4ulte condenado, reconozca y pague a mi mandante los ajus; de las mismas conforme al indice de precios al consumidor certIQdo por el Banco de la República. (art. 178 del C.C.A.). 9.- Condenar al Distrito Capital a pagar, a favor de mi rierdnte, Intereses comerciales por los primeros 6 meses, contados p pprtk de

el Banco de la República. (art. 178 del C.C.A.). 9.- Condenar al Distrito Capital a pagar, a favor de mi rierdnte, Intereses comerciales por los primeros 6 meses, contados p pprtk de la ejecutoria de sentencia y moratorios después del término citado (art. 177 del C.C.A.)." 1.2. HECHOS Los hechos en que se funda la demanda se exponen psi:PRQCESO No. 97-44578 3 1°.- Mi mandante laboró en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, hasta el 31 de Marzo de 1997 2°.- Mi mandante fue debidamente inscrito (sic) en el escalafón de la carrera administrativa 3°.- Mi mandante desempeñó sus cargos con eficiencia, moralidad, responsabilidad y en general cumplió cabalmente con las funciones que le fueron encomendadas 0.- El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., expidió el decreto No. 069/97, por el cual suprimió indebidamente de la planta global de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá D.C., entre otros, el cargo de mi mandante. 5°.- El demandado le comunicó a mi mandante la supresión de su cargo a partir del 1 de Abril de 1997 60.- Mi mandante solicitó la revocatoria directa del decreto No. 069/97, por la (sic) cual se le suprimió su cargo, y manifestó claramente su inconformidad con el proceso de desvinculación e indemnización. 70.- De conformidad con la solicitud especial que mi mandante y otros ex-agentes me hicieron, el suscrito presentó demanda de

claramente su inconformidad con el proceso de desvinculación e indemnización. 70.- De conformidad con la solicitud especial que mi mandante y otros ex-agentes me hicieron, el suscrito presentó demanda de nulidad y suspensión provisional del decreto 069/97 ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera. 80.- La última asignación básica de mí mandante es la que figura en el decreto No. 069/97. 90.- Por el domicilio de las partes y porque mi mandante prestó sus últimos servicios en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, esa Honorable Corporación es competente para conocer de la presente acción. 10°.- El decreto 069/97 fue comunicado a mi mandante y su retiro los hizo efectivo (sic) la administración a partir del 1 de Abril de 1997, por lo cual estoy dentro del término para presentar esta demanda. 11°.- Mi demandante (sic) me ha conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción •• 1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO Considera la actora que con la expedición de los actos administrativos impugnados se violaron las siguientes normas: artículos 1, 2,PROCESO No. 97-44578 4 4, 6, 13, 16, 25, 26, 29, 53, 58, 125, 315 numerales 4 y 7, y 322 de la Constitución Nacional; 5, 7, 32 y 62 a 64 del Acuerdo 12 de 1987; 2 deI Acuerdo 11 de 1990; 6 deI decreto 265 de 1991: 1 del decreto 286 de 1991;

Constitución Nacional; 5, 7, 32 y 62 a 64 del Acuerdo 12 de 1987; 2 deI Acuerdo 11 de 1990; 6 deI decreto 265 de 1991: 1 del decreto 286 de 1991; 12 numerales 8, 9 y 19 a 21. 35 y 38 numerales 1, 3, 6, 9 y 10 del decreto 1421 de 1993; 2,7,8 y 30 de la ley 27 de 1992; 1 de la ley 136 de 1994; 8 de la ley 105 de 1993; y 84 del C .C.A.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA La parte demandada dio contestación a la demanda con escrito visible a folios 114a 118.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION Las partes, dentro del término legal. presentaron alegatos de conclusión con escritos que obran a folios 285 a 289 (parte demandante) y 290 y 291 (parte demandada). El Ministerio Público guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 4.1. EXCEPCIONES La parte demandada propone las excepciones de: 1) Ineptitud de la demanda; 2) Falta de legitimación en la causa por activa: y 3) Cobro de lo no debido.

La primera la sustenta diciendo que "no es claro el concepto de la violación de normas Indicado en la demanda porque tiene fundamento en presunciones, suposiciones y conclusiones sin asidero" La Sala considera que esta excepción no tiene vocación de prosperidad porque la demanda reúne el requisito exigido por el C.C.A.,PROCESO No. 97-44578 5

presunciones, suposiciones y conclusiones sin asidero" La Sala considera que esta excepción no tiene vocación de prosperidad porque la demanda reúne el requisito exigido por el C.C.A.,PROCESO No. 97-44578 5 articulo 137-4, y porque el hecho de que en el concepto de la violación se hagan apreciaciones sobre el proceso de supresión de cargos en la entidad, no hace que la demanda sea inepta Las otras dos las fundamenta en el hecho de que "el acto administrativo por el cual se suprimió el cargo fue proferido conforme a la ley, y al tenor de sus disposiciones se respetaron los derechos..." de la demandante, a quien se le pagó la indemnización que sin título legítimo reclama.. Estas excepciones, así sustentadas, tienen que ver con el fondo del asunto; por lo tanto, lunto con las pretensiones y cargos se resolverán a continuación. 4.2. PETICIONES La actora impetra la anulación parcial del decreto No. 069, de Febrero 5 de 1997, expedido por el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, por medio del cual se dispuso la supresión en la planta global del cargo de Agente de Tránsito IV A, desempeñado por élla, y de la comunicación de fecha Marzo 20 de 1997, con la cual se noticia tal decisión. A titulo de restablecimiento del derecho impetra su reintegro al empleo que venia desempeñando, o a otro de mayor categoría. y el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de su retiro del servicio hasta aquella en que se produzca su efectivo reintegro. Pide, además, que se declare, para todos los efectos legales, que

todos los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de su retiro del servicio hasta aquella en que se produzca su efectivo reintegro. Pide, además, que se declare, para todos los efectos legales, que no ha existido solución de continuidad en la relación laboral que la ataba a la entidad. En orden a obtener los anteriores cometidos la parte actora argumenta que el acto administrativo demandado contraría las normas1 0 PROCESO No. 97-44578 6 constitucionales o legales antes reseñadas, en tanto que: 1) El Concejo es la Corporación competente para disponer la supresión de cargos; 2) El Alcalde no estaba legalmente facultado para suprimir cargos de la planta de personal; 3) El decreto 069 debió ser motivado porque modificó situaciones individuales y concretas; 4) El retiro del servicio de los empleados de carrera, por supresión de cargos, no se encuentra previsto en las normas aplicables a los del distrito como causal de tal; 5) La remoción no tenla cabida porque no habla de por medio un nombramiento en periodo de prueba ni 3 calificaciones deficientes en el último año de servicios; 6) Las normas generales de carrera no se aplican a los funcionarios del Distrito Capital; 7) No se buscó el mejoramiento del servicio porque la Policía Nacional no estaba preparada para asumir las funciones de vigilancia y control del tránsito en Bogotá; 8) La supresión del cargo no acabó con los problemas del tránsito en Santa Fe de Bogotá; 9) Los alcaldes sólo pueden '.9 efectuar despidos masivos con autorización de Ja ley o de los Acuerdos; y

problemas del tránsito en Santa Fe de Bogotá; 9) Los alcaldes sólo pueden '.9 efectuar despidos masivos con autorización de Ja ley o de los Acuerdos; y 10) La demandante tenla el derecho adquirido a permanecer en el cargo mientras no fuera excluida del escalafón, es decir, gozaba del fuero a la estabilidad, por lo cual no podia ser separada sjn haberse agotado el procedimiento de ley establecido para los servidores públicos escalafonados. En síntesis, formula, contra el acto censurado, los cargos de incompetencia, expedición irregular, falsa motivación, violación de norma superior y desviación de poder. La entidad accionada, por su parte, estructura su defensa afirmando que: 1) el Alcalde profirió el acto administrativo demandado en uso de facultades legales consagradas en el decreto 1421 de 1993; 2) La actora incurre en error de derecho al ignorar que el Acuerdo 11/90, anterior a la Constitución de 1991, fue derogado por el decreto 1421 de 1993; 3) LaVI" PROCESO No. 97-44578 7 Secretaria de Tránsito no ha desaparecido y cumple las labores que le corresponden, ya que las del control del tránsito vehicular competen a la Policía Nacional, para lo cual existe un convenio, asunto que aquí no se debate; y 4) La demandante manifiesta haber optado por la indemnización. El Tribunal, de acuerdo con el análisis que enseguida realiza, estima que las súplicas de la demanda deben ser desestimadas: La actora se hallaba vinculada inicialmente al Departamento

El Tribunal, de acuerdo con el análisis que enseguida realiza, estima que las súplicas de la demanda deben ser desestimadas: La actora se hallaba vinculada inicialmente al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, y luego a la Secretaria de Tránsito y Transportes del Distrito en el cargo de Agente de Tránsito IV A, desde el 14/12/1990 y hasta el 31/03/1997 (folio 7). De ese cargo fue desvinculada por supresión dispue;ta por el decreto 069/97, que le fue comunicada en un extenso oficio del 20 de Marzo de 1997 en el que, con toda claridad, no sólo le manifiestan quW tiene la posibilidad de optar por la indemnización establecida en el articulo 30 del decreto 1223 de 1993, o "por la posibilidad de revinculación pegúrl el procedimiento allí establecido", sino que le transcriben las nprmas pertinentes (folios 5 y 6). Según certificación, que obra a folio 3, se encontraba qon su escalafón en carrera administrativa actualizado en dicho empleo a patlr del 21 de Febrero de 1997, y por tal razón se le reconoció y pagó, tenie9dq en cuenta, también, manifestación que élla hiciera, (folio 130 cdno ariqxo) la indemnización por supresión del cargo, con la resolución No. 5754 del 14 de Mayo de 1997, folios 84 y 85 del cdno anexo, que le fue iotfkda personalmente, y contra la cual no aparece que haya interpuestq recurso alguno.PROCESO No. 97-44578 8 En cuanto a las normas que les son aplicables a los

personalmente, y contra la cual no aparece que haya interpuestq recurso alguno.PROCESO No. 97-44578 8 En cuanto a las normas que les son aplicables a los funcionarios vinculados al Distrito Capital, en materias como las de que aquí se trata, se tiene que la ley 27 en su articulo 21 parágrafo, dispuso: "PARAGRAFO. Los empleados del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el acuerdo 12 de 1987, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, y todas las normas reglamentarias del mismo, en todo aquello que esta ley no tifque o regule expresamente. (negrillas y subrayas fuera de texto). Como el articulo 64 del Acuerdo 12 de 1987 no consagra dentro de las causales de retiro de los funcionarios de carrera la supresión de cargos, debe estarse a lo que sobre este punto consagra la ley 27 de 1992 en los artículos 7° literal c y 8°, de conformidad con lo prescrito en el inciso 2° del articulo 126 del decreto 1421 de 1993, que rezan: "ARTICULO 7°. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los empleados de carrera, se produce en los siguientes casos: • .c. Por supresión del empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la presente ley..." "ARTICULO 8°. Indemnización por supresión del empleo. Los empleados inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, incluidos los del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, cuyos empleos sean suprimidos..

"ARTICULO 8°. Indemnización por supresión del empleo. Los empleados inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, incluidos los del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, cuyos empleos sean suprimidos.. Si bien la demandante se encontraba inscrita en el escalafón de la carrera administrativa, este hecho no le confería el derecho "adquirido"PROCESO No. 97-44578 9 e incondicional de permanecer en el empleo, ello en desarrollo del principio de la primacía del interés general sobre el particular, mediando, obviamente, la indemnización de los perjuicios que se irrogaren al titular de uno que, como consecuencia de la decisión de suprimirlo, resultare privado del mismo; para el caso de autos dicho beneficio fue reconocido con la resolución No. 5754, de Mayo 13 de 1997. Lo anterior ha sido avalado en los siguientes términos por la H. Corte Constitucional en la sentencia No. D-613, del 18 de noviembre de 1994: "... para determinar la procedencia o no de la indemnización en caso de supresión de cargos públicos es necesario distinguir entre los empleados de libre nombramiento y remoción y empleados de carrera: Para quienes eran de libre nomktarnJento y temocIón no es constltulonal el establecinhJen(Q de la Indemnización. En efecto, como tales empleados no tienen los derechos propios de quienes están incorporados a la carrera administrativa, y por ello establecer una indemnización implica 'reconQcer -y pagar una mpensacjn sin causa a un funçloflajiQ, que dada la naturaleza de su vinculo con la administración. puede, en virtud de la facultad

establecer una indemnización implica 'reconQcer -y pagar una mpensacjn sin causa a un funçloflajiQ, que dada la naturaleza de su vinculo con la administración. puede, en virtud de la facultad conferida por la ley al nominador, ser desvinculado sin que se le reconozcan derechos y prestaciones sociales d-istintafi de aquellas con las que el Estado mediante la Ley ampara a esta clase de servidores públicos"(Corte Constitucional Sentencia No. c-479 del 13 de Agosto de 1.992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y Dr. Alejandro Martínez Caballero Por el contrario, con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay menor duda que se ha ocasionado un daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legitimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 de la C.P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga especifica de la adecuación del Estado, que deber ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante los cargas especificas (C.P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 de la C.P.). Además, las autoridades de la República están obligadas a protegerlos (art. 2 C P ) Esto armoniza con una de las finalidades del Estado Social de Derecho es la vigencia de su orden social justoPROCESO No. 97-44578 10

Además, las autoridades de la República están obligadas a protegerlos (art. 2 C P ) Esto armoniza con una de las finalidades del Estado Social de Derecho es la vigencia de su orden social justoPROCESO No. 97-44578 10 (Preámbulo de la Carta). Por ello 'se trata de una indemnización reparatoria fundamentada en el reconocimiento que se hace a los derechos adquiridos en materia laboral.. Ahora bien, el decreto 1421 de Julio 21 de 1993, en los artículos 54 y 38 estípula: "ARTICULO 38. ATRIBUCIONES. Son atribuciones del alcalde mayor: • •90 Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado...... "ARTICULO 54. ...El sector central está compuesto por el despacho del alcalde mayor, las secretarías y los departamentos administrativos.. De conformidad con lo anterior y COfl el artículo 315 numeral 7° de la Constitución Política la potestad que tiene el Alcalde de reorganizar internamente el personal que presta sus servicios en las diferentes dependencias de la administración central del distrito creando, suprimiendo y fusionando empleos, es autónoma y sólo está condicionada por los Acuerdos del Concejo que se hubiesen proferido sobre materias como escalas de remuneración, clasificación y categorización de los empleos, presupuesto y estructura general y funciones básicas de las entidades distritales. Dicha autonomía implica que no se requiere de un Acuerdo o

escalas de remuneración, clasificación y categorización de los empleos, presupuesto y estructura general y funciones básicas de las entidades distritales. Dicha autonomía implica que no se requiere de un Acuerdo o como dice la accionante, de "autorización" del Concejo para crear, suprimir o fusionar empleos, porque ese no es el sentido de las normas que atribuyen tales competencias, sino que la creación de empleos no sobrepase las apropiaciones fijadas para gastos de funcionamiento en el presupuestoPROCESO No. 97-44578 11 aprobado en la respectiva vigencia fiscal, y no altere la estructura organizacional de la administración. Además, al Alcalde no sólo se le han otorgado las funciones antes señaladas, sino las de suprimir o fusionar las entidades distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo' y "suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos" (artículos 38-10 del decreto 1421 de 1993 y 315 de la Carta). De otro lado, al Concejo corresponde, "a iniciativa del Alcalde Mayor, ' crear, suprimir y fusionar Secretarías, Departamentos Administrativos, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales...", según lo normado por el artículo 55 del decreto 1421 de 1993. Como quiera que la Secretaria de Tránsito no ha sido suprimida, ni modificada la estructura general de la administración central, función que corresponde al Concejo, no puede decirse que el Alcalde Mayor al expedir el decreto 069 haya usurpado funciones que no le son propias. Tampoco es de aceptación equiparar la supresión de cargos,

función que corresponde al Concejo, no puede decirse que el Alcalde Mayor al expedir el decreto 069 haya usurpado funciones que no le son propias. Tampoco es de aceptación equiparar la supresión de cargos, dispuesta por el decreto 069, con las insubsistencias masivas que prohibe el articulo 97 de la ley 136 de 1994, fenómenos jurídicos que constituyen causales autónomas de desvinculación del servicio público. Si aquí resultara dable hablar de retiros masivos de personal, es de advertir que tal situación es de recibo en los casos autorizados por la ley para suprimir cargos. Respecto a que el decreto 069 no fue motivado, la Sala observa que no existe norma legal que obligue a que en el acto acusado se expresen los motivos que lo generaron, los que se presumen inspirados en la búsqueda del buen servicio público, presunción que en el caso sub examine no ha sido desvirtuada.PROCESO No. 97-44578 12 El cargo de desviación de poder consistente en que la Policía Nacional no estaba preparada para asumir las funciones de Policía de Tránsito, y que al hacerlo no acabó con los problemas de tránsito en esta Capital, lo cual es utópico, no sólo carece de fundamento sino que es ajeno al debate jurídico que aquí se ventila en torno al retiro de la demandante. Lo mismo puede predicarse frente a la censura que por tal desviación de poder se dirige contra el decreto 069, en razón a que, de acuerdo a la libelista, el Alcalde carecía de competencia para celebrar con la Policía un convenio que le permitió a esta institución, a términos del artículo

desviación de poder se dirige contra el decreto 069, en razón a que, de acuerdo a la libelista, el Alcalde carecía de competencia para celebrar con la Policía un convenio que le permitió a esta institución, a términos del artículo 8° de la ley 105 de 1993, asumir funciones en materia de control de tránsito, convenio cuya legalidad no es materia de esta litis. Respecto a la violación de los artículos 25 y 53 de la Constitución Nacional, que intenta plantear la demandante, sin demostrarla, se tiene que ella no se configura de manera directa. Esto es. que para que se quebrante el derecho al trabajo es indispensable que se demuestre la transgresión de las normas legales que lo protegen. Así lo ha sostenido la Honorable Corte Constitucional en Sentencia No. T-084 de Marzo 2 de 1994: ...es cierto que los derechos a la seguridad social y al trabajo, consagrados en los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución, no son de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la misma Carta Política y necesitan de desarrollo y regulación legal...". Ahora bien, como aquí no se satisface esa exigencia, no aparecen vulnerados los precitados derechos. En consecuencia, el cargo de violación directa de los artículos 25 y 53 de la Carta fundamental no tiene vocación de prosperidad. La acción incoada por la demandante, la contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se estableció paraPROCESO No;7-44578 13 promover la intervención de esta jurisdicción a efectos de obtener la anulación de actos administrativos que lesionan derechos y, como

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se estableció paraPROCESO No;7-44578 13 promover la intervención de esta jurisdicción a efectos de obtener la anulación de actos administrativos que lesionan derechos y, como consecuencia de tal pronunciamiento, el restablecimiento de éstos y, si así se demandará y a ello hubiere lugar, la reparación de los daños causados por aquellos. Ahora bien, el acto administrativo acusado es, según lo ha podido precisar la doctrina, la decisión de la administración capaz de producir efectos jurídicos. Para el caso, aquella expresión unilateral de voluntad de la administración que crea o modifica una situación jurídica determinda. El oficio demandado. del 20 de Marzo de 1997, por su parte, no constituye un acto administrativo, pues no define una situación jurídica en concreto, sino que se limita a informar a la demandante la novedad que se presentó en la relación laboral que la ataba a la entidad, en el sentido de haber sido suprimido el cargo que desempeñaba, por liquidación de la entidad. No siendo el oficio acusado un acto administrativo, esta Corporación, según las voces del articulo 85 del C.C.A. y demás normas concordantes, carece de objeto idóneo para un pronunciamiento de fondo. Así ha concluido el Honorable Consejo de Estado en eventos como el que nos ocupa, expresando que el fallo deber ser inhibitorio, por falta de jurisdicción. En efecto, en sentencia No. 485 del 21 de abril de 1989, dictada dentro del proceso No. 699, actor. JUAN BAUTISTA FLOREZ

falta de jurisdicción. En efecto, en sentencia No. 485 del 21 de abril de 1989, dictada dentro del proceso No. 699, actor. JUAN BAUTISTA FLOREZ MORENO, con ponencia del Dr. Al-VARO LECOMPTE LUNA, dijo:PROCESO No. 97-44578 14 "Pues bien, al examinar detenidamente los textos de todos y cada uno de los escritos que han sido acusados de nulidad en este proceso, es decir, el memorando general No 1257 de 14 de Mayo de 1984, el oficio 1006-2634 de 10 de diciembre de 1984 y el oficio No. 6003-2692 de los mismos mes y año, no son más que notificaciones o reiteraciones de lo que dispuso el Rector de la Universidad a través de su resolución 1533 En otras palabras, que ellos per se, ni aislada ni conjuntamente, producen efectos jurídicos y no reflejan de modo directo e inmediato la voluntad de la administración, dado que,