TA CUN - 98-5972-(23-11-2000)

REAJUSTE PENSIONAL LEY6192-Aplicación a personal docente

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMA

SECCION SEGUNDA 00 SUB SECCION "D"

3

BOGOTA L),€.

REI.ArOR,A 1tjyo de Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil (2000)

Magistrada Sustanciadora: Doctora María del Carmen Jarrín Cerón

EXPEDIENTE No. 985972

DEMANDANTE: ALICIA ESPINOSA BAQUERO DEMANDADO :FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FA VIDILa señora ALICIA ESPINOSA BAQUERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 20'029.820 de Bogotá, actuando a través de apoderada judicial, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en escrito radicado el 2 de diciembre de 1998 (fi. 29 vto.), dentro del término de caducidad, presentó la

siguiente: . .EXPEDIENTE N° 98-5972 2

DEMANDA PRIMERA: Declarar que son nulos los actos administrativos Nos. 0011453 del 13 de agosto de 1998, originario de la Oficina Jurídica de Favidi, por la cual se le negó a mi mandante el reconocimiento del reajuste pensional ordenado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año y el 0012838 del 31 de agosto de 1998 originario de la Gerencia de Favidi, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proferido por

la Oficina Jurídica.

0012838 del 31 de agosto de 1998 originario de la Gerencia de Favidi, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proferido por la Oficina Jurídica.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al ente demandado que reconozca y pague en favor de mi mandante los reajustes a su pensión en los porcentajes establecidos en el artículo 1 del Decreto 2108 de 1992. "TERCERA: Corno consecuencia de la declaración anterior se ordene a la entidad demandada que revise los reajustes posteriores que se han efectuado a la pensión de mi mandante. "CUARTA: Condenar al ente demandado para que sobre las sumas a que resulte condenado a pagar a mi mandante, según las peticiones segunda y tercera de este libelo, efectúe los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor que registre el DANE, • tal como lo prevé el articulo 178 del C. C.A. "QUINTA: Condenar al ente demandado, a que si no dá cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A., reconozca y pague en favor de mi mandante, intereses comerciales durante los primeros seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, e intereses moratorios después del término de seis (6) meses conforme lo dispone el artículo 177 del C.C.A." En resumen la parte demandante relata los siguientes hechos: 1°. A través de la resolución 0469 de 25 de marzo de 1988, el

término de seis (6) meses conforme lo dispone el artículo 177 del C.C.A." En resumen la parte demandante relata los siguientes hechos: 1°. A través de la resolución 0469 de 25 de marzo de 1988, el Gerente de la Caja de Previsión Social del Distrito, reconoció y ordenó pagar a la demandante la pensión mensual vitalicia deEXPEDIENTE N° 98-5972 3 jubilación, en cuantía de $ 21.083,49 a partir del 10 de junio de 1982.

21. El 27 de julio de 1998, la accionante solicitó a Favidi, el reconocimiento del reajuste pensional ordenado en la ley 68 y en el decreto 2108 de 1992.

31. La entidad negó el reconocimiento del reajuste solicitado, mediante acto administrativo 011453 de 13 de agosto de 1998, comunicado por correo a la accionante.

.

41. Contra la decisión anterior la accionante interpuso recurso de apelación, desatado mediante acto 0012838 que confirmó el acto recurrido.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLA ClON La parte actora cita como normas violadas las siguientes:

Ll CONSTITUCIONALES: • Artículos 4, 13, 25, 53y58.

LEGALES: • Ley 68 de 1992:artículo 116. • Decreto Reglamentario 2108 de 1992: artículo 1°. • Ley 153 de 1887: artículo 40.

La parte accionan te estructuró el concepto de violación, de la siguiente manera:EXPEDIENTE N° 98-5972 ri El derecho al reconocimiento del reajuste pensional,

• Ley 153 de 1887: artículo 40.

La parte accionan te estructuró el concepto de violación, de la siguiente manera:EXPEDIENTE N° 98-5972 ri El derecho al reconocimiento del reajuste pensional, consagrado en la ley 6 de 1992 y su decreto reglamentario 2108 del mismo año, es un derecho adquirido de la demandante, aunque no haya sido reconocido por la autoridad administrativa. Como se trata de un derecho adquirido, goza de protección constitucional, por lo que no es posible aplicar la inexequibilidad del artículo 116 de la ley 61 de 1992. Para reforzar éste argumento, la apoderada de la accionan te transcribe apartes de la sentencia T-496 de 29 de octubre de 1993 de la H. Corte Constitucional, con lo ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero. La accionan te cumple con los requisitos señalados en el decreto 2108 de 1992, es decir, fue pensionada antes del 1° de enero de 1989 y sus mesadas pensionales presentan diferencias con los aumentos de salar/os. La parte actora sol/cita la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad con relación al artículo 1° del decreto 2108 de 1992, porque se viola el derecho a la igualdad, en cuanto sólo se la aplica a los pensionados del orden nacional. No obstante anterior, menciona que a través de la ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria que venían prestando los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y el Distrito Especial de Bogotá, por lo tanto, los docentes que prestan sus servicios en estas entidades quedaron nacionalizados.

1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria que venían prestando los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y el Distrito Especial de Bogotá, por lo tanto, los docentes que prestan sus servicios en estas entidades quedaron nacionalizados. De otra parte, se alega como causal de nulidad, la incompetencia del funcionario que expidió el acto acusado, toda vez que no es competente para decidir sobre el reconocimiento o no de un reajuste pensional la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad, porEXPEDIENTE N° 98-5972 5 cuanto esta función se le atribuye al Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del acuerdo 2 de 1977. A folios 108 a 127 del expediente, aparecen los alegatos de conclusión de la accionante, donde se opone a las excepciones propuestas por la entidad, toda vez que no tienen asidero legal. Además, reitera los argumentos planteados en la demanda. Posteriormente, la apoderada de la demandante presenta nuevos alegatos de conclusión obrantes a folios 152 a 159 del o expediente, presentados fuera del término legal. ARGUMENTOS DEL FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL "FA VID!" Una vez notificado el auto admisorio de la demanda (fi. 35), el Gerente y Representante Legal del Fondo de Ahorro y Vivienda Dist rita! "FA VID!", constituyó apoderada (fI. 42), quien contestó la misma en escrito obrante a folios 62 a 76, donde se opone a las pretensiones, toda vez que el acto administrativo endilgado se ajusta a derecho. Además, si la parte actora no estaba de acuerdo con la

misma en escrito obrante a folios 62 a 76, donde se opone a las pretensiones, toda vez que el acto administrativo endilgado se ajusta a derecho. Además, si la parte actora no estaba de acuerdo con la cuantía de la mesada pensional, debió hacer uso de los recursos de la vía gubernativa. La apoderada de la entidad, propone las siguientes excepciones: . Falta de agotamiento de la vía gubernativa : la demandante no interpuso los recursos que otorga la ley, ni pidió laEXPEDIENTE N° 98-5972 6 revocatoria del acto, por lo que el despacho debe declararse inhibido para conocer de la presente demanda. • Indebida integración del contradictorio se desconoce que Favidi es una entidad pagadora de las cesantías y no de las pensiones, función que le corresponde al Fondo de Pensiones Publicas de Santafé de Bogotá. Además, se debió vincular al Ministerio de Educación Nacional porque se trata de un docente nacional o nacionalizado. • Ilegitimidad en la causa por la parte pasiva : la demanda se dirige contra el Fondo de ahorro y vivienda Distrital -FA VID 1y no contra el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, organismo que tiene la atribución legal de pagar la prestación reclamada por la demandante. A folios 105 a 107 del expediente, aparecen los alegatos de conclusión presentados por la apoderada de la entidad, donde reitera que existe indebida conformación de uno de los extremos procesales por lo que debe citarse al Ministerio de Educación Nacional y/o al Fondo de Pensiones Públicas del Magisterio, a fin de hacer valer sus derechos en el proceso.

reitera que existe indebida conformación de uno de los extremos procesales por lo que debe citarse al Ministerio de Educación Nacional y/o al Fondo de Pensiones Públicas del Magisterio, a fin de hacer valer sus derechos en el proceso. ARGUMENTOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Notificado el auto admisorio de la demanda (fi. 36), el Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá constituyó apoderado judicial (fi. 77), quien contestó la misma en escrito obrante a folios 84 a 87 del expediente, oponiéndose a las pretensiones, dado que la accionante no cumple con los requisitosEXPEDIENTE N° 98-5972 7 exigidos por la ley 6 de 1992 por cuanto está dirigida exclusivamente a los pensionados del orden nacional. El apoderado de la entidad propone las siguientes excepciones: a. Cobro de lo no debido, dado que la demandante pretende derechos que no tiene por interpretación errónea de la ley 61 de 1992. • b. Legalidad de la actuación de la entidad demandada, porque el acto acusado se expidió con sujeción a las normas jurídicas aplicables. c. No existe causal de nulidad de los actos demandados, toda vez que la administración al resolver la respectiva reclamación, tuvo en cuenta los correspondientes elementos de hecho y de derecho. d. Cosa juzgada y obligatoriedad de cumplir con las sentencias judiciales: la administración distrital ajusto su decisión al contenido de la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia en el sentido de no extender la aplicación de la ley 68 de 1992 a las entidades territoriales.

sentencias judiciales: la administración distrital ajusto su decisión al contenido de la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia en el sentido de no extender la aplicación de la ley 68 de 1992 a las entidades territoriales. A folios 144 a 147 del expediente, aparecen los alegatos de conclusión presentados por el apoderado del Distrito Capital, donde solicita se denieguen las súplicas de la demanda. Surtido el trámite de rigor y no habiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, se decide sobre el fondo de la presente litis, mediante las siguientes,EXPEDIENTE N° 98-5972 8

CONSIDERACIONES:

18. Es objeto de la presente controversia la legalidad de los actos administrativos 011453 de 13 de agosto de 1998 y 0012838 de 31 de agosto de 1998, por medio de los cuales la Jefe de la Oficina Jurídica y el Gerente del Fondo de Ahorro y Vivienda DistritalFA VID! -, respectivamente, negó el reajuste pensional solicitado por la demandante y resolvió un recurso de apelación, en su orden (fis. 7 a9). . 2a• Fundamentalmente la impugnación formulada a los actos acusados se resume en que se desconoció el principio de igualdad, al no aplicar a la demandante el artículo 116 de la ley 61 de 1992, es decir, no se reconoció el reajuste señalado en esta norma, para los pensionados del orden nacional. 31 En primer término, la Sala considera conveniente entrar a estudiar las excepciones propuestas por el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi - y por el Distrito Capital de Bogotá:

pensionados del orden nacional. 31 En primer término, la Sala considera conveniente entrar a estudiar las excepciones propuestas por el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi - y por el Distrito Capital de Bogotá: a.)Falta de agotamiento de la vía gubernativa : La demandante no interpuso los recursos que otorga la ley, ni pidió la revocatoria de la decisión acusada, por lo que el despacho debe declararse inhibido para conocer de la presente demanda. Frente a esta excepción, se tiene que en el acto administrativo acusado no se indicaron los recursos que procedían, por lo que no es viable que la demandante asuma un error de la administración por una omisión; razón por la que no prospera esta excepción. b.)Indebida integración del contradictorio e ilegitimidad en la causa por la parte pasiva: La demanda se dirige contra el Fondo deEXPEDIENTE N° 98-5972 9 Ahorro y Vivienda Distrita! -FA VID! - y no contra e! Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, ente responsable del reconocimiento y pago de las pensiones. En relación con estas excepciones se tiene que, según e! decreto 350 de 1995 expedido por el Alcalde Mayor de! Distrito Capital, se creó e! Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá cuya administración correspondía a la Secretaría de Hacienda; por medio de los decretos distritales 716, 786 y 817 de 1995, se dió la administración del Fondo mencionado a! Fondo de • Ahorro y Vivienda Distrital "FA VID!", entidad descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,

1995, se dió la administración del Fondo mencionado a! Fondo de • Ahorro y Vivienda Distrital "FA VID!", entidad descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, motivo por el cual esta excepción tampoco prosperaría. c) Con respecto a las excepciones de cobro de lo no debido, legalidad de la actuación de la entidad demandada, inexistencia de nulidad de los actos acusados y, cosa juzgada y obligatoriedad de cumplir con las sentencias judiciales, por cuanto la administración distrital ajusto su decisión al contenido de la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia en el sentido de no extender la • aplicación de la ley 68 de 1992 a las entidades territoriales, la Sala encuentra que son argumentos de la defensa con los que busca enervar las súplicas de las demanda, por lo que no prosperan como excepciones impeditivas. 48 Dentro del expediente se demostró que mediante la resolución 0469 de 25 de marzo de 1988, se reconoció y ordenó el pago a la accionante de su pensión de jubilación a cargo de la Caja de Previsión Social de Bogotá, a partir del 10 de junio de 1982 (fIs. 2 a5). 58 El artículo 116 de la ley 68 de 1992 expresaba:EXPEDIENTE N° 98-5972 lo Artículo 116.- Ajuste a pensiones del sector público nacional. "Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año de 1989, el gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas

público nacional. "Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año de 1989, el gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1 de enero de 1989. Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo." .

68. Los artículos 10 y 2° del decreto 2108 de 29 de diciembre de 1992, que reglamentó la ley 68 de 1992, establecían: ARTICULO 1°- Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con anterioridad al 10 de enero de 1989 que presenten diferencia con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 10 de enero de 1993, 1994

y 1995 así: AÑO DE CAUSACION DEL % DEL REAJUSTE DERECHO A LA PENSION 1993 1994 1995 1981 y anteriores 28% distribuidos así 12.0 12.0 4.0 1982 hasta 1988 14% distribuidos así 7.0 7.0 ARTICULO 21Las entidades de previsión o los organismos o entidades que están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan

organismos o entidades que están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 10. "El 10 de enero de 1994 y 1995 se seguirá igual procedimiento con el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de los años 1993 y 1994 respectivamente, tomando como base el porcentaje de la columna correspondiente a dichos años señalada en el artículo anterior. " Estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988"EXPEDIENTE N° 98-5972 11

78. El artículo 116 de la ley 68 de 1992 fue acusado en acción de inconstitucionalidad en cuanto limitó el reajuste de pensiones al sector público nacional, por ser violatorio de los artículos 13 y 23 a 245 de la Constitución; la Corte Constitucional mediante la sentencia C-531 de 20 de noviembre de 1995 lo declaró inexequible; no obstante, dispuso que esa declaración no implicaba que los incrementos aludidos no se reconocieran y pagaran, toda vez que los derechos de los pensionados al reajuste se habían constituido en una situación jurídica consolidada que goza de protección constitucional. 8a.~ Del acervo probatorio se desprende (fIs. 101 y 102), como se indicó, que la accionante tenía el carácter de docente, calidad con la que obtuvo la pensión de jubilación, por lo que se discute si le era

8a.~ Del acervo probatorio se desprende (fIs. 101 y 102), como se indicó, que la accionante tenía el carácter de docente, calidad con la que obtuvo la pensión de jubilación, por lo que se discute si le era aplicable el artículo 116 de la ley 68 de 1992 que, se refirió a pensionados del nivel nacional. La parte accionante manifestó en la demanda que no puede existir diferencia entre servidores del nivel nacional y territorial para . efectuar el reconocimiento del reajuste pensional aludido. Además, argumentó que la pensión reconocida es de carácter nacional porque la ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que prestaban las entidades territoriales; de manera que los docentes adquirieron esa calidad de empleado del orden nacional. 98 Sobre el aspecto estudiado, el H. Consejo de Estado en sentencia de 11 de diciembre de 1997, de la Sección Segunda, Consejera Ponente doctora Do//y Pedraza de Arenas, expediente No. 15723, al decidir el proceso en el cual se controvirtió la legalidad del oficio 002029 de 17 de febrero de 1994, proferido por el GerenteEXPEDIENTE N° 98-5972 12 General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, expresó: "Para juzgar el acto acusado, la Sala entonces se encuentra ante la siguiente situación: el art. 116 de la ley 6 de 1992 rigió desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en que fue reiterada del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes adquirieron el derecho bajo su vigencia. El decreto 2108 de 1992, expedido en desarrollo del

desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en que fue reiterada del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes adquirieron el derecho bajo su vigencia. El decreto 2108 de 1992, expedido en desarrollo del art. 116 de la ley 6 a corre igual suerte, es decir, rigió desde su expedición hasta la fecha de inexequibilidad del precepto que le dio origen y extiende sus efectos aún después para quienes bajo su amparo adquirieron el derecho. "Debe por tanto la Sala examinar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver en este caso concreto la legalidad del acto administrativo sometido a su juzgamiento, examen que frente al art. 14 de la Carta Omitió la Corte ante el vicio de falta de unidad de materia. "Coincide la Sala con el punto de vista del señor agente del Ministerio Público, pues como es sabido, la nivelación que hizo el Gobierno Nacional mediante el decreto 2108 de 1992 obedeció a una justa pretensión del sector de los jubilados, cuyos aumentos decretados con anterioridad al 1° de enero de 1989 (antes de los aumentos decretados por virtud de la ley 71 de 1988), presentaban diferencias con los aumentos de salarios; el gobierno niveló dichas pensiones en los porcentajes allí expresadas, para ser pagaderos a partir del 10 de enero de 1993 hasta culminar en 1994 para los pensionados de 1981 y anteriores y en 1995 para los pensionados entre 1982 hasta 1988, y precisó que estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la ley 71 de 1988.

anteriores y en 1995 para los pensionados entre 1982 hasta 1988, y precisó que estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la ley 71 de 1988. " Si como se dejó indicado en el recuento de los antecedentes, la entidad demandada en el acto acusado manifiesta que a los pensionados de la empresa les fue aplicado lo previsto en la ley 4a de 1976, sobre aumento de pensiones, lo que indica que tuvieron diferencias con los aumentos salariales, no hay razón para que la preceptiva del decreto 2108 de 1992 no se les aplique, pues estarían en las mismas condiciones de los pensionados del orden nacional que se beneficiaron con el reajuste. Hacer tal discriminación con los pensionados de la empresa demandada, que se encuentran bajo los mismos supuestos del artículo 10 del decreto 2108 de 1992, atentaría contra el artículo 13 de la Carta Política, toda vez que no se estaría tratando en igual forma a las personas que se encuentren en iguales situacionesEXPEDIENTE N° 98-5972 13 En este orden de ideas, la Sala en acatamiento al principio fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución que ordena que 'en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales', habrá de declarar la inaplicación en este caso concreto de la expresión 'del orden nacional' contenida en el art. 1° del decreto 2108 de 1992 por su contrariedad con el art. 13 de la Carta, cuya aplicación es preferente. En consecuencia, el acto acusado es nulo al

nacional' contenida en el art. 1° del decreto 2108 de 1992 por su contrariedad con el art. 13 de la Carta, cuya aplicación es preferente. En consecuencia, el acto acusado es nulo al prescribir que los ajustes de que trata el decreto 2108 de 1992 no son aplicables a los pensionados de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Debe así la Sala, en aras de la claridad, señalar que la aplicación del citado decreto debe hacerse en los precisos términos y condiciones que consagra su texto: es decir a las pensiones de jubilación reconocidas con anterioridad al 11 de enero de 1989 une nresenten diferencias con los aumentos de salario, lo cual deberá determinarse en cada caso concreto" (Se destaca). Con base en las consideraciones anteriores el H. Consejo de Estado inaplicó la expresión "del orden nacional" contenida en el artículo 10 del decreto 2108 de 1992, con el objeto de que la prerrogativa se pudiera hacer extensiva a los demás pensionados de los niveles departamental, distrital y municipal. Así, declaró la nulidad del oficio 002029 de 17 de febrero de 1994, "en cuanto expresó que las previsiones del decreto 2108 de 1992 no son . aplicables a los pensionados" de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 10a• La Sala estima necesario determinar en este caso, como es su deber y, como lo expresó el H. Consejo de Estado, si la pensión de la demandante presentó diferencias con los aumentos de salario durante los años anteriores a 1989. En este sentido se

10a• La Sala estima necesario determinar en este caso, como es su deber y, como lo expresó el H. Consejo de Estado, si la pensión de la demandante presentó diferencias con los aumentos de salario durante los años anteriores a 1989. En este sentido se comprobó que la accionante fue pensionada mediante la resolución 0469 de 25 de marzo de 1988, a partir del 10 de junio de 1982, es decir con anterioridad al 1° de enero de 1989 (fIs. 2 a 5). Además, mediante auto para mejor proveer decretado por la Sala el 28 de septiembre de 2000, con el fin de aclarar si laEXPEDIENTE N° 98-5972 14 demandante ejerció la docencia después del reconocimiento de la pensión de jubilación ordinaria (fi. 149 y 150), logró demostrarse que continuó vinculada al servicio público, devengando el salario respectivo hasta el 30 de junio de 1997, cuando se retiró en forma definitiva del servicio en virtud de la renuncia aceptada a través de la resolución 4208 del mismo año, según consta en la certificación expedida por la Secretaria de Educación de Distrito Capital (fi. 161). En el asunto estudiado es preciso indicar que los maestros gozan de prerrogativas especiales por razón de la labor que cumplen, entre ellas se encuentra la de devengar pensión de jubilación y mantener la calidad de empleados públicos docentes, hasta cuando cumplan la edad de retiro forzoso; en estos casos no es obligatorio el retiro para disfrutar de la pensión. Así las cosas, la demandante no sufrió las diferencias que podían afectar su pensión porque estuvo disfrutando en forma

hasta cuando cumplan la edad de retiro forzoso; en estos casos no es obligatorio el retiro para disfrutar de la pensión. Así las cosas, la demandante no sufrió las diferencias que podían afectar su pensión porque estuvo disfrutando en forma concomitante, el sueldo proveniente del tesoro público y la mencionada prestación. le La Sala considera que el legislador creó el reajuste del artículo 116 de la ley 68 de 1992 para compensar estrictamente las diferencias entre los aumentos salariales y las pensiones de Jubilación del sector público con el objeto de actualizar sus cuantías, permitiendo que recobraran su valor adquisitivo para dignificar la vida del empleado retirado del servicio, perdido por el transcurso del tiempo, durante el cual los incrementos fueron mínimos conforme a la ley 48 de 1976, es decir, que ajuicio de la Sala, ese incremento se autorizó para compensar el envilecimiento del valor de la pensión frente al salario devengado por las personas en actividad y servicio que cada año se incrementaba.LI

EXPEDIENTE N° 98-5972

15 De este modo, para la Sala es inadmisible que la demandante pueda beneficiarse con la prerrogativa analizada, cuando ella disfrutó de unas condiciones especiales como: devengar al mismo tiempo pensión y salario que anualmente se le reajustaba y, a su retiro lograr la reliquidación de aquella con los emolumentos del último año de servicio. La Sala observa que la parte actora no tuvo en cuenta que su régimen laboral es especial, colmado de garantías prestacionales de las que no gozan los demás empleados públicos, de suerte que el reajuste reclamado era necesario respecto de las pensiones de

La Sala observa que la parte actora no tuvo en cuenta que su régimen laboral es especial, colmado de garantías prestacionales de las que no gozan los demás empleados públicos, de suerte que el reajuste reclamado era necesario respecto de las pensiones de servidores que no tenían la posibilidad de acceder a otra clase de pensiones, ni mucho menos de continuar vinculados al sector público devengando sueldos y prestaciones situación que redunda a la postre en el incremento de la pensión por reliquidación definitiva de su valor con el promedio de los sueldos del último año. En el asunto materia de estudio, la Sala deja claro que la negación de las súplicas de la demanda no obedece a la calidad de docente de la demandante, ni tampoco porque exista incompatibilidad entre la pensión y el salario devengado, sino como se indicó, porque la pensión no se afectó por los bajos reajustes anuales, todo lo contrario, al retiro de su titular se reliquidó con el último sueldo devengado, todo ello, con posterioridad al 31 de diciembre de 1988. Además, como se estableció, esas prerrogativas no las tuvo el resto de los pensionados favorecidos con el reajuste examinado. Se observa que, ni la impugnante ni su pensión de jubilación ordinaria se afectaron por los incrementos previstos en la ley 48 de 1976; en este evento la Sala no puede aislar la pensión de los docentes que continuaron laborando, para aplicar sin ningún análisis las normas de la ley 68 de 1992, precisamente la discusión se pusoEXPEDIENTE N° 98-5972 16 en consideración del Juez para que, en derecho, se examinen las

docentes que continuaron laborando, para aplicar sin ningún análisis las normas de la ley 68 de 1992, precisamente la discusión se pusoEXPEDIENTE N° 98-5972 16 en consideración del Juez para que, en derecho, se examinen las circunstancias que rodearon los hechos y se dirima la controversia. De dicho estudio se concluye, como se indicó, que la pensión de la demandante no puede ser objeto del reajuste ordenado por la ley 6a de 1992. En consecuencia, la Sala, en el asunto estudiado no encuentra demostrado que los actos acusados estén incursos en alguna de las causales de nulidad mencionadas en la demanda, por lo cual estima que las pretensiones formuladas no están llamadas a prosperar. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SECCION SEGUNDA, Sub-Sección "D", administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO.- Decláranse no probadas la excepciones propuestas por el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi -, y por el Distrito Capital de Bogotá. SEGUNDO.- Deniéganse las pretensiones de la demanda. TERCERO. - Se reconoce como apoderado de la entidad demandada al doctor Juan Manuel Díaz Guerrero, de conformidad con el poder conferido visible a folio 131 del expediente. CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los gastos, excepto los ya causados