TA CUN - 991665-(07-09-2000)

REAJUSTE PENSIONAL LEY 6/92 -Aplicación en el nivel distrital ¡REAJUSTE PENSIONAL LEY 6/92 -Campo de aplicación oT ¡ f'

TRllJHA AMllHllS TRA TIIVO IE CU IIHAM/4

SECC#Obw SEJA \T REL.UR', E.

SUB SEC0110H

Bogotá D. C, siete (07) de septiembre de dos mil (2000) .

EXPEDIENTE No, 99-1665

DEMANDANTE: CONCEPCION CRUZ DE HERNANDEZ

DEMANDADO :FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI -

. La señora CONCEPCION CRUZ DE HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.364.442 de Ano/alma, actuando a través de apoderada judicial, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en escrito radicado e! 27 de enero de 1999 (fi. 33 vto), dentro del término de caducidad, presentó la siguiente:EXPEDIENTE N° 99-1665 2

DEMAMOA gí PhlllllElA: Declarar que es nulo el acto administrativo No. 0016149 del 02 de octubre de 1998, originario de la Oficina Jurídica de Favidi, por la cual se le negó a mi mandante el reconocimiento del reajuste pensionel ordenado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año. "SUllllDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al ente demandado que reconozca

y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año. "SUllllDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al ente demandado que reconozca y pague en favor de mi mandante los reajustes a su pensión en los porcentajes establecidos en el lo artículo 1 del Decreto 2108 de 1992. TERCERA. Como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la entidad demandada que revise los reajustes posteriores que se han efectuado a la pensión de mi mandante. "CUARTA: Condenar al ente demandado para que sobre las sumas a que resulte condenado a pagar a mi mandante, según las peticiones segunda y tercera de este libelo, efectúe los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor que registre el DANE, tal como lo prevé el articulo 178 del C.CA. "QUllffqTA: Condenar al ente demandado, a que si . no dá cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del reconozca y pague en favor de mi mandante, intereses comerciales durante los primeros seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, e intereses moratorios después del término de seis (6) meses conforme lo dispone el artículo 177 del CCA" En resumen la parte demandante relata los siguientes hechos:

10. A través de la resolución 401 de 04 de abril de 1984, el!

Gerente de la Caja de Previsión Social del Distrito, reconoció yEXPEDIENTE N° 99-1 665 3 ordenó pagar a la demandante la pensión mensual vitalicia de

Gerente de la Caja de Previsión Social del Distrito, reconoció yEXPEDIENTE N° 99-1 665 3 ordenó pagar a la demandante la pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 26 de diciembre de 1978. 2°. El 30 de septiembre de 1998, la accionante solicitó a Favidi, el reconocimiento del reajuste pensional ordenado en la ley 68 y en el decreto 2108 de 1992.

31. La entidad negó el reconocimiento del reajuste solicitado, mediante acto administrativo de 2 de octubre de 1998, el cual fue comunicado por correo a la impugnante. n LMAS VIILWAS Y CobwCEPTO LO/E VIILOIIACIILOII La parte actora cita como normas violadas las siguientes: CON/E TIIWCIIONA LLES: o Artículos 4, 13, 25, 53 y58. • o Ley 61 de 1992:Art. 116 o Decreto Reglamentario 2108 de 1992. Art. 1° La parte accionante estructuró el concepto de violación, de la siguiente manera: El derecho al reconocimiento del reajuste pensional!, consagrado en la ley 68 de y su decreto reglamentario 2108 de 1992EXPEDIENTE N° 99-1665 4 es un derecho adquirido de la demandante, aunque no haya sido reconocido por la autoridad administrativa.

Como se trata de un derecho adquirido, goza de protección constitucional, por lo que no es posible aplicar la inexequibilidad dell artículo 116 de la ley 68 de 1992. Para reforzar éste argumento, la apoderada de 1/a accionante transcribe apartes de la sentencia T=496

constitucional, por lo que no es posible aplicar la inexequibilidad dell artículo 116 de la ley 68 de 1992. Para reforzar éste argumento, la apoderada de 1/a accionante transcribe apartes de la sentencia T=496 de 29 de octubre de 1993 de la H. Corte Constitucional, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero. La parte actora solicita la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad con relación al artículo 1° del decreto 2108 de 1992, porque se viola el derecho a la igualdad, en cuanto sólo se aplica a los pensionados del orden nacional. No obstante de lo anterior, menciona que a través de la ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria que venían prestando los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y el Distrito Especial de Bogotá, por ¡lo tanto, los docentes que prestan sus servicios en estas entidades quedaron nacionalizados. De otra parte, se alega como causal de nulidad, la incompetencia del funcionario que expidió el acto acusado, toda vez que no.es competente para decidir sobre el reconocimiento o no de un reajuste pensional la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad, porEXPEDIENTE N° 99-1665 ki cuanto esta función se le atribuye al Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 2 de 1977. Dentro del término legal, la apoderada de la accionante presentó sus alegatos de conclusión obrantes a folios 83 a 102, donde reiteró lo planteado en la demanda,

AWIIII5/1TOS DEL FDIIDO DL! AHORRO Y VII VIIL!hL/DA

presentó sus alegatos de conclusión obrantes a folios 83 a 102, donde reiteró lo planteado en la demanda,

AWIIII5/1TOS DEL FDIIDO DL! AHORRO Y VII VIIL!hL/DA

DOS T/RIITAL 'FA VIIDII'

. Una vez notificado el auto admisorio de la demanda (fi. 38), el Gerente y Representante Legal del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrítal "FA VIDI", constituyó apoderado (fi. 55), quien contestó la misma en escrito que obra a folios 42 a 54, en donde se opone a las pretensiones, toda vez que si la demandante no estaba de acuerdo con 1/a resolución 01563 debió hacer uso de los recursos de la vía gubernativa; además, no reúne los requisitos exigidos en el artículo 116 de la ley 61 de 1992. El apoderado de la entidad, propone las siguientes excepciones: o Falta de agotamiento de la vía gubernativa : La demandante no interpuso los recursos que otorga la ley, ni pidió su revocatoria, por lo que el despacho debe declararse inhibido para conocer de la presente demanda. o Indebida integración del contradictorio: Se desconoce que Favidi es una entidad pagadora de las cesantías y no de lasEXPEDIENTE N° 99-1665 6 pensiones, función que le corresponde al Fondo de Pensiones Publicas de Santafé de Bogotá. Además, se debió vincular al Ministerio de Educación Nacional porque se trata de un docente nacional o nacionalizado. o Ilegitimidad en la causa por la parte pasiva : La demanda se dirige contra el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrittal

debió vincular al Ministerio de Educación Nacional porque se trata de un docente nacional o nacionalizado. o Ilegitimidad en la causa por la parte pasiva : La demanda se dirige contra el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrittal FA VID! y no contra el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, organismo que tiene la atribución legal de pagar la prestación requerida por la demandante. . Surtido el trámite de rigor y no habiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, se decide sobre el fondo de la presente iltis, mediante las siguientes, C011íúLEFA CIIOÜkIIES: 1 Es objeto de la presente controversia la legalidad del • oficio 0016149 de 02 de octubre de 1998, por medio del cual la Jefe de la Oficina Jurídica del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FA VID! , negó el reajuste pensional solicitado por la demandante (fis. 6 y 7). 2 Fundamentalmente la impugnación formulada al acto acusado se resume en que se desconoció el principio de igualdad, al no aplicar a la demandante el artículo 116 de la ley 68 de 1992, es decir, no se le reconoció el reajuste señalado en esta norma, para los pensionados del orden nacional.EXPEDIENTE N° 99-1665 7 En primer término, la Sala considera conveniente entrar a estudiar las excepciones propuestas por el apoderada del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital "FA VID!": a) Falta de agotamiento de la vía gubernativa : La demandante no interpuso los recursos que otorga la ley, ni pidió su revocatoria, por lo que el despacho debe declararse inhibido para

Ahorro y Vivienda Distrital "FA VID!": a) Falta de agotamiento de la vía gubernativa : La demandante no interpuso los recursos que otorga la ley, ni pidió su revocatoria, por lo que el despacho debe declararse inhibido para conocer de la presente demanda. Frente a esta excepción, se tiene que en el acto administrativo acusado no se indicaron los recursos que procedían, por lo que no es viable que la demandante asuma un error de la administración por una omisión; razón por la que no prospera esta excepción. b) Indebida integración del contradictorio: Se desconoce que Favidi es una entidad pagadora de las cesantías y no de las pensiones, función que le corresponde al Fondo de Pensiones Publicas de Santafé de Bogotá. Además, se debió vincular al Ministerio de Educación Nacional porque se trata de un docente nacional o nacionalizado. Respecto a esta excepción, la Corporación observa que de c) Ilegitimidad en la causa por la pait te pasiva : La demanda se dirige contra el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FA VlDl y noEXPEDIENTE N° 99-1665 8 contra el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, ente responsable del reconocimiento y pago de las pensiones. En relación con esta excepción se tiene que, si bien, el organismo encargado de asumir el reconocimiento y pago de las pensiones es el Fondo de pensiones públicas de Santafé de Bogotá, por lo que se debió vincular al Distrito Capital dentro del proceso, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FA VlDl, es una entidad descentralizada, con personería jurídica autonomía administrativa y

por lo que se debió vincular al Distrito Capital dentro del proceso, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FA VlDl, es una entidad descentralizada, con personería jurídica autonomía administrativa y patrimonio propio, creado para administrar el Fondo mencionado, motivo por el cual esta excepción tampoco puede prosperar. 48 Dentro del expediente se demostró que mediante la resolución 401 de 4 de abril de 1984, se reconoció y ordenó el pago a la accionante de su pensión de jubilación a cargo de la Caja de Previsión Social de Bogotá, a partir del 26 de diciembre de 1978 (fis. 2a4). 5 - El artículo 116 de la ley 68 de 1992 expresaba: " Artíunllo 1160Ajuste a pensiones dell §eCtOF públlüo nacional. "Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año de 1989, el gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1 de enero de 1989. Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo."

61. Los artículos 1° y 20 del decreto 2108 de 29 de diciembre de 1992, que reglamentó la ley 68 de 1992, establecían:EXPEDIENTE N° 99-1665

ARTTFWULO 1 1 Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con

de 1992, que reglamentó la ley 68 de 1992, establecían:EXPEDIENTE N° 99-1665 ARTTFWULO 1 1 Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con anterioridad al l de enero de 1989 que presenten diferencia con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del l de enero de 1993, 1994 y 1995 así: AÑO DE CAUSACION DEL % DEL REAJUSTE DERECHO A LA PENSION 1993 1994 1995 1981 y anteriores 28% distribuidos así 12.0 12.0 4.0 1982 hasta 1988 14% distribuidos así 7.0 7.0 o "ARTWULO 2° Las entidades de previsión o los organismos o entidades que están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1°. "El 1° de enero de 1994 y 1995 se seguirá igual procedimiento con el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de los años 1993 y 1994 respectivamente, . tomando como base el porcentaje de la columna correspondiente a dichos años señalada en el artículo anterior. "Estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988" 9

correspondiente a dichos años señalada en el artículo anterior. "Estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988" 9 71.- El artículo 116 de la ley 68 de 1992 fue acusado en acciónEXPEDIENTE N° 99-1665 10 •1 La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar y la integridad y supremacía de la Constitución. En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de buena fe (CP art 83) y protección de los derechos adquiridos (CP art 58), la declaratoria de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo. Esto significa, en particular que la presente declaratoria de inexequibilidad no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el decreto 2108 de 1992, pero que no habían sido efectivamente realizados al momento de notificarse esta sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias judiciales en caso de controversia. En efecto, de un lado, el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (CP art 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la

reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (CP art 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que goza de protección constitucional. De otro lado, en virtud del principio de efectividad de los derechos (CP art 2°) y • eficacia y celeridad de la función pública (CP art 209), la ineficiencia de las autoridades no puede ser una razón válida para desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 como el decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación oficiosa de aquellas pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir, con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento a aquellos pensionados que tengan derecho a ello." (M.P. Dr. Alejando Martínez Caballero) - Del acervo probatorio (fi. 2) se desprende, como se indicó, que la accionante tenía el carácter de docente, calidad con la que obtuvo la pensión de jubilación, por lo que se discute si Ile eraEXPEDIENTE N° 99-1665 11 aplicable el artículo 116 de la ¡ley 68 de 1992 que, se refirió a pensionados del nivel nacional. La parte demandante manifestó en la demanda que no puede existir diferencia entre servidores del nivel nacional y territorial para efectuar el reconocimiento del reajuste pensional aludido. Además, argumentó que la pensión reconocida es de carácter nacional

pensionados del nivel nacional. La parte demandante manifestó en la demanda que no puede existir diferencia entre servidores del nivel nacional y territorial para efectuar el reconocimiento del reajuste pensional aludido. Además, argumentó que la pensión reconocida es de carácter nacional porque la ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que prestaban las entidades territoriales; de manera que los docentes adquirieron esa calidad de empleado del orden nacional. 98 Sobre el aspecto estudiado, el H. Consejo de Estado en sentencia de 11 de diciembre de 1997, de la Sección Segunda, Consejera Ponente doctora Dolly Pedraza de Arenas, expediente No. 15723, al decidir el proceso en el cual se controvirtió la legalidad del oficio 002029 de 17 de febrero de 1994, proferido por el Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, expresó: Para juzgar el acto acusado, la Sala entonces se encuentra ante la siguiente situación: el art. 116 de la ley 6 de 1992 rigió desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en que fue reiterada del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes adquirieron el derecho bajo su vigencia. El decreto 2108 de 1992, expedido en desarrollo del art. 116 de la ley 6' corre igual suerte, es decir, rigió desde su expedición hasta la fecha de inexequibilidad del precepto que le dio origen y extiende sus efectos aún después para quienes bajo su amparo adquirieron el derecho. "Debe por tanto la Sala examinar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver en

origen y extiende sus efectos aún después para quienes bajo su amparo adquirieron el derecho. "Debe por tanto la Sala examinar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver en este caso concreto la legalidad del acto administrativo sometido a sujuzgamiento, examen que frente al art. 14 deEXPEDIENTE N° 99-1665 la Carta Omitió la Corte ante el vicio de falta de unidad de materia. Coincide la Sala con el punto de vista del señor agente del Ministerio Público, pues como es sabido, la nivelación que hizo el Gobierno Nacional mediante el decreto 2108 de 1992 obedeció a una justa pretensión del sector de los jubilados, cuyos aumentos decretados con anterioridad ah0 de enero de 1989 (antes de los aumentos decretados por virtud de la ley 71 de 1988), presentaban diferencias con los aumentos de salarios; el gobierno niveló dichas pensiones en los porcentajes allí expresadas, para ser pagaderos a partir del 1° de enero de 1993 hasta culminar en 1994 para los pensionados de 1981 y anteriores y en 1995 para los pensionados entre 1982 hasta 1988, y precisó que estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la ley 71 de 1988. " Si como se dejó indicado en el recuento de los antecedentes, la entidad demandada en el acto acusado manifiesta que a los pensionados de la empresa les fue aplicado lo previsto en la ley 4' de 1976, sobre aumento de pensiones, lo que indica que tuvieron diferencias con los

antecedentes, la entidad demandada en el acto acusado manifiesta que a los pensionados de la empresa les fue aplicado lo previsto en la ley 4' de 1976, sobre aumento de pensiones, lo que indica que tuvieron diferencias con los aumentos salariales, no hay razón para que la preceptiva del decreto 2108 de 1992 no se les aplique, pues estarían en las mismas condiciones de los pensionados del orden nacional que se beneficiaron con el reajuste. Hacer tal discriminación con los pensionados de la empresa demandada, que se encuentran bajo los mismos supuestos . del artículo 1° del decreto 2108 de 1992, atentaría contra el artículo 13 de la Carta Política, toda vez que no se estaría tratando en igual forma a las personas que se encuentren en iguales situaciones En este orden de ideas, la Sala en acatamiento al principio fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución que ordena que 'en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales', habrá de declarar la inaplicación en este caso concreto de la expresión 'del orden nacional' contenida en el art. 1° del decreto 2108 de 1992 por su contrariedad con el art. 13 de la Carta, cuya aplicación es preferente. En consecuencia, el acto acusado es nulo al prescribir que los ajustes de que trata el decreto 2108 de 1992 no son aplicables a los pensionados de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 12EXPEDIENTE N° 99-1665 13 "Debe así la Sala, en aras de la claridad, señalar que la

1992 no son aplicables a los pensionados de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 12EXPEDIENTE N° 99-1665 13 "Debe así la Sala, en aras de la claridad, señalar que la aplicación del citado decreto debe hacerse en los precisos términos y condiciones que consagra su texto: es decir lla5 [peimglones de jubillaci& ireconocidais ran teriridl2id1 al l° de eiiiiern de 1999 auejpreenteie ven Pos aumento de §allari©, lo cual deberá determinarse en cada caso concreto" (Se destaca). Con base en las consideraciones anteriores el H. Consejo de Estado inaplicó la expresión "del orden nacional contenida en el artículo 10 de¡ decreto 2108 de 1992, con el objeto de que la prerrogativa se pudiera hacer extensiva a los demás pensionados de los niveles departamental, distrital y municipal. Así, declaró la nulidad del oficio 002029 de 17 de febrero de 1994, "en cuanto expresó que las previsiones del decreto 2108 de 1992 no son aplicables a los pensionados" de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 10= La magistrada sustanciadora, si bien no comparte totalmente el criterio expuesto por el H. Consejo de Estado, toda vez que ese organismo entendió que los efectos del artículo 116 de la ley 61 de 1992 se mantuvieron durante el tiempo que tuvo vigencia, a pesar que fue declarado inconstitucional ylos derechos no habían sido reconocidos por la autoridad competente y, que hizo extensivo el reajuste a los pensionados del orden territorial desconociendo que

a pesar que fue declarado inconstitucional ylos derechos no habían sido reconocidos por la autoridad competente y, que hizo extensivo el reajuste a los pensionados del orden territorial desconociendo que para esa época las previsiones eran distintas para los empleados y pensionados del orden nacional y territorial, con detrimento de los presupuestos de los departamentos y municipios. No obstante, aprecia e! análisis de la H. Corporación en aras de proteger el derecho a la igualdad, lo que tiene un importante significado en torno al principio de la equidad, circunstancia que permite reiterar la decisión indicada. En el! caso materia de estudioEXPEDIENTE N° 99-1665 14 se plantea que la pensión es del orden nacional, lo cual permite aplicar el criterio expuesto por la Corte Constitucional. 11 a - De este modo, de acuerdo con los fallos mencionados, la demandante, conforme al artículo 13 de la Constitución, era beneficiario del reajuste pensional y sólo le faltaba reclamarlo previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el decreto 2108 de 1992, ante la omisión de la entidad de hacer el reconocimiento de oficio como lo ordenó la ley. Se comprobó que la accionante fue pensionada mediante la resolución 401 de 04 de abril de 1984, es decir con anterioridad a!! 1° 12Por otra parte, no puede establecerse si en la resolución que reconoció la pensión de jubilación a la accionante, se exigió el retiro del servicio para comenzar a pagar las mesadas pensionales. Sin embargo, a partir del 16 de agosto de 1988 dejó de laborar en virtud de renuncia aceptada mediante el decreto 705 de 23 de

retiro del servicio para comenzar a pagar las mesadas pensionales. Sin embargo, a partir del 16 de agosto de 1988 dejó de laborar en virtud de renuncia aceptada mediante el decreto 705 de 23 de agosto del mismo año, como aparece en la resolución 01371 de 22 de diciembre de 1995, que le reajustó la pensión de jubilación (fis. 2 a4) Así las cosas, para el 1° de enero de 1989, la demandante no se encontraba laborando, en consecuencia, no recibía ingresos públicos diferentes a la pensión, que hubieren permitido compensarEXPEDIENTE N° 99-1665 15 los valores de su prestación con el valor del salario que para la misma época se fijaba para los demás trabajadores. 13° Por las razones indicadas, está probado que el acto acusado está incurso en causal de nulidad por violación de la ley 6a de 1992 y decreto 2108 de 1992, motivo por e§ cual, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad!, lo que conlleve a que la Corporación acceda a ellas, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Como se comprobó la existencia de una de las causales de nulidad alegadas en la demanda, la Sala se releve de examinar las demás. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SECCION SEGUNDA, SubSección "D", administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, PIIEO lnapllícase, en este caso concreto, por contrariar el artículo 13 de la Constitución Nacional!, las expresiones "del orden

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, PIIEO lnapllícase, en este caso concreto, por contrariar el artículo 13 de la Constitución Nacional!, las expresiones "del orden nacional" contenidas en el artículo 116 de la ley 61 de 1992 y en el artículo 10 del decreto 2108 de 1992, durante el lapso que estuvieron vigentes, esto es, desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995, fecha en que, la primera, fue retirada del ordenamiento jurídico por la H. Corte Constitucional.EXPEDIENTE N° 99-1665 16 StJL. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el apoderado del Fondo de Ahorro y Vivienda TFIWC= Declararía nulidad del oficio 0016149 de 02 de octubre de 1998, suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital = FA VIDI CUARTO.- Que como consecuencia de la nulidad anterior y en calidad de restablecimiento del derecho, se ordena al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FA VlDl =, a reconocer y pagar a la señora CONCEPCION CRUZ DE HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20364 442 de Anolaima, además del reajuste pensional fijado por la ley 71 de 1988, por ser compatible con ellos, los reajustes pensionales ordenados por el artículo 116 de la ley 68 de 1992, desarrollado por los artículos 1° e inciso final del artículo 20 del decreto reglamentario 2108 de 1992, en el porcentaje

con ellos, los reajustes pensionales ordenados por el artículo 116 de la ley 68 de 1992, desarrollado por los artículos 1° e inciso final del artículo 20 del decreto reglamentario 2108 de 1992, en el porcentaje y términos allí previstos, aplicando los reajustes legales sobre las sumas resultantes, QUllTa= Se dispone que la sentencia se cumpla dentro de los términos previstos en los artículos 176 a 178 del C. C.A. SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los gastos del proceso, excepto los Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.9

EXPEDIENTE N° 99-1665

17 Aprobado según Acta No. 070

MAIllA DEL CARMEN JARRIIN CERON EIILEMON JIIMENEZ OCHOA

NR VAREO A. REYES RODRllOIEZ