TA CUN - 99941-(15-07-1999)

DERECHO DE PTICION

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMA14 bE

-SECCION SEGUNDACOLOMI,

SUB-SECCION D Je Santafé de Bogotá, quince de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Mag. Ponente: Dr. NEVARDO A. REYES RODRIGUEZ

Juicio N° 99-941

Demandante: JAIME PINZON ROMERO

ACCION DE TUTELA

Caja Nacional de Previsión Social.- El señor JAIME PINZON ROMERO, con Cédula de Ciudadanía N° 5763.330 de Socorro (Santander), actuando en su propio nombre, presentó acción de Tutela ante este Tribunal, contra la Caja Nacional de Previsión Social. Señala como hechos fundamentales de la acción propuesta, los siguientes: 1.- Por haber reunido los requisitos de edad y tiempo de servicio en el sector público (Rama Jurisdiccional y Fiscalía General de la Nación), pedí cordialmente a la Entidad accionada, el reconocimiento a mi pensión de jubilación, a la que tengo derecho, según las Leyes 33/85, 100/93 y anteriores; todo con resultados negativos. "2.- De acuerdo a los requerimientos hechos, la mencionada Entidad, me informado (sic) desde entonces, que el expediente se encuentra en estudio, sin resolver mi pedimento de fondo y muchos en forma favorable; y, "3.- Ya han transcurrido casi tres (3) meses sin obtener pronunciamiento al respecto, sin recibir las mesadas, por lo que estimo que se me han violado flagrantemente mis derechos constitucionales fundamentales mencionados y además causándome un perjuicio pecuniario

pronunciamiento al respecto, sin recibir las mesadas, por lo que estimo que se me han violado flagrantemente mis derechos constitucionales fundamentales mencionados y además causándome un perjuicio pecuniario irremediable".2 luido N° 99-941 Considera que a través de los hechos y circunstancias relatadas, se le está violando al accionante, el Derecho de Petición, por lo cual hace las siguientes peticiones: "PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales de petición, seguridad social e igualdad y como consecuencia, se ordene el cese inmediato y amenaza de los mismos. "SEGUNDO: Que se ordene a la Entidad accionada, resuelva mi solicitud de Pensión de Jubilación, la cual formulé en 49 folios el pasado 23 de abril de 1.999, con el lleno de los requisitos del Art. 5 y concordantes del C. Contencioso Administrativo. Decreto 01/84 y las normas sustanciales que regulan la Pensión. Leyes 33/85 y 100/93 y otras anteriores inherentes en mi caso. Anexo fotocopia del desprendible; y, "TERCERO: Que con fundamento en el acervo probatorio, se condene a la Entidad demandada, a reconocerme las mesadas dejadas de percibir, junto con sus intereses corrientes y de mora, desde el 23 de abril M presente año, hasta la fecha en que se efectúe el pago, todo a lo cual tengo derecho". Como la solicitud reunió los requisitos de Ley y el accionante dió cumplimiento al inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991 a la misma se le dió curso y se comunicó su iniciación a las partes interesadas, entre

Como la solicitud reunió los requisitos de Ley y el accionante dió cumplimiento al inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991 a la misma se le dió curso y se comunicó su iniciación a las partes interesadas, entre ellas, a la autoridad pública contra la cual está dirigida a la que se le solicitó la documentación que se consideró pertinente. La Coordinadora de Grupo de Asuntos Judiciales de la Caja Nacional de Previsión Social, a través del Oficio N° C.A.J. 4440 deI 12 de julio del año en curso, dió respuesta al requerimiento que se le hizo y expuso: "En atención a la acción instaurada por el accionante de la referencia y comunicada a esta Entidad mediante oficio recepcionado el inmediatamente pasado 6 de julio, comedidamente me permito informarle que el Grupo a mi cargo procedió a ubicar el expediente administrativo, encontrándolo en el Grupo de Documentación y Archivo. Revisado el mismo, se observó:3 Juicio N° 99-941 "Que efectivamente el 23 de abril de 1.999 fue radicada la solicitud de Pensión de Jubilación, asignándosele el N° 9041/99; surtido el trámite de radicación el expediente pasó al Grupo de Documentación y Archivo de Prestaciones Económicas para la expedición del correspondiente paz y salvo - requisito indispensable para evitar dobles reconocimientos prestacionales -, el que obra con fecha julio 8 de 1.999. En la actualidad, el cuaderno se encuentra en el Grupo de Asuntos Judiciales para atender la solicitud de acuerdo al trámite preferencial que conlleva la acción de tutela. De inmediato se pasará a un abogado de este grupo para

En la actualidad, el cuaderno se encuentra en el Grupo de Asuntos Judiciales para atender la solicitud de acuerdo al trámite preferencial que conlleva la acción de tutela. De inmediato se pasará a un abogado de este grupo para que lo sustancie y profiera el acto administrativo que corresponda a derecho. "Nuestras actuaciones están acordes con los principios de celeridad y eficacia insertos en el Decreto 01/84, e igualmente le comunico que las decisiones de solicitudes de prestaciones deben guardar un riguroso orden de llegada, tal y como lo señala el artículo 49 del decreto 1045/78, que en su parte pertinente establece: 'las Entidades resolverán las solicitudes de prestaciones sociales, con sujeción estricta al orden en que sean presentadas, sin que en ningún caso puedan concederse prelaciones en su trámite o pago". A pesar de habérsele solicitado concretamente a la entidad, la verdad es que hasta la fecha de la presente providencia no se allegó prueba de que la mencionada solicitud, en la que solicita el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación, se haya resuelto de manera cierta y definitiva. Siendo la oportunidad de decidir se procede a ello, haciendo previamente las siguientes: CONSIDERACIONES: Tal como lo ha expuesto la H. Corte Constitucional en fallos reiterados, la Tutela es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales Constitucionales cuando en el caso concreto de una persona, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en este último evento en los casos que determine la Ley, tales derechos resultan4 Juicio N° 99-941

los derechos fundamentales Constitucionales cuando en el caso concreto de una persona, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en este último evento en los casos que determine la Ley, tales derechos resultan4 Juicio N° 99-941 vulnerados o amenazados sin que exista otro medio de defensa judicial o, aún existiendo, si la Tutela es usada como medio transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable. Se trata de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Tiene, pues, esta institución, como dos de sus caracteres distintivos esenciales los de la subsidiaridad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza. Es, pues, necesario para la viabilidad y prosperidad de la acción de

aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza. Es, pues, necesario para la viabilidad y prosperidad de la acción de Tutela que se vea lesionado o amenazado con la acción u omisión de una autoridad pública o un particular, en este último caso en los eventos definidos por la Ley, un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que para la protección del mismo no exista otro medio de defensa judicial a menos que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Pues bien, en este caso se ha acudido a este medio de defensa judicial, para hacer respetar el derecho fundamental de petición alegado por el accionante, y se ha propuesto, de manera autónoma, no como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.5 luido N° 99-941 Y se ha acudido a el por cuanto el accionante, considera que se le están lesionando sus derechos con la conducta asumida por la Caja Nacional de Previsión Social, que no ha procedido a resolver ni a dar respuesta a su petición, en la que solicita el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación. Circunstancias que llevan a la Sala, después de analizar los elementos de prueba que obran en el informativo, al convencimiento de que además de procedente debe ser decidida favorablemente al accionante, en cuanto hace a la protección del derecho de petición invocado. La Sala no puede desconocer, ni poner en duda, porque así lo informa la autoridad pública contra la que se dirigió la acción, en su oficio N° C.A.J. 4440 del 12 de julio del año en curso, que se adelanta el trámite propio

La Sala no puede desconocer, ni poner en duda, porque así lo informa la autoridad pública contra la que se dirigió la acción, en su oficio N° C.A.J. 4440 del 12 de julio del año en curso, que se adelanta el trámite propio encaminado a resolver la solicitud del accionante, pero tampoco puede dejar de hacerlo que hasta la presente fecha no se allegó por parte de la entidad prueba alguna que permita acreditar que tal determinación haya sido adoptada de manera cierta y definitiva y que le haya sido notificada o comunicada al peticionario. El accionante tiene derecho a que la petición le sea resuelta total y definitivamente, en procura de proteger el derecho del artículo 23 de la Carta. A que tal determinación quede plasmada en el correspondiente acto administrativo expedido en forma legal y a que del mismo se le dé enteramiento oportuno como lo ordena la norma. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, en criterio que comparte la Sala, en sentencia del 21 de abril de 1.993 proferido en el expediente AC-616, Actor HERNANDO BONDESIEK SARMIENTO, con ponencia del H. Consejero de Estado Doctor MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, ha dicho que mientras no se satisfaga en forma total la solicitud y de ella se dé conocimiento al accionante, se está lesionando el derecho de petición. Le asiste entonces razón al accionante en la solicitud que impetra para que se le proteja el derecho fundamental de petición, y por ende, habrá de accederse a la concesión de la tutela a efecto de que la Caja Nacional de Previsión6 Juicio N° 99-941 Social, le resuelva de manera definitiva su solicitud y lo entere del contenido de la

accederse a la concesión de la tutela a efecto de que la Caja Nacional de Previsión6 Juicio N° 99-941 Social, le resuelva de manera definitiva su solicitud y lo entere del contenido de la determinación que adopte para que éste pueda utilizar, si lo estima conveniente y de estar inconforme con lo que se resuelva, los recursos de ley en vía gubernativa y/o la correspondiente acción ante la jurisdicción competente. Obvio que no se trata de que la petición sea resuelta favorablemente a la persona interesada, pues la decisión puede ser negativa o positiva a las aspiraciones de aquélla. Ha transcurrido un lapso más que prudente y suficiente desde la presentación de la solicitud hasta la de esta providencia, que supera los previstos en la parte pertinente del C.C.A. en relación con el ejercicio del Derecho de Petición sin que al accionante se le haya notificado o comunicado determinación alguna, de tal manera que al no haber tenido "pronta Resolución" dentro del mismo hace que se de uno de los presupuestos previstos en el artículo 23 de la Carta para la viabilidad y prosperidad de la acción propuesta. No debe olvidarse que la H. Corte Constitucional al precisar las notas esenciales que caracterizan la "pronta Resolución" como parte integrante del derecho de petición, reiteradamente ha dicho: "a) Su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición. "b) Es una obligación inexcusable del Estado resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos. "c) Unicamente la ley puede fijar los términos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del carácter constitucional y fundamental que tiene este derecho (se resalta).

ciudadanos. "c) Unicamente la ley puede fijar los términos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del carácter constitucional y fundamental que tiene este derecho (se resalta). "d) Cuando se habla de 'pronta resolución' quiere decir que el Estado está obligado a resolver la petición, no simplemente a expedir constancia de que la recibió. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podrá ser positiva o negativa. La obligación del Estado no es acceder a la petición. sino resolverla" (se resalta). (Sentencias T-495 de 1.992 y T-357 de 1.993).7 Juicio N° 99-941 Lo cual quiere decir, sin lugar a dudas, que para el ejercicio y resolución de las solicitudes que se presenten en ejercicio del derecho de petición, además de las pautas señaladas por la H. Corte Constitucional, se debe atender "únicamente" a los "términos" que para el efecto determina "La Ley". Los términos previstos en la Ley para el ejercicio del Derecho de petición, no pueden ser desatendidos por la Administración so pretexto de razones de otra índole. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección D, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley; F A 1 1 A: 1.- Conceder la Tutela por la violación del derecho fundamental de petición en interés particular, invocado por el señor JAIME PINZON ROMERO, con Cédula de Ciudadanía N° 5763.330 de Socorro (Santander).

1.- Conceder la Tutela por la violación del derecho fundamental de petición en interés particular, invocado por el señor JAIME PINZON ROMERO, con Cédula de Ciudadanía N° 5763.330 de Socorro (Santander). 2.- Ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social, que dentro de un término no mayor a 48 horas, resuelva y dé respuesta a la solicitud formulada por el señor JAIME PINZON ROMERO, con Cédula de Ciudadanía N° 5763.330 de Socorro (Santander), en la que solicita el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación. 3.- Ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social, que una vez le de cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior, acredite, con prueba idónea, tal circunstancia ante esta Corporación. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase y si no fuere impugnado, envíese a la H. Corte Constitucional para su revisión.8 Juicio N° 99-941 Aprobado en Acta No. de la fecha.

NEVARDO A. REYES RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN JARRIN CERON FILEMON JIMENEZ OCHOA