TA GUA - Sentencia 44001-33-40-004-2021-00126-01 (26-03-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Magistrado ponente: DILAM ANDRÉS GÁMEZ QUIJADA

1

Riohacha Distrito Especial, Turístico y Cultural, veintiséis (26) de marzo del dos mil veintiséis (2026).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación procesal, el Tribunal Administrativo de La Guajira procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de mayo de 2024 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, que negó las pretensiones de la demanda 2. La Sala es competente para dictar esta providencia con fundamento en lo previsto en el artículo 153 del C.P.A.C.A.3.

SÍNTESIS DEL CASO

El accionante cuestionó la legalidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP para cumplir con las órdenes dictadas mediante sentencia de 3 de marzo de 2016 , del Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, confirmada el 30 de marzo de 2017 por este tribunal , en cuanto a la deducción de aportes al sistema pensional, con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez que le fue previamente reconocida, al estimar que el valor descontado es superior a la suma que legalm ente correspondía.

ANTECEDENTES

pensional, con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez que le fue previamente reconocida, al estimar que el valor descontado es superior a la suma que legalm ente correspondía.

ANTECEDENTES

A. La demanda

1. Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, el señor Antonio Joaquín Brito Ávila solicitó que se declare: i) la nulidad parcial de la Resolución RDP 021733, de 14 de junio de 2018, expedida por la UGPP para reliquidar la pensión de vejez del accionante, en cumplimiento de una sentencia judicial, únicamente, en cuanto a la liquidación y deducción de aportes para pensión sobre

1 En adelante UGPP. 2 El proceso ingresó al despacho para fallo el 1° de agosto de 2024, mediante informe secretarial visible a folio 541 del expediente. 3 […]Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos […]. 4 Visible a folios 1 a 18 del expediente.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

Demandado: ------------

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP1

Vinculado: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

Consecutivo: 43

Temas: -------------------

Control judicial de actos de ejecución // Procedencia del proceso ejecutivo para el cobro de deducciones en exceso por

Vinculado: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

Consecutivo: 43

Temas: -------------------

Control judicial de actos de ejecución // Procedencia del proceso ejecutivo para el cobro de deducciones en exceso por reliquidación pensional // Ineptitud sustantiva de la demanda.2

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

los factores de salario objeto de inclusión y ii) la nulidad de la Resolución RDP 020691, de 13 de agosto de 2021, que negó la modificación de la liquidación de aportes a deducir a cargo del accionante.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la accionada a: i) liquidar los aportes legales sobre los factores salariales tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de vejez del accionante, de conformidad con la normatividad vigente al momento en que se debió realizar el aporte , ii) indexar los aportes en aplicación de la fórmula contenida en el artículo 187 del C.P.A.C.A., iii) devolver la suma equivalente a dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta pesos con sesenta y siete centavos ($18’682.860,67), deducidas en exceso por concepto de aportes de las diferencias pensionales ordenadas en fallo judicial y iv) pagar los intereses moratorios en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A. más las costas procesales5.

3. Como fundamentos fácticos de la demanda6, indicó que, por medio de sentencia de 3 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de

3. Como fundamentos fácticos de la demanda6, indicó que, por medio de sentencia de 3 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha y confirmada el 30 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, se ordenó reliquidar la pensión de vejez del acci onante con base en el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, al tiempo que ordenó a la UGPP a aplicar los descuentos legales sobre los factores objeto de inclusión en el IBL pensional.

3.1. Señaló que la UGPP dio cumplimiento a la referida sentencia judicial por medio de la Resolución RDP 021733 de 14 de junio de 2018 , en la que reliquidó la pensión de vejez del accionante en la su ma mensual de novecientos cincuenta y un mil ochocientos veintisiete pesos ($951.827), efectiva a partir del 1° de marzo de 2011.

3.2. Determinó que los aportes a deducir por concepto de los factores salariales sobre los que estos no habían sido realizados , corresponden a la suma de noventa millones seiscientos cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos ( $90’650.561), de los cuales, veintidós millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos ($22’662.640) deben ser asumidos por el demandante.

3.3. Indicó que la citada liquidación no resulta ser producto del mandato judicial, sino de la aplicación arbitraria de la voluntad de la entidad accionada, razón por la cual, la sentencia judicial no se cumplió en debida forma, pues realizó descuentos por un valor mayor al que

aplicación arbitraria de la voluntad de la entidad accionada, razón por la cual, la sentencia judicial no se cumplió en debida forma, pues realizó descuentos por un valor mayor al que correspondía, dado que, en virtud de los preceptos legales aplicables, dicha suma debió ser únicamente de tres millones novecientos setenta y nueve mil setecientos setenta y nueve pesos con treinta y tres centavos ($3’979.779,33).

3.4. Aseguró que, mediante petición de 1° de junio de 2021 solicitó a la UGPP realizar la correcta liquidación de aportes y el reintegro de los mayores valores descontados; sin embargo, tal petición fue negada mediante Resolución 020691 de 13 de agosto de 2021 , con lo que agotó la vía gubernativa.

B. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia de 3 de mayo de 20247, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha negó las pretensiones de la demanda . Argumentó que según lo

5 Ver folios 1 y 2 del expediente. 6 Visible a folios 2 a 8 del expediente. 7 Visible a folios 386 a 402 del expediente.3

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

previsto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el Decreto 2106 de 2019, los cobros que se deban realizar en materia de reliquidación pensional en cumplimiento de una sentencia judicial se efectuarán con base en la metodología actuarial establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2106 de 2019, los cobros que se deban realizar en materia de reliquidación pensional en cumplimiento de una sentencia judicial se efectuarán con base en la metodología actuarial establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1. Consideró que, de la revisión de los actos administrativos demandados, se evidencia que la UGPP aplicó los descuentos sobre las diferencias pensionales reconocidas al accionante con fundamento en el artículo 40 del Decreto Ley 2106 de 2019, es decir, con base en la metodología actuarial establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al tiempo que observó las directrices trazadas en la sentencia de 9 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

4.2. Determinó que ningún reparo se puede efectuar sobre la aplicación del acta de 1362, de 20 de enero de 2017, de la UGPP, debido a que si bien, esta es objeto de estudio de legalidad por parte del Consejo de Estado, dicho trámite se encuentra en curso, por lo que no existe decisión judicial que impida su aplicación. Agregó que si el accionante consideraba que los descuentos por concepto de aportes se debieron efectuar conforme el IPC o con arreglo a las normas vigentes para cada periodo, debió cuestionar ese aspecto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó ante el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha.

C. El recurso de apelación

5. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia para solicitar que esta sea revocada8 y, en consecuencia, se ordene el cálculo de los aportes a cargo del pensionado

C. El recurso de apelación

5. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia para solicitar que esta sea revocada8 y, en consecuencia, se ordene el cálculo de los aportes a cargo del pensionado en virtud del procedimiento legal. Afirmó que el juez de primera instancia omitió realizar un debido control de legalidad de los actos demandados, pues no determinó el valor de los aportes acumulados durante el periodo que debió cotizar el trabajador sobre los factores que se ordenaron incluir por vía judicial , ni analizó la fórmula actuarial adoptada por la UGPP, a la cual integró variables no ordenadas por la ley ni por l a sentencia objeto de cumplimiento.

6. Cuestionó que el juzgado de primera instancia avaló la aplicación de la metodología ilegal prevista en el acta 1362 de 2017 , de la UGPP, pese a que esta no contiene los criterios ordenados en la sentencia, lo que supone una apropiación administrativa de mesadas pensionales protegidas convencional y constitucionalmente.

D. Pronunciamientos en segunda instancia

7. Dentro de la oportunidad otorgada mediante auto de 8 de julio de 2024 9, dictado por el magistrado ponente, en el que , además admitió el recurso de apelación, la entidad accionada pidió confirmar la sentencia de primera instancia 10, como quiera que los descuentos cuya devolución pretende la parte actora fueron realizados en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia que ordenó la reliquidación de la asignación pensional .

Estableció que, precisamente, la mesada pensional del accionan te fue reliquidada con aplicación de la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,

Estableció que, precisamente, la mesada pensional del accionan te fue reliquidada con aplicación de la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , con el fin de asegurar el cumplimiento del principio constitucional de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y garantizar la finan ciación de la pensión objeto de reliquidación.

8 Visible a folios 415 a 425 del expediente. 9 Visible a folios 444 a 445 del expediente. 10 Visible a folios 529 a 540 del expediente.4

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

CONSIDERACIONES

8. Corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo de La Gu ajira determinar si las resoluciones RDP 021733 de 14 de junio de 2018 y RDP 020691 de 13 de agosto de 2021, expedidas por la UGPP para reliquidar la pensión de vejez del señor Antonio Joaquín Brito Ávila, en cumplimiento de una sentencia judicial , son susceptibles de ser demandadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. En caso afirmativo, atañe establecer si el valor de las deducciones liquidas a cargo del accionante, por la suma equivalente a veintidós millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos ($22’662.640) se ajustó a los criterios dispuestos en la sentencia judicial objeto de cumplimiento; o si, por el contrario, la UGPP aplicó criterios no dispuestos en a referida providencia y si tiene derecho a la devolución de l os dineros deducidos en exceso.

10. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la

dispuestos en a referida providencia y si tiene derecho a la devolución de l os dineros deducidos en exceso.

10. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declara probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, debido a que los actos administrativos demandados no son susceptibles de control judicial, porque son de mera ejecución . Así, la contro versia en cuestión, que se concreta en la deducción de aportes pensionales, en monto superior al que legalmente corresponde, debió ser formulada en el marco de un proceso ejecutivo, como se expone a

continuación:

11. De conformidad con lo establecido en la primera parte de l C.P.A.C.A que regula las disposiciones generales del procedimiento administrativo, este puede entenderse como una actuación mediante la cual las autoridades que ejercen funciones públicas pretenden crear, modificar o extinguir determinada situación jurídica, actuación que culmina con la expedición de un acto administrativo definitivo. En ese sentido, el artículo 43 ibidem define como actos administrativos definitivos aquellos que deciden de fondo un asunto de manera directa o indirecta o que hacen imposible continuar con la actuación administrativa11.

12. Ahora bien, dentro del curso de una actuación administrativa iniciada con el propósito de adoptar una decisión definitiva, la administración puede proferir actos encaminados a preparar dicha decisión, conocidos como actos de trámite, los cuales no resuelven de fondo el asunto, sino que constituyen un impulso dentro del procedimiento. De igual forma, existen los actos de ejecución, entendidos como aquellos proferidos por la autoridad administrativa en cumplimiento de sentencias o providencias judiciales, sin que medie un nuevo

el asunto, sino que constituyen un impulso dentro del procedimiento. De igual forma, existen los actos de ejecución, entendidos como aquellos proferidos por la autoridad administrativa en cumplimiento de sentencias o providencias judiciales, sin que medie un nuevo procedimiento administrativo.

13. El artículo 138 del C.P.A.C.A. que consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, otorga a cualquier persona que con sidere vulnerado un derecho amparado en una norma jurídica, la facultad de solicitar ante el juez contencioso administrativo, la nulidad de un acto administrativo de carácter particular expreso o presunto.

14. En virtud de lo expuesto, es importante precisar que si bien existen actos administrativos de distinta índole o naturaleza jurídica, solamente son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control antes señalado, los actos administrativos que definen directa o indirectamente el fondo del asunto, según lo previsto en el artículo 48 i bidem, debido a que solo por medio de estos la administración culmina

11 «Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».5

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

actuaciones administrativas promovidas mediante petición, de manera oficiosa o en cumplimiento de un deber legal, con el objeto de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular, es decir, que los actos de trámite y de ejecución no son susceptibles de control judicial.

15. El Consejo de Estado precisó que, de manera excepcional, los actos de trámite pueden

jurídica particular, es decir, que los actos de trámite y de ejecución no son susceptibles de control judicial.

15. El Consejo de Estado precisó que, de manera excepcional, los actos de trámite pueden ser objeto de control judicial, en el evento en que la decisión adoptada genere la imposibilidad de proseguir con la actuación administrativa, al contener la voluntad de la administración y tener trascendencia jurídica12. Igualmente, señaló que, excepcionalmente, los actos de ejecución proferidos en cumplimiento de una decisión judicial pueden ser demandados, en el evento que la administración en ejecución de la orden impartida defina una situación jurídica nueva o distinta a la que fue conocida por la jurisdicción13. Al respecto,

la Sección Segunda del alto tribunal indicó:

«(…) Finalmente, los de ejecución son los que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa. Estos son susceptibles de ser enjuiciados cuando la decisión de la administración excede lo ordenado por el juez o crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular, que no fue objeto de debate judicial.

Así las cosas, por regla general los que son susceptibles de ser enjuiciados son los actos administrativos definitivos. Los preparatorios y de trámite lo son cuando ocurren supuestos como los enunciados y cuando hacen imposible la continuación de la actuación administrativa, pues se convierten en aquellos. Y los de ejecución cuando van más allá de lo dispuesto en el acto ejecutado , según se explicó (…)» (subrayas fuera de texto para destacar).

16. Definido lo anterior y con el objeto de atender el planteamiento formulado en

lo dispuesto en el acto ejecutado , según se explicó (…)» (subrayas fuera de texto para destacar).

16. Definido lo anterior y con el objeto de atender el planteamiento formulado en precedencia —ver párrafos 8 y 9 supra —, es de especial relevancia mencionar que, por medio de la sentencia de 3 de marzo de 2016, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44001333300220120010100, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Antonio Joaquín Brito Ávila con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio —del 1° de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2011—; además, dispuso que sobre los factores objeto de inclusión en el IBL se apliquen los descuentos de ley , en virtud del « principio de protección al erario ». Dicha providencia

indicó (se transcribe conforme obra)14:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. PAP 006673 del 19 de julio de 2010 y la Nulidad de la Resolución No. UGM 039231 del 31 de marzo de 2012 mediante el cual se negó la reliquidación de la pensión del Sr. ANTONIO JOAQUIN BRITO AVILA, con la inclusión de todos los factores que constituyeron salario en su último año de servicio prestado.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL D E GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, a reconocer y pagar a favor

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL D E GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, a reconocer y pagar a favor del actor la reliquidación de su Pensión de Vejez, con la inclusión de todos los factores salariales (Asignación Mensual – sueldo básico, Incentiv o de Localización, Prima de Alimentación, Auxilio de Transporte, Bonificación por Servicios Prestados, Prima semestral, Prima de Vacaciones y Prima de navidad) devengados durante su último año

12 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto de 21 de junio de 2018, radi cado Nº: 25000 -23-42-000-2017-04738-01 (0850 -2018), demandante: Flor Cecilia Ramírez Sánchez, demandado: Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora S.A., consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 13 Al respecto ver sentencia de 11 de julio de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación Nº 47001 -23-31-000-201100245-01 (4641-2016). Actor: Santiago López Camargo. Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de santa Marta. 14 Visible a folios 23 a 39 del expediente.6

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

santa Marta. 14 Visible a folios 23 a 39 del expediente.6

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

de servicio, o sea del 01 de marzo de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011, a partir del 19 de julio de 2010 . ORDÉNASE a la UGPP aplicar los descuentos de Ley sobre los factores salariales objeto de reliquidación pensional que se concede a título de restablecimiento del derecho, en virtud del principio de protección al erario público. (…)» (subrayas fuera de texto para destacar).

17. La referida decisión fue apelada por la UGPP, al cuestionar, entre otros aspectos , que la pensión de vejez se debe calcular sobre los aportes efectivamente realizados por el trabajador. E l Tribunal Administrativo de La Guajira confirmó la mencionada decisión mediante sentencia de 30 de marzo de 2017, al considerar que no se afectó el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues, precisamente, el juez de primer grado ordenó realizar los aportes a que haya lugar. Al respecto dicha decisión indicó (se transcribe

conforme obra)15:

«En el anterior orden de ideas, le cabe razón a la recurrente, de allí que el juez primario, en aplicación del principio de protección al erar io público, ordenara que aquellos factores que no se tuvieron en cuenta para realizar aportes al Sistema General de Pensiones, pero que sí se ordenan incluir en la liquidación de la pensión en primera instancia, se hicieran los descuentos respectivos, aspecto que será materia de confirmación por este Tribunal».

18. Para cumplir con la reliquidación de la pensión de vejez del accionante, ordenada

instancia, se hicieran los descuentos respectivos, aspecto que será materia de confirmación por este Tribunal».

18. Para cumplir con la reliquidación de la pensión de vejez del accionante, ordenada mediante las referidas decisiones judiciales, la UGPP expidió la Resolución RDP 021733, de 14 de junio de 2018 «por la cual se Reliquida una Pensión de VEJEZ en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA». Dicho acto administrativo, en lo relevante, decidió lo siguiente (se transcribe

conforme obra)16:

«(…) ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por TRI BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA el 30 de marzo de 2017 , se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor (a) BRITO AVILA ANTONIO JUAQUIN, ya identificado (a), en los siguientes términos:

ARTÍCULO NOVENO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho el

(a) señor (a) BRITO AVILA ANTONIO JOAQUIN, la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos ($22,662,640.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación del algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a

pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación del algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al área competente. Igualmente la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el mismo concepto (…)».

15 Visible a folios 41 a 56 del expediente. 16 Visible a folios 60 a 68 del expediente.7

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

19. A juicio del accionante, el valor de la deducción aplicada es excesivo y no se ajusta a los parámetros legales, motivo por el cual, solicitó modificar el artículo noveno transcrito en precedencia. Como consecuencia de lo expuesto, la UGPP expidió la Resolución RDP 020691, de 13 de agosto de 2021, por la cual negó la citada petición al estimar que las deducciones realizadas atendieron las fórmulas dispuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el efecto17.

20. De los referidos elementos de juicio, para este tribunal es claro que la Resolución RDP 021733, de 14 de junio de 2018, es un acto de mera ejecución, pues se limitó a cumplir con la reliquidación pensional y las correspondientes deducciones, según lo establecido en la sentencia de 3 de marzo de 2016, confirmada por la sentencia de segunda instancia de 30

la reliquidación pensional y las correspondientes deducciones, según lo establecido en la sentencia de 3 de marzo de 2016, confirmada por la sentencia de segunda instancia de 30 de marzo de 2017. Por su parte, si bien la Resolución RDP 020691, de 13 de agosto de 2021 se dictó por solicitud del hoy accionante, lo cierto es que no creó, extinguió ni modificó una situación jurídica, pues la decisión allí contenida es conexa al cumplimiento de la citada providencia judicial.

21. De acuerdo con lo anterior, no es admisible el enjuiciamiento de los mencionados actos administrativos, pues con ello se reabriría un debate procesal ya agotado en el marco del proceso con radicado 44001333300220120010100, lo cual riñe con el principio de seguridad jurídica y la figura procesal de la cosa juzgada, en tanto que, al estar debidamente ejecutoriada la sentencia de 3 de marzo de 2016, confirmada el 30 de marzo de 2017, esta constituye un título ejecutivo que puede ser objeto de ejecución18.

22. Tampoco cabe sostener que las resoluciones demandadas hayan excedido el marco de decisión del fallo objeto de cumplimiento; por el contrario, estas se limitaron a definir sobre la materia objeto de decis ión sin configurar una actuación autónoma o un nuevo juicio administrativo, en tanto que reliquidó la pensión de vejez del señor Brito Ávila y ordenó los descuentos de ley.

23. Lo que revela la presente controversia es la inconformidad del accionante con el valor que le fue cancelado en virtud de la referida sentencia judicial, pues en su criterio, aún se le adeuda la suma de dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta

23. Lo que revela la presente controversia es la inconformidad del accionante con el valor que le fue cancelado en virtud de la referida sentencia judicial, pues en su criterio, aún se le adeuda la suma de dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta pesos con sesenta y siete centavos ($18’682.860,67), que le fue descontada en exceso. En recientes pronunciamientos, el Consejo de Estado estableció que los actos administrativos que descuentan en exceso valores por concepto de aportes a seguridad social no son susceptibles de controversia en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que constituyen actos de ejecución. Al respe cto, por medio de auto de 5 de diciembre de 2024, el alto tribunal estableció:

«En este hilo argumentativo, el Consejo de Estado ha señalado que los actos administrativos en los que se descuentan los valores en exceso por concepto de aportes al sistema de seguridad social para pensión en virtud de una orden judicial son decisiones de mera ejecución y , por tanto, no son susceptibles de controversia en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Textualmente se señaló:

‘Ciertamente, se encuentra constatado entonces que en la expedición del acto demandando a la luz de las órdenes impartidas por el ad quem; por el contrario, la

17 Visible a folios 118 a 128 del expediente. 18 Al respecto se destaca que el artículo 297 del C.P.A.C.A. dispone que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los títulos ejecutivos son: i) las sentencias debidamente ejecutoriadas que condenen a una

18 Al respecto se destaca que el artículo 297 del C.P.A.C.A. dispone que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los títulos ejecutivos son: i) las sentencias debidamente ejecutoriadas que condenen a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, ii) las decisiones en firme, dictadas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos en las que entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero, iii) los contratos, documentos en los que consten sus garan tías, junto con el acto administrativo que declare su incumplimiento, el acta de liquidación o cualquier acto dictado en ejercicio de la actividad contractual y iv) los actos administrativos que reconozcan un derecho u obligación.8

Radicado: 44001334000420210012601

Demandante: Antonio Joaquín Brito Ávila

UGPP dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 de la providencia. En consecuencia, no es posible predicar una vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el caso analizado, así como tampoco es posible inferir que la resolución acusada haya omitido, cambiado, suprimido o extralimitado la orden judicial, sino que solo se limitó a ejecutarla en lo concerniente a los factores insolutos. En este sentido, no es procedente su enjuiciamiento, toda vez que de declararse su anulabilidad se estaría frente al desconocimiento de una sentencia respecto de la cual existe cosa juzgada con efectos erga omnes’»19.

24. En consecuencia, el proceso ejecutivo es el escenario natural para surtir la discusión planteada por el demandante, dentro del cual cor responde verificar si por medio de las resoluciones ahora cuestionadas se dio cumplimiento integral a la sentencia