TA GUA - Sentencia 44001-33-40-004-2024-00142-01 (22-06-2026)

SIGCMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Magistrada Ponente: CEILIS YELEG RIVEIRA RODRÍGUEZ

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

REFERENCIA:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

Procede la sala de decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha el 30 de septiembre de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

Por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la señora Delkis Patricia Brito Vega , solicitó inaplicar «por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez del Decreto Nacional 449 de 2022, que a si mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nac ional 319 de 2020, y/o se declare la NULIDAD de los Decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 3BM

2020, y/o se declare la NULIDAD de los Decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 3BM teniendo de presente que los salarios tres (3) años con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional […]»

Así mismo, que se declare la nulidad: (i) del oficio N.º 2024-EE-059984 del 28 de febrero de 2024, expedido por el Ministerio de Educación Nacional y, (ii) del acto ficto configurado el 6 de mayo de 2024, expedido por la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira, en cuanto le negaron a su poderdante «el derecho a la diferencia en el incremento

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: DELKIS PATRICIA BRITO VEGA

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Radicado N.º: 44-001-33-40-004-2024-00142-01Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por medio

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salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando [sic] a la categoría del escalafón 3BM, fue del 13.92% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 […]»

Finalmente, que como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y al departamento de La Guajira a:

1. Efectuar el reconocimiento y pago retroactivo en favor de la parte demandante de las diferencias salariales surgidas durante los últimos 3 años anteriores a la reclamación y las que se llegaren a causar en el futuro, con efectos fiscales hacia adelante, producto de los incrementos efectuados en los años 2008 y 2009; ii) El reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por su poderdante durante los últimos tres [3] años.

1.2. Supuestos fácticos

Se expone en la demanda que, entre las anualidades 2005 a 2007, los incrementos salariales para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 se aplicaron bajo un criterio de estricta igualdad para todos los niveles y grados del escalafón. Durante este periodo inicial,

para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 se aplicaron bajo un criterio de estricta igualdad para todos los niveles y grados del escalafón. Durante este periodo inicial, el Gobierno Nacional determinó porcentajes de aumento uniformes, respetando las condiciones de equidad que deben imperar entre servidores públicos en igualdad de condiciones.

No obstante, lo anterior, esta tendencia de uniformidad se vio abruptamente interrumpida durante los años 2008 y 2009. En dicho lapso, la administración pública profirió una serie de decretos que fijaron incrementos salariales de manera indiscriminada. Específicamente, mientras que a la categoría 3DM se le otorgó un incremento sustancial del 44.89 % en 2008, a la categoría 3BM —a la cual pertenece la demandante— solo se le reconoció un 13.92 %. Si bien en 2009 el reajuste para el grado 3BM fue porcentualmente mayor, esta medida resultó insuficiente para compensar la profunda brecha salarial generada en la anualidad precedente.

Debido a ello, señala que, si bien a partir del año 2010 los incrementos salariales volvieron a fijarse de manera uniforme para las distintas categorías del escalafón, la irregularidad originada en los años 2008 y 2009 continuó produciendo efectos negativos en las remuneraciones futuras, dado el carácter progresivo y acumulativo del salario dentro del régimen docente, pues estos se calculan sobre la base del año inmediatamente anterior.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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régimen docente, pues estos se calculan sobre la base del año inmediatamente anterior.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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Finalmente, se precisa que la demandante elevó reclamaciones formales ante el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de La Guajira. Sin embargo, las solicitudes fueron despachadas de forma desfavorable mediante actos administrativos aquí enjuiciados.

1.3. Fundamentos de derecho

La parte demandante sustenta sus pretensiones de nulidad argumentando que la administración incurrió en infracción de las normas superiores, expedición irregular y falsa motivación, al fundamentar sus decisiones contrariando los principios esenciales de la función pública y el derecho laboral.

Así, alude la vulneración directa los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, relativos al derecho a la igualdad y al trabajo digno. En su criterio, el trato desigual otorgado a la categoría 3BM frente a la 3DM carece de justificación legal y rompe con la paridad de oportunidades, desconociendo el mandato constitucional de asegurar una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo.

Ello, por cuanto en las anualidades 2008 y 2009, el Gobierno expidió los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008 y los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, fijando los salarios

Ello, por cuanto en las anualidades 2008 y 2009, el Gobierno expidió los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008 y los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, fijando los salarios para todo el cuerpo docente perteneciente al Decreto Ley 1272 de 2002, pero de manera irregular, en tanto afectó desde entonces la base salarial de los mismos, pues al decretar los incrementos salariales tom ó como referente el decreto anterior , razón por la cual , gracias a esa irregularidad, hoy en día se afectan los salarios de su mandante.

En el mismo sentido, se alega la inobservancia de la Ley 4 ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, normas que establecen los criterios de favorabilidad y progresividad para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos. Se afirma que las entidades demandadas ignoraron la prohibición de menoscabar los derechos de los trabajadores, afectando la dignidad humana de la docente al someterla a un régimen salarial inferior sin que existiera una diferencia objetiva en sus requisitos de formación o desempeño.

Finalmente, la demanda postula la necesidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad sobre el Decreto Nacional 284 de 2024 y los posteriores expedidos de manera irregular que han sido derogados sistemáticamente en sucesivas anualidades, en tanto constituyen normas reglamentarias que perpetúan la liquidación errónea de los salarios de los docentes sin un traro igualitario.

2. Del trámite en primera instancia – actuaciones relevantes

2.1. La demanda fue presentada el 9 de agosto de 2024 vía email en la Oficina Judicial

sin un traro igualitario.

2. Del trámite en primera instancia – actuaciones relevantes

2.1. La demanda fue presentada el 9 de agosto de 2024 vía email en la Oficina Judicial del distrito de Riohacha, quien efectuó su reparto correspondiéndole al Juzgado CuartoNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha1.

2.2. El Juzgado mencionado mediante providencia del 22 de abril de 2025 procedió a admitir la demanda de la referencia 2. Dicha actuación fue debidamente notificada 3, surtiéndose el traslado de la demanda y sus anexos al demandado por el término de treinta [30] días.

2.3. Contestaciones de la demanda

2.3.1. La parte demandada —Ministerio de Educación Nacional 4—, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que carecen de sustento fáctico, jurídico y técnico, y que los actos administrativos cuestionados se encuentran amparados por la presunción de legalidad. En ese sentido, sostiene que no se acreditan los presupuestos necesarios para declarar su nulidad ni para reconocer derecho alguno al demandante.

En desarrollo de dicha oposición, se argumenta que el régimen salarial docente responde

presunción de legalidad. En ese sentido, sostiene que no se acreditan los presupuestos necesarios para declarar su nulidad ni para reconocer derecho alguno al demandante.

En desarrollo de dicha oposición, se argumenta que el régimen salarial docente responde a un sistema especial, estructurado con base en el escalafón docente previsto en el Decreto 1278 de 2002, el cual establece diferencias legítimas entre grados y niveles salariales conforme a la formación académica, experiencia y competencias de cada docente. Por consiguiente, indica que no es jurídicamente admisible equiparar situaciones que son objetivamente distintas, razón por la cual descarta la existencia de vulneración al principio de igualdad.

De igual manera, se sostiene que los incrementos salariales diferenciados son constitucionalmente válidos, en tanto obedecen a criterios razonables y objetivos definidos por el Gobierno Nacional dentro de sus competencias constitucionales y legales. En tal sentido, se resalta que la determinación de salarios de los empleados públicos es una competencia concurrente entre el legislador y el ejecutivo, y que los decretos salariales han sido expedidos con fundamento en estudios técnicos y dentro del marco del principio de legalidad del gasto público.

Asimismo, se argumenta la improcedencia de las pretensiones económicas, al sostener que no existe deuda alguna a cargo del Ministerio de Educación Nacional, ni obligación de reconocer diferencias salariales, por cuanto los incrementos aplicados respetaron la estructura del escalafón y no implicaron desmejora salarial para el actor, quien incluso continúa percibiendo una remuneración superior conforme a su ubicación jerárquica.

Finalmente, la entidad destaca que las pretensiones del demandante comportan un

estructura del escalafón y no implicaron desmejora salarial para el actor, quien incluso continúa percibiendo una remuneración superior conforme a su ubicación jerárquica.

Finalmente, la entidad destaca que las pretensiones del demandante comportan un desconocimiento del sistema escalafonario y de la seguridad jurídica, al pretender

1 Índice electrónico 1, folios 117 a 119 del expediente digital. 2 Índice electrónico 10 del expediente digital. 3 Índice electrónico 12 a 14 del expediente digital. 4 Índice electrónico 17 del expediente digital.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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modificar, a través de reclamaciones individuales, un régimen salarial definido normativamente y aplicado de manera general, por lo tanto, estima que se presente un presunto abuso del derecho, en tanto se pretende obtener beneficios no previstos en la ley mediante interpretaciones extensivas e infundadas.

2.3.2. Por su parte, el departamento de La Guajira5 formula oposición integral a la demanda, al considerar que los planteamientos del actor no constituyen hechos jurídicos verificables sino apreciaciones subjetivas sobre los incrementos salariales docentes. En ese sentido, sostiene que los actos administrativos cuestionados responden a decisiones legales del Gobierno Nacional y no pueden ser desvirtuados mediante interpretaciones individuales del demandante.

improcedente pretender incrementos retroactivos o equiparaciones respecto de niveles superiores o periodos en los cuales el demandante no se encontraba vinculado.

2.4. La secretaría prescindió del traslado de las excepciones de conformidad con lo descrito en el artículo 9º de la Ley 2213 de 20226. Así, mediante proveído del 27 de agosto de 20257, se prescindió de la realización de las audiencias ordinarias y se adecuó el trámite para efectos de emitir sentencia anticipada, decretando las pruebas que fueron solicitadas por la parte actora.

5 Índice electrónico 26 del expediente digital. 6 Índice electrónico 30 del expediente digital. 7 Índice electrónico 31 del expediente digital.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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2.5. En virtud de ello, el 10 de septiembre de 2025 se declaró agotado el periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión8.

3. La sentencia impugnada

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 20259, negó las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el juzgado destaca que el régimen salarial docente se encuentra

verificables sino apreciaciones subjetivas sobre los incrementos salariales docentes. En ese sentido, sostiene que los actos administrativos cuestionados responden a decisiones legales del Gobierno Nacional y no pueden ser desvirtuados mediante interpretaciones individuales del demandante.

Argumenta que las diferencias salariales dentro del régimen del Decreto Ley 1278 de 2002 son legítimas, por cuanto obedecen a criterios objetivos como formación académica, experiencia, desempeño y competencias. Por consiguiente, afirma que no existe obligac ión de aplicar incrementos homogéneos entre los distintos niveles del escalafón, ni puede predicarse discriminación cuando se trata de situaciones fácticas diferentes.

Adicionalmente, el Departamento sostiene que la nulidad de los actos administrativos no tiene vocación de prosperidad, en tanto estos son de carácter general, gozan de presunción de legalidad y no fueron oportunamente demandados. Asimismo, advierte que var ias pretensiones están dirigidas realmente contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, desdibujando la imputación de responsabilidad hacia la entidad territorial.

Finalmente, en el ámbito de las excepciones, la defensa destaca la improcedencia de inaplicar los actos demandados, reiterando que la fijación del régimen salarial docente es competencia del Congreso y del presidente de la República, y que el sistema escalafonario permite válidamente diferencias salariales. Igualmente, afirma que resulta improcedente pretender incrementos retroactivos o equiparaciones respecto de niveles superiores o periodos en los cuales el demandante no se encontraba vinculado.

2.4. La secretaría prescindió del traslado de las excepciones de conformidad con lo

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 20259, negó las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el juzgado destaca que el régimen salarial docente se encuentra estructurado en un sistema escalafonario regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, en el cual los salarios dependen del grado y nivel alcanzado por cada docente, conforme a criterios objetivos como formación académica, experiencia, desempeño y competencias. En consecuencia, se reconoce que el Gobierno Nacional tiene competencia constitucional para fijar los incrementos salariales mediante decretos anuales, dentro de parámetros legales y presupuestales.

Asimismo, el despacho analiza el principio de igualdad y la regla de «a trabajo igual, salario igual», concluyendo que dicha garantía no implica una igualdad aritmética, sino material, que permite tratos diferenciados cuando existen razones objetivas. En tal sentido, acoge la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado en cuanto admite diferenci as salariales sustentadas en criterios como mérito, formación y clasificación del empleo, descartando que puedan compararse niveles distintos del escalafón docente como si fueran equivalentes.

En el estudio del caso concreto, el a quo establece que la demandante pertenece al nivel 3BM y pretende equipararse con el nivel 3DM, lo cual resulta jurídicamente improcedente, dado que ambos niveles corresponden a categorías diferenciadas dentro del escalafón. De allí concluye que los incrementos salariales diferenciados no constituyen una vulneración al principio de igualdad, pues responden a la estructura misma del sistema escalafonario y a

dado que ambos niveles corresponden a categorías diferenciadas dentro del escalafón. De allí concluye que los incrementos salariales diferenciados no constituyen una vulneración al principio de igualdad, pues responden a la estructura misma del sistema escalafonario y a criterios objetivos previamente definidos por la normativa aplicable.

Finalmente, el despacho determina que no se acreditó la existencia de falsa motivación ni irregularidad en la expedición de los actos administrativos demandados, ni una contradicción normativa que permita inaplicar el Decreto 284 de 2024. En consecuencia, al mantenerse incólume su presunción de legalidad y no probarse la configuración de causal de nulidad, decide negar las pretensiones de la demanda, al estimar que la par te actora partió de una interpretación errónea del régimen jurídico aplicable al escalafón docente.

8 Índice electrónico 38 del expediente digital. 9 Índice electrónico 44 del expediente digital.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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4. Recurso de apelación10

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que el a quo incurrió en un defectuoso análisis de los cargos de la demanda, pues omitió el argumento central encaminado a demostrar la ausencia de

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que el a quo incurrió en un defectuoso análisis de los cargos de la demanda, pues omitió el argumento central encaminado a demostrar la ausencia de motivación y sustento técnico de los incrementos salariales diferenciados en los años 2008, 2009 y 2011.

Sostiene que, si bien el Gobierno tiene competencia para fijar salarios, la decisión de aplicar porcentajes de reajuste disímiles en periodos específicos —rompiendo la uniformidad aplicada en años anteriores y posteriores— careció de estudios previos o informes técnicos que justificaran tal disparidad, lo cual constituye una infracción al ordenamiento jurídico y una transgresión al deber de debida fundamentación de los actos administrativos.

Enfatiza que, el debate judicial no versa sobre la existencia de salarios distintos según el grado del escalafón, sino sobre la aplicación de incrementos porcentuales desiguales sobre bases salariales ya diferenciadas. Para la parte demandante, esta medida no fue idónea ni necesaria, pues lo que hizo fue provocar una brecha salarial injustificada que afecta la dignidad y el derecho a una remuneración justa y móvil de la docente, en tanto se calcularon los aumentos subsiguientes sobre una base viciada.

En ese sentido, considera que debe revocarse la sentencia de primera instancia porque los actos administrativos están incursos en las causales de nulidad por falta de motivación, violación del principio de legalidad.

5. Del trámite en segunda instancia

Habiéndose concedido el recurso de apelación 11, y correspondido por reparto el

actos administrativos están incursos en las causales de nulidad por falta de motivación, violación del principio de legalidad.

5. Del trámite en segunda instancia

Habiéndose concedido el recurso de apelación 11, y correspondido por reparto el conocimiento del asunto a este despacho12, se admitió el 9 de marzo de 202613, sin que las partes hubieren alegado de conclusión y el Ministerio Público emitido concepto en segunda instancia. Así las cosas, el proceso ingresó para emitir la presente decisión el 20 de marzo de 202614.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal Administrativo de La Guajira es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado

10 Índice electrónico 47 del expediente digital. 11 Índice electrónico 50 del expediente digital. 12 Índice electrónico 1 SAMAI. 13 Índice electrónico 3 SAMAI. 14 Índice electrónico 7 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 24715 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Control de legalidad

Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 24715 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Control de legalidad

Conforme lo consagra el artículo 207 del CPACA , en concordancia con el 132 del Código General del Proceso, corresponde al juez agotada cada etapa del proceso, ejercer control de legalidad para sanear los vicios que puedan acarrear nulidades procesales, los cuales salvo que se traten de hechos nuevos no podrán ser alegados por las partes en etapas siguientes.

Teniendo en cuenta que la etapa procesal de saneamiento tiene como finalidad obtener una decisión de fondo resolviendo los vicios procesales que de oficio o a petición de parte se observen con el fin de evitar fallos inhibitorios, no se avizoran dentro del trámite impartido vicios o irregularidades que merezcan ser saneadas hasta este estadio procesal.

3. Aspecto procesal previo – variación de la «causa pretendi»

La sala previo a fijar el litigio, considera oportuno pronunciarse sobre la alteración de las pretensiones de la demanda en sede de apelación, en tanto que, salta a la vista cierta adición de un cuestionamiento que no fue solicitado ni en el agotamiento de la actuación administrativa ni en la demanda, lo cual irrumpe en la garantía constitucional del debido proceso y el principio de congruencia.

Sobre el particular, según lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso 16, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, so pena de vulnerar el principio de congruencia 17 y el derecho de defensa de la parte

Sobre el particular, según lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso 16, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, so pena de vulnerar el principio de congruencia 17 y el derecho de defensa de la parte demandada. Por lo tanto, se proscribe condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda y por causa diferente a la invocada en la misma.

Al respecto, el honorable Consejo de Estado ha manifestado18:

«[…] Por otra parte, debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la decisión de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso; en tal sentido,

15 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 16 «Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley». 17 «Cabe precisar que el principio de congruencia, que por antonomasia gobierna las decisiones de las autoridades judiciales, se edifica sobre la base de la existencia de límites predeterminados por el mismo libelo introductor que da origen a la controversia y que sirven de marco para la decisión. Dichos linderos determinan la inviabilidad procesal de que el juez de conocimiento dicte la providenc ia con desconocimiento de lo pretendido en la demanda o exceda los términos de la solicitud. Contrario sensu, se im pone que su decisión guarde directa correspondencia con la reclamación elevada por la actora, con los hechos que le sirven de fundamento y a las pruebas

desconocimiento de lo pretendido en la demanda o exceda los términos de la solicitud. Contrario sensu, se im pone que su decisión guarde directa correspondencia con la reclamación elevada por la actora, con los hechos que le sirven de fundamento y a las pruebas en que se soporta su prosperidad o su negativa». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de febrero de 2019, exp. 58894. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Radicación número: 25000-2336-000-2013-01657-02 (59414). Actor: CLAUDIA PATRICIA SÁENZ BUENO.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2024-00142-01

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no puede abordar materias que se señalan en la apelación, que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial.» (Negrillas y subrayas del tribunal)

cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial.» (Negrillas y subrayas del tribunal)

En ese sentido, se denota que la parte actora dentro de las reclamaciones administrativas interpuestas tanto en el Ministerio de Educación Nacional 19 como en el departamento de La Guajira20, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por el docente como consecuencia de los aumentos indiscriminados efectuados por el Gobierno Nacional durante los años 2008 y 2009 respecto de los grados en el escalafón 3BM y 3DM. Lo propio sucedió en el libelo genitor, el cual se encuentra en consonancia con los requerimientos iniciales.

No obstante, dentro del recurso de alzada 21, pretendió mutar esa pretensión adicionando en los mismos términos —reajuste salariales diferenciados— el año 2011, pues se indicó de manera puntual la ausencia de «un análisis de justificación sobre la limitación de los incrementos porcentuales diferenciados a los años 2008, 2009 y 2011», situación con la que pretende agregar aspectos a la controversia con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto22.

Lo anterior, escapa del análisis de competencia de esta sala, en la medida que asentirlo vulneraría flagrantemente el derecho de defensa y contradicción de los demandados, quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir en las etapas procesales legalmente dispuestas para ello lo allí expuesto, viéndose entonces sorprendidos con un fallo nugatorio de sus garantías fundamentales.

quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir en las etapas procesales legalmente dispuestas para ello lo allí expuesto, viéndose entonces sorprendidos con un fallo nugatorio de sus garantías fundamentales.

En esos términos, el tribunal no abordará el análisis de la nivelación salarial pretendida respecto del año 2011 y se centrará en l as diferencias porcentuales