TA GUA - Sentencia 44001-33-40-004-2025-00066-01 (26-03-2026)

SIGCMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Magistrada Ponente: CEILIS YELEG RIVEIRA RODRÍGUEZ

Riohacha Distrito Especial, Turístico y Cultural, veintiséis (26) de mazo de dos mil veintiséis (2026).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de La Guajira, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, procede a pronunciarse sobre al recurso de apelación interpuesto por el departamento de La Guajira contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha en fecha 24 de septiembre de 2025 que decidió negar las pretensiones de la demanda.

PRELACIÓN DE FALLO

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 establece que las autoridades judiciales deben dictar sentencias en el orden en que los expedientes ingresan, aunque este orden puede cambiar según la naturaleza del caso o a solicitud del Ministerio Público, considerando su importancia jurídica y social. Por su parte, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 permite a los Tribunales Contencioso Administrativos establecer un orden temático para priorizar el estudio de los proyectos de sentencia, agrupando los procesos por temas.

En consonancia con estas normas, el artículo 27 de la ley estatutaria 2430 de 2022 adicionó el artículo 74J en la ley 270 de 1996, señalando que “ Las altas cortes, los tribunales y los jueces

En consonancia con estas normas, el artículo 27 de la ley estatutaria 2430 de 2022 adicionó el artículo 74J en la ley 270 de 1996, señalando que “ Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los d emás, los cuales podrán ser expedidos de manera

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: LEDA URIANA EPIEYU

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO “FOMAG" –

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL

Radicado N.º: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Instancia Segunda Tema Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de docentes Subtemas Ley 1955 de 2019 – Entidad responsable del pago de la sanción moratoria2 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos.”

Siguiendo estas normas, el Tribunal acordó agrupar temáticamente para fallo los procesos de

https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos.”

Siguiendo estas normas, el Tribunal acordó agrupar temáticamente para fallo los procesos de “Sanción por configuración del silencio administrativo positivo (Casos Electricaribe)” y “Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales/definitivas de do centes”, considerando que el gran número de procesos identificados con esta temática y que el Consejo de Estado ha emitido sentencias de unificación sobre ellos, facilitando su resolución.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda: La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo ficto que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, conforme a lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. En consecuencia, pide que se condene a las entidades demandadas al pago de dicha sanción, incluyendo los intereses moratorios.

La demandante manifiesta que, en calidad de docente, solicitó el pago de sus cesantías parciales; sin embargo, las entidades demandadas no realizaron el pago a tiempo, incurriendo en la sanción moratoria establecida en las normas citadas. Además, a pesar de solicitar el reconocimiento de la sanción, las entidades guardaron silencio ante su petición.

1.2 Sentencia: En la sentencia del 24 de septiembre de 2025 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha decidió negar las pretensiones de la demanda.

El juzgado evaluó las pruebas presentadas y concluyó, basándose en las normas

Oral del Circuito Judicial de Riohacha decidió negar las pretensiones de la demanda.

El juzgado evaluó las pruebas presentadas y concluyó, basándose en las normas aplicables y en las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-0122018, que el pago de las cesantías del docente se realizó dentro del plazo legal estipulado, sin que se configurara la mora reclamada.

1.3 Recurso de apelación: Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, solicitando que se revoque la decisión de primera instancia.

Señala que, el despacho interpretó y aplicó incorrectamente las disposiciones normativas que regulan el tema del reconocimiento de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, al igual que la jurisprudencia unificada que sobre la materia ha proferido el Consejo de Estado en la sentencia CE -SUJ-SII-012-2018. Además, indica que la fecha de radicación de solicitud de las cesantías no es la que indica el a quo.

1.4 Trámite en segunda instancia : En segunda instancia, el asunto fue asignado al despacho que hoy elabora la ponencia, el cual admitió el recurso de apelación. Según informó la secretaría, el ministerio público no emitió concepto. El expediente fue ingresado al despacho ponente para elaborar el proyecto de fallo.3 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/

Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/

II. CONSIDERACIONES

El marco de competencia del juez de segunda instancia se basa en los argumentos presentados contra la decisión del a-quo. Por lo tanto, otros aspectos no planteados en la apelación deben excluirse del debate, salvo los casos previstos por la Constitución o la ley, como los temas procesales que el juez debe decretar de oficio, según el artículo 328 del C.G.P., aplicable por el artículo 306 del CPACA.

2.1 Fundamentos de derecho

• Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías parciales y definitivas del docente

Según el artículo 1 de la ley 244 de 1995 modificada por el artículo 4 de la ley 1071 de 2006, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías tiene quince (15) días hábiles para emitir la resolución de liquid ación de cesantías (definitivas o parciales) después de recibir a solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos legales. La entidad pública encargada del pago tiene un máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde que la resolución de liquidación queda en, para pagar las cesantías (artículo 2 de la ley 244 de 1995, modificado por el artículo 5 de la ley 1071 de 2006).

Si hay retraso en el pago, la entidad debe pagar al beneficiario un día de salario por cada día de retraso, hasta que se realice el pago. Solo es necesario demostrar que no se pagó en el plazo establecido.

Si hay retraso en el pago, la entidad debe pagar al beneficiario un día de salario por cada día de retraso, hasta que se realice el pago. Solo es necesario demostrar que no se pagó en el plazo establecido.

El Consejo de Estado en sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 1, determinó que los docentes oficiales, como servidores públicos, están sujetos a la ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción por mora en el pago de las cesantías. Así mismo, definió los plazos que se deben tener en cuenta para establecer la procedencia de la sanción, bajo las siguientes reglas:

• Si el acto que reconoce las cesantías (definitivas o parciales) se emite fuera del plazo legal o no se emite, la sanción moratoria comienza 70 días hábiles después de que se radique la solicitud de reconocimiento. Este plazo se desglosa así:

✓ 15 días para emitir la resolución. ✓ 10 días para que el acto quede en firme. ✓ 45 días para realizar el pago.

• Además, el acto que reconoce la cesantía debe notificarse al interesado según las condiciones del CPACA. Una vez se verifica la notificación, empieza a contar el plazo de firmeza del acto. Si el acto no se notificó, se debe considerar el plazo que la ley establece para que la entidad intente notificarlo personalmente, es decir:

✓ 5 días para citar al solicitante a recibir la notificación. ✓ 5 días para esperar que comparezca.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018. Radicación:

✓ 5 días para esperar que comparezca.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018. Radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18.4 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ ✓ 1 día para entregarle el aviso. ✓ 1 día más para completar la notificación por este medio.

Si la solicitante renuncia a los plazos de notificación y firmeza, el acto se considera firme desde el día en que lo manifieste. En ninguno de estos casos, los plazos de notificación se contarán en contra del empleador para la sanción moratoria.

• Cuando se interpone un recurso, la firmeza del acto comienza 1 día después de que se notifique la resolución del recurso. Si el recurso no se resuelve, los 45 días para el pago de la cesantía comienzan 15 días después de interpuesto.

• Para las cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será el salario básico vigente en la fecha de retiro del servidor público. Para las cesantías parciales, se tomará en cuenta el salario básico vigente al momento de la mora, sin que varíe por el tiempo transcurrido.

• No procede la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, sin

parciales, se tomará en cuenta el salario básico vigente al momento de la mora, sin que varíe por el tiempo transcurrido.

• No procede la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

Esta sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos y, por ende, es aplicable de manera obligatoria a los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial.

• Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

En cuanto a la entidad responsable del pago de esta prestación, la Ley 962 de 2005, en su artículo 56, establece que las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, incluidas las cesant ías parciales o definitivas, deben ser reconocidas y pagadas por dicho fondo. Esto se hace previa aprobación del acto de reconocimiento por parte de quien administra los recursos de este patrimonio autónomo, actualmente Fiduprevisora S.A.; acto que es elab orado por la secretaría de educación del ente territorial al que esté afiliado el docente.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1272 de 2018 2, en el que dispuso términos a las secretarías de educación y al FOMAG – representado por la entidad fiduciaria – para tramitar las solicitudes de reconocimiento y pago de cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1071 de 2006, así:

− Las solicitudes de cesantías serán resueltas en el término de 15 días, durante el cual, i) la entidad territorial deberá elaborar el proyecto de acto administrativo dentro de los

− Las solicitudes de cesantías serán resueltas en el término de 15 días, durante el cual, i) la entidad territorial deberá elaborar el proyecto de acto administrativo dentro de los 5 días siguientes a la radicación de la petición y remitirlo a la sociedad fiduciaria para su revisión; ii) la entidad fiduciaria contará con 5 días para pronunciarse sobre la aprobación del proyecto y devolverlo a la entidad territorial, y; iii) recibido el proyecto con aprobación o desaprobación, la entidad territorial deberá ex pedir el acto administrativo dentro de los 5 días siguientes.

2 Por el cual se modifica el decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones5 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ − Corresponde a las entidades territoriales notificar el acto administrativo y remitirlo inmediatamente a la entidad fiduciaria una vez ejecutoriado.

− La entidad fiduciaria deberá realizar el pago de las cesantías reconocidas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

En todo caso, según esta norma, el pago de la sanción moratoria por el incumplimiento de los plazos mencionados correspondía al FOMAG, el cual podía eventualmente ejercer las acciones correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas e n educación por el

Ley 1955 de 2019, es la Nación –Ministerio de Educación Nacional, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad obligada del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial, pues su eventual responsabilidad surgió desde la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019.”7

2.2 Problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los recursos de apelación, advierte el Tribunal que el problema jurídico a resolver se concreta en los siguientes cuestionamientos:

¿Cuándo se entiende radicada la solicitud de reconocimiento de cesantías?

¿Cuál es la entidad responsable del pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales del docente, en aplicación de la Ley 1955 de 2019, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o el ente territorial?

3 Ver artículo 2.4.4.2.3.2.28. 4 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad. 5 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 6 9 consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: Ana María Charry Gaitán concepto del 28 de julio de 2023 7 Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A, consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves. Sentencia de fecha veintiuno

plazos mencionados correspondía al FOMAG, el cual podía eventualmente ejercer las acciones correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas e n educación por el incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1071 de 20063.

Dicha circunstancia fue modificada por el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 20194, al establecer que “La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

El parágrafo transitorio de la misma norma dispuso que el FOMAG pagará las sanciones por mora causadas hasta diciembre de 2019 por medio de títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; pero este término se extendió a diciembre de 2022, con la modificación del artículo 324 de la ley 2294 de 2023 5, como lo explicó el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 28 de julio de 20236.

Teniendo en cuenta esta última modificación normativa, el Consejo de Estado precisó en reciente pronunciamiento que “cuando el trámite de reconocimiento de cesantías se da antes de la Ley 1955 de 2019, es la Nación –Ministerio de Educación Nacional, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad obligada del reconocimiento y pago de la

7 Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A, consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves. Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Radicación: 25000 23 42 000 2018 02410 01 (1514-2020)6 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ A continuación, el Tribunal valorando adecuadamente las pruebas recaudadas, de acuerdo con la sana crítica, las normas y jurisprudencia señaladas previamente, dará solución al anterior planteamiento.

2.3 Caso Concreto.

Descendiendo al caso concreto, y con el fin de determinar si el citado pago se realizó de forma extemporánea, es necesario establecer la fecha de radicación efectiva de la solicitud de cesantía reconocida a la accionante por medio de la Resolución No. GUAJIR2024000300 de 19 de septiembre de 2024, la cual constituye el aspecto central del recurso de apelación, en tanto que, para el recurrente, el a quo incurrió en error al considerar que la mencionada solicitud fue efectivamente radicada el 2 de septiembre de 2024.

Con el objeto de establecer la fecha en la que se presentó la petición en cuestión, la Sala estima pertinente analizar la trazabilidad de la actuación administrativa registrada en el sistema «Humano en Línea», que da cuenta que, la accionante solicitó el reconocimiento de

estima pertinente analizar la trazabilidad de la actuación administrativa registrada en el sistema «Humano en Línea», que da cuenta que, la accionante solicitó el reconocimiento de sus cesantías el 27 de junio de 2024, como lo expone el recurrente, esto se puede comprobar en el pantallazo de humano en línea aportado por la parte actora en los anexos de la demanda, que se puede evidenciar así:

De lo anterior, se extrae que, en efecto, fue el 27 de junio de 202 4 cuando la accionante registró en el sistema «Humano en Línea» la solicitud completa para el reconocimiento y pago de su cesantía parcial, habida cuenta de que la entidad territorial no realizó requerimiento alguno a la interesada dentro de los 10 días sig uientes al recibo de la petición, en consecuencia, la citada prestación debió ser reconocida dentro de los 15 días siguientes a la mencionada fecha, en virtud de los términos previstos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, si bien, la entidad territorial debe realizar la validación de los documentos presentados por el interesado para el reconocimiento de su cesantía, tal actuación debe tener lugar dentro del plazo previsto para la expedición del correspondiente acto administrativo pues para ello no se estableció una oportunidad adicional; una interpretación diferente conduciría al desconocimiento de las citadas disposiciones legales.7 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/

Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ No es viable, afirmar que en este caso la parte actora presentó la solicitud de cesantías el 2 de septiembre de 2024, como lo indicó el a quo, pues lo que ocurrió en esa fecha fue la validación de la información aportada, que debió ser realizada dentro de los 10 días siguientes al recibo de la petición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022, [vigente al momento de radicación de la solicitud de cesantías]. En ese sentido, al no ser requerida la accionante dentro de dicho término, se entiende que la petición se realizó en debida forma, por lo que debía ser resuelta dentro de los 15 días siguientes a su recibo.

Por lo expuesto, para determinar si se causó o no sanción moratoria en el presente asunto, se debe tener en cuenta la fecha en que el accionante radicó de forma completa su petición, esto es, el 27 de junio de 2024.

Se tiene entonces que el ente territorial tenía hasta el 19 de julio de 202 4 para expedir y notificar el acto de reconocimiento, siendo emitido finalmente el 3 de septiembre de 2024.

Lo anterior, impone entonces aplicar la hipótesis contemplada en la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado para el cálculo de la sanción moratoria así:

En ese escenario, al ser solicitada la prestación el 27 de junio de 2024, el pago de esta debió

unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado para el cálculo de la sanción moratoria así:

En ese escenario, al ser solicitada la prestación el 27 de junio de 2024, el pago de esta debió realizarse dentro de los 70 días hábiles siguientes, término que vencía el 8 de octubre de 2024, no obstante, el mismo solo se realizó el 22 de octubre de 2024, esto es, por fuera del término legal con el que contaba para ello , por lo que es válido concluir que la mora reclamada acaeció desde el 9 al 21 de octubre de 2024.

Ahora, en cuanto a la entidad responsable del pago , s e advierte que no obra en el expediente, probanza que permita establecer la fecha en la cual fue enviada la resolución al FOMAG para que se realizara el pago por lo que se tendrá en cuenta, en una interpretación favorable, que la misma se envió al día sigu iente hábil al de su ejecutoria, esto es, el 4 de octubre de 2024. Por lo tanto, los 45 días con los que contaba el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio fenecían el 10 de diciembre de 202 4, poni endo a disposición los dineros al docente el día 22 de octubre de 2024, esto es, dentro del término con el que contaba para ello.

Lo anterior, permite concluir que, en efecto, fue el ente territorial quien desconoció los términos legales y el procedimiento para la expedición del acto de reconocimiento del auxilio de cesantías y, en tal sentido, fue quien generó la sanción moratoria, teniendo en cuenta que el FOMAG, efectuó la revisión de dicho escrito en el plazo legal y, procedió al pago del auxilio

de cesantías y, en tal sentido, fue quien generó la sanción moratoria, teniendo en cuenta que el FOMAG, efectuó la revisión de dicho escrito en el plazo legal y, procedió al pago del auxilio reconocido dentro del plazo que le confiere la ley para ello.8 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ En tales condiciones, y en relación con este aspecto, se impone para la Sala revocar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

2.3 Condena en costas

En cuanto a la condena en costas, cabe recordar que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, en todos los procesos, a excepción de los que se ventile un interés público, la sentencia «dispondrá» sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General del Proceso8.

La subsección A, de la sección segunda del honorable Consejo de Estado ha interpretado en relación con el alcance de la locución «dispondrá» que, se trata de un enunciado deóntico, el cual puede «asimilarse al enunciado “decidirá”, lo que necesariamente lleva a señalar que se supera el criterio optativo propio del criterio subjetivo, para avanzar hacia la condena en costas por un criterio valorativo, con base en los presupuestos objetivos reseñados por

que se supera el criterio optativo propio del criterio subjetivo, para avanzar hacia la condena en costas por un criterio valorativo, con base en los presupuestos objetivos reseñados por la legislación procesal civil». En tal oportunidad se dijo9:

«El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” -CCAa uno “objetivo valorativo” -CPACA-.

b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente d e escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por

participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial. g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

8 Consejo de Estado Auto del 25 de junio de 2014. C.P. Enrique Gil Botero 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, MP. William Hernández Gómez, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).9 Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 44-001-33-40-004-2025-00066-01 Calle 7 #15-58 Palacio de Justicia – Riohacha – La Guajira. Celular Despacho 001: 3102730057 https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Para la Sala, la adición que efectuó el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al inciso 2º del artículo 188 del CPACA, no modificó el criterio objetivo-valorativo vigente en materia de costas procesales, dado que la acepción «[e]n todo caso» utilizada por el nuevo inciso, se refiere únicamente a los procesos en los que se ventila un interés público como excepción

costas procesales, dado que la acepción «[e]n todo caso» utilizada por el nuevo inciso, se refiere únicamente a los procesos en los que se ventila un interés público como excepción a la imposición de la condena en costas10, por lo tanto, no hay lugar a analizar si la conducta de la parte vencida se dio con «temeridad o mala fe»11.

Esta posición se encuentra en consonancia con lo decidido recientemente por la honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-241 del 2024, donde expuso «que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivovalorativo.»

Así las cosas, atendiendo que dentro del presente asunto no se verificaron gastos de expensas, Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo de La Guajira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia ,

la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo con relación a la petición radicada en fecha 30 de octubre de 2024, por medio del cual se niega a la señora LEDA

la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo con relación a la petición radicada en fecha 30 de octubre de 2024, por medio del cual se niega a la señora LEDA URIANA EPIEYU el pago de la sanción moratoria solicitada, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho CONDENAR al departamento de La Guajira a reconocer y pagar a favor de la señora LEDA URIANA

EPIEYU identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.581.996, la sanción moratoria por pago tardío del auxilio de cesantía reconocida mediante Resolución No GUAJIR2024000300 del 3 de septiembre de 2024 , esto es, un día de salario por cada día de retardo, desde el 9 de octubre de 2024 hasta el 21 de octubre de 2024 , teniendo en cuenta el salario para el año 2024.

TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia, désele cu