TA HUI - 41 001 33 33 003 2014 00297 01-(02-10-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 17 de julio de 2025

Radicación 860013331002-2021-00050-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Alba Isidora Rodríguez Demandados Departamento del Putumayo Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria empleado público - régimen retroactivo de cesantías Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elab oración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunt o en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías, asunto que fue objeto de unificación en la CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016.

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por el D epartamento del Putumayo 1, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo

2016.

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por el D epartamento del Putumayo 1, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa2, mediante la cual resolvió lo siguiente:

«PRIMERO. - DECLARA INFUNDADA la excepción de INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO POR INAPLICABILIDAD DE LA LEY 50 DE 1990 Y NO APLICABILIDAD DE LA LEY 344 DE 1996 y 1071 de 2006, propuesta por el Departamento del Putumayo.

SEGUNDO. - En consecuencia, DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio PUT2020EE018529 del 23 de julio de 2020 y la Resolución No. 2364 del 30 de septiembre del 2020, por medio de los cuales el Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, a la señora ALBA ISIDORA RODRIGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - A título de restabl ecimiento del derecho, CONDENAR a al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL a que reconozca, liquide y pague a la señora ALBA ISIDORA RODRIGUEZ, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 8 de febrero hasta

RODRIGUEZ, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 8 de febrero hasta el 23 de mayo de 2019. En consecuencia, la condena implica el reconocimiento y pago de un día de salario -vigente para la época de causación, es decir para el año 2018por cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.

1 Samai, índice 1, primera instancia, PDF 27. 2 Samai, índice 1, primera instancia, PDF 25.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 12

CUARTO. - La accionada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y deberá reconocer intereses sobre los valores adeudados, si a ello hubiere lugar, en la forma prevista en el artículo 192 ibídem, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas.

QUINTO. - CONDENAR en costas y agencias en derecho al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, parte vencida dentro del presente litigio.

Las costas serán liquidadas por Secretaría, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

PUTUMAYO, parte vencida dentro del presente litigio.

Las costas serán liquidadas por Secretaría, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

SEXTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3. Contestación de demanda. 2.4.

Sentencia apelada. 2.5. Apelación de la entidad demandada. 2.6. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. Se solicita declarar la nulidad de los actos administrativos No. PUT2020EE018529 del 23 de julio de 2020 y No. 2364 del 30 de septiembre del mismo año, proferidos por la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo , los cuales negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora en cesantías parciales a favor de Alba Isidora Rodríguez. Como consecuencia, se pide ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de dicha sanción, en los términos establecidos por la Ley 244 de 1996 y su modificación por la Ley 1071 de 2006, esto es, un día de salario por cada día de mora, desde el 7 de febrero hasta el 23 de mayo de 2019, lo que equivale a 105 días.

2. Así mismo, se requiere el cumplimiento de la sentencia conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA, incluyendo el reconocimiento de los intereses legales e indexación de las sumas debidas. Finalmente, se solicita condenar a la entidad al pago de agencias en

y 195 del CPACA, incluyendo el reconocimiento de los intereses legales e indexación de las sumas debidas. Finalmente, se solicita condenar a la entidad al pago de agencias en derecho y costas procesales, en los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP3.

2.2. Hechos relevantes de la demanda

3. Se relata que Alba Isidora Rodríguez en calidad de funcionaria pública adscrita a la Secretaría de Educación del Putumayo, solicitó el 25 de octubre de 2018 el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales retroactivas, financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones. En respuesta, la entidad expidió la Resolución No. 0716 del 19 de febrero de 2019, reconociendo dicha prestación. No obstante, el desembolso solo se efectuó hasta el 23 de mayo del mismo año, a través del fondo destinado para tal fin, lo que generó una mora de 105 días a partir del 8 de febrero de 2019. En el momento de la mora, la señora RODRÍGUEZ devengaba un salario mensual de $3.094.647, equivalente a $103.155 diarios.

3 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 1, pagina 3.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 12

Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 12

4. Ante este retraso, el 8 de junio de 2020 se presentó una solicitud formal, mediante apoderado, para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, el acto administrativo PUT2020EE018529 del 23 de julio de 2020 negó dicha pretensión. Se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación bajo el radicado PUT2020ER021868. No obstante, la Resolución No. 2364 del 30 de septiembre de 2020 confirmó la negativa inicial4.

2.3. Contestación de demanda

5. El Departamento del Putumayo sostiene que no procede el reconocimiento ni el pago de la sanción moratoria por el giro tardío de las cesantías solicitadas en 20 17 y pagadas en 2019, ya que la demandante no está amparada por el régimen que contempla dicha sanción. Su vinculación laboral data del 27 de febrero de 1978, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, sin que exista constancia alguna de su traslado voluntario al régimen de liquidación anual de cesantías. Por ende, le es aplicable el régimen de cesantías retroactivas conforme a la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 del mismo año y otras disposiciones anteriores al cambio normativo.

aplicable el régimen de cesantías retroactivas conforme a la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 del mismo año y otras disposiciones anteriores al cambio normativo.

6. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que las sanciones moratorias contempladas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995 aplican solo a quienes están bajo el régimen anual de cesantías. Por tanto, los servidores públ icos vinculados antes de la Ley 344 de 1996, que no se acogieron voluntariamente al nuevo régimen, como la demandante, no tienen derecho a esa sanción. Si bien esta interpretación se ha extendido a docentes, no cobija a quienes pertenecen al régimen especi al anterior.

En contraste, los docentes vinculados después del 31 de diciembre de 1990 sí están regidos por el sistema general de la Ley 50 de 19905.

2.4. Sentencia apelada

7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa mediante sentencia del 30 de septiembre de 2022 , concluyó que, aunque ya se diferenciaron las sanciones moratorias de la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995, precisó que esta última -modificada por la Ley 1071 de 2006aplica a todos los empleados públicos, sin importar el régimen de liquidación de cesantías al que pertenezcan. Por tanto, consideró que el argumento del Departamento del Putumayo, que desconoce la sanción moratoria por no aplicarse al régimen retroac tivo, contradice los principios de seguridad social y pago oportuno de prestaciones.

8. Resaltó que no es viable invocar la Ley 50 de 1990 -que regula la consignación de

régimen retroac tivo, contradice los principios de seguridad social y pago oportuno de prestaciones.

8. Resaltó que no es viable invocar la Ley 50 de 1990 -que regula la consignación de cesantías anualizadascuando la demandante está cobijada por el régimen retroactivo. En efecto, el Decreto 1252 de 2000 y el Decreto 1919 de 2002 garantizaron que quienes se beneficiaban del régimen retroactivo al 25 de mayo de 2000 continuarían bajo esa modalidad hasta finalizar su vínculo laboral.

4 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 1, pagina 2. 5 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 12.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 12

9. En consecuencia, consideró procedente acceder a las pretensiones de Alba Isidora Rodríguez, dado que el ente demandado incurrió en mora entre el 8 de febrero y el 23 de mayo de 2019. En consecuencia, y conforme al parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, ordenó el pago de un día de salario por cada día de mora, calculado sobre su salario base de 2018, año en el que presentó la solicitud6.

2.5. Apelación de la entidad demandada

2006, ordenó el pago de un día de salario por cada día de mora, calculado sobre su salario base de 2018, año en el que presentó la solicitud6.

2.5. Apelación de la entidad demandada

10. El Departamento del Putumayo manifestó su desacuerdo con la decisión de primera instancia7, resaltó que el régimen retroactivo de cesantías, regulado por la Ley 6 de 1945 y normas complementarias, aplica a los servidores públicos vinculados antes del 30 de septiembre de 1996. Bajo este esquema, el trabajador tiene derecho al pago de un mes de salario por cada año laborado, calculado con base en el último sueldo, sin generar intereses ni habilitar el reconocimiento de sanción por mora. En contraste, el régimen anualizado sí contempla intereses y permite reclamar sanciones por pagos tardíos, siempre que se haga antes de la prescripción.

11. Indicó que, para acceder a este segundo régimen, se requiere una manifestación expresa de voluntad, tal como lo exige el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998. En el caso de la señora Alba Isidora Rodríguez, quien ingresó al servicio el 10 de abril de 1978, no consta solicitud de cambio de régimen. Por lo tanto, al no haberse acogido voluntariamente al sistema anualizado antes de la entrada en vigor del Decreto -10 de agosto de 1998-, le continúa aplicando el régimen retroactivo y, en consecuencia, no tiene derecho al pago de la sanción moratoria8.

2.6. Trámite de segunda instancia

12. Mediante reparto efectuado el 13 de abril de 2023, el presente asunto fue asignado al despacho de la Magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del Tribunal Administrativo

2.6. Trámite de segunda instancia

12. Mediante reparto efectuado el 13 de abril de 2023, el presente asunto fue asignado al despacho de la Magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del Tribunal Administrativo de Nariño 9, quien remitió el expediente a esta Corporación el 4 de junio de 2024, en cumplimiento de la redistribución ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 202310, por el cual se creó el Tribunal Administrativo y el Distrito Judicial del Putumayo.

13. En desarrollo de dicha disposición, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través del Acuerdo No. CSJNAA24 -124 del 24 de mayo de 2024 11, redistribuyó 776 procesos entre los despachos 001, 002 y 003 del nuevo Tribunal Administrativo del Putumayo, asignando el presente medio de control a este despacho, el cual fue avocado el

6 Samai, índice 2, primera instancia, PDF 25. 7 Samai, índice 2, primera instancia, índice 22. 8 Samai, índice 2, primera instancia, índice 27. 9 Samai, índice 2. 10 Acuerdo No. PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se dictan otras disposiciones». 11 Acuerdo No. CSJNAA24 -124 del 24 de mayo de 2024 «Por el cual se redistribuyen procesos de los Despachos 001,

002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo de Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del tribunal Administrativo del Putumayo, creados mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023».Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 12 27 de junio de 202412. Posteriormente, mediante auto del 26 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el ente accionado13.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen retroactivo. 3.5. Análisis y decisión del caso concreto. 3.6. Condena en costas.

3.1. Competencia

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

15. La controversia, conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se centra en establecer si el Departamento del Putumayo debe responder por la sanción moratoria reclamada, derivada del retraso en el pago de las cesantías a la señora Alba Isidora Rodríguez, quien se encuentra vinculada bajo el régimen retroactivo de cesantías.

3.3. Tesis de la Sala

16. Para la Sala, no es procedente reconocer la sanción moratoria solicitada, toda vez que la demandante se encuentra bajo el régimen retroactivo de cesantías, el cual no contempla ese tipo de penalidad. Además, no se evidencia en el expediente prueba de que hubiese optado expresamente por el régimen anualizado, que sí permite ese reconocimiento. En consecuencia, al no cumplirse los requ isitos normativos ni fácticos exigidos para acceder a dicha sanción, se revocará la sentencia de primera instancia.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

17. Para respaldar la tesis propuesta, la Sala comenzará por examinar el marco normativo y jurisprudencial aplicable, y luego abordará el análisis y decisión del caso concreto.

3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen retroactivo

18. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, estableció que los empleados y obreros nacionales con carácter permanente tendrían derecho, entre otras prestaciones, al auxilio

empleados públicos bajo el régimen retroactivo

18. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, estableció que los empleados y obreros nacionales con carácter permanente tendrían derecho, entre otras prestaciones, al auxilio de cesantía, equivalente a un mes de salario o jornal por cada año de servicio, considerando únicamente el tiempo laborado a partir del 1 de enero de 1942.

12 Samai, índice 21. 13 Samai, índice 26.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 12

19. Posteriormente, el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945 amplió la aplicación de las prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipi os, incluyendo expresamente el auxilio de cesantía.

20. Más adelante, la Ley 65 de 1946 abordó el carácter indemnizatorio de la cesantía, disponiendo que dicho auxilio debía ser reconocido con independencia de la causa del retiro del trabajador. De esta manera, se eliminó su naturaleza sancionatoria para el empleador y se consolidó como una prestación social, tal como fue acogida posteriormente por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley también extendió sus beneficios a los trabajadores de las entidades territoriales mencionadas.

y se consolidó como una prestación social, tal como fue acogida posteriormente por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley también extendió sus beneficios a los trabajadores de las entidades territoriales mencionadas.

21. Por su parte, el Decreto 1160 del 28 de marzo de 1947 dispuso que el derecho al

auxilio de cesantía correspondía a todo empleado, estuviera o no inscrito en carrera administrativa, sin importar la causa de su desvinculación. Ademá s, precisó que el monto de la prestación equivalía a un mes de salario por cada año de servicio, o su proporción correspondiente si el tiempo laborado era inferior. En consecuencia, el régimen de cesantías adoptado, al ser de carácter retroactivo, implicab a que su liquidación debía efectuarse con base en la totalidad del tiempo de servicio y el último salario devengado por el trabajador.

22. Finalmente, mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro

(FNA) como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo en su artículo 2 los objetivos institucionales de dicha entidad, así:

«a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales;

b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador;

c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;

d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;

e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer

d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;

e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer sistemas adecuados y reservas sufic ientes para atender oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y

f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social.»

23. El referi do Decreto dispuso, además, que las cesantías correspondientes a los empleados públicos y trabajadores oficiales pertenecientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerci ales del Estado del orden nacional, debían ser liquidadas y consignadas en el Fondo Nacional del Ahorro. Esta obligación excluía expresamente a los miembros de las cámaras legislativas y sus empleados, así como a los integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el personal civil vinculado al sector defensa.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 12

24. En ese contexto, el artículo 27 del mencionado decreto reguló específicamente lo concerniente al procedimiento de liquidación de las cesantías, expresando:

Página 7 de 12

24. En ese contexto, el artículo 27 del mencionado decreto reguló específicamente lo concerniente al procedimiento de liquidación de las cesantías, expresando:

«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.»

25. Con base en lo dispu esto en el Decreto 3118 de 1968, se dio inicio en el sector público al proceso de eliminación progresiva del régimen de cesantías con retroactividad, con el fin de implementar el sistema de liquidación anual. Inicialmente, este nuevo esquema no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes continuaban sujetos al régimen retroactivo consagrado en l a Ley 6 de 1945 y la Ley 65 de 1946. No obstante, las disposiciones normativas que posteriormente modificaron la naturaleza y el ámbito de aplicación del sistema anualizado permitieron la afiliación voluntaria de los empleados de entidades territoriales y sus entes descentralizados, conforme a lo previsto en la Ley 432 de 1998 y el Decreto 1453 del mismo año.

26. Por otra parte, en el ámbito del sector privado, la Ley 50 de 1990 introdujo el régimen de cesantías con liquidación anual, cuyas características fueron desarrolladas en el artículo

99 de dicha norma, refiriendo:

26. Por otra parte, en el ámbito del sector privado, la Ley 50 de 1990 introdujo el régimen de cesantías con liquidación anual, cuyas características fueron desarrolladas en el artículo

99 de dicha norma, refiriendo:

«Artículo 99 . (…) El nuevo régimen especial de auxilio de cesant ía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»

27. Con la entrada en vigor del artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 199614, se extendió a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de dic iembre de ese mismo año el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. En virtud de dicha disposición, la liquidación definitiva de las cesantías debía efectuarse el 31 de diciembre de cada año.

28. Posteriormente, mediante el Decreto 1582 del 5 de ag osto de 1998, se amplió la

disposición, la liquidación definitiva de las cesantías debía efectuarse el 31 de diciembre de cada año.

28. Posteriormente, mediante el Decreto 1582 del 5 de ag osto de 1998, se amplió la aplicación del régimen anualizado de cesantías, establecido en la Ley 50 de 1990, a los

14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposicionesRadicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 12 servidores públicos del orden territorial, en los términos allí previstos, señalando:

«El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»

29. En relación con los servidores públicos que se hubiesen vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que se encontraban cobijados por el

normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»

29. En relación con los servidores públicos que se hubiesen vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que se encontraban cobijados por el régimen de cesantías con retroactividad, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 estableció el procedimiento aplicable para aquellos que optaran por acogerse voluntariamente a l régimen previsto en la mencionada Ley 344 de 1996, así:

«a). La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b). La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por el trabajador;

c). En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.»

30. En virtud a la anterior normatividad , e l H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 201615, expreso lo siguiente:

«En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado , y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa

cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado , y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.» (se destaca lo subrayado)

31. De conformidad con lo expuesto, coexisten dos regímenes aplicables en materia de cesantías: i) el régimen retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta el 30 de diciembre de 1996, y ii) el régimen anualizado, introducido por la Ley 50 de 1990 para el sector privado, y posteriormente extendido a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de lo dispuesto en la Ley 344 de 1996.

32. En ese orden, para los servidores públicos que ingresaron al servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y que se encontraban amparados por el régimen retroactivo, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 les o torgó la posibilidad de acogerse voluntariamente al régimen anualizado, previa solicitud expresa, liquidación definitiva de la prestación y consignación del auxilio en el fondo de cesantías de su elección.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016.

prestación y consignación del auxilio en el fondo de cesantías de su elección.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.Radicación: 860013331002-2021-00050-01

Demandante: Alba Isidora Rodríguez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barr