TA HUI - 41001-33-33-002-2019-00015-02-(04-08-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

ACCION : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA

DEMANDADO : NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL RADICACIÓN : 41001 33 33 002 2019 00015 02

PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 063.

1. OBJETO A DECIDIR.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 5 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Neiva, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

2. LA DEMANDA.

2.1. De las pretensiones.

GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA , por conducto de apoderad o judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICI AL, en procura que se efectúen las siguientes declaraciones:

Restablecimiento del Derecho, contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICI AL, en procura que se efectúen las siguientes declaraciones:

• Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJNE O18-4140 del 23 de mayo de 2018, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas y percibidas desde el año 2013,2

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

Demandante: GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

teniendo en cuenta que no incluyeron la bonificación judicial creada mediante el decreto 383 de 2013 como factor salarial.

• Se declare la existencia del silencio administrativo negativo, respecto de la apelación interpuesta oportunamente en contra de la negativa al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas y percibidas desde el año 2013, con inclusión de la bonificación judicial creada mediante el decreto 383 de 2013, por la circunstancia de no haberse dictado por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, dentro del término legal, decisión de segunda instancia, pese a que el recurso de apelación fue debidamente interpuesto desde el 25 de mayo de 2018 sin que se haya emitido respuesta alguna.

• Se declare la nulidad del acto administrativo presunto contenido en el

legal, decisión de segunda instancia, pese a que el recurso de apelación fue debidamente interpuesto desde el 25 de mayo de 2018 sin que se haya emitido respuesta alguna.

• Se declare la nulidad del acto administrativo presunto contenido en el silencio administrativo negativo, producido respecto de la apelación interpuesta oportunamente en contra de la negativa al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas y percibidas desde el año 2013, con inclusión de la bonificación judicial creada mediante el decreto 383 de 2013.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial de que trata los Decretos 383 de 2 013 y demás normas modificatorias y concordantes, y en virtud de ello se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por el demandante de forma retroactiva desde al año 2013 y hasta la fecha.

Solicita igualmente, se ordene a la entidad demandada que en lo sucesivo incluya como base de liquidación de las prestaciones sociales –vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías, y otros - la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013.

De otra parte, pretende se condene a la entidad demandada a pagar en forma actualizada junto con la correspondiente indexación las sumas de dinero adeudadas, de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo contemplado en el art. 187 del CPACA, desde el momento en que el derecho se hizo exigible y hasta el momento en que se incluya en nómina el valor reintegrado de la prestación y

certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo contemplado en el art. 187 del CPACA, desde el momento en que el derecho se hizo exigible y hasta el momento en que se incluya en nómina el valor reintegrado de la prestación y las diferencias dejadas de percibir.3 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

Demandante: GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Finalmente, solicita que se dé cumplimiento a la sente ncia en aplicación de lo dispuesto en los artículos 189, 192 y 195 del C.P.A.C.A. y se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

2.2. De los hechos.

El señor GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA , ha laborado al servicio de la Rama Judicial en diversos cargos, desde el 3 de noviembre de 2009.

Que durante el tiempo que ha fungido como servidor público de la Rama Judicial ha percibido las prestaciones sociales a que tiene derecho. No obstante, desde el año 2013, advierte el deman dante que la entidad demandada no ha incluido como factor salarial la bonificación creada mediante el Decreto 383 de 2013 “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.

Como consecuencia de lo anterior, el señor GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA, solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la

y se dictan otras disposiciones”.

Como consecuencia de lo anterior, el señor GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA, solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la inclusión de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, como factor salarial para todos los efectos legales y por tanto se ordenará la reliquidación y pago de la totalidad de las prestaciones sociales causadas desde el año 2013 y las que a futuro se causen i) prima de servicios, ii) cesantías, iii) intereses a las cesa ntías, iv) prima de navidad, v) prima de vacaciones, vi) prima de productividad, vii) bonificación por servicios prestados y otros.

La anterior solicitud elevada ante la entidad accionada, fue denegada mediante la Resolución No. DESAJNEO18-4140 del 23 de mayo de 2018, suscrito por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, aduciéndose para su negativa que: “El decreto 0383 de 2013 dispone literalmente que la bonificación judicial solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud (...) Bajo esta premisa, los decretos que anualmente ha expedido el Gobierno Nacional, fijando las escalas salariales y prestacionales de los servidores públicos de la Rama Judicial, se presumen legales y son de obligatorio cumplimiento para esta Entidad, pues no han sido anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual no es viable acceder a su petición”.

Decisión en contra de la cual se interpuso recurso de a pelación mediante escrito del 10 de mayo de 2018, recurso que fue concedido a través de la

lo Contencioso Administrativo, razón por la cual no es viable acceder a su petición”.

Decisión en contra de la cual se interpuso recurso de a pelación mediante escrito del 10 de mayo de 2018, recurso que fue concedido a través de la Resolución No. DESAJNER18 -2815 del 17 de julio de 2018 proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial, q ue ordeno remitir el expediente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se4 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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tomara una decisión de fondo respecto del recurso de alzada interpuesto.

Que pese al transcurso de más de 3 meses, desde que se remitió el expediente y se concedió el recurso de apelación en contra de la negativa al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas y percibidas desde el año 2013, en favor de l señor GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA , con inclusión de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, no se ha notificado al demandante decisión de fondo alguna, por lo que considera viable predicar la existencia del silencio administrativo negativo cuya declaratoria solicita.

Por último, se afirma que, conforme al certificado de los pagos efectuados al demandante por concepto de prestaciones sociales, a partir del año 2013 y

del silencio administrativo negativo cuya declaratoria solicita.

Por último, se afirma que, conforme al certificado de los pagos efectuados al demandante por concepto de prestaciones sociales, a partir del año 2013 y hasta la fecha, se constata que la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013, no se incluye como factor salarial.

2.1. Normas Violadas y Concepto de la Violación.

De orden constitucional: Preámbulo, Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 48 y

53.

Legales: Ley 1437 del 2011, Artículos 2,3,5,6, Ley 4 de 1.992, Decreto 1042 de 1.978, Decreto 057 de 1993, Decreto 110 de 1999, Decreto 106 de 1994, Decreto 043 de 1995, Decreto 36 de 1996, Decreto 874 de 2012, Decreto 383 de 2013, Decreto 1269 de 2015, Decreto 246 de 2016, Decreto 1014 de 2017 y precedentes jurisprudenciales.

Como concepto de la violación, se indica que el Decreto 383 de 2013 creó una bonificación judicial mensual a partir de enero de 2013, para i) los servidores de la Rama Judicial cobijados por el régimen salarial y prestacional del Decreto 53 de 1993 y ii) para los empleados que no estando acogidos al Decreto 53 de 1993 se verifique que en el año (a partir del 1º enero de 2013) perciben un "ingreso total anual inferior al ingreso total anual má s la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien

Decreto 53 de 1993 se verifique que en el año (a partir del 1º enero de 2013) perciben un "ingreso total anual inferior al ingreso total anual má s la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto número 53 de 1993", caso en el cual percibirán la difere ncia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

Advirtiendo la inconstitucionalidad e ilegalidad de la norma que creó la bonificación judicialDecretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 246 de 2016 y 1014 de 2017 - por cuanto excluyen la mencionada bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, desconociendo que aquella tiene la connotación de salario y conlleva la necesidad ineludible de5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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su inclusión para los efectos del reconocimiento de la l) prima de servicios, ii) cesantías, iii) intereses a las cesantías, iv) prima de navidad, v) prima de vacaciones, vi) prima de productividad, vii) bonificación por servicios prestados y otros que han venido siendo reconocidas.

De otra parte, advierte que el Decreto 383 de 2012 y siguientes se soportaron

vacaciones, vi) prima de productividad, vii) bonificación por servicios prestados y otros que han venido siendo reconocidas.

De otra parte, advierte que el Decreto 383 de 2012 y siguientes se soportaron en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, donde se exhorta al Gobierno Nacional a realizar la nivelación salarial de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. En consecuencia , que la creación de la bonificación judicial tiene como fin nivelar los salarios de empleados y funcionarios de la Rama Judicial, lo que conlleva a su reconocimiento como factor salarial.

Que, si bien el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 dispuso la creación de una bonificación que no constituye salario, la misma redacción del texto, conforme la normatividad citada en líneas anteriores, está desvirtuando el hecho de no ser factor salarial o constituir salario, pues si hace parte del monto para liquidar lo s aportes a la seguridad social, quiere decir que la bonificación judicial creada es constitutiva de salario.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. (Doc. 013 Exp. Electrónico 1Inst. One

Drive).

La Nación - Rama Judicial - DEAJ, actuando por intermedio de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el salario y demás emolumentos prest acionales se le han cancelado al demandante con fundamento en la normatividad aplicable, por cuanto por mandato expreso de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017 y 384 de 2013 y sus Decretos modificatorios 1271 de 2015,

mandato expreso de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017 y 384 de 2013 y sus Decretos modificatorios 1271 de 2015, 248 de 2016 y 1016 de 2017, la bonificación judicial, no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salar io para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados.

Expuso luego que de conformidad con establecido en el artículo 150 numeral 19 literales e) y f) de la Constitución P olítica, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Que en ejercicio de dicha facultad, el legislativo expidió la Ley 4 de 1992, mediante la cual se autoriza al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial, para lo cual se deben tener en cuenta el respeto de los derechos adquiridos, la sujeción al marco general de la política macro económica y fiscal, la6 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, el nivel de los

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racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, el nivel de los cargos en cuanto a la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño. Facultades en desarrollo de las cuales el ejecutivo expidió el Decreto 57 de 1993, coexistiendo desde el 1 de enero de 1993 un régimen ordinario o de los NO ACOGIDOS y un rég imen especial o de los ACOGIDOS.

Que con la expedición del Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial, y por expreso mandato legal se dispuso que constituirá factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, resaltando que los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, han ratificado la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos salariales, sin que ello implique omi sión o incorrecto desarrollo de los deberes.

En ese orden de ideas, concluye que no resulta viable efectuar la reliquidación pretendida, por cuanto el Gobierno Nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que la bonificación judicial no tenga carácter salarial, y por lo tanto, no contradice los mandatos constitucionales y legales, situación que el

facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que la bonificación judicial no tenga carácter salarial, y por lo tanto, no contradice los mandatos constitucionales y legales, situación que el Consejo de Estado como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa no ha modificado.

Finalmente, propuso como excepciones las denominadas i) Inexistencia de la obligación, ii) Cobro de lo no debido, iii) Innominada y la excepción subsidiaria de prescripción de los derechos laborales.

4. La Sentencia de Primera Instancia. (Doc. 028 Exp. Electrónico 1Inst. One Drive)

El Juzgado Décimo Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Neiva en sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR no probadas las excepciones denominadas Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no debido e Innominada, planteadas por la entidad demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción formulada por la parte demandada en forma subsidiaria, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO. - INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL la disposición normativa contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes, que7 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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establece “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. - DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio DESAJNEO18-4140 de fecha 23 de mayo de 2018, el acto ficto presunto originado por el silencio de la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL por medio del cual no resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, según las consideraciones expuestas en esta sentencia.

QUINTO. - Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.728.228 expedida en Neiva, todas las prestaciones sociales causadas a partir del 11 de mayo de 2015 y las que se causen a futuro, tenie ndo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, siempre que el demandante se encuentre vinculado a la Rama Judicial y por los periodos de tiempo de acuerdo a la certificación laboral allegada.

y las que se causen a futuro, tenie ndo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, siempre que el demandante se encuentre vinculado a la Rama Judicial y por los periodos de tiempo de acuerdo a la certificación laboral allegada.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. -Niéguese las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las raz ones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. - La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

NOVENO. - Advertir que solo se recepcionará de manera virtual toda la información que remitan a la dirección de correo electrónico j401admneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co.”

Luego de haber acreditado la vinculación del actor, el periodo de los mismos, así como los requerimientos realizados que originaron los actos demandados, expuso que la Ley 4 de 1992, ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial, siendo esto el fundamento jurídico que dio origen al Decreto 383 de 2013; el cual estableció el reconocimiento de la bonificación judicial gradualmente, dist ribuyendo la nivelación salarial conforme los cargos a partir del año 2013 hasta el año 2018.

Así mismo el Decreto de 383 2013, junto con sus decretos modificatorios Nos. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017 y 340 de 2018, son los que se

Así mismo el Decreto de 383 2013, junto con sus decretos modificatorios Nos. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017 y 340 de 2018, son los que se deben aplicar en el presente asunto, dado que el último cargo ocupado por el actor es el Secretaria en propiedad del Tribunal Superior de Neiva, Sala Penal.

Igualmente, analizó el concepto de salario; destacando que el artículo 127 del8 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Código Sustantivo de Trabajo estableció que éste lo constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino también todo lo recibe ya sea en dinero o en especie, un trabajador por la labor realizada directamente, independientemente la denominación dada, además trajo a cola ción la definición dada por el Consejo de Estado del salario en sentencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil1 que señaló que el salario es todo lo que recibe el servidor público como pago de los servicios prestados habitual y periódicamente, en cualq uier denominación, resaltando que es el efecto directo del derecho fundamental al trabajo y principio mínimo fundamental de ese derecho.

Conforme lo anterior, indicó el juez de instancia que en el presente caso todo lo percibido por el demandante de mane ra habitual y periódica como contraprestación del servicio brindado por este; no resulta irracional o

ese derecho.

Conforme lo anterior, indicó el juez de instancia que en el presente caso todo lo percibido por el demandante de mane ra habitual y periódica como contraprestación del servicio brindado por este; no resulta irracional o contraproducente, indicar que la bonificación judicial, sea parte del salario del actor y por ende constituya factor salarial.

Expone que el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y sus modificatorios, viola normas constitucionales al establecer que la bonificación judicial solo constituye factor salarial para la base cotización al Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, razón por la que debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad con el fin de inaplicar ésta disposición.

Por lo tanto realizó una evaluación de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad a la regla definida para la bonificación judicial como factor salarial exclusivamente para aporte al sistema de seguridad social, encontrando lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política que consagra el establecimiento del estatuto de trabajo, donde se tendrá en cuenta las garantías mínimas para los trabajadores, donde se hace énfasis a los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, aduciendo que hacen parte de la legislación interna; y por tal razón se remite al Convenio No. 095 de 1949 de la OIT, donde se adoptaron diversas proposiciones relativas a la protección del salario, así como también la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (pacto de San José), frente a los derechos económicos, sociales y culturales.

Indicó que el juez debe realizar una interpretación en beneficio de la dignidad de los empleados o trabajadores y no una interpretación literal del significado

Americana Sobre Derechos Humanos (pacto de San José), frente a los derechos económicos, sociales y culturales.

Indicó que el juez debe realizar una interpretación en beneficio de la dignidad de los empleados o trabajadores y no una interpretación literal del significado de la palabra “bonificación” ni exegética de las normas, ya que se perdería el fin fundamental del mismo, al no buscar el fondo como es la garantía de los derechos y aplicación de los principios fundamentales en una relación de trabajo.

1 Consulta No. 1760 del 10 de agosto de 2006. MP. Luis Fernando Álvarez Jaramillo9 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

Demandante: GERMAN ALBERTO BURBANO ESPINOSA

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

De la misma forma expuso que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial, razón por la cual se originó el Decre to 383 de 2013, sin limitar el carácter prestacional de la bonificación judicial, considerando así que el Gobierno excedió su facultad reglamentaria, toda vez que al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, como es la Ley 4° de 1992, excedió los limites previos establecidos, al excluir la bonificación salarial para la liquidación de prestaciones sociales de sus beneficiarios, y se desconocieron los criterios de equidad, señalando que esta postura se ha adoptado en diferentes providencias de los Tr ibunales Administrativos, dentro de los

liquidación de prestaciones sociales de sus beneficiarios, y se desconocieron los criterios de equidad, señalando que esta postura se ha adoptado en diferentes providencias de los Tr ibunales Administrativos, dentro de los cuales se encuentra el del Huila.

Señaló que en la bonificación judicial consagrada como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en pensiones y salud, resulta inconstitucional, al desconocer principios como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en el estatuto de trabajo y la garantía a una remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, establecidos en el artículo 53 de la Carta Política.

Expuso que es pertinente inaplicar el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes que establece “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”, en aras a proteger los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos mínimos, y ultima, que fue desvirtuada la pres unción de legalidad de los actos administrativos demandados y en razón a ello accede a las pretensiones de la demanda.

Bajo las anteriores consideraciones, concluyó que la presunción de legalidad de la que está investido los actos administrativos demandad os fue desvirtuada y en consecuencia accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando a la entidad demandada reliquidar las pres taciones sociales del demandante, con la inclusión de la bonificación judicial como

de la que está investido los actos administrativos demandad os fue desvirtuada y en consecuencia accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando a la entidad demandada reliquidar las pres taciones sociales del demandante, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 11 de mayo de 2015, por prescripción trienal.

5. El Recurso de Apelación. (Fl. 030 Exp. Electrónico 1Inst. One Drive)

El apoderado de la entidad demandada interpuso el recurso de apelación, argumentando que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados.

En primer lugar, definió que al nunca ostentar el demandante cargo o empleo10 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Radicación: 41 001 33 33 002 2019 00015 02

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Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

en la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial no le son aplicables el decreto 384 de 2013 y sus decretos modificatorios 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, por lo cual es estudio se efectuará exclusivamente a las normas que regulan su relación legal - Iaboral.

Que la norma que creó la denominada bonificación judicial para el caso del demandante es el decreto 383 de 2013 y sus modificatorios 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017.

En su sentir, no se quebrantó ninguna disposición superior; de suerte que no

demandante es el decreto 383 de 2013 y sus modificatorios 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017.

En su sentir, no se quebrantó ninguna disposición superior; de suerte que no hay lugar a aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Máxime, si se tiene en cuenta que los referidos actos fueron expedidos por la entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 383 de 2013 y en las disposiciones salariales que regulan el régimen salarial de los servidores judiciales.

Estima que el referido decreto no soslaya la Ley 4ª de 1992, y amén de no ser ilegal, no es cierto que se ha