TA HUI - 410013333002-2021-00235-03-(16-04-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dieciséis de abril de dos mil veinticuatro

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARIELA ORTIZ RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROVIDENCIA: SENTENCIA - SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333002-2021-00235-03

ACTA: 029

PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

I.- EL ASUNTO.

Resuelve la Sala el recurso de apelación instaurado por la parte accionada contra la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva el 31 de agosto de 20231.

II.- ANTECEDENTES.

1.- La demanda.

Actuando por conducto de apoderad o judicial, la señora Mariela Ortiz Ramírez promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación – Fiscalía General de la Nación, en procura de que previa inaplicación de la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013, y en las normas que los modifiquen o sustituyan; se declare la nulidad del oficio 3531500-1411 del 19 de abril de 2021 a través del cual le negaron la reliquidación de las prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial y del oficio 31500-20520-2824 del 30 de

nulidad del oficio 3531500-1411 del 19 de abril de 2021 a través del cual le negaron la reliquidación de las prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial y del oficio 31500-20520-2824 del 30 de agosto de 2021 que negó por improcedente el recurso de apelación.

A título de restablecimiento del derecho, depreca que se ordene reconocer que la bonificación judicial es factor salarial, y con la inclusión de la misma, reliquidar y pagar las prestaciones sociales a partir del 8 de marzo de 2017 y en lo sucesivo.

1 Samai, índice 29, primera instancia.Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

2 De igual manera, solicita que las sumas resultantes sean indexadas y que se efectúe el pago de los intereses moratorios; de conformidad al artículo 192 del CPACA.

Finalmente, que se condene en costas a la parte demandada.

2.- Fundamentación fáctica.

Sustenta las pretensiones en los siguientes argumentos de orden fáctico:

a.- La señora Mariela Ortiz Ramírez ha laborado en la Fiscalía General de la Nación durante varios años.

b.- El 14 de abril de 2021, le solicitó a la accionada la reliquidación de las prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial (creada por el Decreto 382 de 2013) como factor salarial.

c.- Dicha petición fue negada a través del oficio 3531500-1411 del 19 de abril de 2021.

d.- Contra esa determinación interpuso el recurso de apelación, el cual

c.- Dicha petición fue negada a través del oficio 3531500-1411 del 19 de abril de 2021.

d.- Contra esa determinación interpuso el recurso de apelación, el cual se declaró improcedente mediante oficio 31500-20520-2824 del 30 de agosto de 2021 y resolvió confirmar la negativa.

3.- Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 2, 4, 13, 53 y 150. - Decreto Ley 2663 de 1950: artículo 127. - Ley 4 de 1992. - Decreto 1042 de 1978: artículo 42. - Ley 54 de 1962 (Convenio 100 de 1951 y Convenio 95 de 8 de junio de 1949 de la OIT).

Apoyándose en las citadas preceptivas , argumenta que el Decreto 382 de 2013 y los actos enjuiciados soslayaron los principios constitucionales que protegen al trabajador , porque no reconocerle la bonificación judicial como factor salarial, implica una desmejora en la liquidación de las prestaciones sociales.

En su opinión, constituye salario todo aquello que percibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, indepe ndientemente de la denominación que se le otorgue; por lo tanto, la bonificación judicial debe integrarse a la base para liquidar las prestaciones (OneDrive, documento 002, primera instancia).Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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4.- La oposición.

documento 002, primera instancia).Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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4.- La oposición.

El mandatario judicial se opone a la prosperidad de las pretensiones y a la condena en costas; argumentando que los actos demandados se expidieron en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 382 de 2013; amén de que los servidores se acogieron al régimen salarial y prestacional permitido por los decretos que expidió el Gobierno Nacional, con el fin de no vulnerar derechos adquiridos.

Recuerda que la bonificación judicial se creó para los servidores de la Fiscalía que salarial y prestacionalmente se estuviera n rigiendo por el Decreto 53 de 1993 y por el Decreto 875 de 2012, o por las normas que los modificaran o sustituyeran.

Aclara que la bonificación se reconoció a partir del 1° de enero de 2013 y se aplica mientras el servidor permanezca en servicio, y solo es factor salarial para cotizar a salud y pensión. Ello, teniendo en cuenta que así lo estableció el Decreto 382 de 2013, en cumplimiento de la negociación colectiva que suscribió el Ejecutivo Nacional con los representantes de la Rama Judicial y de la Fiscalía.

Estima que el referido decreto no soslaya lo dispuesto en Ley 4ª de 1992, y además de no ser ilegal, no es cierto que se haya incurrido en un indebido ejercicio de las competencias. Precisando que el Legislador y el Ejecutivo se encuentran facultados para establecer qué componentes de la remuneración pueden constituir factor salarial y cuáles no.

un indebido ejercicio de las competencias. Precisando que el Legislador y el Ejecutivo se encuentran facultados para establecer qué componentes de la remuneración pueden constituir factor salarial y cuáles no.

Así las cosas, la bonificación judicial no es un factor que deba influir en la liquidación de las prestaciones sociales; aunado al hecho de que su creación estuvo precedida por cálculos presupuestales, y en caso de que se produjera una decisión desfavorable, indudablemente se afectarían las finanzas nacionales.

Considera que a través de esta acción no se puede desconocer la presunción de legalidad del Decreto 382 de 2013; porque el mismo no ha sido declarad o nulo y/o suspendid o por los jueces naturales. Precisando que la Fiscalía General “… ha actuado siempre de buena fe, teniendo en cuenta las normas legales vigentes, los principios aceptados por la Doctrina y la Jurisprudencia …”.

Aunque reitera que se opone a las pretensiones, solicita declarar la prescripción trienal de las prestaciones (artículo 102 del Dec reto 1848 de 1968, 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del CPL). Con base en ese mismo razonamiento, prop uso las exc eptivas denominadas: constitucionalidad de la restricción del carácter salarial,Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

4 aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el decreto 0382 de 2013, legalidad del fundamento normativo particular , cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debid o, prescripción de los derechos laborales, buena fe y genérica (OneDrive, documento 021, primera

2013, legalidad del fundamento normativo particular , cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debid o, prescripción de los derechos laborales, buena fe y genérica (OneDrive, documento 021, primera instancia).

5.- Trámite surtido. Alegaciones conclusivas en primera instancia.

A través de providencia del 26 de julio de 2023, el Juez Once Administrativo Transitorio de Neiva, difirió el estudio de la exceptiva de prescripción de derechos laborales para la sentencia, prescindió de la audiencia inicial y fijó el litigio, precisando que en atención al principio de congruencia, se establecerá si es procedente el reajuste a partir del 8 de marzo de 2017 (como se formuló en la pretensión de la demanda).

Finalmente, incorporó los medios de pruebas (OneDrive, documento 024, primera instancia).

El 9 de agosto de 2023 el a quo corrió traslado para alegar de conclusión; anunciando que posteriormente proferiría sentencia anticipada (OneDrive, documento 027, primera instancia).

En los siguientes términos se pronunciaron las partes:

a.- Parte actora.

Insiste que la bonificación judicial constituye salario, porque es un emolumento que la demandante percibe habitualmente; por lo tanto, el Legislador se extralimitó al establecer que la misma únicamente es factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Finalmente solicita “respetar la postura del superior” atendiendo el precedente vertical del Tribunal Adminis trativo del Huila (OneDrive, documento 031, primera instancia).

b.- Nación - Fiscalía General de la Nación.

Finalmente solicita “respetar la postura del superior” atendiendo el precedente vertical del Tribunal Adminis trativo del Huila (OneDrive, documento 031, primera instancia).

b.- Nación - Fiscalía General de la Nación.

Guardó silencio.

c.- Ministerio público

No emitió concepto.Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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6.- El fallo objeto de impugnación.

Mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, el Juez Once Administrativo Transitorio de Neiva declaró no probadas las excepciones denominadas “i) Constitucionalidad de la res tricción del carácter salarial, ii) Aplicación del mandato de sost enibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 2013, iii) Legalidad del fundamento normativo particular, iv) Cumplimiento de un deber legal, v) Cobro de lo no debido, y vi) Buena fe”.

Seguidamente, declaró probada parcialmente la prescripción trienal respecto de las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 14 de abril de 2018; accedió parcialmente a las súplicas de la demanda e inaplicó por inconstitucional la palabra “únicamente”; contenida en el inciso 1° d el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 , en sus decretos modificatorios y demás normas que los modifiquen o sustituyan ; considerando que la bonificación judicial es un factor salarial que integra la base de liquidación de todas las prestaciones sociales.

A su turno, declaró la nulidad de los “actos administrativos contenidos en los

considerando que la bonificación judicial es un factor salarial que integra la base de liquidación de todas las prestaciones sociales.

A su turno, declaró la nulidad de los “actos administrativos contenidos en los oficios 3531500-1411 del 19 de abril de 2021 y 31500-20520-2824 del 30 de agosto de 2021”. Y a título de restablecimiento le ordenó “… a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la señora MARIELA ORTIZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 26.578.688, todas las prestaciones sociales desde el 8 de marzo de 2017, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, pero con efectos fiscales a partir del 14 de abril de 2018 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de Nación. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias e n los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 8 de marzo de 2017, deberán ser canceladas por la Fiscalía General de la Nación, al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que res ulten a favor de la demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles”.

Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo

para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles”.

Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.

Como sustento , auscultó el marco normativo que regula el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la creación de la bon ificación judicial; concluyendo que la norma que se aplica a la accionante es el Decreto 382 de 2013 , y que la bonificación judicial es un emolumentoMariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

6 constitutivo de salario, pues se remunera de manera habitual, periódica y directa como contraprestación del servicio.

En tal virtud, estima que el Ejecutivo desbordó la competencia reglamentaria que le fue conferida por la Ley 4ª de 1992, porque la exclusión desconoce la nivelación salarial y los criterios de equidad, amén de que se desmejoran los salarios y las prestaciones sociales. De contera, se torna inconstitucional. Tesis que ha sido compartida por ésta Corporación en múltiples decisiones judiciales.

Con base en lo expuesto, estima que es procedente que la bonificación judicial se tenga en cuenta como factor salarial, y a su vez, que se efectúe la reliquidación de las prestaciones sociales de la accionante, con efectos fiscales a partir del 14 de abril de 2018, por prescripción; como quiera que la petición en sede administrativa se formuló el 14 de

efectúe la reliquidación de las prestaciones sociales de la accionante, con efectos fiscales a partir del 14 de abril de 2018, por prescripción; como quiera que la petición en sede administrativa se formuló el 14 de abril de 2021 (OneDrive, documento 033, primera instancia).

7.- La impugnación.

Inconforme, el apoderado de la entidad accionada interpuso el recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

En esencia, insiste que los actos demandados se expidieron en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 382 de 2013 (el cual, se encuentra vigente y produciendo plenos efectos). Y en la medida en que no se quebrantó ninguna disposición superior, no hay lugar a aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Máxime, si se tiene en cuenta que los acuerdos suscritos entre los trabajadores y el gobierno tampoco fueron objeto de reproche en las instancias judiciales. Por eso debe respetarse lo consignado en tales instrumentos de negociación.

Estima que el referido decreto no soslaya la Ley 4ª de 1992, y además de no ser ilegal, no es cierto que se haya incurrido en un indebido ejercicio de las competencias del ejecutivo. Precisando que el Legislador y el Ejecutivo se encuentran facultados para establecer qué componentes de la remuneración constituyen factor salarial y cuáles no.

Así las cosas, solicita revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda (OneDrive, documento 035, primera instancia).Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación

Así las cosas, solicita revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda (OneDrive, documento 035, primera instancia).Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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8.- Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a.- Parte actora.

Guardó silencio.

b.- Fiscalía General de la Nación.

Guardó silencio.

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES.

1.- La competencia.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competen te para resolver el recurso instaurado contra el fallo de primera instancia ; amén de que no se advierten falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

2.- El problema jurídico.

En tal virtud, el sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia de primera instancia porque la bonificación judicial, creada por disposición del Decreto 382 de 2013 (modificado por el Decreto 022 de 2014), no se debe incluir en la base de la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante (en su condición de empleada de la Fiscalía General de la Nación); en tal virtud, precisar: i) si se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad, y ii) si hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados, y si es procedente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales ,

precisar: i) si se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad, y ii) si hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados, y si es procedente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales , incluyendo la mencionada bonificación.

Como quiera que en la impugnación la demandada cuestiona la inaplicación por inconstitucional de la expresión “únicamente” (consignada en el artículo 1º del decreto 382 del 6 de marzo de 2013, y en los decretos que posteriormente la reprodujeron 2); antes de pronunciarse frente a dicha pretensión, es pertinente abordar el análisis de la naturaleza de la bonificación judicial, a efectos de establecer si la limitación impuesta vulnera las preceptivas superiores.

2 Decretos 22 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018, 993 de 2019, 442 de 2020.Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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3.- La bonificación judicial.

a.- El artículo 150-19, literal e) de la Carta Política le asignó al Congreso de la República la responsabilidad de “… Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública …”. En desarrollo de la anterior disposición se expidió la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 1º, literal b) le otorgó al Ejecutivo Nacional la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de “… Los empleados del Co ngreso

En desarrollo de la anterior disposición se expidió la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 1º, literal b) le otorgó al Ejecutivo Nacional la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de “… Los empleados del Co ngreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación , la Organización Electoral y la Contraloría General de la República …”.

A su vez, el parágrafo del artículo 14, ibídem, estableció que “… revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad".

b.- En cumplimiento de ese mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 382 de 2013 “… Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación …”:

“ARTÍCULO 1º. Crease (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla …” (…)

PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a

mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla …” (…)

PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una vari ación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. ARTÍCULO 2°. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán laMariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

9 diferencia respectiv a a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio. ARTÍCULO 3. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o

9 diferencia respectiv a a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio. ARTÍCULO 3. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas corresp ondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente. Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Í ndice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE …”. ARTÍCULO 4. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. ARTÍCULO 5. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013”. c.- Como se puede advertir, la bonificación judicial no fue concebida como un factor salarial que se refleje en la liquidación de las prestaciones sociales; porque primigeniamente se estableció que solo

efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013”. c.- Como se puede advertir, la bonificación judicial no fue concebida como un factor salarial que se refleje en la liquidación de las prestaciones sociales; porque primigeniamente se estableció que solo serviría de base para cotizar al sistema de seguridad social en salud y pensión. Así las cosas, es necesario ana lizar si al expedir dicha preceptiva el Ejecutivo acató las disposiciones constitucionales, convencionales, y legales, y si ejerció la facultad reglamentaria circunscrita dentro de los límites razonables y objetivos.

4.- Concepto de salario. Presupuestos normativos y jurisprudenciales.

a.- El artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 (aplicable a las relaciones en el sector público), prescribe que “… Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios …” (subraya la Sala). b.- En el marco internacional, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, concibe el salario como “… la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que puedaMariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

10 evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal,

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10 evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este ú ltimo haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.”. c.- La jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa unánimemente han concluido que salario es todo emolumento que de manera habitual y periódica percibe el trabajador como retribución por su servicio, independientemente de la denominación que se le asigne: “… para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección del derecho a su pago cumplido , deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quinquenal o mensual percibida por el empleado -sentido restringido y común del vocablo-, sino a todas las cant idades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras – entre otras denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y constit uyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado. Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho. A partir

órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho. A partir de la Constitución de 1991, es evidente la relevancia del derecho laboral dentro de la configuración de un orden social y económico justo y más cercano a la realidad, en cuyo desarrollo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha debido intervenir,7 en buena parte po r la falta del estatuto del trabajo al que se refiere el artículo 53 Superior ...”3. “… Desde la perspectiva del artículo 127 del CST, el salario mensual corresponde a todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la forma o denominación que adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, trabajo suplementario, trabajo en días de descanso obligatorio o porcentajes sobres ventas y comisiones), incluyendo los salarios pagados en moneda extranjera …”4. 5.- La excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad.

El artículo 148 del CPACA preceptúa que “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el pr oceso dentro del cual se adopte”.

3 SU-995 de 1999. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de agosto

administrativo sólo producirá efectos en relación con el pr oceso dentro del cual se adopte”.

3 SU-995 de 1999. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de agosto de 2016. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad. 2500023-37-000-2012-00091-01.Mariela Ortiz Ramírez vs Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-002-2021-00235-03

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En recientes pronunciamientos, esta Corporación5 abordó el análisis de la bonificación judicial (en particular, del artículo 1º del Decreto 382 de 2012), y coligió que al excluirla como partida computable en la liquidación de todas las prestaciones sociales, se desconoció su naturaleza salarial (porque la misma se percibe habitual y periódicamente y corresponde a la remuneración de un servicio). De igual manera, consideró que se soslayó el deber de proteger el derecho al trabajo y los principios constitucionales y convencionales de progresividad y no regresividad. Aclarando que si bien es cierto que el Ejecutivo se encuentra facultado para reglamentar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos; dicha potestad no es absoluta y debe ejercerse circunscribiéndose dentro de los valores y principios fundantes del estado social de derecho.

Advierte que el Gobierno Nacional excedió la facultad que le confirió la Ley 4ª de 1992, y a pesar de que la bonificación es producto de un proceso de negociación con los servidores judiciales, ello no era una licencia para desconocer garantías constitucionales.

Ley 4ª de 1992, y a pesar de que la bonificación es producto de un proceso de negociación con los servidores judiciales, ello no era una licencia para desconocer garantías constitucionales.

Por esa razón, se decidió inaplicar por inconstitucional e ilegal el vocablo “únicamente”, contenido en el inciso 1° del artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en sus decretos modificatorios (Decreto 022 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018, 993 de 2019, 442 de 2020, y demás normas que los modifiquen o sustituyan ).